STC6558-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6558-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02394-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de noviembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Luc\u00eda Villamil Merch\u00e1n contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Corporaci\u00f3n Hospitalaria Juan Ciudad y Cuidados Profesionales Cooperativa de Trabajo Asociado, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2014-00607. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abprincipio de congruencia (\u2026) y sometimiento de los jueces al imperio de la ley\u00bb, presuntamente vulnerados por las enjuiciadas. <\/p>\n
Martha Luc\u00eda Villamil Merch\u00e1n promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Corporaci\u00f3n Hospitalaria Juan Ciudad y Cuidados Profesionales Cooperativa de Trabajo Asociado, en procura de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, teniendo en cuenta que \u00abingres\u00f3 a laborar para el Hospital Universitario Mayor Mederi (\u2026) desde el d\u00eda 8 de mayo de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011 (\u2026) vinculaci\u00f3n [que] se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la Cooperativa (\u2026) [y] sus labores fueron ejecutadas de manera subordinada y rotativa\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el pago de diferentes emolumentos tales como \u00abcotizaciones a pensi\u00f3n con destino a [Colpensiones] teniendo en cuenta el salario real devengado, [las] indemnizaci[ones] del art\u00edculo 65 del CST [y del] art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, (\u2026) [y la] devoluci\u00f3n del 53.75%, descuento realizado mensualmente\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia \u00abde las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que: (i) \u00aben principio (\u2026) existi\u00f3 un convenio de asociaci\u00f3n y, conforme con la especialidad de la entidad, la prestaci\u00f3n del servicio a favor de un tercero, est\u00e1 amparada por un principio de legalidad\u00bb; y, (ii) que \u00abla subordinaci\u00f3n no la ejerci\u00f3 la Corporaci\u00f3n Hospitalaria sino la Cooperativa\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la gestora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues evidenci\u00f3 que \u00abel cargo es fundado pero no pr\u00f3spero pues se observa que los derechos reclamados contenidos en el alcance de la impugnaci\u00f3n (\u2026) se encuentran prescritos ya que el contrato finaliz\u00f3 el 14 de febrero de 2011 y la demanda fue presentada el 5 de septiembre de 2014\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que no tuvo en cuenta que \u00abse acredit\u00f3 que la accionante de viva voz ante el inspector de trabajo presento reclamaci\u00f3n para el pago de las prestaciones sociales el d\u00eda 14 de septiembre de 2011, interrumpiendo la prescripci\u00f3n por una sola vez\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se deje sin efectos el fallo SL3777-2022, 7 sep., y seguidamente, se profiera \u00abun nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta el acta emitida por el inspector de trabajo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abel sentido de la decisi\u00f3n judicial por s\u00ed sola no implica una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de la misma, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente aqu\u00ed aconteci\u00f3, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abel accionante pretende hacer uso de este mecanismo (\u2026) para discutir nuevamente asuntos probatorios como si fuera una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n Hospitalaria Juan Ciudad \u2013 M\u00e9deri arguy\u00f3 que \u00abno tiene la facultad procesal para vulnerar o reivindicar los derechos de la accionante, puesto que la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales, que (\u2026) nunca ocurri\u00f3, de haber existido, fue cometida por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. En igual sentido se pronunci\u00f3 Alejandro Arias Ospina. <\/p>\n
En escrito posterior, dicha entidad refiri\u00f3 que no existen cambios \u00abque generen la realizaci\u00f3n de un nuevo estudio del caso no puede pretender la accionante se revoque un fallo que est\u00e1 sustentado normativa y jurisprudencialmente\u00bb. <\/p>\n
4. La Equidad Seguros Generales solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, teniendo en cuenta que \u00abno ha vulnerado derecho alguno de la accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla providencia objeto de reproche, (\u2026) contiene motivos razonables, porque, para arribar a la conclusi\u00f3n cuestionada (\u2026) fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la prescripci\u00f3n razon\u00f3 que \u00abreclamar \u00abde viva voz\u00bb y \u00abante el inspector de trabajo\u00bb los derechos laborales, no se erige en patente de corso para tener por interrumpido el fen\u00f3meno extintivo (\u2026) porque el legislador exige que sea por escrito y recibido por el empleador, lo que, conforme lo explicado, no sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00absi bien omiti\u00f3 reclamar a la IPS CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD, directamente implicada en su relaci\u00f3n laboral (\u2026) [la actora] lo desconoc\u00eda, solo interrumpiendo de viva voz ante el inspector de trabajo la prescripci\u00f3n, conforme con el documento obrante en el proceso y que es plena prueba de que s\u00ed se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n y que ello tambi\u00e9n cobija a la CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL3777-2022, 7 sep.), por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que \u00abel cargo es fundado pero no pr\u00f3spero pues los derechos reclamados (\u2026) se encuentran prescritos ya que el contrato finaliz\u00f3 el 14 de febrero de 2011 y la demanda fue presentada el 5 de septiembre de 2014\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el \u00fanico embate formulado por la v\u00eda indirecta por \u00abla falta y errada de apreciaci\u00f3n de las pruebas bajo la modalidad de interpretaci\u00f3n indebida por ser violatoria de las siguientes normas: art\u00edculo 24, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, subrogado por el art\u00edculo 1 de la Ley 50 de 1990 del CST, art\u00edculo 36 del C.S.T. sobre la responsabilidad solidaria, art\u00edculo 65 del C.S.T.; art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, Ley 1429 de 2010, Decreto 4588 de 2006 sobre las cooperativas y su vinculaci\u00f3n regulando que no pod\u00edan servir de intermediarias enviando trabajadores en misi\u00f3n. La Ley 50 de 1990 articulo 99 falta de afiliaci\u00f3n y pago de las cesant\u00edas. Ley 1429 de 2010 articulo 63. Ley 79 de 1988. Y las sentencias de Corte Suprema de Justicia CSJ SL17152-2015, CSJ SL3897-2018, CSJ SL36560-2013, CSJ SL25173-2006, CSJ SL35790-2010, CSJ SL38761-2012, CSJ SL25713-2006, CSJ SL6560-2013. As\u00ed mismo de la OIT, la Recomendaci\u00f3n 198 de 2006 literal A numeral 13\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[S]e excluye del debate probatorio la existencia del convenio de asociaci\u00f3n suscrito entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo Asociado Cuidados Profesionales con el fin de prestar sus servicios como auxiliar de enfermer\u00eda desde el 8 de mayo de 2008 hasta el 14 de febrero de 2011, en la Corporaci\u00f3n Hospitalaria Juan Ciudad\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, estableci\u00f3 el problema jur\u00eddico el cual consiste en \u00abdilucidar a la Sala si el ad quem incurri\u00f3 en un yerro al considerar que no existi\u00f3 un verdadero contrato de trabajo entre la demandante y la Corporaci\u00f3n Hospitalaria Juan Ciudad\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 al estudio de las pruebas calificadas, iniciando con el acuerdo cooperativo suscrito entre ambas partes y refiri\u00f3 que \u00abdicha documental no aparece aportada al expediente y si bien se encuentra escaneado el contrato en el texto de la demanda de casaci\u00f3n, la misma no puede ser tenida en cuenta por cuanto no fue decretada como prueba\u00bb. <\/p>\n
Sobre la \u00ab[p]lanilla de turno de la demandante (\u2026) [y los] Extractos bancarios\u00bb precis\u00f3 que \u00abse acredita el pago efectuado a la demandante por parte de la cooperativa de trabajo asociado en las que consta que Cuidados Profesionales pagaba servicios como \u00abClinicas Quir\u00fargicas, custodia de HC\u00bb Y, respecto de los comunicados de noviembre de 2010 y febrero de 2011, resalt\u00f3 que ambos escritos se encuentran \u00abdirigidos por parte de Cuidados Profesionales\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, analiz\u00f3 el interrogatorio de parte rendido por el represente legal de la IPS y coligi\u00f3 que el mismo contiene confesi\u00f3n, puesto que \u00ab[d]icha entidad prestadora de salud solo contrataba de manera directa y a trav\u00e9s de contrato de trabajo a 25 personas, entre ellas enfermeras jefas encargadas de labores administrativas y la labor de las auxiliares de enfermer\u00eda se circunscrib\u00eda a los est\u00e1ndares internacionales se\u00f1alados para la prestaci\u00f3n de dicho servicio. No obstante, manifest\u00f3 que a partir de 2012 y, actualmente, todas las auxiliares de enfermer\u00eda son contratadas de manera directa\u00bb <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) err\u00f3 el Tribunal en la valoraci\u00f3n probatoria realizada, pues no se discute y consta adem\u00e1s en las documentales referidas que la demandante se desempe\u00f1\u00f3 como enfermera auxiliar (\u2026) Luego no se entiende el por qu\u00e9 solo las enfermeras jefas deb\u00edan estar contratadas de manera directa distinguiendo de las auxiliares, quien de manera efectiva prestaban el servicio cl\u00ednico y de asistencia en salud. <\/p>\n
(\u2026) Y es que labores como las de enfermera auxiliar, actividad propia del giro ordinario de las actividades de la Corporaci\u00f3n Hospitalaria, no pueden tenerse como un servicio o actividad ajena a la que se presta en la instituci\u00f3n de salud demandada, por cuanto la atenci\u00f3n quir\u00fargica y de enfermer\u00eda es propia de su actividad misional. <\/p>\n
(\u2026) es claro que se acredita la prestaci\u00f3n de servicios de la demandante como propia de la actividad misional de la Corporaci\u00f3n Hospitalaria Juan Ciudad, pues la demandante desarrollaba una actividad propia del campo de la medicina y salud en una instituci\u00f3n prestadora de este sector y, en virtud del principio de la primac\u00eda de la realidad, su vinculaci\u00f3n lo era con la Cooperativa\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, adujo que \u00abel cargo es fundado pero no pr\u00f3spero pues se observa que los derechos reclamados contenidos en el alcance de la impugnaci\u00f3n y que se concretan al pago de prestaciones sociales y las indemnizaciones contempladas en el art\u00edculo 64 y 65 del CST y el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, se encuentran prescritos ya que el contrato finaliz\u00f3 el 14 de febrero de 2011 y la demanda fue presentada el 5 de septiembre de 2014\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablo relativo al pago de cotizaciones a seguridad social no fue objeto de la alzada que imposibilita a la Corte abordar su estudio en sede de instancia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abel alcance de la impugnaci\u00f3n, en casaci\u00f3n es el petitum de la demanda, pues fija la funci\u00f3n que debe realizar la Corte como tribunal de casaci\u00f3n, es as\u00ed como quien recurre debe pedir a la Corte con la mayor claridad, lo que se pretende de ella, pues es dicho ac\u00e1pite es el que delimita el actuar de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el fallo adoptado, como se anticip\u00f3, no es infundado o arbitrario, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 21 de junio de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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