STC6760-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6760-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00233-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones formuladas por Coomeva EPS – en liquidaci\u00f3n y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn frente al fallo emitido el pasado 5 de junio por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que impuls\u00f3 la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal contra la EPS inicialmente referida, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el estrado judicial opugnante, las partes e intervinientes en los asuntos en los que se origin\u00f3 el reclamo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente trasgredido por la accionada al rechazar la inclusi\u00f3n de su cr\u00e9dito en el tr\u00e1mite liquidatorio atacado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, declarar \u00abla nulidad de las actuaciones adelantadas por el Agente Liquidador de Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n\u2026[,] consignadas en las Resoluciones Nos. A-002094 de 2022 y A-011227 del 14 de febrero de 2023 y[,] en consecuencia[,] orden[ar] la revisi\u00f3n integral del expediente incorpora[n]do las facturas presentadas por la ESE\u2026 en el proceso ejecutivo adelantado en contra de Coomeva\u2026[,] que cursa en el Juzgado [vinculado]\u2026 y que fueron allegadas por ese despacho judicial al liquidador; por lo que el Agente Liquidador deber\u00e1 incorporar y graduar [su] acreencia\u2026 en el proceso liquidatario\u00bb; adem\u00e1s, disponer que, \u00aben caso de no contar con las facturas[,] se incorpore la acreencia por el valor del mandamiento de pago emitido en el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la accionante que en el juicio ejecutivo que formul\u00f3 contra Coomeva EPS se libr\u00f3 mandamiento de pago el 12 de febrero de 2019, por $1.194.240.903, como \u00abvalor contenido en facturas por venta de servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
2.2. Que el 6 de enero de 2022 se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la citada EPS, por lo que el 10 de marzo siguiente el Juzgado convocado dispuso remitir el expediente al liquidador designado para que tuviera en cuenta tal acreencia. <\/p>\n
2.3. Que con Resoluci\u00f3n Nro. A-002094 del 25 de mayo de 2022 el citado liquidador rechaz\u00f3 la inclusi\u00f3n del referido cr\u00e9dito por la carencia \u00abde soportes \u201cfacturaci\u00f3n\u201d para graduar[lo] y calificar[lo]\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo con Resoluci\u00f3n Nro. A-0011227 del 14 de febrero \u00faltimo. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela la actora adujo, en concreto, que \u00abpresent\u00f3 oportunamente la acreencia al proceso, que exist\u00eda un proceso ejecutivo con auto de mandamiento de pago integrado oportunamente al proceso de liquidaci\u00f3n y que el agente Liquidador pretende omitir el expediente f\u00edsico enviado por el Juzgado [vinculado]\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Coomeva EPS – en liquidaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, con el que se\u00f1al\u00f3 no haber conculcado las garant\u00edas esenciales de la reclamante y deprec\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u2026, por inexistencia de los requisitos m\u00ednimos de procedibilidad, inexistencia (sic) de otros mecanismos de defensa judicial\u00bb, sumado a que este mecanismo no es \u00abid\u00f3neo para efectuar el cobro de sumas de dinero\u00bb, \u00abno [se] demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable\u00bb y, en todo caso, prevalece \u00abla legalidad de los actos administrativos [criticados]\u00bb, cuya legitimidad s\u00f3lo puede cuestionarse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
2. La Superintendencia Nacional de Salud pidi\u00f3 declarar i) \u00abla inexistencia de nexo de causalidad entre la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales incoados por la parte accionante y [esa] Superintendencia\u00bb; y ii) \u00ab[su] falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, disponiendo su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite \u00aben consideraci\u00f3n a que es el agente liquidador de Coomeva\u2026 el competente para emitir un pronunciamiento de fondo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, acorde con el numeral 2\u00ba del canon 295 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, en asuntos como el fustigado, las discusiones en torno a los actos adoptados por el liquidador \u00abcorresponder\u00e1 dirimirlas a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, por lo que este reclamo insatisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3. El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed adelantadas y afirm\u00f3 que \u00abdurante el tr\u00e1mite del proceso ante [esa] judicatura, se surtieron todas las etapas procesales correspondientes, adem\u00e1s al tutelante se le ha garantizado de manera efectiva el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la doble instancia, sin que exista por parte de [esa] dependencia alguna actuaci\u00f3n pendiente de ejecutar\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El a-quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, i) orden\u00f3 \u00abal Juzgado Catorce Civil del Circuito\u2026 de Medell\u00edn que\u2026 inicie acciones tendientes a la b\u00fasqueda y recuperaci\u00f3n del expediente f\u00edsico que corresponde al proceso ejecutivo\u2026, procurando que el mismo llegue a las oficinas del agente liquidador de Coomeva… Si pasados\u2026 (20) d\u00edas, contados desde el enteramiento de [esa] sentencia, tal autoridad judicial determina que el expediente se extravi\u00f3, iniciar\u00e1 el tr\u00e1mite de reconstrucci\u00f3n para ese proceso ejecutivo\u2026 (art. 126 del C. G. del P.), luego, enviar\u00e1 lo pertinente a las oficinas del [aludido] agente liquidador\u2026 El lapso para la reconstrucci\u00f3n ser\u00e1 de\u2026 (15) d\u00edas desde que se establezca como perdido ese expediente\u00bb; ii) dej\u00f3 \u00absin efecto las resoluciones A002094 del 25 de mayo de 2.022, y la A-011227 del 14 de febrero de 2.023\u00bb; y iii) orden\u00f3 \u00abal [mencionado] agente liquidador\u2026 que una vez le sea remitido el proceso [ejecutivo]\u2026, en el t\u00e9rmino de\u2026 (5) d\u00edas siguientes, estudie y resuelva de fondo las acreencias de la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, a pesar de que se\u00f1al\u00f3 que, \u00aben principio, no hay lugar a cuestionar v\u00eda tutela las actuaciones del agente liquidador, pues gozan de presunci\u00f3n de legalidad, [por lo que,] previamente, debe acudirse a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, lo cierto es que la Corte Constitucional ha considerado que este ruego supralegal, en todo caso, ser\u00e1 viable, \u00abno s\u00f3lo cuando se acude a la tutela como medio transitorio de amparo, evento en el cual ser\u00e1 necesario acreditar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino tambi\u00e9n cuando se constata que el medio de control preferente carece de idoneidad y\/o eficacia para garantizar la protecci\u00f3n oportuna e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados\u00bb; y que \u00abel Juzgado Circuito\u2026 incurri\u00f3 en dos pifias, una, no envi\u00f3 la totalidad del expediente ejecutivo\u2026 en marzo de 2.022, cuando inicialmente se le inform\u00f3 sobre el proceso liquidatorio, y dos, el segundo env\u00edo, el que se dice contiene las facturas base de recaudo, fue dirigido a un sitio diferente no dispuesto por el agente liquidador para el recibo de los expedientes\u00bb, lo que \u00abocasion\u00f3 que la acreencia de la ESE [accionante]\u2026 ni siquiera se estudiara de fondo, aspecto relevante de cara al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, atribuible a la autoridad judicial, y de paso a\u2026 Coomeva\u2026, quien, consecuencialmente, ha omitido considerar las probanzas documentales incorporadas ab initio en el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las propusieron la accionada y el Juzgado vinculado, la primera, insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, mientras que, el segundo, afirm\u00f3 que el env\u00edo del expediente del juicio ejecutivo, contrario a lo concluido por el Tribunal, lo efectu\u00f3 \u00abde manera correcta\u00bb, evidenci\u00e1ndose que fue la empresa de correos quien lo entreg\u00f3 en un lugar distinto al dispuesto por esa sede judicial, por lo que pidi\u00f3 se revocara la orden en su contra para, en su lugar, disponer que \u00abla empresa 472 o a la entidad receptora de las facturas\u2026 procedan con la remisi\u00f3n de dichos documentos cambiarios a la direcci\u00f3n indicada por el liquidador para la recepci\u00f3n de los mismos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales y administrativas, el resguardo es factible de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, de cara al caso concreto, la Corte anticipa la vocaci\u00f3n de prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta por la EPS, dada la evidente falta de satisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la formulaci\u00f3n de la demanda de amparo, lo que impone revocar, de forma integral, la decisi\u00f3n de primer grado, para, en su lugar, denegar el auxilio pretendido, al advertir que la quejosa cont\u00f3 o cuenta con otro mecanismo ordinario para atacar las decisiones que critica al liquidador de Coomeva EPS – en liquidaci\u00f3n, el cual no acredit\u00f3 haber agotado. <\/p>\n
En efecto, era o es propicio cuestionar la legalidad de las resoluciones disentidas, como actos administrativos que son, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.1. Total que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, en lo atinente a las determinaciones tomadas en los procesos \u00abde liquidaci\u00f3n administrativa\u00bb (como el que acapara el an\u00e1lisis de marras), el Consejo de Estado previno: <\/p>\n
\u2026[E]l liquidador en los procesos de liquidaci\u00f3n administrativa forzosa tiene la naturaleza de particular en ejercicio de funciones p\u00fablicas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 788 de 1998, por el cual se modific\u00f3 el Decreto 1922 de 1994, que a su vez reglament\u00f3 la intervenci\u00f3n del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud. (\u2026). Con fundamento en lo expuesto el Liquidador, designado en este caso por la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones p\u00fablicas administrativas transitorias y, en consecuencia, y por virtud de lo dispuesto por el numeral 2\u00ba [del canon 295 del Decreto 663 de 1993] las decisiones que adopta son actos administrativos pasibles de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u2026 (\u00c9nfasis ajeno – CE, 8 jun. 2020, rad. 02200-00; citada en CSJ STC1153-2021, 12 feb., rad. 2020-00449-01; criterio reiterado en STC2001-2021, 3 mar., rad. 2020-00406-02; y STC3491-2021, 7 abr., rad. 2021-00039-02). <\/p>\n
2.2. Consecuentemente, sobra recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que susciten deben ser develadas ante el operador competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar\u00bb, de modo provisorio, \u00abel objeto del proceso\u00bb y, entre ellas, la suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme lo indicado en los preceptos 229 y 230 (num. 3\u00b0) de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye cualquier viso de perjuicio irremediable, lo que, muy a pesar de los planteamientos de la accionante, torna inviable la protecci\u00f3n rogada, incluso como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Frente al particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u2026 (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
3. Lo consignado, entonces, impone infirmar el veredicto de primer rango, en tanto que la ayuda supralegal implorada no debi\u00f3 salir avante, por lo cual los pronunciamientos adoptados con ocasi\u00f3n de lo all\u00ed dirimido, de existir, quedan sin efecto alguno, seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, deniega el amparo rogado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, env\u00edese las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab\u2026Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo\u2026\u00bb. <\/p>\n
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