STC6817-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6817-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02563-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Fierro M\u00e9ndez, quien dice actuar como apoderado de CONIN S.A.S., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -Fondo para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas-, a CONIN S.A.S., la Procuradur\u00eda 13 Judicial II para Asuntos Civiles de Barranquilla, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 08001315300920210012300 (01). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales de quien dice representar al debido proceso, la defensa e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -Fondo para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas- formul\u00f3 demanda reivindicatoria contra CONIN S.A.S., respecto de los lotes 11, 12 y 13 (FMI 040-102889, 040-102890 y 040-102891) del municipio de Puerto Colombia, que fue admitida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla el 2 de julio de 2021. <\/p>\n
2.2. La accionada formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, alegando que era poseedora desde el 22 de junio de 2022, la cual fue aceptada por auto del 3 de mayo de 2022, fecha en la que se admiti\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda formulado frente al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. <\/p>\n
2.3. La Unidad contest\u00f3 la reconvenci\u00f3n y propuso, como excepci\u00f3n previa, la de ineptitud de demanda, por falta de los requisitos formales, dado que, acorde con lo previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, la declaraci\u00f3n de pertenencia no era procedente, por tratarse de un bien de propiedad de una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
2.5. El 29 de marzo de 2023, el Tribunal accionado declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de declarar probada la excepci\u00f3n previa y confirm\u00f3 lo relativo a la terminaci\u00f3n del proceso de pertenencia, por cuanto los bienes objeto de la petici\u00f3n de pertenencia eran de propiedad de una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
2.6. El 9 de mayo de 2023, el Tribunal no accedi\u00f3 a la solicitud de ilegalidad formulada por CONIN S.A.S. contra el auto anterior y rechaz\u00f3 la nulidad propuesta a partir del prove\u00eddo del 13 de julio de 2022, que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso de pertenencia, decisi\u00f3n que fue suplicada. <\/p>\n
2.7. El 15 de junio de 2023, el Tribunal neg\u00f3 la s\u00faplica, confirmando el auto del 9 de mayo de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3. El actor aduce que la decisi\u00f3n adoptada aplic\u00f3 en forma indebida el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso y se apart\u00f3, sin motivaci\u00f3n, del precedente de esta Sala, referente a que como los inmuebles objeto del proceso de pertenencia a la fecha de posesi\u00f3n aducida no eran de propiedad del Estado s\u00ed pod\u00edan ser objeto de ese litigio; adem\u00e1s, que el hecho que motiv\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del juicio de pertenencia no es constitutivo de una excepci\u00f3n previa y, por tanto, el asunto debi\u00f3 decidirse mediante sentencia, practicadas la pruebas pedidas en reconvenci\u00f3n y agotadas las respectivas etapas. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita dejar sin efectos el auto del 29 de marzo de 2023 y que se ordene reanudar el proceso terminado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal accionado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social afirm\u00f3 que la tutela era inviable, pues su fin era plantear una interpretaci\u00f3n particular del asunto decidido en sede judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La UARIV sostuvo que la demandante en reconvenci\u00f3n pod\u00eda ejercer su derecho de defensa en el proceso principal de reivindicaci\u00f3n, que lo pretendido con la tutela era subsanar los errores de la contestaci\u00f3n de la demanda inicial y que la decisi\u00f3n atacada no vulner\u00f3 derecho alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Procurador 13 Judicial II para Asuntos Civiles dijo que la determinaci\u00f3n cuestionada no luc\u00eda antojadiza ni arbitraria, en la medida en que estar\u00eda demostrada la propiedad en cabeza de la entidad estatal. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo constitucional invocado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, aspecto \u00faltimo frente al cual la Sala ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor \u00abno [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.1. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en el fallo CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n1. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la misma Corporaci\u00f3n, en sentencia CC T-975-2005, indic\u00f3 que, como el mandato entonces allegado \u00abse refiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. En similar sentido, en providencia CC T-718-2017, la Corte Constitucional sostuvo que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha expuesto esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al se\u00f1alar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.2. En consonancia con lo anterior y, en particular, respecto de las personas jur\u00eddicas, como titulares de algunos derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en el fallo CC SU-439 de 2017, estableci\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela promovida por estas puede presentarse por sus representantes legales \u00abo trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
2.3. Aplicados los referidos presupuestos al caso particular, se observa que el poder allegado para actuar no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto el mandato otorgado, si bien indica los accionados, no refiere los derechos invocados, ni el proceso, ni la actuaci\u00f3n a censurar, y tampoco hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que lo origina, circunstancias que impiden analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala, entre otros, en el fallo CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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