STC6776-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6776-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02568-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fidelina Ascanio de \u00c1lvarez y Edwin \u00c1lvarez Ascanio contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Segundo del Circuito de dicha especialidad y ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los juicios de restituci\u00f3n de tierras acumulados n\u00b0. 2015-00387 y 2018-00122. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de apoderado, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos supralegales \u00abal debido proceso\u2026 a la tutela judicial efectiva\u2026 protecci\u00f3n a los adultos mayores como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u2026 a la administraci\u00f3n de justicia [sic] en condiciones de igualdad y sin discriminaci\u00f3n\u2026 a la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n desde la perspectiva de g\u00e9nero\u2026 al m\u00ednimo vital y vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que la Direcci\u00f3n Territorial de Norte de Santander de la UAEGRTD formul\u00f3, a favor de Mary Cecilia Pic\u00f3n de Barbosa y C\u00e9sar Amado Barbosa Quintero (Q.E.P.D.)1, demanda especial buscando la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de dos predios urbanos ubicados en el municipio de Oca\u00f1a. <\/p>\n
A dicha actuaci\u00f3n concurrieron Fidelina Ascanio de \u00c1lvarez y Edwin \u00c1lvarez Ascanio como opositores, alegando su condici\u00f3n de adquirentes de buena fe exenta de culpa y segundos ocupantes. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, mediante providencia del pasado 19 de mayo, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta ampar\u00f3 el derecho fundamental reclamado, desestim\u00f3 las oposiciones formuladas y orden\u00f3 la restituci\u00f3n por equivalencia de los predios; adem\u00e1s, otorg\u00f3 a los solicitantes las dem\u00e1s medidas de atenci\u00f3n consagradas en la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. Los gestores aducen que la anterior providencia adolece de defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo (i) por aplicaci\u00f3n errada de las disposiciones llamadas a gobernar el asunto, (ii) por falta de motivaci\u00f3n y (iii) por desconocimiento del precedente. <\/p>\n
Frente al primero, dijeron que se configur\u00f3 \u00abpor ausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb que, a su juicio, condujo a que se formularan inadecuadamente las oposiciones, no se realizara una debida contradicci\u00f3n de las pruebas practicadas y, finalmente no se aportaran medios de convicci\u00f3n que soportaran las defensas esgrimidas, situaciones no advertidas por el tribunal con lo que \u00abpermiti\u00f3 que los accionantes no contaran con una defensa t\u00e9cnica adecuada\u00bb. <\/p>\n
Respecto del defecto f\u00e1ctico, se\u00f1alaron que la incorrecta valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la colegiatura querellada la llev\u00f3 a desconocer su condici\u00f3n de adquirentes de buena fe de los predios vinculados al tr\u00e1mite, en tanto que no tuvieron participaci\u00f3n en los hechos violentos padecidos por los reclamantes, la compraventa de aquellos se realiz\u00f3 \u00abmucho tiempo despu\u00e9s\u00bb de sucedidos y dentro del marco de la libre autonom\u00eda de los vendedores, pues no fueron objeto de presi\u00f3n alguna. <\/p>\n
La falta de motivaci\u00f3n de la sentencia la sustentaron en que, el tribunal \u00abno resuelve ni adopta las medidas necesarias para proteger la verdadera situaci\u00f3n de vulnerabilidad de [Fidelina Ascanio]\u00bb, pues no hizo referencia alguna a la \u00abdoble condici\u00f3n de sujeto vulnerable de la opositora, a saber: (i) su avanzada edad, superior a los ochenta\u2026 a\u00f1os; y (ii) igualmente su condici\u00f3n de v\u00edctima anterior del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1alaron que el fallo cuestionado \u00abse apart\u00f3 o dej\u00f3 de aplicar el precedente jurisprudencial adoptado en la sentencia C-330 de 2016\u00bb dictada por la Corte Constitucional\u00bb, habida consideraci\u00f3n que omiti\u00f3 verificar \u00abel cumplimiento de los siguientes requisitos sobre las personas que participaron en la oposici\u00f3n (a) si participaron voluntariamente o no en los hechos que dieron lugar al despojo o al abandono forzado; y (b) la relaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica que guardan con el predio, es necesario establecer si habitan o derivan del bien sus medios de subsistencia\u00bb. <\/p>\n
4. En suma, luego de criticar la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de la autoridad accionada y exponer la forma como, a su juicio, debieron valorarse las pruebas e interpretarse las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto y la jurisprudencia aplicable, finalmente solicitaron remover los efectos de la sentencia cuestionada y de las dem\u00e1s providencias que de ella hayan desprendido para que, en su lugar, el tribunal: \u00abprofiera una nueva\u2026 [en la que] se niegue la solicitud de restituci\u00f3n de los predios urbanos por inexistencia de \u201cdespojo o abandono forzado\u201d. Es decir, por no ostentar la condici\u00f3n de v\u00edctima legitimada como solicitante\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidieron (i) que se ordene a la colegiatura reconocerlos como adquirentes de buena fe exenta de culpa o segundos ocupantes y les permita continuar residiendo en los inmuebles o (ii) que se invalide todo lo actuado \u00abpor falta de defensa t\u00e9cnica\u2026 [y] se les designe abogado que pueda ejercer[la]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La corporaci\u00f3n querellada, por conducto del magistrado ponente de la sentencia objeto de censura, defendi\u00f3 la legalidad del prove\u00eddo pues en \u00e9l se consignaron las razones jur\u00eddicas que sirvieron de soporte para considerar que la \u00abreclamante ten\u00eda derecho a la restituci\u00f3n del predio pretendido al propio tiempo de los motivos por los que se descartaban los planteamientos de los opositores y aqu\u00ed accionantes am\u00e9n de justificar c\u00f3mo no calificaban ellos en esa especial calidad de adquirente de buena fe exenta de culpa ni de ocupantes secundarios\u00bb, abordando de forma completa todos los reparos que en esta oportunidad son nuevamente aducidos por la parte descontenta. <\/p>\n
Advirti\u00f3 el colegiado que, en el fondo, lo pretendido por los quejosos y su apoderado es utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al no haber tenido acogida sus planteamientos al interior del tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n \u00abbuscando as\u00ed acariciar la posibilidad de que un nuevo funcionario, esta vez el Juez de Tutela, se ocupe de reexaminar los puntos para que as\u00ed se coincida con ese particular an\u00e1lisis suyo\u00bb, de all\u00ed que los presuntos yerros atribuidos no sean m\u00e1s que una simple disparidad de criterios. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en suma, desestimar el ruego habida consideraci\u00f3n que \u00ablos planteamientos expuestos en la mentada sentencia no fueron edificados sobre apreciaciones sesgadas ni subjetivas o voluntariosas y much\u00edsimo menos comportan manifestaciones carentes de cualquier soporte\u00bb por lo que se torna inexistente la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta dijo que su actividad en el tr\u00e1mite fustigado se limit\u00f3 a agotar el tr\u00e1mite procesal hasta la oportunidad establecida en el tercer inciso del art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011 y a auxiliar la comisi\u00f3n conferida por el Tribunal Superior para la entrega material de los predios restituidos, la cual se llevar\u00e1 a cabo el pr\u00f3ximo 14 de julio. <\/p>\n
En torno a esto \u00faltimo resalt\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u2026 por parte de este despacho judicial, toda vez que el tr\u00e1mite del despacho comisorio para la diligencia de entrega comisionada, se ha adelantado bajo el amparo de la normatividad legal especial vigente que rige la materia\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Diecinueve Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta se opuso a la prosperidad del amaro por cuanto \u00ablas consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que enuncian los accionantes dentro de la presente acci\u00f3n de tutela fueron debidamente analizadas y sustentadas y decididas por el Tribunal Superior accionado\u00bb al tiempo que \u00abla providencia del Juzgado dentro del Despacho Comisorio\u2026 es en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia\u00bb; asimismo, reliev\u00f3 que \u00abla condici\u00f3n de segundos ocupantes alegada por los opositores, fue objeto de amplio estudio en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. A su turno el Procurador Sexto Judicial II para Asuntos Civiles y Laborales de C\u00facuta pidi\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas de la demanda dado que el fallo sobre el que recay\u00f3 la censura se soport\u00f3 en el precedente constitucional aplicable a la materia respecto de la rigurosidad de la carga de la prueba frente a alegaciones de buena fe cualificada y ocupaci\u00f3n secundaria de predios sometidos a tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
5. El abogado designado por la Direcci\u00f3n Territorial de Santander y Arauca de la UAEGRTD para la representaci\u00f3n de Mary Cecilia Pic\u00f3n de Barbosa dijo que \u00abla decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se encuentra ajustado [sic] a derecho, ya que se acredit\u00f3 con suficiencia la condici\u00f3n de v\u00edctima de conflicto armado de los se\u00f1ores Mary Cecilia Pic\u00f3n De Barbosa y\u2026 C\u00e9sar Amado Barbosa Quintero (q.e.p.d.)\u00bb. <\/p>\n
6. El Defensor Regional del Pueblo de Oca\u00f1a, sin referirse a los motivos que sirvieron de sustento a la interposici\u00f3n del presente resguardo, se limit\u00f3 a indicar que de acuerdo con el \u00abSistema de Alertas Tempranas SAT de la Defensor\u00eda del Pueblo\u2026 el Ej\u00e9rcito Popular de Liberaci\u00f3n EPL contin\u00faa operando en el municipio de \u00c1brego\u00bb. <\/p>\n
7. El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Oca\u00f1a inform\u00f3 haber dado cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal Superior de C\u00facuta. <\/p>\n
8. Por conducto de apoderado, la oficina jur\u00eddica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, luego de hacer alusi\u00f3n a las funciones de esa cartera frente a personas v\u00edctimas del conflicto armado, \u00absugiri\u00f3\u2026 Se estudie en profundidad el salvamento de voto a la sentencia en controversia donde se precisa el origen de los dineros que utilizaron los accionantes para un pago de liberaci\u00f3n de un familiar y se evidencia la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de los mismos luego del secuestro\u00bb. <\/p>\n
9. El director territorial para Norte de Santander del IGAC, la Directora Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD, el director regional del SENA Norte de Santander, la apoderada de la ANT y las jefes de las Oficinas Asesoras Jur\u00eddica de la UARIV y de la ANH, solicitaron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de las entidades que representan por cuanto, seg\u00fan afirmaron, carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
10. Por \u00faltimo, el apoderado de los accionantes replic\u00f3 las contestaciones presentadas por el Tribunal Superior de C\u00facuta, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras y el Procurador Sexto Judicial II para Asuntos Civiles y Laborales, insistiendo b\u00e1sicamente en los argumentos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de C\u00facuta vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los gestores al interior de los procesos de restituci\u00f3n de tierras en que fueron opositores, al no reconocerlos como segundos ocupantes o adquirentes de buena fe exenta de culpa y acoger las pretensiones de la reclamaci\u00f3n, ordenando la entrega jur\u00eddica y material de unos predios a Mary Cecilia Pic\u00f3n de Barbosa e hijos, incurriendo, supuestamente, en defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente queja, de cara a lo resuelto por la colegiatura demandada, considera la Corte que no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio especial. <\/p>\n
En efecto, en la mentada providencia, el tribunal querellado, luego de hacer un recuento tanto del contexto f\u00e1ctico que sirvi\u00f3 de soporte para la demanda de restituci\u00f3n, como de las defensas esgrimidas por los ac\u00e1 gestores, las cuales guardan simetr\u00eda en lo medular con lo aducido en esta salvaguarda, encontr\u00f3 acreditado tanto el v\u00ednculo de los reclamantes con los predios objeto de la solicitud y la condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado, al advertir: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el compendio probatorio reci\u00e9n ofrecido m\u00e1s la notoriedad del contexto de violencia sucedido en la zona, que involucra incluso la misma \u00e9poca de los hechos aqu\u00ed invocados como victimizantes, no autorizan sino concluir que en realidad, por entonces y en ese convulsionado sector, mediaron sucesos por cuya gravedad y por los actores involucrados, sin hesitaci\u00f3n pueden asimilarse como propios del \u201cconflicto armado\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Suficiente cuanto transcrito se deja para prontamente concluir que la condici\u00f3n de v\u00edctimas de los ac\u00e1 reclamantes, no halla valladar. Pues al margen que las dif\u00edciles situaciones por ellos explicadas, am\u00e9n que se trata de sucesos que cabr\u00edan equipararse con supuestos propios y anejos con la noci\u00f3n de \u201cconflicto armado interno\u201d (por los sujetos que lo provocaron), se encuentran vigorosamente blindadas con el manto de la confianza, de contener \u201cverdad\u201d. <\/p>\n
Rem\u00e9mbrase sobre el particular que una de las caracter\u00edsticas que resulta connatural con esta especial justicia transicional, est\u00e1 precisamente en dispensar a los restituyentes de aportar esa prueba, de suyo laboriosa, atinente con el despojo o abandono; su privilegiada posici\u00f3n supone concederles un trato abiertamente favorable que expeditamente les allane el camino para el pleno reconocimiento de sus derechos. En efecto: se tiene admitido para estos asuntos que la \u201cdemostraci\u00f3n\u201d sobre los hechos victimizantes y su consecuente relaci\u00f3n con el desplazamiento, abandono o incluso despojo de sus tierras, quede satisfecha -siquiera en un principio- a partir de las propias manifestaciones de los solicitantes, pues vienen amparados con esa especial presunci\u00f3n de buena fe por cuya virtud se arranca del entendido de que todo cuanto mencionen acerca de esos aspectos, es \u201ccierto\u201d. Prerrogativa que, d\u00edgase de paso, cumple en rigor con la significativa misi\u00f3n de alivianar a su favor la estricta y compleja carga que implicar\u00eda acreditar cabalmente y con suficiencia las circunstancias que rodearon los acontecimientos violentos; mismos que, aunque en casos pudieren derivarse de factores de suyo ostensibles por lo escabrosos -como una masacre en la zona o regi\u00f3n donde se vive o labora o un atentado contra su vida o su integridad o el asesinato de un pariente o vecino, etc.-, igual podr\u00edan devenir de episodios poco menos perceptibles que, precisamente por ello, las m\u00e1s de las veces ocurren de manera velada haci\u00e9ndolos casi que inapreciables frente a los ojos de otros, por lo que, en situaciones tales, resulta hasta justificado confiar de comienzo en la sinceridad de quien dijo haberlos sufrido para darle as\u00ed contenido a cualquier vac\u00edo probatorio que surgiere a ese respecto. <\/p>\n
(\u2026) las comentadas circunstancias victimizantes (el secuestro de C\u00c9SAR AMADO BARBOSA y C\u00c9SAR AUGUSTO como el posterior desplazamiento) ocurrieron justo en unas \u00e9pocas y en unos espacios f\u00edsicos (el plagio en la v\u00eda de Oca\u00f1a a Aguachica) cuyas condiciones de clara influencia de organizaciones ilegales hac\u00edan harto probable la ocurrencia de sucesos como esos. Desde luego que no era mentira que por esos acotados tiempos (1991) era palmaria la presencia de grupos como esos por lo que cabr\u00eda concluir que los referidos hechos contaban con una \u201c(…) relaci\u00f3n de conexidad suficiente (…)\u201d con el conflicto armado circundante. Hasta varios testigos\u2026 dieron cuenta que tambi\u00e9n sufrieron de conductas semejantes (rapto) y le endilgaron igualmente la responsabilidad a la guerrilla; incluso el propio opositor EDWIN \u00c1LVAREZ ASCANIO de alg\u00fan modo lo reconoci\u00f3 cuando refiri\u00f3 que para esos tiempos y por esos lares definitivamente mediaba la estancia de ese tipo de bandas y que el rapto, como fue adem\u00e1s notoriamente reconocido, era justo uno de sus modos de operar en contra de los pobladores de la zona de su dominio (que abarcaba parte de esos sectores de Norte de Santander y de Cesar en donde ac\u00e1 se produjo el suceso). Incluso adujo que su propio padre fue asimismo capturado por esas bandas con fines extorsivos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo que lleva de la mano a resaltar que si bien es verdad, como se reconoci\u00f3 desde el comienzo, nunca se pudo comprobar aqu\u00ed con rigurosa infalibilidad que en esos sucesos denunciados de veras participaron miembros de estructuras de guerrilla\u2026 tampoco habr\u00eda c\u00f3mo inferir por contraste, a lo menos no con esa absoluta certeza que aqu\u00ed se requer\u00eda, que fueron en contrario acontecimientos que s\u00ed y solo s\u00ed podr\u00edan ser estrictamente anejos con la delincuencia com\u00fan como se sugiri\u00f3 por los opositores; suficiente con se\u00f1alar que notoriamente se tiene establecido que circunstancias como esas se correspond\u00edan tambi\u00e9n con estrategias igualmente aprovechadas por ese tipo de organizaciones y hasta con mayor probabilidad. Para rematar, los contradictores -que fueron los que pusieron en duda el asunto- jam\u00e1s demostraron que se tratare de un acontecimiento exclusivo calificable como \u201cdelito com\u00fan\u201d ni que pudiere desterrarse como propio del conflicto armado o que no se ajustare al preciso \u201cpatr\u00f3n de criminalidad\u201d de los grupos reconocidos cotidianamente como \u201cinsurgentes\u201d (de izquierda o de derecha). <\/p>\n
Por si no fuere bastante, si acaso y a pesar de todo quedaren resquicios de titubeos, vacilaciones o ambig\u00fcedades que no permitieren lograr una mayor persuasi\u00f3n acerca del particular, habr\u00eda entonces de tener en cuenta que, como igual lo dijo la H. Corte Constitucional, \u201c(…) en caso de duda sobre la inserci\u00f3n de la conducta lesiva en el marco del conflicto, debe darse prevalencia a la interpretaci\u00f3n en favor de la v\u00edctima (…)\u201d, lo que supondr\u00eda aqu\u00ed inclinar la balanza en pro de esa hip\u00f3tesis sostenida en la solicitud en punto que fue suceso relacionado con el \u201cconflicto armado interno\u201d por aquello del enfoque pro homine y los principios de buena fe, in dubio pro victima y \u201c(…) credibilidad del testimonio coherente de la v\u00edctima (…)\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se adentr\u00f3 en el estudio de los negocios jur\u00eddicos, a efectos de verificar si los mismos fueron motivados por los hechos victimizantes padecidos por el n\u00facleo familiar de la reclamante. Para ello, advirti\u00f3 que, si bien entre el secuestro del c\u00f3nyuge y del hijo de Mary Cecilia Pic\u00f3n de Barbosa y la enajenaci\u00f3n de los bienes objeto del proceso especial transcurri\u00f3 un considerable tiempo, esa circunstancia \u00abno autoriza descartar per se la exigida relaci\u00f3n causal\u00bb, sino que implicaba efectuar un an\u00e1lisis m\u00e1s riguroso. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no raya contra la raz\u00f3n atreverse a pensar, cual se sostuvo por estos, que la disputada venta en realidad s\u00ed tuvo que ver con el previo secuestro y el ulterior desplazamiento. Porque si convenido fue que merced a esos sucesos de violencia purgados por la ac\u00e1 reclamante y su familia, les provoc\u00f3 esa grave afectaci\u00f3n no solo en sus vidas sino asimismo en sus ahorros, rentas y patrimonio, lo que era apenas natural pues tuvieron que conseguir en angustiosos t\u00e9rminos una considerable cantidad de dinero, por ah\u00ed derecho ser\u00eda de f\u00e1cil comprensi\u00f3n inferir que esa decisi\u00f3n de ceder las propiedades fue tambi\u00e9n consecuencia, a lo menos mediata, de los mismos actos victimizantes que se vienen enunciando, vale decir, del entorno de afectaci\u00f3n al orden p\u00fablico cuyos perniciosos efectos, sobre todo econ\u00f3micos, se vinieron a prolongar en el tiempo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente a la buena fe cualificada alegada por los opositores, record\u00f3, al amparo del precedente jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como de esta Corporaci\u00f3n que, para acreditar dicha condici\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de poco sirve a quien dice haber actuado con esta especial buena fe, arg\u00fcir apenas que se trata de persona virtuosa o de reconocida honorabilidad y honestidad en todos los \u00e1mbitos, incluso en el comercial (nada de lo cual es materia de discusi\u00f3n en estos precisos escenarios) y mucho menos con adverar que adquiri\u00f3 la cosa tal cual se har\u00eda en el tr\u00e1fico ordinario, frecuente y usual, esto es, verificando por ejemplo lo que mostraban los registros p\u00fablicos sobre el estado de la propiedad. Pues si en cuenta se tiene que el fen\u00f3meno del abandono y despojo de las tierras provocado por acontecimientos devenidos del \u201cconflicto armado\u201d, dif\u00edcilmente puede encuadrarse dentro de esa situaci\u00f3n de \u201cnormalidad\u201d, era casi que de sentido com\u00fan demandar del que se arriesgase a hacerse con un fundo en contornos semejantes que multiplicare entonces sus precauciones y demostrare adem\u00e1s qu\u00e9 previas gestiones y averiguaciones hizo para garantizar as\u00ed la plena legitimidad de la operaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la prueba aqu\u00ed requerida debe apuntar no propiamente con circunstancias que toquen con esa noci\u00f3n puramente \u201cmoral\u201d de la buena fe y alusivas con la \u201cconciencia\u201d del pactante (buena fe subjetiva) cuanto con la demostraci\u00f3n de los actos exteriores que devinieron por quien sostiene esa conducta interior (denominada tambi\u00e9n \u201cbuena fe objetiva\u201d o \u201csubjetiva especial\u201d). De d\u00f3nde, para prop\u00f3sitos semejantes no resulta ni con mucho suficiente la mera manifestaci\u00f3n de que se ten\u00eda la \u201cconvicci\u00f3n\u201d o \u201ccreencia\u201d o \u201cpensamiento\u201d de estar actuando correctamente sino la efectiva comprobaci\u00f3n de que as\u00ed procedi\u00f3; en otros t\u00e9rminos, que su comportamiento positivo y externo -que cabe acreditar por cualquiera de los medios autorizados por la Ley- estuvo de veras signado por la rectitud y por consecuencia, que nada hay qu\u00e9 reprocharle. En par palabras: que fue exigentemente diligente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 el tribunal que, aun cuando los medios de convicci\u00f3n recaudados no daban cuenta de que los adquirentes hubieran sacado provecho de las circunstancias padecidas por los reclamantes o que la enajenaci\u00f3n de los bienes hubiere sido propiciada o permitida por quienes perpetraron el rapto del c\u00f3nyuge y del hijo de la afectada, aquellos no acreditaron que \u00abpara hacerse con [el dominio], hubieren sido realmente acuciosos en esa misi\u00f3n de averiguaci\u00f3n de la que se ha hecho destacada evocaci\u00f3n\u00bb, en tanto que la buena fe cualificada \u00abno se presume ni se sobrentiende adem\u00e1s que de cargo de los contradictores est\u00e1 demostrar irrefragablemente esa condici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, critic\u00f3 que fuera de la declaraci\u00f3n de uno de los opositores, no se hubiera presentado probanza alguna que respaldara la condici\u00f3n aducida, resultando insuficiente la mera manifestaci\u00f3n de que los negocios jur\u00eddicos se realizaron \u00abatendiendo las formas \u201clegales\u201d en que com\u00fanmente deber\u00eda verificarse la enajenaci\u00f3n de inmuebles\u00bb cuando el objeto de prueba frente a tal materia debi\u00f3 gravitar en torno a que \u00abde veras, no hab\u00eda forma de enterarse acerca de qu\u00e9 pudo suceder respecto de esos bienes, m\u00e1s precisamente, esos hechos que implicaron en su momento que Mary Cecilia tuviere que venderlos, vale decir, el secuestro del que fueron v\u00edctimas su esposo y si hijo y el posterior desplazamiento\u00bb, ante lo cual, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Incluso, si el diciente comprador CARMEN TOB\u00cdAS se hubiere aplicado a remediar ese estado de duda por ejemplo con los residentes del sector, tal vez habr\u00eda sabido, por ejemplo, por boca de su vecino PEDRO IV\u00c1N MANTILLA P\u00c9REZ, quien llevaba viviendo en ese barrio m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os, que el esposo y el hijo de MARY CECILIA hab\u00edan sido secuestrados y que al pasar de algunos de meses, salieron todos desplazados para otros sitios. Detalles estos que, ante su conocimiento, es harto probable que a una generalidad de personas colocadas en escenarios similares, les provocase algo de recelo o por lo menos inquietud al momento de celebrar negocios como los de marras. <\/p>\n
Casi que sobra decir que exploraciones como esas eran justamente las que deb\u00edan procurarse, obviamente, \u201cantes\u201d de comprar. Por manera que la falta de gesti\u00f3n para obtener ese conocimiento -que visto qued\u00f3 tampoco era tarea muy compleja pues se trat\u00f3 adem\u00e1s de un hecho m\u00e1s bien p\u00fablico (incluso fue noticia divulgada por los medios de comunicaci\u00f3n) y conocido por la comunidad- de todos modos se aventur\u00f3 CARMEN TOB\u00cdAS a quedarse con los terrenos, eso solo les dej\u00f3 sometidos (tanto a \u00e9l como a su familia) a las contingencias de su propia indolencia. <\/p>\n
Traduce que para que los aqu\u00ed opositores (o m\u00e1s bien su fallecido familiar CARMEN TOB\u00cdAS) pudiere ser considerado como adquirente de buena fe exenta de culpa, tendr\u00edan que haber demostrado, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que a pesar de la precauci\u00f3n y empe\u00f1o de aquel por inquirir sobre los antecedentes del bien y de la situaci\u00f3n que lo rode\u00f3, de veras que no hab\u00eda forma de enterarse qu\u00e9 pudo haber pasado con antelaci\u00f3n. No fuera a ser que alrededor se hubieren sucedido delicados acontecimientos concernientes con afectaciones al orden p\u00fablico que de alg\u00fan modo alcanzaren a incidir en la justa y legal transmisi\u00f3n de los derechos (como efectivamente ac\u00e1 sucedi\u00f3). <\/p>\n
Subsecuentemente que no merecen ahora ellos (los herederos de CARMEN TOB\u00cdAS) la compensaci\u00f3n autorizada por la Ley; misma reservada \u00fanicamente para el que cabalmente demuestre que se fue juicioso en precaver que la adquisici\u00f3n del bien fue del todo l\u00edmpida. Y aqu\u00ed no lo fue aquel. Por ende, que la consecuencia que se ve venir surge como efecto-reflejo de la falta de averiguaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) a la luz de las probanzas aportadas tampoco aparece que aquellos hubieren obrado de la manera m\u00e1s diligente a la hora de cerciorarse a qui\u00e9n le compraban y por qu\u00e9 se vend\u00eda; a decir verdad ni siquiera expresaron acciones positivas para comprobar que procedieron de buena fe calificada; m\u00e1s bien reconocieron que sab\u00edan de la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico en la regi\u00f3n por la presencia de grupos armados y aunque tuvieron la oportunidad de indagar con vecinos del sector -e incluso con la solicitante- las razones que incidieron para ceder las propiedades, no la aprovecharon (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente a la condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado de los ac\u00e1 gestores se\u00f1al\u00f3 que no por ello: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) podr\u00eda flexibilizarse en los contradictores el an\u00e1lisis aqu\u00ed adelantado. Pues no fue precisamente por esos hechos que llegaron a ocupar los predios si es que, con todo y que eso fue lo que asegur\u00f3 FIDELINA, de todos modos su propio hijo EDWIN dijo en contraste que cuando su padre fue secuestrado en \u201c(…) Abrego Vereda El Campanario Los Corrales \u2018me parece\u2019 Fue la guerrilla. El grupo de Libardo Mora Toro\u2019 EPL (…) nos regresamos para Oca\u00f1a, para donde mi tia Rosa Alvarez que vivio en el barrio la Primavera (…)\u201d. En adici\u00f3n, \u00e9l mismo sostuvo que \u201cAproximadamente en el a\u00f1o 1992 hubo un intento de secuestro de mi hermano Oscar Enrique \u00c1lvarez Ascanio, debido a esto salimos desplazados por el temor que causo en la familia salimos para Bogot\u00e1 (…)\u201d (Sic). Todo para concluir que no fue propiamente por tales sucesos violentos que lograron los terrenos de que aqu\u00ed se trata o lo que es igual: lo uno no incidi\u00f3 en lo otro como para que a su favor pudiere morigerarse la buena fe exenta de culpa atendiendo apenas esas indicadas condiciones (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, para examinar la posible condici\u00f3n de ocupantes secundarios de los opositores, acudi\u00f3 al precedente constitucional contenido en la sentencia C-330 de 2016 (mismo que aducen los actores que fue desatendido) y, con apoyo de las pruebas recaudadas para tal efecto, concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los predios aqu\u00ed reclamados no son utilizados por el opositor EDWIN \u00c1LVAREZ ASCANIO cuanto que solo por su madre la tambi\u00e9n contradictora FIDELINA ASCANIO DE \u00c1LVAREZ, que de cualquier modo cuenta con otras propiedades. Adicionalmente, adem\u00e1s que esos datos acerca de los montos que efectivamente reciben se lograron merced a sus propios dichos, de los cuales, ya se dijo, no son de suyo suficientes para encontrar en ellos la requerida prueba sobre el particular salvo que hubiere otros elementos que le sirvieren de respaldo -y aqu\u00ed no los hay- incluso a partir de esas mismas versiones suyas, se reconoci\u00f3 que en verdad casi la totalidad de sus recursos se obtienen con ocasi\u00f3n de sus actividades comerciales y en todo caso, ajenas a los se\u00f1alados fundos; circunstancias todas que, sumadas a la constancia sobre los bienes de los que aparece como due\u00f1a (inmuebles y veh\u00edculos) que aparecen a nombre de aquellos como el hecho de que en raz\u00f3n de la dicha gesti\u00f3n mercantil como la vida crediticia de EDWIN, que adem\u00e1s aplica aqu\u00ed como serio indicio de su capacidad econ\u00f3mica, am\u00e9n que no se muestra que padezcan de graves carencias que los ubiquen en esa infausta posici\u00f3n de \u201cvulnerables\u201d, son todos factores que razonadamente autorizan concluir que la privaci\u00f3n de los derechos sobre los terrenos ni de lejos significar\u00e1 poner en riesgo su estabilidad financiera. <\/p>\n
Adicionalmente, debe tenerse en especial consideraci\u00f3n que esa calidad de segundos ocupantes tampoco se determina apelando apenas a tener en cuenta los \u201cvalores\u201d que se van a dejar de percibir o c\u00f3mo se disminuye el patrimonio por la p\u00e9rdida del bien pretendido cuanto que en realidad verificando si en raz\u00f3n de esa singular circunstancia, la persona queda o no en condiciones lastimosas de pobreza o vulnerabilidad al punto que pueda afirmarse que, a partir de esa concreta decisi\u00f3n, de veras que se afectan gravemente sus derechos al \u201cm\u00ednimo vital\u201d o la \u201cvivienda digna\u201d; cosas estas que, en lo que tiene que ver con los aqu\u00ed opositores, con todo y que seguramente la dispuesta restituci\u00f3n obviamente conllevar\u00e1 una mengua considerable en sus bienes e ingresos, no comportar\u00e1 sin embargo ni como obligada consecuencia, que se provoquen esas desventajosas implicaciones de las que antes se hizo menci\u00f3n y que son las que verdaderamente justifican para estos casos la intervenci\u00f3n judicial en aras de soslayarlas. <\/p>\n
Ni siquiera en el caso de FIDELINA ASCANIO DE \u00c1LVAREZ quien al margen de esos factores de vulnerabilidad, por ejemplo, su avanzada edad, el r\u00e9gimen en salud en el que est\u00e1 afiliada, su previa condici\u00f3n de v\u00edctima y hasta el hecho de lograr sus recursos s\u00f3lo por la previa ayuda de sus hijos, igualmente reside en los pretendidos bienes. Pues no podr\u00eda obviarse que figura como propietaria de dos inmuebles rurales ubicados en las veredas Campanario y Rio Caliente del municipio de \u00c1brego, cuyas \u00e1reas corresponden respectivamente a 5 hect\u00e1reas con 3.159 m2 y 3 hect\u00e1reas con 2.340 m2 ; sin descontar que a nombre de su fallecido c\u00f3nyuge CARMEN TOB\u00cdAS \u00c1LVAREZ \u00c1LVAREZ todav\u00eda aparece otro fundo distinto a los que aqu\u00ed se reclaman ubicado en la urbanizaci\u00f3n La Primavera de Oca\u00f1a adem\u00e1s de unas \u201cmejoras\u201d localizadas en la misma regi\u00f3n e igualmente, tres (3) veh\u00edculos. En fin: que esa sola circunstancia de entrada desquicia cualquier intento de sugerir que se afectar\u00eda su derecho a la vivienda digna merced a la eventual restituci\u00f3n si est\u00e1 claro que cuenta con bastantes heredades en las cuales podr\u00eda satisfacerlo y adicionalmente, su m\u00ednimo vital no pende precisamente de tener o no las dichas propiedades. <\/p>\n
En fin: que no cabe verles como \u201cocupantes secundarios\u201d que tengan derecho a medida de atenci\u00f3n. It\u00e9rase que reconocimiento semejante \u00fanicamente tiene cabida en tanto se tratase de personas que adem\u00e1s de tener alguna condici\u00f3n especial de vulnerabilidad, residieren en el inmueble objeto de restituci\u00f3n o por lo menos de all\u00ed pendiere su congrua subsistencia. Lo que no es del caso conforme acaba de verse (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la parte convocante se\u00f1ala lo que, a su juicio, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto y en la aplicaci\u00f3n de normas y precedentes jurisprudenciales, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
En cuanto a la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica aducida por los gestores, la Sala ha dicho que no es suficiente efectuar se\u00f1alamientos gen\u00e9ricos sobre la supuesta ineficacia de la labor del profesional del derecho que ejerci\u00f3 la representaci\u00f3n, a partir de hechos aislados como no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, no solicitar pruebas, o incluso no hacer uso de recursos, sin apuntar su grado de trascendencia desde un an\u00e1lisis integral de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha destacado que este tipo de reproches no corresponde dilucidarlos al juez de amparo, dado que tal circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, la cual puede ser reclamada en otros escenarios por quien se diga afectado, se torna insuficiente para edificar un defecto espec\u00edfico de procedibilidad del amparo contra las decisiones judiciales porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal. <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento y al revisarse los medios de convicci\u00f3n recopilados, es claro que en este caso los tutelantes no logaron acreditar la influencia en las resultas del juicio o que pudieron tener en \u00e9l, el desempe\u00f1o de quien asumi\u00f3 su representaci\u00f3n judicial, al no apuntar de forma clara en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto en la gesti\u00f3n defensiva recriminada, independiente de su insatisfacci\u00f3n con el resultado final. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y los demandantes pretenden desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Representado por sus hijos. <\/p>\n
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STC6776-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6776-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02568-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Fidelina Ascanio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}