STC6821-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6821-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02607-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jacinto Salom\u00f3n Jibaja Guerrero contra el Juzgado Primero de Familia de Monter\u00eda y la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de divorcio de radicado 2017-00321-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Narra que impetr\u00f3 demanda de divorcio en contra de Gladys Rosa Londo\u00f1o, con el fin de que se decrete el cese de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico contra\u00eddo entre las partes, \u00abpor haber incurrido en las causales contempladas en el art\u00edculo 154 #3 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Entre las medidas provisionales, requiri\u00f3 el secuestro del bien inmueble de matr\u00edcula No. 140-95043 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal de Monter\u00eda \u2013con auto del 19 de enero de 2022-, dispuso confirmar \u00edntegramente el prove\u00eddo de primer grado3. En consecuencia, el Juzgado \u2013con providencia del 27 de abril de 2022-, al \u00abestar consolidados los inventario y aval\u00faos, conforme lo resuelto en la audiencia del 2 de marzo del 2020, DECRETASE la partici\u00f3n, conforme a lo ordenado en el art\u00edculo 507 del C\u00f3digo General del Proceso, nombrando como partidores a las doctoras MARIA EDELVIRA MONTIEL VIDAL y ROSA ELENA PETRO MONTALVO, quienes act\u00faan como mandatarias de las partes, concedi\u00e9ndoseles un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para que realicen el trabajo partitorio\u00bb4. En efecto, la demandada present\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n respectivo. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el actor anota que los estrados de instancia consideraron \u00abque ese mayor valor adquirido por el bien durante la vigencia del matrimonio no fuera tenido en cuenta al momento de la respectiva liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, lo cual es violatorio de [su] derecho al debido proceso y sumado a eso no exist\u00eda capitulaci\u00f3n alguna antes del matrimonio que excluyeran los gananciales o ese mayor valor adquirido por unos de los bienes propios de los socios conyugales, por lo que la negativa de ambas corporaciones carecen de sustento legal\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se revise \u00ab todo el proceso en cuanto a la liquidaci\u00f3n sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria140-95043\u2026, debido al mayor valor que adquiri\u00f3 el inmueble durante la vigencia de la sociedad conyugal que se establece en el avalu\u00f3 realizado por Segovia y Araujo corresponde a un valor de $ 81.392.000 millones de pesos debido a las mejoras que se realizaron al inmueble, en dicho aval\u00fao se evidencia el aumento del valor del mismo, durante los a\u00f1os que se sostuvo la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado relat\u00f3 lo acontecido en esa instancia. Y, remiti\u00f3 el expediente de la causa sub examine. <\/p>\n
2. Gladys Rosa Londo\u00f1o Fajardo indic\u00f3 que lo impetrado \u00abresulta improcedente, pues se trata de un hecho superado, sobre el cual no puede predicarse la amenaza o perjuicio irremediable frente a su derecho presuntamente vulnerado, por cuanto lo pretendido, no est\u00e1 contemplado en la norma civil Colombiana, que indique que los bienes adquiridos antes del matrimonio sean parte de una sociedad conyugal, por consiguiente no pueden estas instancias, irse m\u00e1s all\u00e1 de lo que les proporciona la Ley colombiana\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, y escrutado el material probatorio, esta Sala considera que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Ello, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n cuestionada no se advierte irrazonable. <\/p>\n
2. Ciertamente, la autoridad cognoscente -con auto del 19 de enero de 2022- resolvi\u00f3 confirmar lo resuelto por el juzgador de primer grado. Discurri\u00f3 -con base en el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil y jurisprudencia de esta Sala5-, que fue acertado haber excluido de la sociedad conyugal el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 140-95043 de Monter\u00eda. Lo anterior, en la medida que el bien fue adquirido mediante compraventa realizada por la demandada y conforme a la escritura p\u00fablica n\u00famero 1237 del 17 de septiembre de 2003. Aunado a que \u00abse desprende del registro civil de matrimonio que el citado v\u00ednculo uni\u00f3 a los sujetos procesales en contienda a partir del 21 de junio de 2008, no puede concluirse cosa distinta a que solo a partir de esa data naci\u00f3 la sociedad conyugal entre ellos, por tanto, el citado bien inmueble no puede hacer parte de \u00e9sta pues, reiteramos, fue adquirido por la demandada antes de las nupcias con el demandante\u00bb. <\/p>\n
2.1. En ese orden, sostuvo que no es admisible lo afirmado por el recurrente en el sentido de tener \u00abderechos a gananciales y dado el mayor valor que ha obtenido el inmueble desde que fue comprado por la accionada hasta el momento del divorcio, deba reconoc\u00e9rsele al demandante el derecho sobre el 50% del mismo\u00bb. Al respecto, destac\u00f3 que los gananciales como parte del patrimonio com\u00fan que surge con ocasi\u00f3n del matrimonio, que \u00abhace alusi\u00f3n a la ganancia o rendimiento que produce el trabajo o un capital\u00bb, no procede conforme a lo pretendido, por cuanto el inmueble fue adquirido \u00aben el a\u00f1o 2003, es decir antes del matrimonio, no entra en el haber social\u00bb. Esto fue sustentado en los c\u00e1nones 1782, 1788 y 1792 del C\u00f3digo Civil y jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n6. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, el estrado dilucid\u00f3, con base en las pruebas, que la demandada adquiri\u00f3 el inmueble en disputa el 17 de septiembre de 2003, antes de contraer nupcias con el actor -el 21 de junio de 2008-. Incluso, estim\u00f3 que en el juicio se comprob\u00f3 que fue pagado con dineros propios y un subsidio para vivienda de inter\u00e9s social, \u00absin que exista prueba que lleve siquiera a inferir que el actor contribuy\u00f3 con su patrimonio al pago del mismo, raz\u00f3n que soporta a\u00fan m\u00e1s la decisi\u00f3n de no tenerlo como gananciales\u00bb. Y, en relaci\u00f3n a considerar como \u00abganancial o fruto del bien inmueble el mayor valor que por el transcurrir del tiempo obtuvo\u00bb, cit\u00f3 lo relativo a lo indicado por esta Corte en fallo del 12 de agosto de 1920. De lo que concluy\u00f3 que \u00abel mayor valor no puede considerarse fruto\u00bb com\u00fan. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, it\u00e9rese, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.7 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, se advierte tambi\u00e9n la improcedencia del ruego. Esto pues, de acuerdo con el auto proferido por el Juzgado de Familia de Monter\u00eda -el 24 de noviembre de 2022- se constata que todav\u00eda est\u00e1 pendiente por resolverse lo tocante al trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n presentado8. En ese orden, dicha tramitaci\u00f3n se encuentra en curso y a\u00fan no se ha adoptado determinaci\u00f3n definitiva al respecto.9 <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 343 del archivo PDF \u00abPrueba_25_3_2022, 14_36_14\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 468 a 469. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab02AutoDecideApelacionORecursos\u00bb. <\/p>\n