STC6818-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6818-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02566-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Alberto Herrera \u00c1vila, quien dice actuar como apoderado de La Equidad Seguros Generales O.C., contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esta ciudad, Adriana y Oscar David Betancur Ochoa, Isabella y Gabriel Felipe Mej\u00eda Betancur, Mar\u00eda Alejandra y Laura Andrea Betancur Sanju\u00e1n, Gabriel Jaime Mej\u00eda Piedrahita, la Cooperativa de Transportes VELOTAX Ltda., La Equidad Seguros Generales O.C. y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 11001310301720170030300 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales de quien dice representar al debido proceso, la defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Adriana y \u00d3scar David Betancur Ochoa, Isabella y Gabriel Mej\u00eda Betancur, Mar\u00eda Alejandra y Laura Andrea Betancur Sanju\u00e1n y Gabriel Jaime Mej\u00eda Piedrahita promovieron un proceso verbal contra la Cooperativa de Transportes VELOTAX Ltda., Transporte de Carga, Combustibles y Encomiendas TRANSORIENTE S.A.S., Pablo Orbes y La Equidad Seguros Generales O.C., para reclamar la responsabilidad y los perjuicios sufridos con el accidente de tr\u00e1nsito en el que perdi\u00f3 la vida F\u00e9lix Horacio Betancur Mesa. <\/p>\n
2.3. El 13 de diciembre de 2022, el Tribunal accionado modific\u00f3 la decisi\u00f3n anterior, en el sentido de excluir al demandante Gabriel Jaime Mej\u00eda Piedrahita de la declaraci\u00f3n all\u00ed contenida y de condenar a la aseguradora al pago de los intereses moratorios desde el 13 de octubre de 2018, fecha en la que se le notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda, hasta cuando se cancele la obligaci\u00f3n, citando en sustento las sentencias CSJ SCSC5681-2018 y CSJ STC8573-2020. <\/p>\n
2.4. El 18 de abril de 2023, el Tribunal adicion\u00f3 y aclar\u00f3 la sentencia y, el 26 de mayo siguiente, no concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
3. El actor censura que se hubiera condenado a la aseguradora a pagar los intereses moratorios desde el 13 de octubre de 2018, fecha en la que se notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda, pues se desconoce que estos solo se deben a partir del momento en que se tuvo certeza de la obligaci\u00f3n, es decir, con el fallo de segunda instancia, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 1080 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio y el precedente contenido en el fallo CSJ SC1947-2021. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se modifique el numeral segundo de la sentencia del 13 de diciembre de 2022, indicando que el pago de intereses moratorios aplica desde la ejecutoria de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que la tutela no era una instancia adicional, para perseguir una resoluci\u00f3n favorable a los intereses del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado convocado pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, porque su decisi\u00f3n no es objeto de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Adriana Betancur Ochoa se opuso a la tutela, porque lo reclamado no fue planteado en el recurso de apelaci\u00f3n, aunado a que la decisi\u00f3n est\u00e1 soportada en la normativa aplicable y en jurisprudencia relacionada. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo constitucional invocado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, aspecto \u00faltimo frente al cual la Sala ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor \u00abno [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.1. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en el fallo CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n1. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la misma Corporaci\u00f3n, en sentencia CC T-975-2005, indic\u00f3 que, como el mandato entonces allegado \u00abse refiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. En similar sentido, en providencia CC T-718-2017, la Corte Constitucional sostuvo que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha expuesto esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al se\u00f1alar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.2. En consonancia con lo anterior y, en particular, respecto de las personas jur\u00eddicas, como titulares de algunos derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en el fallo CC SU-439 de 2017, estableci\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela promovida por estas puede presentarse por sus representantes legales \u00abo trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
2.3. Aplicados los referidos presupuestos al caso particular, se observa que el poder allegado para actuar no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto el mandato otorgado es \u00abpara interponer acciones de tutela\u00bb, sin indicar los derechos invocados, ni el proceso, ni la actuaci\u00f3n a censurar. Y tampoco hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que lo origina, a lo cual se suma que el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado no registra a la persona que en la actualidad ejerce la representaci\u00f3n de la sociedad; por tanto, no es posible verificar que la persona poderdante est\u00e9 facultada para actuar en esa calidad2. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC4979-2023. <\/p>\n
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