STC6735-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6735-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 24 de mayo de 2023, dictado por la Sala Civil S\u00e9ptima de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el amparo que promovi\u00f3 Harold Mauricio Torres Correa contra el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con garant\u00eda real 11001-31-03-032-2000-00624-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor solicit\u00f3 se deje sin efectos el auto proferido por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra (23 mar. 2023) dado que no es deudor personal ni solidario de las obligaciones demandadas en el proceso y, en su lugar, ordenar a ese despacho judicial que dentro de las siguientes 48 horas anule el proceso hipotecario desde el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago contra la persona diferente a la deudora. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que fue demandado por la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda AV Villas en proceso ejecutivo con garant\u00eda real en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra (30 ago. 2000). Adujo que el t\u00edtulo ejecutivo es compuesto, en el que, de una parte, est\u00e1 el pagar\u00e9 No. 127337 suscrito por Industrial de Confecciones Mauricio Torres Ltda., y por otra, est\u00e1 la hipoteca constituida por \u00e9l en Escritura P\u00fablica 6181 de 1997 para garantizar obligaciones a su cargo y de Industrial de Confecciones Ltda., ninguno de los cuales firm\u00f3 el pagar\u00e9 descrito. En esencia, indic\u00f3 como problemas del t\u00edtulo (i) que el pagar\u00e9 fue suscrito por una sociedad distinta al demandado, persona natural, (ii) que la hipoteca abierta no garantiz\u00f3 obligaciones de la sociedad firmante del pagar\u00e91, por lo que no hay identidad en la conformaci\u00f3n del t\u00edtulo complejo (iii) que no existe congruencia en el t\u00edtulo pues la hipoteca garantiz\u00f3 obligaciones en UPAC, mientras que el pagar\u00e9 instrumentaliz\u00f3 un cr\u00e9dito en UVR y (iv) que el cr\u00e9dito otorgado por el ejecutante fue de libre inversi\u00f3n y no para la compra de vivienda, motivo por el que no le era posible otorgar cr\u00e9ditos en UVR. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que puso de presente la situaci\u00f3n anterior al Despacho Judicial accionado, para que se efectuara un control de legalidad de oficio (30 ene. 2023), ante lo que la autoridad profiri\u00f3 dos providencias (23 mar. 2023), en una orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, mientras que en la otra rechaz\u00f3 la solicitud de efectuar control de legalidad. As\u00ed las cosas, reproch\u00f3 que el accionado debi\u00f3 ejecutar un examen oficioso del t\u00edtulo ejecutivo de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no efectu\u00f3. <\/p>\n
2.- El Juzgado 47 Civil del Circuito defendi\u00f3 sus actuaciones, indic\u00f3 que el gestor no interpuso ning\u00fan tipo de recursos contra ellas y, en consecuencia, solicit\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
Gladys Mar\u00eda G\u00f3mez Angarita manifest\u00f3 que (i) la Escritura P\u00fablica 6181 de 1997 fue suscrita por el impulsor del amparo, en la que garantizaba obligaciones adquiridas en forma personal o conjunta con obligaciones en favor de la sociedad que \u00e9l mismo representa Confecciones Mauricio Torres Ltda. pero que por error en la transcripci\u00f3n qued\u00f3 Industrial de Confecciones Ltda., en consecuencia, no son dos sociedades distintas sino que son la misma sociedad, (ii) los dem\u00e1s argumentos relacionados con el tipo de obligaci\u00f3n y l\u00edmite de la garant\u00eda tienen como \u00fanica finalidad dilatar el proceso, (iii) la tutela es un mecanismo residual y el gestor tuvo en el proceso distintas oportunidades para poner en conocimiento estos hechos y nunca lo hizo. <\/p>\n
3.- La Sala S\u00e9ptima de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo por considerar razonable las providencias emitidas por el juzgador accionado en tanto correspond\u00eda rechazar el control de legalidad formulado y continuar adelante con la ejecuci\u00f3n, dado que el impulsor desperdici\u00f3 el momento oportuno para atacar la orden de apremio librada en su contra. <\/p>\n
4.- El accionante impugn\u00f3. Reiter\u00f3 los argumentos planteados en la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 revocado, dado que el juez accionado, al emitir el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, no se pronunci\u00f3 de manera suficiente en cuanto a determinar si el t\u00edtulo ejecutivo que fundament\u00f3 el proceso coercitivo con garant\u00eda real cumpl\u00eda con los requisitos establecidos en la ley, de acuerdo con el control oficioso que le correspond\u00eda efectuar de conformidad con sus deberes como instructor del mismo. <\/p>\n
1.- La Corte restringir\u00e1 su an\u00e1lisis al auto mediante el cual orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, porque pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el prove\u00eddo de misma fecha en el que se rechaz\u00f3 de plano el control de legalidad solicitado, es el primero el que cobra relevancia de cara a los hechos y argumentos planteados en el amparo incoado. <\/p>\n
2.- Como lo ha dicho la Sala en previas oportunidades, los jueces tienen dentro de sus labores el \u00abcontrol oficioso del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb presentado para el recaudo. Esta facultad, est\u00e1 consagrada en el art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, actualmente, se encuentra prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual se debe armonizar con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11. 42-2, 132 y 430 inciso 1\u00ba esjudem. En efecto, esta Corporaci\u00f3n, en sentencia STC14164-2017, 11 sep., rad. 2017-00358-01, sostuvo que \u00abs\u00ed es dable a los juzgadores bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y as\u00ed tambi\u00e9n de acuerdo con el C\u00f3digo General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisi\u00f3n del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia (\u2026). <\/p>\n
Para concluir tal cosa, record\u00f3 su propia jurisprudencia, que, en forma concreta, sobre la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cLos funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada (\u2026). <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ej\u00fasdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido (\u2026). <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem (\u2026). <\/p>\n
Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem) (\u2026). <\/p>\n
Ese entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: [T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso trasfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) (\u2026). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (\u2026), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026). <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (\u2026), (STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01). <\/p>\n
De igual forma, tambi\u00e9n ha dejado claro la Corte que el deber-potestad del juez de revisar oficiosamente el t\u00edtulo ejecutivo tiene, por regla general, dos momentos espec\u00edficos: (i) al tiempo de dictar sentencia que resuelve excepciones de m\u00e9rito o (ii) al de proferir auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. En sentencia del 28 de mayo de 2020, con radicado 2020-01072-00, dispuso: <\/p>\n
No obstante lo anterior, tal potestad-deber, s\u00f3lo puede ejercerse hasta el momento de dictar la sentencia que resuelve las excepciones de m\u00e9rito (fallo de \u00fanica, primera o segunda instancia), o del auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n en caso de no haberse propuesto aquellas oportunamente. Ese es el li\u0301mite final hasta donde se extiende la \u00abfacultad del control oficioso del juez\u00bb. S\u00f3lo trat\u00e1ndose de ejecutivos hipotecarios en los que el pagar\u00e9 fue otorgado en UPAC, es posible analizar los requisitos del t\u00edtulo hasta antes \u00abdel registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n\u00bb, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, donde qued\u00f3 establecido como obligatorio el cumplimiento del \u00abpresupuesto de la reestructuraci\u00f3n\u00bb, por incumbir propiamente a la exigibilidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- El proceso objeto de revisi\u00f3n tiene como fundamento (i) el Pagar\u00e9 Largo Plazo No. 127337 suscrito por Industrial de Confecciones Mauricio Torres Ltda., con NIT 830.014.960-8 en favor de la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Av. Villas, otorgado el 30 de enero del 20002 por valor de 1,095,607.2916 unidades de UVR y (ii) la Escritura P\u00fablica No. 6181 del 20 de agosto de 1997, en la que Harold Mauricio Torres Correa garantiz\u00f3 en favor de la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Las Villas, por medio de hipoteca con l\u00edmite de cuant\u00eda de 7324,7061 UPAC3, el pago de deudas y obligaciones que haya contra\u00eddo o llegare a contraer \u201cconjunta, solidaria o separadamente\u201d tanto \u00e9l, hipotecante, como la sociedad Industrial de Confecciones Ltda. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda AV Villas inici\u00f3 demanda ejecutiva con garant\u00eda real en contra de Harold Mauricio Torres Correa en la que solicit\u00f3 el saldo insoluto surgido del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los documentos previamente identificados. El Juzgado 32 Civil del Circuito libr\u00f3 mandamiento de pago en favor del ejecutante (30 ago. 2000) y decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien sobre el que se constituy\u00f3 la garant\u00eda hipotecaria, lo que efectu\u00f3 sin adentrarse en mayores estudios sobre el t\u00edtulo ejecutivo4. <\/p>\n
El actor fue notificado por conducta concluyente del auto referido5 y no present\u00f3 recursos ni excepciones dentro del t\u00e9rmino otorgado para ello; inici\u00f3 un incidente de nulidad el cual fue rechazado6 y, mediante memorial del 30 de enero de 2023, solicit\u00f3 al despacho cognoscente, efectuar un control de legalidad, que, en la pr\u00e1ctica, no es otra cosa que el ejercicio de la potestad-deber de revisar oficiosamente la virtualidad del t\u00edtulo ejecutivo base de la acci\u00f3n7, dado que, para \u00e9l, exist\u00edan ciertas irregularidades con el t\u00edtulo compuesto de la acci\u00f3n, entre las que destac\u00f3 que (i) el demandado no es el deudor de la obligaci\u00f3n contenida en el Pagar\u00e9 127337, (ii) la hipoteca garantiz\u00f3 las obligaciones en que incurriere la sociedad Industrial de Confecciones Ltda., mientras que el pagar\u00e9 los suscribi\u00f3 Industrial de Confecciones Mauricio Torres Ltda., por lo que no hay identidad de sujetos (iii) La hipoteca se constituy\u00f3 con un l\u00edmite inferior al cobrado mediante el pagar\u00e9, (iv) el referido t\u00edtulo valor se libr\u00f3 en UVR, mientras que la hipoteca se constituy\u00f3 para obligaciones en UPAC, (v) el cr\u00e9dito era libre inversi\u00f3n y no para adquisici\u00f3n de vivienda por lo cual no pod\u00eda otorgarse en UVR. <\/p>\n
En este orden de ideas, si bien es cierto lo afirmado por el Tribunal, en cuanto a que el gestor no present\u00f3 reposici\u00f3n contra la orden de apremio en la oportunidad correspondiente, s\u00ed puso de presente posibles irregularidades con el t\u00edtulo ejecutivo que deb\u00edan ser objeto de pronunciamiento por parte del juez, en salvaguarda del derecho sustancial y en virtud de su deber de revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo, m\u00e1xime si se tiene en consideraci\u00f3n que el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al librar mandamiento de pago, no se refiri\u00f3 a ninguno de los puntos atribuidos por el impulsor. Mem\u00f3rese lo manifestado por esta Corporaci\u00f3n, aplicable tambi\u00e9n a lo regulado bajo el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto a que: <\/p>\n
Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido (CSJ STC18432-2016, 15 dic., rad. 2016-00440-01; reiterada, entre muchas otras, en STC4808-2017, 5 abr., rad. 2017-00694-00; y STC14140-2019, 16 oct., rad. 2019-03051-00). <\/p>\n
4.- De acuerdo con lo descrito, el despacho judicial accionado incurri\u00f3 en la v\u00eda de hecho endilgada porque no estudi\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo presentado como base del coercitivo a la luz de las anteriores disquisiciones, desconociendo el deber al que hace frente en su calidad de director del proceso. <\/p>\n
Del panorama expuesto, se colige con facilidad la ausencia de motivaci\u00f3n sobre la tem\u00e1tica y la existencia de un yerro superlativo, enmendable por tutela, sobre el cual se ha predicado que: <\/p>\n
(\u2026) el defecto en comento se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que conlleva que deba abordarse de nuevo el estudio y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso (CSJ STC8921-2020, reiterado en STC1749-2021). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se revocar\u00e1 el veredicto de primera instancia y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo para que el juez accionado reexamine el asunto de acuerdo con los par\u00e1metros establecidos en esta providencia y determine, de forma motivada, si el t\u00edtulo ejecutivo en el que se fundamenta el proceso con garant\u00eda real, cumple o no, con los requisitos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado por Harold Mauricio Torres. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin valor y efecto el auto emitido el 23 de marzo de 2023 mediante el cual orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n dentro del proceso aqu\u00ed referido, para que, en el lapso improrrogable de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, resuelva nuevamente sobre el asunto, de conformidad con los par\u00e1metros establecidos en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La sociedad que firm\u00f3 el pagar\u00e9 fue Industrial de Confecciones Mauricio Torres Ltda. mientras que la hipoteca garantizaba obligaciones de Industrial de Confecciones Ltda. y de Harold Mauricio Torres. <\/p>\n
2\u0002 Ver expediente digital; Carpeta \u201cC001\u201d; \u201c001CuadernoDigitalizado.PDF\u201d, fol. 2. <\/p>\n
3\u0002 Que para ese a\u00f1o equival\u00eda a $80.000.000 seg\u00fan lo planteado en la misma Escritura P\u00fablica. <\/p>\n
4\u0002 Ver expediente digital; Carpeta \u201cC001\u201d; \u201c001CuadernoDigitalizado.PDF\u201d: fol. 51. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem, fol. 65 <\/p>\n
6\u0002 Ver expediente digital; Carpeta C003 archivo \u201c11001310303220000062401_C003.PDF\u201d: fol. 2-14 <\/p>\n
7\u0002 Ver expediente digital; Carpeta \u201c06ContinuacionExpedienteElectronico\u201d; archivo \u201c010ConstanciaRecepcionSolicitudControlLegalidad20230130\u201d. <\/p>\n
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STC6735-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6735-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01033-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 24 de mayo de 2023, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74680","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74680\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}