STC6713-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6713-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02584-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve tutela que instaur\u00f3 Jorge Isaac Rodelo Menco contra el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil y contra el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva a partes e intervinientes en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas 11001-31-03-031-2021-00315-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 que se ordene revocar las decisiones tomadas tanto en primera (15 feb. 2023), como de en segunda instancia (2 jun. 2023) y, en su lugar, corregir y subsanar los yerros en que incurrieron los accionados. <\/p>\n
Adujo, en esencia, que instaur\u00f3 proceso verbal de rendici\u00f3n provocada de cuentas en contra de la Caja Petrolera Coopetrol. Indic\u00f3 que tuvo reconocimiento pensional por parte de Ecopetrol S.A. (2005), as\u00ed como que fue asociado de la cooperativa demandada hasta el a\u00f1o 2008, con quien adquiri\u00f3 varios cr\u00e9ditos instrumentalizados en los pagar\u00e9s No. 02052295, 02031842 y 020330040. A partir de la fecha de retiro, se le han descontado dinero de sus ahorros y liquidaciones, la mitad de su mesada pensional, se han recibido pagos de codeudores solidarios, se le embarg\u00f3 un bien inmueble, todo lo cual permite afirmar que las deudas cobradas deber\u00edan estar totalmente saldadas, sin embargo, siguen efectu\u00e1ndose retenciones de sus dineros. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que los despachos judiciales accionados se equivocaron al decidir que la cooperativa no est\u00e1 obligada a rendir cuentas, puesto que deb\u00eda conden\u00e1rsele para determinar \u201cquien debe a qui\u00e9n y cu\u00e1l es el monto que resulte de adeudar una de las partes a la otra\u201d. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, manifest\u00f3 que los argumentos de la acci\u00f3n de tutela pretenden reabrir el debato de una controversia ya resuelta, as\u00ed como que los argumentos no fueron producto de un favorecimiento caprichoso a la cooperativa demandada y que obedecieron a determinaciones legales y jurisprudenciales <\/p>\n
El Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de la providencia emitida y remiti\u00f3 copia del expediente judicial. <\/p>\n
La Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, puesto que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del debido proceso y que lo que pretende el gestor es reabrir t\u00e9rminos fenecidos y acudir a una tercera instancia a su favor. <\/p>\n
A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
Revisado el asunto encuentra la Sala que, si bien el actor, a trav\u00e9s del presente mecanismo, censura las sentencias que resolvieron de fondo el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, lo cierto es que el debate jur\u00eddico se cerr\u00f3 por aquella proferida el 2 de junio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las pretensiones, motivo por el cual el estudio constitucional recaer\u00e1 sobre esta. <\/p>\n
Establecido lo anterior, de la revisi\u00f3n del proceso en comento, encuentra la Sala que la judicatura atacada no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados, dado que el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas supone, necesariamente, la existencia de un convenio o mandato legal que imponga al convocado la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas pedidas derivadas de la administraci\u00f3n que se le confiri\u00f3, factor que no se encuentra presente en la relaci\u00f3n que aqueja el accionante en contra de la Cooperativa demandada. En efecto, los supuestos f\u00e1cticos que fundaron las pretensiones se relacionaban con desacuerdos en la imputaci\u00f3n de pagos generados por contratos de mutuo entre las partes, situaciones que no generan el surgimiento de la obligaci\u00f3n pedida en el proceso. <\/p>\n
El Tribunal encartado inici\u00f3 con una descripci\u00f3n del proceso de rendici\u00f3n de cuentas, para el cual afirm\u00f3: <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, los procesos de rendici\u00f3n provocada de cuentas suponen, as\u00ed, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligaci\u00f3n de hacerlo, imperativo que no es de poca relevancia puesto que solo bajo dicho supuesto es que se edifica ese deber. Tal escenario, como se relat\u00f3, se deriva, por regla general, de otra actividad, cual no es otra que gestionar actividades o negocios por otro. Situaci\u00f3n f\u00e1cilmente comprobable si traemos a colaci\u00f3n los ejemplos que el derecho sustancial contiene: los guardadores -tutores o curadores- (arts. 504 a 507, C\u00f3digo Civil Colombiano), los curadores especiales (art. 584, C.C.C), el heredero beneficiario respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios (arts. 1318 a 1320, C.C.C), el albacea (art. 136, C.C.C), el mandatario (arts. 2181, C.C.C., y 1268 del C\u00f3digo de Comercio), el secuestre (art. 2279, C.C.C), el agente oficioso (art. 1312, C.C.C), el administrador de la cosa com\u00fan (arts. 484 a 486, C.P.C), el administrador de las personas jur\u00eddicas comerciales (arts. 153, 230, 238 y 318, Co.Co., y 45, Ley 222 de 1995), el liquidador (arts. 238, Co.Co., y 59, inc. 5, Ley 1116 de 2006), el gestor de las cuentas en participaci\u00f3n (arts. 507 y 512 del Co.Co.), el fiduciario (art. 1234, Co.Co.), el comisionista (art. 1299, Co.Co.) y el editor (arts. 1362 y 1368, Co.Co.), sin que sean los \u00fanicos, en tanto que por voluntad de los contratantes, tambi\u00e9n se pueden obligar a realizar una determinada conducta que involucre la necesidad de rendir cuentas, siempre y cuando se encuentre en el supuesto de gestionar negocios o actividades por otra persona. <\/p>\n
Procedi\u00f3 a describir el tipo de relaci\u00f3n que emerge entre los involucrados en el pleito, as\u00ed como a identificar aquella bajo la cual se fundaron las pretensiones: <\/p>\n
5. En este asunto, el a-quo consider\u00f3 que la calidad de asociado era suficiente para advertir la prevalencia de la acci\u00f3n sobre la convocada a juicio, por cuanto la administraci\u00f3n de los dineros de la cooperativa as\u00ed lo permit\u00eda, sin embargo, para esta Sala tal conclusi\u00f3n no resulta acorde a la realidad f\u00e1ctica narrada en el libelo, por cuanto son dos las calidades que presenta el aqu\u00ed demandante de cara a su convocada. <\/p>\n
Para el caso, no es objeto de discusi\u00f3n que el se\u00f1or Jorge Isaac Rodelo Menco fue asociado de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol, por cuanto realiz\u00f3 sus aportes en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la entidad, seg\u00fan se acredita con los recibos de pago de salarios y\/o prestaciones sociales expedido por Ecopetrol S.A. en los que se destaca la descripci\u00f3n de un descuento \u201cDSCTO VAR COOPETROL\u201d, \u201cDSCTO VAR COOP\u201d y \u201cCOOPETROL VARI\u201d7, escenario que no fue desconocido por el actor, as\u00ed como tampoco por la cooperativa. <\/p>\n
En ese sentido, acert\u00f3 el Juzgador al estructurar el procedimiento de descuento que efect\u00faa Ecopetrol S.A. a la mesada pensional del se\u00f1or Jorge Isaac Rodelo Menco y en favor de Coopetrol, con ocasi\u00f3n al convenio de libranza que como deudor aquel pact\u00f3 en cada uno de los pagar\u00e9s. <\/p>\n
Conforme a ello, la calidad de asociado en el pasado, no se discute en el asunto, pues contra dicha dignidad ninguna problem\u00e1tica se gener\u00f3, sin embargo, no fue bajo esa \u00e9gida que se edific\u00f3 el procedimiento de balance, y por el contrario se enfil\u00f3 como deudor de una acreencia, relaci\u00f3n contractual que descarta la posibilidad de la administraci\u00f3n ajena que albergue una posibilidad de rendir cuentas de la gesti\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, apunt\u00f3 que, de la inconformidad del gestor con relaci\u00f3n a la imputaci\u00f3n de dineros descontados para el pago de las acreencias en favor de la cooperativa, no surge un mandato de administraci\u00f3n a cargo de esa entidad que genere la obligaci\u00f3n de rendir cuentas. El despacho judicial estableci\u00f3: <\/p>\n
6. Conviene destacar en este punto, que la situaci\u00f3n que dio origen al tr\u00e1mite no fue otro que la controversia suscitada por la imputaci\u00f3n de los dineros que eran descontados de la mesada pensional del demandante, para el pago de las acreencias en favor de Coopetrol, m\u00e1s no como dineros que fueran administrados o entregados en gesti\u00f3n a esa Cooperativa, aspectos totalmente diferentes y que descartan la posibilidad de rendir cuentas en la forma deprecada. <\/p>\n
Para esta Corporaci\u00f3n no queda duda alguna que el origen de los pagar\u00e9s y las consecuencias de su existencia, como el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, su cobro, el importe y abonos, as\u00ed como los descuentos realizados de forma directa a la mesada pensional del demandante, obedeci\u00f3 estrictamente a la constituci\u00f3n de un cr\u00e9dito cuyo desembolso favoreci\u00f3 al aqu\u00ed convocante como deudor, y le endilg\u00f3 la calidad de acreedor a Coopetrol, sin que de tales dignidades se pueda establecer siquiera una noci\u00f3n de mandato de administraci\u00f3n a cargo de la entidad y en favor de la persona natural, pues en modo alguno, para la acreencia surgida, la Cooperativa est\u00e1 administrando dineros del se\u00f1or Jorge Isaac Rodelo y este tampoco los est\u00e1 entregando para su gesti\u00f3n y, por el contrario, obedece estrictamente al pago que debe hacer fruto de la obligaci\u00f3n dineraria que de manos de Coopetrol obtuvo. <\/p>\n
En esa medida es presupuesto de la acci\u00f3n, de forzosa verificaci\u00f3n del funcionario judicial, la existencia de un convenio o mandato legal que imponga al convocado la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas pedidas derivadas de la administraci\u00f3n que se le confiri\u00f3, sin que aquella se encuentre inmersa en el asunto, primero porque el demandante no posee la dignidad de asociado para realizarlo y aun teni\u00e9ndola, conforme al art\u00edculo 23 de la Ley 79 de 1988, no hizo uso de esa dignidad para la revisi\u00f3n del balance de sus aportes o similares; y segundo, porque la relaci\u00f3n sobre la que gravita el tr\u00e1mite se circunscribe a controversias en el desarrollo de un cr\u00e9dito, las imputaciones en el pago y descuentos que a consideraci\u00f3n del demandante, no pueden ser realizadas, aspecto este \u00faltimo que redunda en la confirmaci\u00f3n de la sentencia, pero por la salvedad aqu\u00ed expuesta, por cuanto ante la eventual inexistencia de v\u00ednculo alguno del cual se pueda aducir una administraci\u00f3n de esos dineros, se consolida a\u00fan m\u00e1s la tesis de desfavorabilidad de las pretensiones. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el querellante, pues, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en la providencia reprochada contiene un criterio razonable, e independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que, la decisi\u00f3n cuestionada no fue arbitraria ni desmedida, toda vez que, seg\u00fan se describi\u00f3, no se cumplieron los presupuestos para la prosperidad de las pretensiones de un proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ STC17380-2019, se record\u00f3 que la jurisprudencia constitucional, al referirse a la naturaleza de la \u00abrendici\u00f3n de cuentas\u00bb, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cEl objeto de este proceso, es que todo aquel que conforme a la ley, est\u00e9 obligado a rendir cuentas de su administraci\u00f3n lo haga, si voluntariamente no ha procedido a hacerlo. <\/p>\n
Antes de la reforma del C\u00f3digo de Procedimiento Civil el proceso presentaba dos fases, perfectamente definidas y con sus respectivos objetivos: la primera para determinar la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas; la segunda, tendiente a establecer el monto o la cantidad que una parte sal\u00eda a deber a la otra. Con la reforma de 1989, el proceso fue simplificado y puede culminar sin necesidad de dictar sentencia, en el supuesto de que no exista controversia sobre el monto fijado en la demanda, pues si el demandado, dentro del t\u00e9rmino de traslado no se opone a recibir las cuentas presentadas, ni las objeta, ni propone excepciones previas, el juez las aprueba mediante auto que no es apelable y prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo\u201d. (Sentencia C-981 de 2002, M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra). <\/p>\n
Los procesos de rendici\u00f3n provocada de cuentas suponen, as\u00ed, de parte de quien es llamado a rendirlas, una obligaci\u00f3n de hacerlo. Y esa obligaci\u00f3n de rendir cuentas se deriva, por regla general, de otra obligaci\u00f3n: la de gestionar actividades o negocios por otro. En el Derecho sustancial, est\u00e1n obligados a rendir cuentas, entre muchos otros, por ejemplo, los guardadores \u2013tutores o curadores- (arts. 504 a 507, C\u00f3digo Civil Colombiano), los curadores especiales (art. 584, C.C.C), el heredero beneficiario respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios (arts. 1318 a 1320, C.C.C), el albacea (art. 136, C.C.C), el mandatario (arts. 2181, C.C.C., y 1268 del C\u00f3digo de Comercio), el secuestre (art. 2279, C.C.C), el agente oficioso (art. 1312, C.C.C), el administrador de la cosa com\u00fan (arts. 484 a 486, C.P.C), el administrador de las personas jur\u00eddicas comerciales (arts. 153, 230, 238 y 318, Co.Co., y 45, Ley 222 de 1995), el liquidador (arts. 238, Co.Co., y 59, inc. 5, Ley 1116 de 2006), el gestor de las cuentas en participaci\u00f3n (arts. 507 y 512 del Co.Co.), el fiduciario (art. 1234, Co.Co.), el comisionista (art. 1299, Co.Co.) y el editor (arts. 1362 y 1368, Co.Co.). En todas estas hip\u00f3tesis, los sujetos obligados a rendir cuentas lo est\u00e1n porque previamente ha habido un acto jur\u00eddico (contrato, mandamiento judicial, disposici\u00f3n legal) que los obliga a gestionar negocios o actividades por otra persona. (Incluso la agencia oficiosa es caracterizada por la codificaci\u00f3n civil como un \u2018contrato\u2019. Cfr., Art\u00edculo 2304, C.C.). <\/p>\n
De hecho, un comunero, si es designado administrador de la comunidad, en la forma como lo disponen los art\u00edculos 484 y 486 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seguramente estar\u00e1 obligado a rendir cuentas de su gesti\u00f3n, espont\u00e1neamente o a petici\u00f3n de los comuneros (art\u00edculo 485, C.P.C). Pero si el caso es que uno de los comuneros ha introducido motu proprio, y con afectaci\u00f3n a su propio peculio, mejoras en la cosa com\u00fan, la \u00fanica hip\u00f3tesis en la cual estar\u00eda llamado a rendir cuentas de su gesti\u00f3n, es que solicite para s\u00ed el reembolso de lo pagado por \u00e9l en pro de la comunidad (art\u00edculo 2325, C.C.C), o que solicite el reconocimiento de las mejoras. En estos dos \u00faltimos eventos, los escenarios procesales para rendir las cuentas no ser\u00edan, precisamente, los procesos de rendici\u00f3n de cuentas, sino los procesos en los cuales se solicite el reembolso de lo pagado en pro de la comunidad o el reconocimiento de mejoras, y no como obligaci\u00f3n del comunero, sino como condici\u00f3n indispensable para obtener lo pretendido (Subrayado fuera de texto, C.C. T-143\/08). <\/p>\n
A partir de ese recuento se dedujo que \u00abes presupuesto de la acci\u00f3n, de forzosa verificaci\u00f3n del funcionario judicial, la existencia de un convenio o mandato legal que imponga al convocado la obligaci\u00f3n de rendir las cuentas pedidas derivadas de la administraci\u00f3n que se le confiri\u00f3\u00bb (se resalta adrede).\u201d (Reiterada en STC4850-2021) <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Jorge Isaac Rodelo Menco. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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