STC6756-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6756-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2023-00250-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y habeas data, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abla actualizaci\u00f3n de los procesos… y se le notifique a la Polic\u00eda Nacional con copia a [\u00e9l]\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1al\u00f3 el accionante que el 21 de noviembre de 2022, elev\u00f3 petici\u00f3n a la Polic\u00eda Nacional solicitando la actualizaci\u00f3n de sus antecedentes penales, en donde se indicaba que actualmente no era requerido. <\/p>\n
2.2. Adujo que no ten\u00eda pendiente con autoridad judicial alguna; que nunca recibi\u00f3 respuesta de dicha petici\u00f3n, por lo que interpuso una primera tutela que le fue concedida; y el 21 de febrero de 2023, la Polic\u00eda Nacional le contest\u00f3 que ten\u00eda vigentes requerimientos de los juzgados accionados. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que se deb\u00eda actualizar la informacion de los procesos y notificarle a dicha instituci\u00f3n, as\u00ed como aplicar las sentencias SU458 de 2012 y STP6754 de 2019 sobre bases de datos en antecedentes penales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, en el que se dict\u00f3 sentencia el 25 de agosto de 2005; que con auto de 5 de mayo de 2022 fue exonerado el gestor de la cuota alimentaria impuesta; que el 5 de diciembre siguiente elev\u00f3 petici\u00f3n solicitando la anonimizaci\u00f3n de la base de datos del Consejo Superio de la Judicatura, por lo que le indic\u00f3 que dicha informaci\u00f3n se encontraba registrada en el sistema de gesti\u00f3n judicial del despacho y obraba en su inventario, adem\u00e1s que no generaba perjuicio alguno por ser de car\u00e1cter informativo y no constituir antecedentes judiciales. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Yumbo realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en ese despacho e indic\u00f3 que el 20 de mayo de 2019 profiri\u00f3 sentencia condenatoria, declarando penalmente responable al ahora accionante, por el delito de lesiones personales, a la pena de 16 meses de prisi\u00f3n, concedi\u00e9ndole el subrogado de la suspensi\u00f3n de la pena con un periodo de prueba de 5 a\u00f1os, decisi\u00f3n que no fue recurrida; que dispuso la remisi\u00f3n de las copias a los estrados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad; que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo refiri\u00f3 que conoci\u00f3 de las audiencias preliminares adelantadas en contra del gestor por la presunta comisi\u00f3n del delito de violencia intrafamiliar; que legaliz\u00f3 la captura, la imputaci\u00f3n e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio; que al juez de conocimiento le correspond\u00eda informar a las autoridades competentes los cambios que se evidenciaran en el sistema de informaci\u00f3n de antecedentes penales; y que no conculc\u00f3 ninguna prerrogativa esencial. <\/p>\n
4. Migraci\u00f3n Colombia sostuvo que una vez consultadas sus bases de datos el promotor no registraba consignas, impedimentos y\/o anotaciones judiciales; que la Polic\u00eda Nacional era la encargada de la informaci\u00f3n judicial y la administraci\u00f3n de la informaci\u00f3n de los antecedentes penales; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no era la encargada de atender las pretensiones del actor, ni hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional asever\u00f3 que no hall\u00f3 registro que permitiera la cancelaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y\/o actualizaci\u00f3n de los registros que ten\u00eda el petente; que no hab\u00eda transgredido ninguna garant\u00eda esencial; y que actuaba bajo los par\u00e1metros de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el estrado de familia acusado no hab\u00eda transgredido los derechos del accionante, pues la anotaci\u00f3n que exist\u00eda en su contra, a raiz de la medida cautelar de salida del pais, se levant\u00f3 y se comunic\u00f3; que la eliminaci\u00f3n del registro del proceso no era viable porque era parte del inventario del despacho; y que frente a los estrados penales, el accionante no acreditaba que les hubiere solicitado lo pedido en tutela, por lo que era improcedente el resguardo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no se analizaron los derechos invocados, pues los accionados estaban en obligaci\u00f3n de informar el estado de los juicios que se adelantan en su contra; que el 28 de mayo de los corrientes, un agente de la polic\u00eda le indic\u00f3 que los despachos acusados nunca hab\u00edan comunicado el estado de las actuaciones y por ello no pod\u00edan actualizar la informaci\u00f3n en el certificado judicial; y que se incurr\u00eda en un error esencial de derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que en oficios del mes de julio de 2023, el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, comunic\u00f3 sobre el levantamiento de la medida de impedimento de salida del pa\u00eds a las autoridades competentes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden al respecto. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, es de advertirse frente a la respuesta brindada por el estrado de familia criticado al gestor, que los registros que obran en ese despacho no constituyen antecedentes penales, por lo que el hecho alegado por el promotor se torna inexistente. <\/p>\n
4. De otro lado, no se observa que el peticionario hubiere elevado solicitud alguna ante los estrados penales convocados en punto a los referidos antecedentes penales, torn\u00e1ndose improcedente el resguardo, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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