STC6588-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6588-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02419-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Gladys Stella Bedoya Madrid contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 proceso verbal para nulidad de testamento contra Ligia Amparo Villegas Bedoya, Jos\u00e9 Iv\u00e1n y \u00c1ngela Patricia Bedoya Madrid y heredero indeterminados de Emma Esther y Olivia de Jes\u00fas Bedoya Rodr\u00edguez, que se declar\u00f3 impr\u00f3spero con sentencia del 25 de enero del presente a\u00f1o del Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el extremo demandante. <\/p>\n
2.2. Remitido el expediente al superior, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 28 de febrero del mismo a\u00f1o, admiti\u00f3 la alzada y especific\u00f3 que \u00abal presente recurso se le dar\u00e1 el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, con providencia del 15 de marzo siguiente, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que la aqu\u00ed actora censur\u00f3 en \u00abs\u00faplica\u00bb, medio de impugnaci\u00f3n que en auto del d\u00eda 29 del mismo mes la Magistrada sustanciadora decidi\u00f3 tramitarlo como reposici\u00f3n, y finalmente lo desech\u00f3 con auto del 2 de mayo posterior, tras considerar que el escrito presentado ante el juzgador de primera instancia, si bien pod\u00eda suplir el exigido ante el superior, en este caso no consist\u00eda en una aut\u00e9ntica sustentaci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el Tribunal acusado no tuvo en cuenta que sustent\u00f3 la alzada con el escrito que para tal prop\u00f3sito present\u00f3 ante el juzgado de primera instancia, sin que pueda exig\u00edrsele una \u00absustentaci\u00f3n de una manera extraordinariamente jur\u00eddica (sic), o de determinada manera, solo se pide que se expresen los motivos o razones que le permiten no compartir la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn manifest\u00f3 atenerse a las consideraciones que plasm\u00f3 en prove\u00eddo de 2 de mayo del a\u00f1o que avanza, con que no repuso el auto de 15 de marzo anterior, que a su vez declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n contra la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, sin que la acci\u00f3n de tutela sea un mecanismo para el reestudio de tales decisiones. <\/p>\n
2. Ligia Amparo de F\u00e1tima Villegas Bedoya, demandada dentro del proceso cuestionado, resalt\u00f3 por intermedio de apoderado judicial la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales y para debates de \u00edndole legal, que fue definido dentro del juicio. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, advierte la Sala que la promotora, en esencia, cuestion\u00f3 la declaratoria de deserci\u00f3n de su alzada al considerar que no resultaba procedente, comoquiera que hab\u00eda sustentado adecuadamente el referido medio de impugnaci\u00f3n ante el juzgado de primera instancia. <\/p>\n
3. As\u00ed pues, mem\u00f3rese que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
Entonces, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo o procedimental en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la tutelante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al considerar que la sustentaci\u00f3n presentada ante el a quo no cumpl\u00eda con las calidades necesarias para tenerse como tal, por lo cual la tuvo por inexistente, y por ende, ante el silencio en el t\u00e9rmino para sustentar que se concedi\u00f3 en segunda instancia, declar\u00f3 desierta la alzada. <\/p>\n
3.1.1. En el auto de 15 de marzo de 2023 el Tribunal convocado constat\u00f3 que la apelante guard\u00f3 silencio en el t\u00e9rmino concedido para sustentar la alzada, por lo cual, si bien se\u00f1al\u00f3 que \u00aben situaciones an\u00e1logas ha tenido por sustentada la apelaci\u00f3n desde la primera instancia\u00bb, en este caso el escrito presentado para tal prop\u00f3sito ante el juzgador a quo, conten\u00eda argumentos que, <\/p>\n
[L]ejos est\u00e1n de contener una verdadera sustentaci\u00f3n. Por el contrario, se erigen simplemente como reparos enunciativos en contra de la sentencia de primera instancia, pues se hallan desprovistos de carga argumentativa que debe imperar en la parte que considera que una providencia lesiona el ordenamiento jur\u00eddico y que, por tal raz\u00f3n, fue desacertada. Todo porque no envuelven una manifestaci\u00f3n de inconformidad con lo decidido por el juez a quo en un punto concreto de su argumentaci\u00f3n, exigencia imperativa, porque determina no s\u00f3lo el \u00e1mbito al que el impugnante debe circunscribirse para sustentar la impugnaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, el de la competencia del superior al decidirla, como claramente se desprende de la segunda de las disposiciones transcritas inicialmente y del canon 328 inciso 1\u00ba del Estatuto Procesal General. <\/p>\n
Sobre la finalidad del recurso de apelaci\u00f3n y la obligatoriedad de la sustentaci\u00f3n del mismo, expuso la Corte Constitucional en la sentencia SU-418 de 2019 con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cLa apelaci\u00f3n no debe convertirse en el instrumento a trav\u00e9s del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo deber\u00eda acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos s\u00f3lidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n. Eso explica por qu\u00e9 se exige que la apelaci\u00f3n deba ser sustentada.\u201d -Negrita del Despacho-. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, como la quejosa, con su actuar confundi\u00f3 la elemental distinci\u00f3n de la pretensi\u00f3n impugnaticia con la fundamentaci\u00f3n, la que no llev\u00f3 a efecto en primera instancia y tampoco en el t\u00e9rmino que le concede el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, esto es, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, se declarar\u00e1 desierto el recurso de alzada interpuesto por la apoderada de la demandante en contra de la sentencia proferida en la audiencia del 25 de enero de la cursante anualidad por el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, en el proceso verbal de nulidad de testamento iniciado por Gladys Stella Bedoya Madrid, en contra de Ligia Amparo Villegas Bedoya, Jos\u00e9 Iv\u00e1n y \u00c1ngela Patricia Bedoya Madrid y los herederos indeterminados de las se\u00f1ora Emma Esther y Olivia de Jes\u00fas Bedoya Rodr\u00edguez. Devu\u00e9lvase el expediente a su lugar de origen, previa desanotaci\u00f3n de su registro. <\/p>\n
Recurrida esa decisi\u00f3n, fue mantenida el 2 de mayo posterior, con fundamento en que, <\/p>\n
[A]unque no se discute que la anticipada actuaci\u00f3n, esto es, la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n efectuada por la recurrente ante el se\u00f1or juez a quo comporta un proceder inadecuado frente a la administraci\u00f3n de justicia; como la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia reiter\u00f3 en la Sentencia STC2691-202315, que no es viable desechar de plano el remedio vertical, siempre y cuando se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n16 , as\u00ed su sustentaci\u00f3n haya sido en primera instancia, ello no es viable en el plenario, puesto que dada una nueva mirada a lo exteriorizado17 por la apoderada de la demandante Gladys Stella Bedoya Madrid y a sus razonamientos de por qu\u00e9 el fallo no gozaba de acierto, de \u00e9stos no se extrae una verdadera sustentaci\u00f3n, perfilada a enrostrar el desafuero jur\u00eddico en el que incurri\u00f3 el juzgador de primer grado. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que uno de los principios rectores de los recursos es el de la sustentaci\u00f3n, que seg\u00fan el doctrinante y hoy magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis Alonso Rico Puerta20: \u201cexige al recurrente indicar razonadamente los cuestionamientos de \u00edndole jur\u00eddica o f\u00e1ctica respecto de la decisi\u00f3n\u201d, y tiene por finalidad: \u201chacer un cuadro comparativo entre las razones aducidas por el fallador, y las del recurrente, para demostrar el agravio, la lesi\u00f3n que esta decisi\u00f3n causa, o el denominado error in indicando o in procedendo\u201d y que como acertadamente lo sostuvo la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en el prove\u00eddo AC852- 202321: \u201c(\u2026) la sustentaci\u00f3n del medio impugnativo debe guardar relaci\u00f3n con la motivaci\u00f3n jur\u00eddica de la decisi\u00f3n cuestionada (\u2026)\u201d. As\u00ed entonces, como despu\u00e9s de la nueva mirada al proceso, se desprende que no hubo una real sustentaci\u00f3n, en tanto los supuestos desaciertos de la providencia apelada, sintetizados en el prove\u00eddo del 15 de marzo de los corrientes no confrontan las razones aducidas por el fallador, ello hace inmodificable la providencia recurrida. <\/p>\n
V\u00e9ase, finalmente, que en la reposici\u00f3n que aqu\u00ed se resuelve la recurrente asever\u00f3 que sus reparos se ci\u00f1eron a (i) que el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn no le hizo entrega oportuna del audio que conten\u00eda la grabaci\u00f3n de la sentencia apelada, por lo que: \u201c(\u2026) tuve que echar mano de mi memoria en ese momento alterada por la forma anormal como se adelanto [sic] la audiencia misma donde se profirio [sic] la sentencia\u201d, dejando ver que fue imparcial, como en el curso de la sentencia, en la que tuvo que esperar que resolviera respecto de la comparecencia de otros sujetos procesales, lo que la coloc\u00f3 a ella y a su representada \u201cen condiciones tensionantes y de dificultad para asimilar lo sucedido\u201d, (ii) que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de la prueba documental y testimonial arrimada por Gladys Stella Bedoya Madrid, (iii) error en la forma en que el juez interrog\u00f3 a los testigos y analiz\u00f3 sus declaraciones beneficiando solo a la parte demandada, quien a su juicio alleg\u00f3 una prueba testimonial inconducente e impertinente para probar la nulidad de los testamentos objeto del litigio, pero nuevamente no indic\u00f3 en qu\u00e9 fue err\u00e1tico el a quo en su sentencia, lo que ineludiblemente conlleva a no reponer la providencia objeto del presente recurso. <\/p>\n
Se extrae de las anteriores consideraciones que, los argumentos expuestos por la apelante en el escrito que present\u00f3 para sustentar el recurso ante el juez de primera instancia, el Tribunal los consider\u00f3 insuficientes para tal prop\u00f3sito, porque no atacaban los fundamentos de la decisi\u00f3n recurrida, empero, de la revisi\u00f3n de los mismos, la Sala constata que el acto procesal si contiene argumentos que apuntan a cuestionar la labor argumentativa desplegada en el fallo atacado, y por ende resulta suficientes para tener por sustentado el mecanismo. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, si bien en dicho escrito se incluy\u00f3 el cuestionamiento a la supuesta demora del juzgador de primera instancia en entregar el audio de la audiencia de fallo; en como tramit\u00f3 el interrogatorio a las partes y recibi\u00f3 los testimonios; una cr\u00edtica al contenido de las intervenciones que realiz\u00f3 el curador ad litem de las personas indeterminadas; el supuesto error en la informaci\u00f3n incluida en el acta de la audiencia y otra serie de situaciones acaecidas en el curso del proceso diferentes a la sentencia, que ciertamente no atacan los fundamentos de \u00e9sta, tambi\u00e9n se observan argumentos que s\u00ed apuntan a derruir las bases de dicha decisi\u00f3n, como son el que, <\/p>\n
6. (\u2026) los testigos de la parte actora, TODOS FUERON CLAROS, EXPRESOS, Y AUNQUE ESTUVIERON GRAVEMENTE AFECTADOS POR LAS ANOMALIAS ANTEDICHAS Y LAS QUE SE CALLAN PARA NO HACER MAS EXTENSO ESTA SUSTENTACION, rindieron su versi\u00f3n, relacionada en especial con los testamentos que estas personas elaboraron de manera DOLOSA, de manera ENGA\u00d1OSA, y es aqu\u00ed cuando cabe expresar al Honorable Tribunal que el Juez Quince de Familia entre otros aspectos exigi\u00f3 que se refirieran y la apoderada deb\u00eda demostrar el dolo, el enga\u00f1o de la Hermana Emma Esther Bedoya Rodriguez al elaborar los testamentos y todos los testigos, narraron quien fue ella, quien tomo el manejo de los bienes, solo con el \u00e1nimo de defraudar los derechos herenciales de los hijos de JESUS MARIA BEDOYA RODRIGUEZ, quien en vida a todos les expres\u00f3 su dolor por esta circunstancia y les pidi\u00f3 solicitar la JUSTICIA QUE ELLOS , JOSE IVAN, ANGELA PATRICIA Y GLADYS STELLA BEDOYA MADRID, han invocado siempre en las demandas interpuestas y en esta propia, y aqu\u00ed HAGO HINCAPIE en la forma PARCIALIZADA COMO EN LA DECISION PROFERIDA, SIN PRUEBA ALGUNA Y EQUIVOCANDO EL FIN DEL PROCESO DE NULIDAD, LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DE ESTE PROCESO habl\u00f3 de que ellos eran personas ABUSIVAS QUE AL HACER ESTA DEMANDA ESTABAN BUSCANDO MEDIOS ECONOMICOS, y que fueron MALAGRADECIDOS, ELLO SIN PRUEBA ALGUNA, TENIENDO EN CUENTA INCLUSO QUE LOS MISMOS TESTIGOS DE LA DEMANDADA dijeron que NADIE VISITABA A las TIAS RICAS, (juan Guillermo Bedoya) INCLUSO NI LIGIA AMPARO QUIEN A LA MUERTE DE LAS MISMAS ESTABA FUERA DEL PAIS Y HABIA DEJADO A LAS MISMAS ABANDONADAS, PERO LA HICIERON APARECER COMO QUIEN PAGABA LOS GASTOS DE LA CASA DIZQUE PORQUE A LAS ANCIANAS NO LES ALCANZABA EL DINERO, lo cual es absolutamente falso y se contradijeron todos esos testigos, puesto QUE SI LAS TIAS DABAN AYUDAS A LA IGLESIA, Y DONABAN DE TODO, CUAL SERIA ENTONCES SU POBREZA? VERSION, ENGA\u00d1OSA Y CONTRADICTORIA DE TODOS. El se\u00f1or Juez entonces en la sentencia, sin ninguna prueba se fue LANZA EN RISTRE CONTRA MI MANDANTE Y LOS HEREDEROS DETERMINADOS, d\u00e1ndoles la denominaci\u00f3n de abusivos por esta demanda, y por INTERESADOS SOLO EN EL DINERO O ECONOMICO. Pregunto entonces: el despacho no estudi\u00f3 el proceso? O no ley\u00f3 las pretensiones de la demanda, las cuales solo solicitan la NULIDAD DE UNOS TESTAMENTOS Y HOY CON LA SENTENCIA EN NINGUN APARTE APARECE QUE A MIS REPRESENTADOS SE LES HAYA NEGADO SUMA DE DINERO ALGUNO, por tanto fallo el despacho en este y m\u00faltiples aspectos procesales que los condujeron a la DESACERTADA SENTENCIA PROFERIDA. <\/p>\n
M\u00e1s adelante tambi\u00e9n se expuso que, <\/p>\n
11. El despacho solicit\u00f3 probar las causales invocadas para el presente proceso de Nulidad de Testamentos y para el efecto yo como apoderada allegu\u00e9 NO SOLO PRUEBA TESTIMONIAL SINO LAS HISTORIAS CLINICAS DE EMMA ESTHER BEDOYA RODRIGUEZ Y DE OLIVIA DE JESUS BEDOYA RODRIGUEZ, historias que se deben presumir ciertas, y emitidas POR VARIOS MEDICOS TITULADOS QUE ALLI ATIENDEN Y ATENDIERON A ESTAS PERSONAS. APARECE LOS ACAPITES CLARON DONDE SE DICE QUE LA SE\u00d1ORA EMMA ESTHER BEDOYA RODRIGUEZ PADECIO ALTERCIONES MENTALES, INCLUSO LO MAS GRAVE QUE padecia HIPOACUCIA, y ello determinante para que al momento de la lectura del testamento tuviera PLENA CAPACIDAD, lo cual qued\u00f3 demostrado que no escuchaba, y ello corroborado por los testigos de la MISMA DEMANDADA, (Ricardo Sierra) quien concluy\u00f3 que si usaba aparato en el o\u00eddo y estuvo malo, en reparaci\u00f3n, y eso no qued\u00f3 demostrado que al momento de la elaboraci\u00f3n de su testamento no ocurriera. NO SOLO SE APORT\u00d3 SU HISTORIA CLINICA, sino que los testigos de la parte actora, todos coincidieron en decir que la hab\u00edan visto en centros comerciales, (Jos\u00e9 Ivan Bedoya, Gladys, y Patricia) quien NO LOS CONOCIA, y LE OBSERVARON SU DESMEJORIA TOTAL. Ello dicho por Patricia como GERONTOLOGA QUE ES, Y LO ASEVERO ANTE EL DESPACHO Y GLADYS STELLA BEDOYA, SICOLOGA, y quien expres\u00f3 que asist\u00eda a ver a las tias pero ellas mismas, MANIPULADAS POR LIGIA, les negaban el ingreso, NARRARON, que LIGIA AMPARO LES IMPIDIO ARRIMARSE A LAS TIAS, LLEVARLAS AL MEDICO U OTRAS COSAS RELACIONADAS CON LAS MISMAS (CLARA MANIPULACI\u00d3N, y ACTITUD DOLOSA ). Por tanto, esas pruebas documentales y testimoniales si probaron que esa t\u00eda Emma estaba enferma, ten\u00eda alteraci\u00f3n mental y sicologica y NO PODIA ENTONCES TESTAR EN CONDICIONES DE NORMALIDAD. SIN EMBARGO, EL DESPACHO, contrario sensu en su sentencia ARGUMENTO QUE CON LA PRUEBA DE LOS TESTIGOS DE LA PARTE DEMANDADA, DE QUIEN NINGUNO EXPRESO TENER PROFESION RELACIONADA CON LA SALUD, O TENER CAPACITACION ALGUNA PARA DETERMINAR SI TENIAN LAS TIAS CONDICIONES PARA TESTAR, SI LE ACOGIERON SU VERSION Y FUE plena PRUEBA SOPENA SER PRUEBAS INCONDUCENTES, E IMPERTINENTES. Solicitando al H. Tribunal que se observe como se alleg\u00f3 el CONCEPTO MEDICO DEL DR. FERNANDO VARGAS QUINTANA, MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, Y CALIFICADOR DE INVALIDEZ, LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL S 2019060432510 REGISTRO MEDICO 4852 -92, Y TODO ESTO REPOSA EN EL EXPEDIENTE Y PRESENTE DEMANDA COMO PRUEBA DOCUMENTA, ACEPTADA POR EL SE\u00d1OR JUEZ QUINCE DE FAMILIA DE MEDELLIN, EN AMBAS DEMANDADAS, EMMA ESTHER Y OLIVIA DE JESUS BEDOYA RODRIGUEZ, PERO SUCEDI\u00d3 QUE ADUCE EL DESPACHO QUE NO APARECEN EN EL EXPEDIENTE, COMO SUCEDI\u00d3 IGUAL CON LA EXCUSA DEL ABOGADO DAVID GUERRA, LLEGANDO AL DESPACHO, EL JUEZ NO SABE QUE HAY ALLI, NI QUE EXISTIA EN ESTE PROCESO, DEMUESTRA SIMPLEMENTE QUE EL SE\u00d1OR JUEZ NO REVISO, EL expediente y en esa CONFUSA AUDIENCIA DESPACHO LA SENTENCIA DE CUALQUIER MANERA PARA CUMPLIR SUS FINES DE PARCIALIZACION Y FAVORECIMIENTO A la parte demandada, lo cual SI FUE MUY CLARO. Se solicita entonces que esto mismo que se dice de la se\u00f1ora Emma como Demandante, igual sucedi\u00f3 con la DEMANDADA OLIVIA DE JESUS BEDOYA RODRIUEZ, y como tal se pide respetuosamente se analice y se tenga en cuenta para Revocar la INJUSTA Y ANTIJURIDICA SENTENCIA PROFERIDA POR EL SE\u00d1OR JUEZ QUINCE DE FAMILIA DE ORALLIDAD DE MEDELLIN. Poniendo de presente que en asuntos de salud, y determinaci\u00f3n de la capacidad para testar, LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA NO ES CONDUCENTE, NO ES PROCEDENTE, PORQUE NO PUEDEN PERSONAS COMUNES SIN NINGUNA FORMACION EN SALUD PREVALECER FRENTE A TODOS LOS MEDICOS GRADUADOS DE LAS EPS SURA DE AMBAS DEMANDADAS EMMA Y OLIVIA, Y MENOS DEL MEDICO QUE EMITIO SU CONCEPTO LUEO DEL ESTUDIO DE LAS HISTORIAS CLINICAS. Todo ello por cuanto al momento de testar las TIAS, NO SE DIJO QUE ESTABAN RELACIONADAS CON CROCHET, NI TOCANDO guitarra o lira O RELACIONADAS CON ESE TIPO DE ACTIVIDAD, y ello no es procedente, es INCONDUCENTE. Resaltando para el efecto, que UNA PERSONA DEMENTE, NO PIERDE SU CAPACIDAD MOTORA EN SU TOTALIDAD Y A TODOS LOS ANCIANOS LOS DEDICAN A HACER ESE TIPO DE actividades, pero con ello no se puede determinar COMO LO HIZO EL DESPACHO DE QUE DEMOSTRABAN PLENAMENTE QUE SI ESTABAN EN USO DE SUS PLENAS CAPACIDADES MENTALES. Razon por la cual se debe revocar la decisi\u00f3n proferida. Expreso que son m\u00faltiples los yerros de este despacho y audiencia celebrada, pero por econom\u00eda procesal considero medianamente suficiente para sustentar el presente recurso de apelaci\u00f3n oportunamente interpuesto y respondido <\/p>\n
12. Se exigi\u00f3 por el despacho adem\u00e1s probar que si los dos testamentos de esta demanda de nulidad, son ANULABLES POR ESTAS PRETENSIONES, PRUEBAS APORTADAS Y TODO LO SUSTENTADO ANTE EL DESPACHO , se solicite entonces y se demuestre que lo mismo ocurra con los otros testamentos que se elaboraron por estas personas, pero de solo observarlos se REVOCARON POR LAS DOS DEMANDADAS, Y SI SE PIDE SU NULIDAD ES PARA QUE NINGUNA PERSONA ALLI RELACIONADA PRETENDA DESVIRTUAR DERECHO ALGUNO, Y LA SOLA REVOCATORIA LES CIERRA ESA SITUACI\u00d3N O DERECHO Y SE PIDE POR A SEGURIDAD JURIDICA QUE ELLO REPRESENTA, Y SI AMBAS FUERON DOLOSAS ENGA\u00d1OSAS, IGUAL SE PRESUME Y SE DEBE ADMITIR DE TODO LO QUE LAS MISMAS TIAS EMMA Y OLIVIA HICIERON CON ESOS DOCUMENTOS PUBLICOS. 13. Finalmente, EL DESPACHO SOLICIT\u00d3 SE DEMOSTRARA LA MANIPULACION DE LA SE\u00d1ORA Olivia de Jes\u00fas Bedoya Rodriguez, no solo por su hermana Emma Esther Bedoya, sino por Ligia Amparo Villegas Bedoya, eso qued\u00f3 plenamente probado por la parte actora pues las deponencias absolutas de los dos testigos Didimo Urrego y Santiago Urrego Bedoya, Gladys Stella, Patricia, Jose Ivan Bedoya coincidieron en afirmar que OLIVIA ERA MUJER DEDICADA A LA COCINA, QUE DE ALLI NO SALIA Y LO RATIFICARON LOS TESTIGOS DE LA DEMANDADA LIGIA VILLEGAS, QUE EMMA LE INDICABA COMO OBRAR PUESTO QUE ERA MUJER DE POCA FORMACION Y ESO SUMADO A SU ALTERACION COGNITIVA, DESORIENTADA EN TIEMPO Y ESPACIO, DIAGNOSTICADA DE DEMENCIA, ALZHEIMER Y TRANSTORNO MENTAL Y SU EDAD AVANZADA FUERON APROVECHADOS YA FINALMENTE POR LA SUPUESTA HIJA LIGIA AMPARO VILLEGAS, Y LA DUE\u00d1A UNIVERSAL DE LA CASA DE LAS TIAS RICAS. DE LAS ANTIGUEDADES QUE TOMO SIN NINGUN DERECHO LIGIA AMPARO VILLEGAS BEDOYA Y LAS NEGOCIO INCLUSO CON SANTIAGO URREGO, QUIEN MANIFESTO HABERLE COMPRADO ESO A LIGIA AMPARO. <\/p>\n
La precitada argumentaci\u00f3n es en esencia un cuestionamiento a la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el juzgado de primera instancia, mediante la exposici\u00f3n de la que la apelante considera la adecuada, lo que sin duda ataca el fallo de primera instancia en cuanto a esa faceta se refiere, de ah\u00ed que el escrito en comento, al llenar de contenido argumental el puntual motivo de disenso con la decisi\u00f3n recurrida, permite tenerlo como una sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.2. As\u00ed, el proceder del Tribunal enjuiciado, consistente en considerar inexistente la sustentaci\u00f3n de la alzada que la recurrente realiz\u00f3 ante el juez de primera instancia, tras considerar que los argumentos all\u00ed expuestos no atacaban los fundamentos de la decisi\u00f3n recurrida, deja en evidencia la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso alegada por aquella, por configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el cual, seg\u00fan ha indicado la Corte Constitucional <\/p>\n
\u2026 puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
3.2. Establecido que dentro del proceso se sustent\u00f3 la alzada ante el juez de primera instancia, la situaci\u00f3n impide que se declare desierto el mecanismo por la supuesta ausencia de esa actuaci\u00f3n procesal, frente a lo cual lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite del recurso en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, el 25 de enero de 2023, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella, en su canon 12, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio, que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del prenotado decreto 806 de 2020, que busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, hoy recogido en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado decreto (adoptado como legislaci\u00f3n permanente en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022), expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.3. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el decreto 806 de 2020, adoptado como legislaci\u00f3n permanente con la ley 2213 de 2022, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
3.4. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.5. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 15 de marzo pasado el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por la promotora, por cuanto aquella no alleg\u00f3 ninguna sustentaci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del decreto 820 de 2020), sin que el escrito presentado ante el juzgador a quo cumpliera con los requisitos necesarios para tenerlo como sustentaci\u00f3n, debido a que no atac\u00f3 los fundamentos del fallo recurrido, decisi\u00f3n que mantuvo el 2 de mayo siguiente. <\/p>\n
3.6. As\u00ed las cosas, al decidir nuevamente el precitado mecanismo horizontal, el Tribunal atacado deber\u00e1 confrontar los anteriores planteamientos con los derroteros expuestos en precedencia, so pena de incursionar en el defecto anunciado, porque al margen de que la apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a quo, habida cuenta que en el escrito que present\u00f3 en primera instancia procedi\u00f3 a desarrollar los motivos de su inconformidad, tal como qued\u00f3 evidenciado al inicio de esta considerativa. <\/p>\n
De all\u00ed que la sede judicial enjuiciada no podr\u00e1 injustificadamente impedir que la quejosa obtenga la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. <\/p>\n
De esta manera, no podr\u00e1 pasarse por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada, como en efecto se hizo, y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, como qued\u00f3 visto, so pena de incurrir en un exceso ritual manifiesto, por implicar una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se tornar\u00eda inadmisible. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del decreto 806 de 2020 (planteamientos que resultan aplicables en vigencia de la ley 2213 de 2022, comoquiera que se trata de disposiciones normativas id\u00e9nticas), es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil (se resalta), recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de 2021 (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se condensa en que: <\/p>\n
\u2026 en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
5. Lo consignado, impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 2 de mayo de 2023 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por la censora contra el auto del 15 de marzo anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Gladys Stella Bedoya Madrid; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 2 de mayo de 2023 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio verbal de nulidad de testamento que inco\u00f3 Gladys Stella Bedoya Madrid contra Ligia Amparo Villegas Bedoya y otros, proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por la quejosa frente al auto de 15 de marzo de este mismo a\u00f1o, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02419-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que la se\u00f1ora Gladys Stella Bedoya Madrid instaur\u00f3 contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso verbal para nulidad de testamento que propuso contra Ligia Amparo Villegas Bedoya, Jos\u00e9 Iv\u00e1n y \u00c1ngela Patricia Bedoya Madrid y herederos indeterminados de Emma Esther y Olivia de Jes\u00fas Bedoya Rodr\u00edguez, el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn en sentencia de 25 de enero de 2023 neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que interpuso recurso de apelaci\u00f3n y remitido el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en providencia de 28 de febrero siguiente lo admiti\u00f3 y el 15 de marzo de 2023 lo declar\u00f3 desierto, determinaci\u00f3n que mantuvo el 2 de mayo anterior. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Tribunal Superior accionado no tuvo en cuenta que sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n con el escrito que para tal prop\u00f3sito present\u00f3 ante el Juzgado de primera instancia. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Gladys Stella Bedoya Madrid, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3.1. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la tutelante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al considerar que la sustentaci\u00f3n presentada ante el a quo no cumpl\u00eda con las calidades necesarias para tenerse como tal, por lo cual la tuvo por inexistente, y por ende, ante el silencio en el t\u00e9rmino para sustentar que se concedi\u00f3 en segunda instancia, declar\u00f3 desierta la alzada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. Establecido que dentro del proceso se sustent\u00f3 la alzada ante el juez de primera instancia, la situaci\u00f3n impide que se declare desierto el mecanismo por la supuesta ausencia de esa actuaci\u00f3n procesal, frente a lo cual lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite del recurso en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta, el 25 de enero de 2023, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella, en su canon 12, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.5. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 15 de marzo pasado el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por la promotora, por cuanto aquella no alleg\u00f3 ninguna sustentaci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del decreto 820 de 2020), sin que el escrito presentado ante el juzgador a quo cumpliera con los requisitos necesarios para tenerlo como sustentaci\u00f3n, debido a que no atac\u00f3 los fundamentos del fallo recurrido, decisi\u00f3n que mantuvo el 2 de mayo siguiente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.6. As\u00ed las cosas, al decidir nuevamente el precitado mecanismo horizontal, el Tribunal atacado deber\u00e1 confrontar los anteriores planteamientos con los derroteros expuestos en precedencia, so pena de incursionar en el defecto anunciado, porque al margen de que la apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a quo, habida cuenta que en el escrito que present\u00f3 en primera instancia procedi\u00f3 a desarrollar los motivos de su inconformidad, tal como qued\u00f3 evidenciado al inicio de esta considerativa. <\/p>\n
De all\u00ed que la sede judicial enjuiciada no podr\u00e1 injustificadamente impedir que la quejosa obtenga la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. <\/p>\n
De esta manera, no podr\u00e1 pasarse por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada, como en efecto se hizo, y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, como qued\u00f3 visto, so pena de incurrir en un exceso ritual manifiesto, por implicar una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se tornar\u00eda inadmisible. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5. Lo consignado, impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 2 de mayo de 2023 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por la censora contra el auto del 15 de marzo anterior, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, no incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la se\u00f1ora Gladys Stella Bedoya Madrid. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02419-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Gladys Stella Bedoya Madrid contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn con ocasi\u00f3n del proceso verbal para nulidad de testamento que le promovi\u00f3 a Ligia Amparo Villegas Bedoya, Jos\u00e9 Iv\u00e1n y \u00c1ngela Patricia Bedoya Madrid y heredero indeterminados de Emma Esther y Olivia de Jes\u00fas Bedoya Rodr\u00edguez. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n censurada que, \u00ab(\u2026) tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 2 de mayo de 2023 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio verbal de nulidad de testamento que inco\u00f3 Gladys Stella Bedoya Madrid contra Ligia Amparo Villegas Bedoya y otros, proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por la quejosa frente al auto de 15 de marzo de este mismo a\u00f1o, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 la \u00ab(\u2026) procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la tutelante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al considerar que la sustentaci\u00f3n presentada ante el a quo no cumpl\u00eda con las calidades necesarias para tenerse como tal, por lo cual la tuvo por inexistente, y por ende, ante el silencio en el t\u00e9rmino para sustentar que se concedi\u00f3 en segunda instancia, declar\u00f3 desierta la alzada. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, hoy recogido en el art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). <\/p>\n
3.3. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, no podr\u00e1 pasarse por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda presentarse desde la interposici\u00f3n de la alzada, como en efecto se hizo, y \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb en el t\u00e9rmino previsto en el invocado art\u00edculo 12 de la ley 2213 de 2022, como qued\u00f3 visto, so pena de incurrir en un exceso ritual manifiesto, por implicar una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se tornar\u00eda inadmisible (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la precursora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n-. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la resoluci\u00f3n del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6588-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6588-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02419-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Gladys Stella Bedoya Madrid […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}