STC6752-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6752-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02406-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Amarys Cardoso Nu\u00f1ez contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar y dejar sin efectos la sentencia de primera instancia… y… la… de segunda instancia… por defecto f\u00e1ctico como causal espec\u00edfica de procedibilidad… quienes incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria…\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luz Amarys Cardoso Nu\u00f1ez promovi\u00f3 el juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho contra Jos\u00e9 Miguel, Jhon Armando y Diego Fernando \u00c1vila Hern\u00e1ndez y los herederos indeterminados de Miguel Antonio \u00c1vila D\u00edaz solicitando que se declarara que entre ella y el causante existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre febrero de 2012 y 20 de marzo de 2016, que se conform\u00f3 una sociedad patrimonial y que se liquidara la misma; tr\u00e1mite en el que el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 sentencia el 21 de julio de 2022, en la que declar\u00f3 que exist\u00eda una uni\u00f3n marital de hecho entre la demandante y el causante desde enero de 2015 a marzo de 2016 y neg\u00f3 la declaratoria de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que como deb\u00eda demostrar la fecha inicial y final de la relaci\u00f3n aport\u00f3 una serie de pruebas documentales y testimoniales, entre estas, la declaraci\u00f3n extrajuicio de su arrendador, quien expres\u00f3 que ella y su pareja convivieron desde noviembre del 2012 a diciembre de 2014 en la casa; que dicho medio de convicci\u00f3n no fue tachado ni objeto de contradicci\u00f3n; y que cuando aquel rindi\u00f3 testimonio, le preguntaron por la relaci\u00f3n que ellos ten\u00edan, sin embargo, a su edad, no mostraban su amor en p\u00fablico, sino en la intimidad. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en el fallo de primera instancia no se hizo referencia taxativa a dichas pruebas; que en los alegatos de conclusi\u00f3n se consign\u00f3 que en el 2015 el causante la hab\u00eda afiliado como beneficiaria a la Nueva EPS, en donde bajo la gravedad de juramento asever\u00f3 que conviv\u00eda en uni\u00f3n marital con ella, es decir, en esa data su uni\u00f3n superaba los dos a\u00f1os; y que se reconoci\u00f3 la uni\u00f3n desde el 2015, incurriendo en yerro procesal. <\/p>\n
2.5. Adujo que no se analizaron los motivos por los que su pareja no la present\u00f3 a la familia, pues le ten\u00eda respeto a sus hijos y temor a sus cr\u00edticas, e incluso lleg\u00f3 a pensar que ella no era digna al no tener patrimonio; y que ella le soport\u00f3 el malgenio y la enfermedad a su compa\u00f1ero. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la valoraci\u00f3n efectuada no era razonable, pues pese a que acredit\u00f3 cuando inici\u00f3 la relaci\u00f3n, los falladores no tuvieron por demostrado que la misma comenzara en el 2012; que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y se tergivers\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las reglas de la sana critica. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que el 30 de junio de 2023 resolvi\u00f3 la alzada presentada frente al fallo de 21 de julio anterior; y que en dicha providencia se expusieron las razones de hecho y de derecho que daban soporte a lo decidido, por lo que no advert\u00eda vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de la accionante. <\/p>\n
2. Olga Mar\u00eda Luquerna Arias, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de los demandados dentro del proceso criticado, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad refiri\u00f3 que toda la actuaci\u00f3n surtida se encontraba enmarcada dentro de la normatividad que regulaba el proceso; que las pruebas fueron valoradas en su totalidad, conforme con las reglas de la sana cr\u00edtica; que el testimonio rendido no lo llev\u00f3 al convencimiento de los hechos, por lo que no pod\u00eda ser tenido en cuenta de forma aislada, sino que su dicho fue desvirtuado con otras pruebas; que no incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria ni vulner\u00f3 el debido proceso; que se aten\u00eda a lo decidido y confirmado por el superior; y que la tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que al alcance de la promotora estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que desaprovech\u00f3, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n criticada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
Asimismo, en un asunto de similares contornos, esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
…examinados los argumentos de esta reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 improcedente el auxilio, comoquiera que no supera el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al dirigirse la censura contra la decisi\u00f3n proferida por el ad quem el 5 de agosto de 2022, mediante la cual se desvirtu\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb de la acci\u00f3n y en su lugar accedi\u00f3 a la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho deprecada, la postura jur\u00eddica adoptada por la colegiatura acusada en relaci\u00f3n con la normativa aplicable y particularmente sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas, comprend\u00eda discrepancias que pudieron ser objeto de censura a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en lugar de pretender que se definiera por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, por la naturaleza declarativa del proceso y dem\u00e1s circunstancias espec\u00edficas que para el evento debieron apreciarse, el accionante cont\u00f3 con la posibilidad de plantear sus reparos a trav\u00e9s de la aludida herramienta jur\u00eddica, y al no hacerlo, no puede pretender que el juez del amparo desborde su competencia para suplir la desidia de la parte interesada para acudir a los instrumentos legales previstos para procurar la soluci\u00f3n al caso. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente jurisprudencial recuerda que, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-1217\/03). Se resalta. <\/p>\n
Entonces, cuando se acude al amparo sin agotar el recurso extraordinario en menci\u00f3n, concurre la causal de improcedencia conforme a lo contemplado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que se desperdici\u00f3 ese mecanismo de defensa judicial previsto en la ley, en invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corporaci\u00f3n ha dicho que ante tal comportamiento omisivo… (CSJ STC2068-2023, 8 mar. 2023, rad. 2023-00690-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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