STC6767-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6767-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02529-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la sede judicial accionada \u00abaplique en [las] acciones populares [el] acuerdo PSAA1610554 del CSJ del 5 [de] agosto de 2016, art\u00edculos 2. 4 y 5,1\u201d adem\u00e1s por la carga de vigilancia de [su] parte\u00bb; reclam\u00f3 tambi\u00e9n \u00abla intervenci\u00f3n de la [Procuradur\u00eda] General Naci\u00f3n\u2026 [y] Defensor del Pueblo\u2026 aclarando que [se] encuentra en estado de debilidad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Arley Londo\u00f1o Alzate, en su condici\u00f3n de propietario del establecimiento de comercio \u00abKolortex\u00bb (radicaci\u00f3n 2022-00222), que se declar\u00f3 pr\u00f3spera parcialmente con sentencia del 6 de junio de 2022, neg\u00e1ndose la imposici\u00f3n de condena en costas en contra del enjuiciado, decisi\u00f3n esta \u00faltima que apel\u00f3 el demandante. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 18 de octubre de 2022, el Tribunal criticado revoc\u00f3 parcialmente el fallo apelado, \u00abpara condenar a la parte accionada a pagar al accionante las costas procesales de la primera instancia\u00bb y, adicionalmente, decidi\u00f3 \u00abno condenar en costas de [esa] instancia a la parte pasiva por la prosperidad parcial del recurso del accionante\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada no condena en costas, tras inaplicar el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, que en sus art\u00edculos \u00ab2,4 y 5,1\u00bb le impone fijar agencias en derecho dentro de unos par\u00e1metros y acorde con unos criterios prestablecidos. Por la situaci\u00f3n pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Procuradora General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abcorresponder\u00e1 al juez constitucional la valoraci\u00f3n de las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas relacionados con la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho dentro de la acci\u00f3n popular aqu\u00ed discutida\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira manifest\u00f3 que no consideraba procedente la imposici\u00f3n de costas en el tr\u00e1mite de las acciones populares, m\u00e1xime cuando el accionante hace parte de un grupo de ciudadanos que promueven los precitados tr\u00e1mites, no para defender derecho colectivos, sino para lucrarse con las costas procesales. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que los cuestionamientos del actor recaen sobre la sentencia emitida el 28 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de 6 de junio de 2022 del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la acci\u00f3n popular que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 contra Arley Londo\u00f1o Alzate, en su condici\u00f3n de propietario del establecimiento de comercio \u00abKolortex\u00bb, pues en criterio del actor, debi\u00f3 condenare en costas en el fallo de segunda instancia, en aplicaci\u00f3n del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la providencia cuestionada data del 28 de octubre de 2022, de manera que, entre la fecha de proferida esa decisi\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 27 de junio de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses (8 meses), super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden relevan cualquier otro tipo de an\u00e1lisis, por resultar suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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