STC6736-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6736-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02533-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Lusmila Murillo Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el juicio declarativo n\u00b0. 2016-00812. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 curs\u00f3 la pertenencia promovida por Mar\u00eda Lusmila Murillo Gonz\u00e1lez contra el Banco Colpatria S.A., que culmin\u00f3 con sentencia desestimatoria de primer grado, proferida el 30 de agosto de 2022. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la parte vencida y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 16 de noviembre siguiente. <\/p>\n
A su turno, la misma parte formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue denegada el pasado 13 de febrero al no haberse acreditado la cuant\u00eda m\u00ednima requerida para tal efecto. <\/p>\n
3. La promotora acudi\u00f3 a esta herramienta con el prop\u00f3sito de criticar la valoraci\u00f3n probatoria realizada por la c\u00e9lula judicial cognoscente, a su juicio, incorrecta e incompleta, adem\u00e1s de considerar que en la actuaci\u00f3n se configur\u00f3 la causal de nulidad consagrada en el art\u00edculo 133-5 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con los ordinales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 107 del mismo compendio normativo, por cuanto la inspecci\u00f3n judicial se realiz\u00f3 de forma virtual y no como lo ordena \u00abel numeral 9\u00ba del canon 375 ibidem\u00bb. <\/p>\n
Por ello, solicit\u00f3 invalidar \u00abtodo lo actuado desde la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb dejando \u00absin efecto alguno la actuaci\u00f3n surtida\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. EL magistrado ponente de la determinaci\u00f3n de segundo grado dijo atenerse a las consideraciones de dicha providencia, al tiempo que asegur\u00f3 que la salvaguarda \u00abno cumple con el requisito de inmediatez, por haber trascurrido m\u00e1s de seis meses desde la fecha en que se llev\u00f3 a cabo diligencia de inspecci\u00f3n judicial cuestionada, incluso, desde la fecha que emiti\u00f3 el fallo\u2026 esta corporaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se explica en qu\u00e9 forma supuestamente se vulneraron las garant\u00edas invocadas con la celebraci\u00f3n de la inspecci\u00f3n judicial de forma virtual, pues la pr\u00e1ctica de la prueba en esta forma no var\u00eda significativamente las decisiones adoptadas en sede de primera y segunda instancia, ya que no se evidencia influencia alguna en la valoraci\u00f3n integral de todos los medios probatorios aportados y decretados, de los cuales se concluy\u00f3 que no se cumplen los requisitos para acceder a las pretensiones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el representante legal para asuntos judiciales de Scotiabank Colpatria quien agreg\u00f3 que, aun cuando se considerara que la pr\u00e1ctica remota de la aludida prueba era irregular, \u00abel juez fall\u00f3 conforme a su intima [sic] conviccion [sic] y luego de realizar una valroaci\u00f3n [sic] en conjunto de los medios de prueba obrantes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la gestora al confirmar el fallo desestimatorio proferido por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad, pues, a su juicio, tal prove\u00eddo adolece de defecto f\u00e1ctico, al tiempo que no se consider\u00f3 que la actuaci\u00f3n se encontraba viciada por no haberse practicado de forma presencial, en primera instancia, la inspecci\u00f3n judicial al predio a usucapir. <\/p>\n
Lo anterior porque, aun cuando el reclamo se dirige exclusivamente contra la determinaci\u00f3n de primera instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil de la aludida colegiatura, dado que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada pues, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente queja, de cara a lo resuelto por la colegiatura demandada, no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
Para confirmar la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, previa s\u00edntesis de los reparos formulados por la impugnante, los cuales se circunscribieron a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria del a quo, comenz\u00f3 por recordar que la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de la actora obedeci\u00f3 a \u00abla falta de demostraci\u00f3n de los actos de dominio del antecesor de la querellante por el tiempo aludido en el informativo, esto es, desde 1984 hasta el 23 de marzo de 2014, -fecha \u00e9sta de transferencia del derecho a la impulsora de esta contienda-; sin que tampoco se acreditara cu\u00e1l fue la actividad posesoria y a partir de cu\u00e1ndo inici\u00f3 su gobierno de forma exclusiva\u00bb adem\u00e1s de haber confesado que el anterior poseedor ingres\u00f3 al inmueble pretendido en usucapi\u00f3n \u00abpor un contrato de arrendamiento celebrado con Inmobiliaria Bogot\u00e1, a quien le pagaron arrendamientos, en forma conjunta, hasta el a\u00f1o \u201c2003\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, frente a la suma de posesiones, figura jur\u00eddica aducida por la demandante para reclamar la adquisici\u00f3n extraordinaria del predio, dijo lo siguiente, apoyada en el precedente de esta Corporaci\u00f3n y en las pruebas recopiladas: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Partiendo de este breve marco jurisprudencial y con soporte en las propias manifestaciones de Mar\u00eda Lusmila Murillo Gonz\u00e1lez, quien en su interrogatorio de parte confes\u00f3 que su antecesor Jos\u00e9 Yebrain G\u00f3mez Quiroga hab\u00eda ingresado al fragmento terrenal reclamado en usucapi\u00f3n el 15 de febrero de 1984, habiendo pagado arriendo por el local a la Inmobiliaria Bogot\u00e1 hasta el 5 de noviembre de 1993, junto a su cu\u00f1ado Mauricio Pinz\u00f3n, esta Colegiatura concluye que si la aspiraciones demandatorias se enderezaron a consolidar la actividad posesoria de la primera de las nombradas, a\u00f1adiendo a la de G\u00f3mez Quiroga, ciertamente, era de su resorte acreditar que el car\u00e1cter de locatario inicialmente ostentado por su predecesor mud\u00f3 a poseedor, para as\u00ed lograr establecer, con certitud, el per\u00edodo de la relaci\u00f3n a la que pretend\u00eda agregar su conducta dominical, comoquiera que, a voces de la jurisprudencia, \u201c(…) cuando se acude a esa potestad [la Corte] ha explicado, que \u2018en trat\u00e1ndose de la \u2018accessio possessionis\u2019, incumbe al interesado probar meridianamente los hitos temporales de las distintas relaciones posesorias que pretende unir, desde luego que la agregaci\u00f3n de \u00e9stas lo que en verdad apareja es la suma de los tiempos de posesi\u00f3n de los antecesores con el propio del demandante, motivo por el cual, para que tal operaci\u00f3n pueda ejecutarse, gravita sobre \u00e9ste la carga de demostrar n\u00edtidamente el lapso de las posesiones que pretende a\u00f1adir\u2019 (CSJ SC de 21 de sept. de 2001, Exp. 5881)\u201d, carga procesal que, en el caso en ciernes, no aparece satisfecha. <\/p>\n
A tono con lo anterior, recalc\u00f3 que el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de la persona que la antecedi\u00f3 no ten\u00eda la entidad para desvirtuar la tenencia, por cuanto no resultaba ser \u00abuna aut\u00e9ntica resistencia al propietario del predio\u00bb habida consideraci\u00f3n que el no pago de los c\u00e1nones obedeci\u00f3 a la \u00abpresunta \u201cdesaparici\u00f3n de la inmobiliaria que ten\u00eda a cargo la administraci\u00f3n del local\u00bb y no a la \u00absubleva[ci\u00f3n] del dominio ajeno\u00bb o a considerarse due\u00f1o del bien, \u00abcomportamiento que, de suyo, desdice de esa convicci\u00f3n interna o estado mental de ser amo y se\u00f1or\u2026 que debe acompa\u00f1ar el animus detidendi, caracterizador de la posesi\u00f3n eficaz para los fines de la adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3, entonces, la falta de acreditaci\u00f3n probatoria del \u00abejercicio posesorio, inequ\u00edvoco, concreto y p\u00fablico, en total insumisi\u00f3n frente al titular del derecho de dominio\u00bb lo cual \u00abimposiblita[ba] determinar la fecha en que aqu\u00e9l se habr\u00eda alzado frontalmente contra el propietario, para as\u00ed poder verificar los extremos temporales de la usucapi\u00f3n que pretende sumar la convocante\u00bb, concluyendo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la accessio possessionis implorada en el libelo genitor no se halla corroborada, por cuanto la detentaci\u00f3n dominical atribuida a Jos\u00e9 Yebrain G\u00f3mez Quiroga no aparece patentizada en el presente asunto, deficiencia demostrativa que, sin m\u00e1s, da al traste con el \u00e9xito de la acci\u00f3n de pertenencia incoada, al no poderse adicionar el per\u00edodo posesorio de aqu\u00e9l a los actos de se\u00f1or\u00edo que la demandante asegura haber exteriorizado individualmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo dicho, al analizar en conjunto los medios de convicci\u00f3n recaudados con miras a establecer actos de se\u00f1or\u00edo de la reclamante y su antecesor, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Del acopio de los elementos de persuasi\u00f3n ut supra relacionados, este Cuerpo Colegiado no logra desgajar un actuar posesorio contundente a cargo de Jos\u00e9 Yebrain G\u00f3mez Quiroga ni Mar\u00eda Lusmila Murillo Gonz\u00e1lez, pues si se aprecian las declaraciones de Jos\u00e9 Pastor Aguilera, Isidro Antonio Bare\u00f1o Bare\u00f1o, a pesar de que ambos informaron conocer a la accionante y a su antecesor, el primero de los testigos dijo no reconocer quien era el due\u00f1o del inmueble, tampoco le const\u00f3 si por el mismo se pagaba arriendo, ni qu\u00e9 persona asum\u00eda el pago de impuestos y servicios p\u00fablicos. Por su parte, el segundo dej\u00f3 en claro que no sab\u00eda c\u00f3mo fue que Jos\u00e9 y Lusmila ingresaron el predio y que reconoc\u00eda a Jos\u00e9 Yebrain como propietario, basando su dicho en que a \u00e9l lo ve\u00eda en el negocio, aserciones que, en puridad, no alcanzan a vislumbrar actos concluyentes de dominio. Irresoluci\u00f3n que tambi\u00e9n se cristaliza con la narrativa de Martha Elizabeth Pach\u00f3n, pues, aunque afirm\u00f3 conocer a Jos\u00e9 Yebrain, a \u00e9ste lo distingui\u00f3 como el due\u00f1o del supermercado, mas no del local; am\u00e9n de que asever\u00f3 no conocer a la demandante\u00bb. <\/p>\n
Y, sin desconocer que el inmueble pretendido es utilizado por la promotora para desarrollar actividades comerciales, al tiempo que ha sido ella quien se ha encargado de pagar los servicios p\u00fablicos y de efectuar remodelaciones y obras de mantenimiento, recalc\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el citado comportamiento [no es] \u00fatil para los fines de la prescripci\u00f3n, en virtud de que \u00e9stas actividades no fueron ubicadas temporalmente por los testigos ni se inform\u00f3 qui\u00e9n las realiz\u00f3. Con todo, lo que s\u00ed es cierto es que \u00e9stas pueden ser realizadas por un simple ocupante, acaecimiento que ponen de manifiesto lo dubitativo y d\u00e9bil de estos elementos de convicci\u00f3n para traer certeza sobre la condici\u00f3n dominical alegada en el pliego incoativo, que sigue desdibuj\u00e1ndose si se tiene en cuenta que la pasiva es la que ha estado cubriendo los impuestos desde el a\u00f1o 2000 al 2022, as\u00ed como lo concerniente al servicio de acueducto y alcantarillado, como fue reconocido por la propia Mar\u00eda Lusmila Murillo Gonz\u00e1lez en su interrogatorio y las documentales arrimadas por la intimada tambi\u00e9n lo certifican (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la censura relativa a la pasividad o abandono del propietario sobre la heredad, para soportar el \u00abderecho de posesi\u00f3n de buena fe\u2026 que fuera transmitido en suma de posesiones a [ella]\u00bb, fue enf\u00e1tica la colegiatura al indicar que: \u00ab(\u2026) la inacci\u00f3n del titular sobre su propiedad no contribuye, por s\u00ed sola, a la p\u00e9rdida de su derecho real, y menos cuando la aqu\u00ed recurrente no consigui\u00f3 traer certeza sobre el dominio de facto enunciado en el informativo, a trav\u00e9s de la suma de posesiones, como insistentemente se ha venido reiterando en el recurso de alzada (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro, pues, que en el fallo objeto de reproche la autoridad accionada consign\u00f3 con claridad las razones jur\u00eddicas que sirvieron de soporte para ratificar la sentencia desestimatoria de primer grado, de cara a los elementos de juicio recaudados en la actuaci\u00f3n, de all\u00ed que no se observe la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
En cuanto a la queja de la querellante por no haberse practicado de forma presencial la inspecci\u00f3n judicial al inmueble sobre el que recay\u00f3 la pretensi\u00f3n, baste con indicar que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria pues, al revisarse la providencia de segundo grado, se evidencia que tal reparo no fue formulado al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Bajo tal entendimiento, no puede abrirse paso el ruego dado que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia pasividad. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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