STC6768-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6768-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02379-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Rafael Arcia Fl\u00f3rez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, a la igualdad, a \u00abla seguridad jur\u00eddica\u00bb, a \u00abla legalidad\u00bb, a \u00abla defensa\u00bb y a la \u00abefectividad del acceso a la justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que promovi\u00f3 contra Emigdio D\u00edaz Gonz\u00e1lez, radicado 23660-31-03-002-2019-00123-00. <\/p>\n
Y en concreto solicita, \u00abtutelar (\u2026) el derecho fundamental al debido proceso violado por el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan y Tribunal del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u2013 Sala Civil y Familia (sic) en los autos de fecha 17-07-2019 y auto de fecha 08-07-2021\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.2. Afirma el gestor que, pese a que el precitado bien estaba embargado, el ejecutado se lo vendi\u00f3 el 5 de julio de 2021 a Robins\u00f3n Manuel P\u00e9rez Soto, Vicente Omar Cabrales y Cesia Vargas Ramos, esto es, dos d\u00edas antes de la diligencia de secuestro, por lo que la misma fue suspendida, y posteriormente el ejecutado pidi\u00f3 el desembargo del inmueble por ser de naturaleza p\u00fablica, a lo cual accedi\u00f3 el estrado cognoscente el 8 de julio de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue confirmada el 15 de septiembre de ese mismo a\u00f1o por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. <\/p>\n
2.3. Se duele el gestor de las precitadas situaciones que le implicaron perder la garant\u00eda de pago de la obligaci\u00f3n ejecutada, tras desembargarse un bien que \u00abno es de uso p\u00fablico ni presta un servicio p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supra legal de marras y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan narr\u00f3 que dentro del referido juicio libr\u00f3 mandamiento de pago el 17 de mayo de 2019, posteriormente orden\u00f3 el embargo del bien hipotecado correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria No. 148-19180 de la ORIP de Sahag\u00fan y el 7 de julio de 2020 dict\u00f3 sentencia con que declar\u00f3 no probadas las excepciones y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
El 28 de junio de 2021 neg\u00f3 la solicitud del extremo ejecutado para el levantamiento del embargo sobre el predio cautelado por ser fiscal y tras recibir un certificado especial actualizado, el 8 de julio siguiente accedi\u00f3 a tal solicitud, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el aqu\u00ed accionante y fue confirmada el 15 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. <\/p>\n
2. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que los cuestionamientos del actor recaen sobre el auto emitido el 15 de septiembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda (cuyo auto de obedecimiento fue emitido el 19 de mayo de 2023), que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de 8 de julio de 2021 del Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, de levantar el embargo y secuestro decretados sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 148-19180 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la precitada ciudad, dentro del proceso ejecutivo que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 contra Emigdio Rafael D\u00edaz Gonz\u00e1lez, pues en criterio del actor, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y la desatenci\u00f3n de las normas aplicables. <\/p>\n
As\u00ed mismo cuestiona otras decisiones previamente emitidas dentro del mismo juicio, como son el auto de 27 de mayo de 2019 con que se libr\u00f3 el mandamiento de pago y el auto de 17 de julio de ese a\u00f1o que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que el ejecutado present\u00f3 contra la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la providencia con fecha m\u00e1s reciente cuestionada data del 15 de septiembre de 2021, de manera que, entre la data de emisi\u00f3n de esa decisi\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 14 de junio de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses (1 a\u00f1o y 9 meses), super\u00e1ndose ampliamente el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Corresponde resaltar que la foliatura no reporta la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, sin que el lapso pueda calcularse desde el 19 de mayo de 2023 cuando el juzgado de primera instancia dispuso obedecer y cumplir lo decidido en aquel prove\u00eddo de su superior, porque, se enfatiza, el mismo era conocido desde la fecha de su emisi\u00f3n, lo que en suma impone el rechazo de todos los reclamos. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden relevan cualquier otro tipo de an\u00e1lisis, por resultar suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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