STC6777-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6777-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02581-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marcelo Gabriel Cardoso Jorge contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el recaudo que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, igualdad, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del ejecutivo que Marcelo Gabriel Cardoso Jorge inici\u00f3 contra Inversiones Makana S.A.S., con fundamento en una factura electr\u00f3nica, el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla (rad. n.\u00ba 2022-00126) libr\u00f3 mandamiento de pago, pero, luego de que la demandada compareci\u00f3 y formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, revoc\u00f3 la orden de apremio, en tanto que esta fue expresamente objetada \u00abel d\u00eda 15 de noviembre de 2021 7:19 P.M., al correo electr\u00f3nico registrado por el demandante maxitaty@hotmail.com, tal como est\u00e1 demostrado en el presente caso a trav\u00e9s de los pantallazos anexos por el demandado al escrito de reposici\u00f3n planteado, as\u00ed como la respectiva certificaci\u00f3n de trazabilidad del Acuse Recibido expedido por la empresa encargada de prestar el servicio respectivo\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, el aqu\u00ed censor interpuso apelaci\u00f3n, pero, el 7 de diciembre de 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad dej\u00f3 en firme lo dispuesto, tras colegir que \u00ablos registros dentro de la implementaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica est\u00e1n concebidos para la inscripci\u00f3n de las mismas y la circulaci\u00f3n que hubiere a lugar, de igual manera dicho aplicativo esta exclusivamente facultado para la emisi\u00f3n de certificaci\u00f3n de informaci\u00f3n y constituci\u00f3n de t\u00edtulos al cobro, ni mucho menos de disposiciones que dejen sin efecto el rechazo de factura por conducto del correo electr\u00f3nico\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, a juicio del libelista, esas decisiones son irregulares, toda vez que exigieron presupuestos no consagrados en las normas y jurisprudencia aplicables3, aunado a que \u00aben RADIAN se registran solo eventos relacionados con la circulaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica de venta de acuerdo con los art\u00edculos 9 y 10 de la resoluci\u00f3n 000085 de 2022, por lo tanto, para poder registrar dichos eventos conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 7 de la mencionada resoluci\u00f3n, se requiere que cumplan los siguientes requisitos: El acuse de recibo de la factura electr\u00f3nica de venta; la confirmaci\u00f3n de recibo del bien o servicio y la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa de la factura; que son eventos previos al registro en RADIAN\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Atl\u00e1ntico y al Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla, que se sirvan declarar la Nulidad de la Revocatoria del Mandamiento de Pago y en su lugar volver a decretar las Medidas Cautelares y seguir adelante con el Proceso Ejecutivo. Declarar la Nulidad y Revocar las Costas Procesales pues el Proceso a\u00fan no termina\u00bb y (ii) \u00abordenar a la DIAN se sirva explicarme y restaurar en el Sistema y Servidores de la DIAN la Factura Electr\u00f3nica No. M1 de fecha 13 de noviembre de 2021 por valor de $1.228.701.166,91 M.L. y hacerme entrega de la Certificaci\u00f3n DIAN para cobrar ejecutivamente; Certificaci\u00f3n de los Eventos RADIAN y la Aceptaci\u00f3n de la Factura\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado a quo del cobro se opuso a la prosperidad del petitum, pues \u00ablos documentos aportados con el recurso de reposici\u00f3n planteado, mediante los cuales el recurrente pretende probar la objeci\u00f3n planteada a la factura electr\u00f3nica de venta No. M1, mensajes estos que, por reunir los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo arriba citado, vienen a dejar claridad al despacho, ya que de manera clara se observa que efectivamente dicha objeci\u00f3n si le fue notificada, dentro de los tres (3) d\u00edas al hoy demandante; por lo que son todas estas razones, las que llevan a \u00e9sta oficina judicial a revocar la orden de pago emitida\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada sustanciadora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla tambi\u00e9n indic\u00f3 que el resguardo debe desestimarse, porque \u00abpara efectos de iniciar un proceso ejecutivo, con base en una factura electr\u00f3nica debe venir acompa\u00f1ada con las debidas certificaciones de registro de t\u00edtulo para el cobro, siendo una exigencia contemplada y de forzoso acatamiento para adelantar las gestiones cambiarias, exigencia a la cual no le dio cumplimiento el demandante\u00bb. <\/p>\n
3. La DIAN, de igual forma, solicit\u00f3 declarar la inviabilidad del ruego, dado que \u00abno existe vulneraci\u00f3n alguna por parte de la DIAN sobre los derechos fundamentales del accionante\u00bb. Sobre el particular, refiri\u00f3 que atendi\u00f3 el pedimento del libelista mediante oficio n.\u00ba 00153157 \u2013 2614 del 11 de mayo de 2023, en la que expuso el alcance de la exigencia de validaci\u00f3n previa. <\/p>\n
En el mismo sentido, reliev\u00f3 que \u00abesta dependencia efectu\u00f3 la verificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n aportada encontrando que la factura electr\u00f3nica de venta a la cual hace referencia el accionante en el libelo de la acci\u00f3n constitucional, efectivamente se encuentra registrada en las bases de datos de esta entidad y surti\u00f3 adecuadamente el proceso de validaci\u00f3n por la Unidad Administrativa Especial Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, frente al requerimiento del gestor de que se certifiquen los eventos RADIAN, anot\u00f3 que (i) \u00ab[esa entidad] no expide certificaci\u00f3n para efectos de iniciar cobros ejecutivos, porque dicha certificaci\u00f3n no existe en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, para ello, solo basta con revisar el Decreto 1154 de 2020 y la resoluci\u00f3n 0085 de 2022\u00bb y (ii) \u00ablos eventos que se registren en RADIAN respecto de las facturas electr\u00f3nicas de venta como t\u00edtulos valores si est\u00e1n disponibles en el servicio inform\u00e1tico establecido para tal fin (\u2026) usando para ello el c\u00f3digo \u00danico de Factura Electr\u00f3nica \u2013 CUFE. Sin embargo, es preciso anotar que, al efectuar la revisi\u00f3n, se pudo establecer que la factura objeto de la presente acci\u00f3n constitucional no registra ning\u00fan evento de los regulados por las resoluciones 00012 de 2020 y 000085 de 2020, por tal motivo no es posible emitir certificaci\u00f3n alguna, toda vez que no existen datos asociados a la factura objeto de consulta, referentes a acuse de recibo de la factura, recibo de los bienes y\/o servicios, aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa en el registro\u00bb. <\/p>\n
4. Quien adujo ser el apoderado de Inversiones Makan\u00e1 expuso que \u00aben un actuar temerario [el actor alega] hechos evidentemente contrarios a la realidad, toda vez que la factura, fue rechazada de plano, de la misma forma en que fue recibida (correo electr\u00f3nico), y as\u00ed mismo, a trav\u00e9s de distintas notificaciones que se anexaron como pruebas dentro del proceso Ejecutivo de Mayor cuant\u00eda adelantado en el Juzgado Once Civil del Circuito, se\u00f1or magistrado, el accionista incurre en temeridad y mala fe contra la contraparte y la administraci\u00f3n de justicia, dado que muy a pesar de tener conocimiento que la factura fue rechazada en debida forma insiste en cobrar el valor indicado en la factura, en vez de anularla y expedir una nueva, sin embargo como lo hemos dicho, lo omiti\u00f3 y procedi\u00f3 a iniciar un proceso generando un desgaste a la justicia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, destac\u00f3 que \u00abla factura electr\u00f3nica aportada dentro del proceso 08001310301120220012600, como t\u00edtulo de recaudo ejecutivo, no cumple con los requisitos exigidos por el art\u00edculo 774, modificado por la ley 1231\/2008, art\u00edculo 3\u00ba, que nos dice que la factura adem\u00e1s de los requisitos SUSTANCIALES se\u00f1alados en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, debe cumplir con unos requisitos FORMALES que establece el Estatuto Tributario. No cumple con requisito de aceptaci\u00f3n, porque la factura fue expresamente rechazada por la sociedad que represento, mediante respuesta de fecha 15 de noviembre de 2022, dirigida al correo de donde env\u00edan la misma y se les dice con precisi\u00f3n que: \u201cSe rechaza la factura No.M-1 por inconsistencia de los valores, favor anular no ser\u00e1 contabilizada por INVERSIONES MAKAN\u00c1 S.A.S.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n insisti\u00f3 en que \u00abse debe tener te presente que las disposiciones tomadas por los distintos despachos judiciales no solo se dan por el hecho de que la factura no estuviese registrada en la plataforma de la DIAN, la decisiones se basaron en que la factura que pretende cobrar el se\u00f1or MARCELO G. CARDOSO JORGE, NO CUMPLE con el requisito especial y fundamental de la factura electr\u00f3nica, como es LA ACEPTACI\u00d3N DE LA MISMA, la cual puede manifestarse con la firma de recibido de manera expresa o t\u00e1citamente cuando el deudor guarda silencio dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha de su recibo, tema que ya tocamos de fondo y que para el presente caso no aplico, pues la factura se rechaz\u00f3 en los t\u00e9rminos de ley\u00bb. <\/p>\n
5. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta causa. <\/p>\n
6. Bancolombia S.A. anot\u00f3 que \u00abno est\u00e1 relacionad[a] con ninguna de las pretensiones del accionante, ni se desprende de alguno de los hechos de la demanda la posibilidad de que la entidad que represento este vulnerando los derechos constitucionales fundamentales del se\u00f1or MARCELO GABRIEL CARDOSO JORGE\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que promovi\u00f3 el memorialista (rad. n.\u00ba 2022-00126), por ratificar el auto a trav\u00e9s del cual el estrado a quo (i) revoc\u00f3 el mandamiento de pago \u2013dada la acreditaci\u00f3n de la objeci\u00f3n de la factura base del recaudo\u2013 y (ii) le impuso condena en costas, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ago.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n de revocar el mandamiento de pago y de condenar en costas al aqu\u00ed reclamante data del 7 de diciembre de 2022 \u2013notificada por estado electr\u00f3nico del 9 siguiente\u20135; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 28 de junio de 20236, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a los pronunciamientos atacados, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.3. Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. De otra parte, en lo que respecta al embate propuesto contra la DIAN, por supuestamente \u00abser responsable por la p\u00e9rdida del proceso ejecutivo en mi contra (sic) porque la factura electr\u00f3nica No. M1 de 13 de noviembre de 2021 por valor de $1.228.701.166,91 M.L., no est\u00e1 en los Servidores y Sistemas de la DIAN; y por esa causa no se pudo obtener la Certificaci\u00f3n DIAN de los Eventos RADIAN y la Aceptaci\u00f3n de la Factura\u00bb, precisa la Sala que, contrario a lo indicado en el escrito inicial, la entidad explic\u00f3 en este tr\u00e1mite y en la respuesta que le entreg\u00f3 al censor, que el documento se encuentra en su plataforma, pero que \u00abno registra ning\u00fan evento de los regulados por las resoluciones 00012 de 2020 y 000085 de 2020, por tal motivo no es posible emitir certificaci\u00f3n alguna, toda vez que no existen datos asociados a la factura objeto de consulta, referentes a acuse de recibo de la factura, recibo de los bienes y\/o servicios, aceptaci\u00f3n t\u00e1cita o expresa en el registro\u00bb. <\/p>\n
Por ello, si la inconformidad persiste frente al sentido de la respuesta emitida, nada obsta para que, en oportunidad, el libelista agote el procedimiento administrativo y obtenga las aclaraciones que exige a trav\u00e9s de este instrumento; y, de estimar que existe un hecho da\u00f1oso imputable a la DIAN, acuda a la v\u00eda pertinente para formular sus reclamaciones, ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que corresponden al interesado. <\/p>\n
4.2. De igual forma, la queja relacionada con la supuesta falta de materializaci\u00f3n de algunas de las medidas cautelares dispuestas en el cobro tambi\u00e9n se aviene impr\u00f3spera, teniendo en cuenta no solo que ellas se revocaron mediante la determinaci\u00f3n que accedi\u00f3 a la reposici\u00f3n frente a la orden de apremio (16 de agosto de 2022), sino que, adem\u00e1s, de la verificaci\u00f3n de la foliatura se establece que, en la actualidad, se est\u00e1n tramitando los oficios de desembargo, de modo que, en esas condiciones, no es posible colegir la vulneraci\u00f3n o amenaza iusfundamental, m\u00e1xime que, como qued\u00f3 visto, esa tem\u00e1tica qued\u00f3 zanjada en el proceso. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja es impr\u00f3spera por el criterio de inmediatez que rige esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el prove\u00eddo de la referencia, disponible en el expediente remitido a esta Colegiatura (archivo 20, cd. primera instancia). <\/p>\n
2\u0002 \u00cddem (archivo 3, cd. segunda instancia). <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, cit\u00f3, entre otros, los fallos STC16019-2022 y STC8635-2019, sin efectuar un desarrollo sobre el particular. <\/p>\n
4\u0002 De forma un tanto ambigua tambi\u00e9n aludi\u00f3 a Bancolombia. <\/p>\n
5\u0002 Estado electr\u00f3nico 219 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
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