STC6770-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6770-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02564-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Felipe Mu\u00f1oz Bola\u00f1os contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca \u2013 Comfacauca, Carlos Felipe Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, Jorge Enrique Botero Uribe, Jorge Andr\u00e9s Botero Orozco y Jos\u00e9 Jes\u00fas Mej\u00eda Casta\u00f1o, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el cobro rad. n.\u00b0 2017\u201300206. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Indica el promotor que, dentro del ejecutivo que Comfacauca adelanta en su contra y, de Carlos Felipe Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez, Jorge Enrique Botero Uribe, Jorge Andr\u00e9s Botero Orozco y Jos\u00e9 Jes\u00fas Mej\u00eda Casta\u00f1o, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n \u00abprocede a librar mandamiento de pago con base en el t\u00edtulo complejo, partiendo del hecho que estamos en una presunci\u00f3n\u00bb, sin embargo, la misma \u00abperdi\u00f3 asidero jur\u00eddico, (\u2026) [que] nos encasilla en una revocatoria (\u2026) que incluso de oficio es procedente\u00bb. <\/p>\n
2.2. Para justificar lo afirmado, dice que el tribunal convocado, al retomar el estudio de los requisitos del documento base de cobro, concluy\u00f3 que el mismo se trata de un t\u00edtulo complejo, \u00abdicha posici\u00f3n respetable por cierto, pero que no estoy de acuerdo hasta el punto que acudo en acci\u00f3n de tutela por un[a] err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la norm[a], en el entendido que dichos requisitos, en especial el (\u2026) de la exigibilidad, no lo vemos por ning\u00fan lado\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la promesa de compraventa aportada, de fecha 14 de mayo de 2014, \u00abbajo ning\u00fan punto de vista la podemos considerar como un documento que presta merito ejecutivo en el entendido que no cumple con uno de los requisitos como es el de la exigibilidad, raz\u00f3n por la cual nos debemos remitir inicialmente al contexto del art. 1611 C.C., que plasma una serie de requisitos, y el plazo determinado para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n estaba condicionado (Ver Clausula Cuarta), a lograr el punto de equilibro, y ante esta circunstancia y de acuerdo a Jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia sentencia de Casaci\u00f3n SC2468-2018 de fecha 29 de junio de 2018, M.P Ariel Salazar Ram\u00edrez -que se dice desconocida-, la promesa de contrato no produce obligaciones sino re\u00fane los requisitos concurrentes que establece el Art. 1611 del c\u00f3digo civil\u00bb. <\/p>\n
2.3. Asimismo, indica que \u00abno podemos hablar de la existencia o validez de la [referida promesa], por cuanto oper[\u00f3] la rescisi\u00f3n del contrato, tal como lo pactaron las partes (\u2026)\u00bb y, bajo ese entendido, reproch\u00f3 que el tribunal, con lo decidido, permita que \u00abnazca nuevamente a la vida jur\u00eddica con base en el documento de fecha 27 de abril del 2015, denominado \u201cOTROSI (\u2026)\u201d\u00bb, siendo este el \u00abmotivo para recurrir en acci\u00f3n de Tutela\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abdej[ar] sin efectos dichos pronunciamientos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo, dijo que \u00abla intenci\u00f3n del aqu\u00ed accionante ante el resultado adverso del recurso vertical por \u00e9l propuesto, es utilizar este mecanismo subsidiario y residual como una instancia adicional lo que hace evidente su improcedencia, aunado que no es dable predicar ninguno de los defectos que contempla la jurisprudencia para la prosperidad de la tutela en contra de providencias judiciales\u00bb; por lo dem\u00e1s, se remiti\u00f3 \u00aba los considerandos y lo decidido en la sentencia del 1 de junio de 2023, que cuenta con la motivaci\u00f3n que exige el art. 279 del C.G.P. y cuya copia se aport\u00f3 como anexo\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n envi\u00f3 el link de enlace que contiene el expediente digital objeto de queja. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de la representante legal suplente, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca \u2013 Comfacauca, se refiri\u00f3 a los hechos expuestos en el libelo introductor, desestim\u00e1ndolos, y destac\u00f3 que, \u00abel accionante ha incumplido con el requisito de relevancia constitucional puesto que la tutela, versa sobre un asunto de car\u00e1cter netamente legal, de connotaci\u00f3n privada y econ\u00f3mica, y que adem\u00e1s pretende reabrir un debate que ya fue definido en dos instancias por la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, la cual es competente para dirimir este tipo de controversias, situaci\u00f3n que es ostensible cuando se tiene en cuenta que los hechos predicados en la acci\u00f3n de tutela son id\u00e9nticos a los alegados en su momento como fundamento del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, la abogada sustituta de la corporaci\u00f3n trajo respuesta, all\u00ed manifest\u00f3 que, \u00abse observa bajo la acci\u00f3n de tutela, es la interpretaci\u00f3n habilidosa que el Accionante realiza sobre el contrato y su adici\u00f3n, pasando por alto el acuerdo celebrado bajo el Otro S\u00ed, y la intensi\u00f3n de inducir en error al Operador Judicial\u00bb; resalt\u00f3 que, \u00aba la Parte Accionante se le respetaron todas sus garant\u00edas, tuvo derecho a ejercer su defensa plenamente, durante todas sus etapas\u00bb y pidi\u00f3, \u00abse deniegue la concesi\u00f3n de dicho amparo, por no encontrarse configuradas las infracciones acusadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del gestor, al \u00abCONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n\u00bb que, a su vez decidi\u00f3, \u00abS\u00cdGASE ADELANTE la ejecuci\u00f3n en la forma como se dispuso en auto de mandamiento ejecutivo fechado el 14 de noviembre de 2017\u00bb, emitido dentro del asunto rad. n.\u00b0 2017-00206. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal comenz\u00f3 precisando que la tesis a desarrollar \u00abes, que la determinaci\u00f3n censurada encuentra raz\u00f3n en el derecho, por cuanto el t\u00edtulo adosado por el extremo activo s\u00ed presta m\u00e9rito ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, memor\u00f3 que \u00abno por lo elemental puede tenerse como redundante: Que todo proceso de ejecuci\u00f3n tiene su fundamento en la existencia del llamado \u201ct\u00edtulo ejecutivo\u201d mencionado en el art\u00edculo 422 del C.G.P. el cual, en t\u00e9rminos generales, es un documento(s) que contiene(n) \u201cobligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l\u2026\u201d; las que pueden constar en un s\u00f3lo documento (t\u00edtulo ejecutivo simple) o en varios (t\u00edtulo ejecutivo complejo o compuesto). En este \u00faltimo caso, la obligaci\u00f3n se deduce del contenido de dos o m\u00e1s documentos dependientes o conexos, es decir ligados \u00edntimamente, de manera que el m\u00e9rito ejecutivo emerge como consecuencia de la unidad jur\u00eddica del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que los reproches del extremo ejecutado frente a la sentencia estimatoria de las pretensiones proferida en primera instancia, aluden, de una parte, a que \u00ablos documentos en que se soportaba la pretensi\u00f3n coercitiva no conten\u00edan una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible en voces del art\u00edculo 422 del C.G.P., por cuanto se trata de un t\u00edtulo complejo, que obliga atemperar la pretensi\u00f3n del ejecutante al contenido del contrato de constituci\u00f3n de la uni\u00f3n temporal, y en virtud de ello, ordenar el pago reclamado de acuerdo con el porcentaje de participaci\u00f3n de cada uno de los demandados en dicha uni\u00f3n\u00bb y, de otro lado, que \u00abel contrato de promesa de compraventa de fecha 14 de mayo de 2014 se encuentra rescindido, que el otro s\u00ed suscrito el 27 de abril de 2015 constituye un nuevo contrato de promesa que adolece de nulidad absoluta por no contener con precisi\u00f3n la \u00e9poca en la que se perfeccionar\u00eda el negocio prometido, y, por ende, la obligaci\u00f3n reclamada en esta causa se torna inexistente\u00bb -siendo estos argumentos, reiterados en esta sede excepcional-. <\/p>\n
As\u00ed, tras indicar que, \u00abes deber del Juez de conocimiento efectuar ex oficio un juicioso escrutinio del documento aportado como t\u00edtulo base del cobro compulsivo, sin distinguir su instancia\u00bb, concluy\u00f3 que \u00abretomando el contenido de la demanda y revisados los documentos anexos a la misma, (\u2026) en el presente asunto el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n est\u00e1 conformado por el contrato de promesa de compraventa y el otro s\u00ed, incluidos los documentos que se \u201cadjuntaron\u201d a esos convenios seg\u00fan el propio texto contractual, y que por lo tanto forman parte integrante de los mismos\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, dijo entonces que \u00ab[n]ing\u00fan cuestionamiento existe sobre la validez del contrato de promesa de compraventa celebrado el 14 de mayo de 2014 entre la CAJA DE COMPENSACI\u00d3N FAMILIAR DEL CAUCA – COMFACAUCA, y CARLOS FELIPE MU\u00d1OZ BOLA\u00d1OS en representaci\u00f3n de la uni\u00f3n temporal MBM, (\u2026), la primera en calidad de promitente-vendedor y la segunda como promitente-comprador, respecto de un lote de terreno de 20.759 mts2 que hace parte de uno de mayor extensi\u00f3n distinguido con M.I. 120-186713 de la ORIP de Popay\u00e1n, por un precio de $ 13.700\u00b4940.000\u00bb, pagadero en la forma pactada en la cl\u00e1usula tercera, la que se condicion\u00f3, entre otros, a la emisi\u00f3n de una certificaci\u00f3n del punto de equilibrio del Proyecto Centro Comercial Calima que, a su vez, se reiter\u00f3 en lo atinente al otorgamiento de la escritura p\u00fablica (cl\u00e1usula cuarta \u00eddem), estableciendo adem\u00e1s que, en virtud del par\u00e1grafo tercero all\u00ed previsto, \u00ab[e]l plazo para alcanzar el punto de equilibrio del Proyecto se fija en nueve (9) meses contados a partir del d\u00eda cero (0) que ser\u00e1 la fecha de la notificaci\u00f3n por parte de COMFACAUCA del acto administrativo emanado de la Superintendencia del Subsidio Familiar por medio de la cual resuelve autorizar la venta del predio objeto de esta promesa de compraventa… Si dentro del t\u00e9rmino, indicado en este par\u00e1grafo, no alcanzare a lograrse el punto de equilibrio, la presente promesa quedar\u00e1 rescindida y las partes quedar\u00e1n liberadas de todo compromiso que pueda derivarse de este contrato, sin lugar a indemnizaci\u00f3n alguna, excepto en el evento en que el punto de equilibrio no se logre por haberse dejado de realizar alguna de las obligaciones a cargo de la Uni\u00f3n Temporal por causa injustificada imputable a ella, caso en el cual se aplicar\u00e1 lo dispuesto en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima\u00bb, esto es, que en caso de incumplimiento, \u00abdar\u00e1 derecho a aqu\u00e9l que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir del primero que no cumpli\u00f3 o no se allan\u00f3 a cumplir ,el pago de la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.000\u00b4000.000,00) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, a partir de los reparos expuestos por los apelantes -aqu\u00ed accionantes- se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas partes NO rescindieron el contrato de promesa (\u2026), por el contrario, decidieron voluntariamente continuar con ese compromiso suscribiendo OTRO S\u00cd el 27 de abril de 2015, luego de que la uni\u00f3n temporal MBM mediante oficio del 3 de marzo de ese mismo a\u00f1o, solicitara una pr\u00f3rroga para el t\u00e9rmino de obtenci\u00f3n del punto de equilibrio, a cambio de una compensaci\u00f3n en dinero por el tiempo transcurrido\u00bb, pues al respecto, en el art\u00edculo primero del aludido documento, se pact\u00f3 \u00abA) Prorr\u00f3gase por seis (6) meses, ‘es decir hasta el d\u00eda VEINTIOCHO (28) de OCTUBRE del a\u00f1o DOS MIL QUINCE (2015), el plazo para alcanzar el punto de equilibrio del Proyecto. Si dentro de este t\u00e9rmino, no alcanzare a lograrse el punto de equilibrio, la presente promesa quedar\u00e1 rescindida y las partes quedar\u00e1n liberadas de todo compromiso que pueda derivarse de este contrato, sin lugar a indemnizaci\u00f3n alguna. B) Como consecuencia de esta pr\u00f3rroga EL PROMITENTE COMPRADOR, es decir la Uni\u00f3n Temporal MBM, pagar\u00e1 a EL PROMITENTE VENDEDOR, es decir a COMFACAUCA, un reconocimiento econ\u00f3mico por valor de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200\u00b4000.000,00), pagaderos as\u00ed: La suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE dentro de los ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n por parte de COMFACAUCA de la Resoluci\u00f3n que autorice la celebraci\u00f3n de este OTRO SI emanada de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y el d\u00eda 28 de octubre de 2015 la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($900 000.000). PARAGRAFO PRIMERO: Si dentro del plazo establecido en esta cl\u00e1usula, no se alcanza el punto de equilibrio del Proyecto, EL PROMITENTE COMPRADOR quedar\u00e1 obligado de todas maneras a pagar a COMFACAUCA el reconocimiento econ\u00f3mico de estos MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.200\u00b4000.000,00), cantidad que se considerar\u00e1 como indemnizaci\u00f3n por la pr\u00f3rroga del plazo convenida. PAR\u00c1GRAFO SEGUNDO: \u00abEliminase parcialmente el par\u00e1grafo TERCERO de la cl\u00e1usula cuarta del contrato de compraventa objeto de este OTRO SI, SALVO la estipulaci\u00f3n que establece: Si dentro del t\u00e9rmino, indicado en este par\u00e1grafo, no alcanzare a lograrse el punto de equilibrio, la presente promesa quedar\u00e1 rescindida y las partes quedar\u00e1n liberadas de todo compromiso que pueda derivarse de este contrato, SALVO LA INDEMNIZACI\u00d3N ANTES CITADA. Igualmente, mediante este OTRO SI se elimina el par\u00e1grafo CUARTO de la cl\u00e1usula CUARTA del contrato de compraventa suscrito el 14 de mayo de 2014. (\u2026) ARTICULO TERCERO: En el evento en que el proyecto del Centro Comercial obtenga punto de equilibrio dentro del plazo prorrogado, la Escritura P\u00fablica de compraventa del lote objeto de esta promesa se incrementar\u00e1 en los MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200’000.000) pagados por la UNI\u00d3N TEMPORAL MBM en virtud de esta cl\u00e1usula adicional u OTRO SI. Significa entonces que la Escritura P\u00fablica que transferir\u00e1 el lote objeto de esta promesa se otorgar\u00e1 por valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. ($14.900’940.000). En caso de no alcanzar punto de equilibrio los MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200’000.000) que se obliga a pagar la UNI\u00d3N TEMPORAL MBM mediante este OTRO SI simplemente se entender\u00e1n como reconocimiento de \u00e9sta a favor de COMFACAUCA por haber concedido el plazo adicional de 6 meses. (\u2026)\u00bb (Subrayado del texto). <\/p>\n
Ante tales particularidades, puntualiz\u00f3 que \u00absin mayor esfuerzo se infiere la intenci\u00f3n de las partes de continuar con la negociaci\u00f3n del lote descrito en la promesa del 14 de mayo de 2014, bajo ciertas precisiones que se incluyeron en cuanto a las fechas para el pago del precio, y el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de venta, agregando, eso s\u00ed, una compensaci\u00f3n, reconocimiento econ\u00f3mico y\/o indemnizaci\u00f3n en suma de $ 1.200\u00b4000.000,00 a favor de COMFACAUCA, \u00edtem \u00e9ste que desde ning\u00fan punto de vista es posible interpretarlo como una \u201csanci\u00f3n\u201d o \u201cmulta\u201d por incumplimiento, como lo pregona insistentemente el apoderado del demandado JORGE ENRIQUE BOTERO URIBE, pues para esos espec\u00edficos fines, los contratantes conservaron el tenor de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima de la promesa de compraventa por valor de $2.000\u00b4000.000,00 a t\u00edtulo de pena, y ese nuevo rubro se estipul\u00f3 como una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica adicional a la que se oblig\u00f3 expresa y voluntariamente la uni\u00f3n temporal, a cambio de la concesi\u00f3n de la pr\u00f3rroga por parte de la promitente vendedora\u00bb, pues \u00abno cabe duda que fue la voluntad de las partes salvaguardar la prestaci\u00f3n que aqu\u00ed se ejecuta \u2013 el saldo de $900.000.000 de la indemnizaci\u00f3n por la pr\u00f3rroga del plazo convenido-, como una obligaci\u00f3n independiente del pago del precio del inmueble, de tal manera, que fuera viable su cobro aun en el evento de rescindirse la promesa de venta\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 la corporaci\u00f3n encartada que, \u00abtal documento hace parte de la promesa de compraventa celebrada el 14 de mayo de 2014, en cuya cl\u00e1usula cuarta los contratantes fueron precisos en establecer un plazo determinable para ese prop\u00f3sito\u00bb y que, asimismo lo es el documento de constituci\u00f3n de la Uni\u00f3n Temporal MBM que, con precisi\u00f3n, determin\u00f3 en cuanto a la responsabilidad de los asociados \u00abla \u201csolidaridad\u201d que resulte de \u201ctodas y cada una de las obligaciones\u201d derivadas del desarrollo de ese convenio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7 de la Ley 80 de 1993 (precepto vigente para esa data), precisando en el par\u00e1grafo, que solo en el caso espec\u00edfico de \u201csanciones\u201d, \u201cdeber\u00e1n ser tenidos en cuenta los porcentajes de participaci\u00f3n y la distribuci\u00f3n de responsabilidades\u201d, tenor este \u00faltimo que no resulta aplicable al sub examine, toda vez que, como se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, no se est\u00e1 en presencia del cobro de una pena o multa que amerite incursionar en el porcentaje de participaci\u00f3n de los demandados, y menos en las cesiones que de esos porcentajes haya realizado uno o varios de ellos\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
El precedente mencionado por el gestor1 no resulta aplicable, pues los supuestos f\u00e1cticos all\u00ed estudiados distan, sustancialmente, de los aqu\u00ed propuestos, en tanto, el primer asunto alude a que la promesa de compraventa all\u00ed involucrada no produjo obligaci\u00f3n alguna, debido a la omisi\u00f3n de establecer una estipulaci\u00f3n de un plazo o condici\u00f3n determinados en el que se hubiese fijado la \u00e9poca del contrato prometido; y frente al estudiado en sede constitucional, se refiere a la razonabilidad de la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 las pretensiones en un juicio coactivo que pretend\u00eda el pago de una cl\u00e1usula penal por retardo en el cumplimiento, cuando lo convenido deven\u00eda del incumplimiento. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante -que se hace evidente cuando aduce \u00abdicha posici\u00f3n -la del fallador cuestionado- respetable por cierto, pero que no estoy de acuerdo hasta el punto que acudo en acci\u00f3n de tutela por un[a] err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la norm[a]\u00bb, es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia SC2468-2018, 18 abr. y la emitida el 13 de octubre de 2011, en el asunto rad. n.\u00b0 11001220300020110108801. <\/p>\n
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STC6770-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6770-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02564-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Felipe Mu\u00f1oz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74706","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}