STC6830-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6830-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02611-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Construcciones Buen Vivir SAS y Vector Construcciones SAS contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y citadas las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor con radicado N\u00b0 2022-08960. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, las sociedades invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron que la se\u00f1ora Rosa Patricia Perdomo Rodr\u00edguez inici\u00f3 en su contra proceso de protecci\u00f3n al consumidor, con el fin de obtener que se declarara que en el contrato de promesa de compraventa que suscribieron en relaci\u00f3n con el inmueble \u00abAPT-4-1506 1506 del Proyecto Inmobiliario VILLA DEL RIO RESERVADO\u00bb, infringieron las normas de protecci\u00f3n al consumidor e incurrieron en cl\u00e1usulas abusivas, por lo que deb\u00edan restituirle el valor pagado como promitente compradora, m\u00e1s las arras dobladas. <\/p>\n
Afirmaron que, frente a la contestaci\u00f3n de la demanda que presentaron, la se\u00f1ora Perdomo Rodr\u00edguez formul\u00f3 \u00abtacha de falsedad\u00bb respecto del documento denominado \u00abCONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA VILLA DEL R\u00cdO RESERVADO APARTAMENTO 1506 INTERIOR (4) ETAPA II\u00bb, con el argumento que resultaba posible que su firma hubiera \u00absido sobrepuesta sobre el documento tachado y tra\u00eddo de un documento firmado anteriormente\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio decret\u00f3 como pruebas, \u00abla pr\u00e1ctica de un dictamen (\u2026) con el objeto de fundamentar f\u00e1cticamente la tacha de falsedad propuesta\u00bb y para el efecto se nombr\u00f3 un auxiliar de la justicia, a quien le fueron entregados los documentos pertinentes para que rindiera el respectivo informe. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que en el interrogatorio de la demandante, llevado a cabo el 3 de agosto de 2022, confes\u00f3 que, seg\u00fan el informe del perito, el documento tachado era aut\u00e9ntico y, en esa misma fecha, la Superintendencia profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones y, frente a la tacha, resolvi\u00f3 su no prosperidad, toda vez que el \u00abextremo procesal que la propuso no cumpli\u00f3 con las cargas procesales y probatorias que le correspond\u00edan tendientes a demostrar la veracidad de sus temerarias afirmaciones\u00bb. <\/p>\n
Explicaron que ambas partes apelaron y, concretamente, ellas, como demandadas, impugnaron lo relativo a la tacha de falsedad para que se impusiera a la demandante \u00abla sanci\u00f3n pecuniaria contemplada en el art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Indicaron que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de 31 de marzo de 2023 revoc\u00f3 la de primera instancia para acceder a algunas de las pretensiones de la demanda y, en cuanto a la tacha de falsedad, en el numeral cuarto resolvi\u00f3 \u00abDesestimar la tacha de falsedad por carecer de inter\u00e9s para la decisi\u00f3n el contenido del documento en la parte que se discuti\u00f3 por la demandante, conforme lo establece el inciso 3 del art\u00edculo 269 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
Censuraron, en concreto, la decisi\u00f3n antes transcrita porque, en su sentir, se vulner\u00f3 el debido proceso, puesto que la Delegatura a quo declar\u00f3 la no prosperidad de la tacha de falsedad, mientras que, en sede de apelaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada se abstuvo de dar aplicaci\u00f3n a las normas procesales \u00abque regulan el tr\u00e1mite de la Tacha de Falsedad contenidas en los Art\u00edculos 269, 270, 271, 272, 273 y 274 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando el documento tachado de falso era un medio probatorio de gran relevancia para [su] defensa (\u2026) y aun as\u00ed, se refrend\u00f3 por la accionada que ROSA PATRICIA PERDOMO RODR\u00cdGUEZ temerariamente lo tachara de falso sin condena, amonestaci\u00f3n o sanci\u00f3n procesal alguna tanto en primera como en segunda instancia\u00bb, y, porque adem\u00e1s, \u00abNo existe norma legal alguna que faculte al Juzgador para negarse a imponer una sanci\u00f3n establecida dentro del ordenamiento procesal vigente, de naturaleza p\u00fablica y que salvaguarda el orden p\u00fablico, y cuyos preceptos son de obligatoria observancia\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron dejar sin valor ni efecto \u00abel Numeral cuarto (4) de la parte Resolutiva de la Providencia del d\u00eda treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023), (\u2026) [se] TENGA en cuenta lo resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a la declaraci\u00f3n de improcedencia de la Tacha de Falsedad adoptada mediante el Numeral Sexto (6\u00b0) de la Sentencia proferida el tres (3) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022), y en consecuencia, (\u2026) [se] IMPONGA la sanci\u00f3n prevista en el Art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, envi\u00f3 copia de la decisi\u00f3n reprochada e indic\u00f3 remitirse al contenido de esta. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad del amparo y asegur\u00f3 que ha actuado conforme a las normas aplicables. Asimismo, adujo su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que la queja constitucional no se dirige en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, las sociedades Construcciones Buen Vivir SAS y Vector Construcciones S.S censuran en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor promovido en su contra, la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 31 de marzo de 2023, mediante la cual revoc\u00f3 la de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, en consecuencia, resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00ab2. DECLARAR parcialmente probada la excepci\u00f3n de cobro de arras por incumplimiento a favor de la demandante y no probadas las excepciones de prescripci\u00f3n, cobro de lo no debido y falta del deber de informaci\u00f3n. <\/p>\n
3. DECLARAR la ineficacia parcial de la cl\u00e1usula sexta de la promesa de compraventa Villa del R\u00edo Reservado -APTARTAMENTO (sic) 1506 INTERIOR (4) ETAPA 11-, de fecha 20 de junio de 2018, en cuanto hace aplicable las arras previstas en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, del 20% del valor total de inmueble referido en el contrato, cuando exista mora de la demandante de cualquiera de los plazos previstos para pago. <\/p>\n
4. Desestimar la tacha de falsedad por carecer de inter\u00e9s para la decisi\u00f3n el contenido del documento en la parte que se discuti\u00f3 por la demandante, conforme lo establece el inciso 3 del art\u00edculo 269 del C.G.P. <\/p>\n
5. ORDENAR a Vector Construcciones S.A.S. dar las instrucciones pertinentes, dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, para que la Fiduciaria Colmena S.A., como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo Fideicomiso Villa del R\u00edo, del cual es constituyente gerente la demandada, en los cinco d\u00edas subsiguientes devuelva a la se\u00f1ora Rosa Patricia Perdomo $30 000 000 con los rendimientos generados, y sobre la suma total que le fue transferida al cancelar la cartera colectiva Rentaf\u00e1cil, el 3 de abril de 2019, los intereses corrientes comerciales hasta la fecha de su reintegro a la misma se\u00f1ora Rosa Patricia Perdomo. En caso de que el fideicomiso se hubiere liquidado, la obligaci\u00f3n la asumir\u00e1 solidaria y directamente la sociedad Vector Construcciones S.A.S, por haber sido el fideicomitente gerente, constructor y desarrollador del Patrimonio Aut\u00f3nomo. En el mismo t\u00e9rmino la Constructora deber\u00e1 devolver el $1 000 000 consignado el 18 de febrero de 2018, para separaci\u00f3n del apartamento a la sociedad Construcciones Torrenti S.A.S., hoy Vector Construcciones S.A.S., suma que ser\u00e1 indexada desde esa fecha, aplicando la f\u00f3rmula indicada en la parte considerativa de la sentencia, hasta el d\u00eda en que se reintegre a la demandante. (\u2026) Se niegan las dem\u00e1s pretensiones de la demanda (\u2026)\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2.1 Tal como lo resaltaron las sociedades actoras, la queja constitucional se dirige en concreto y de manera directa, respecto del numeral 4\u00ba de la parte resolutiva de esta sentencia, porque, seg\u00fan indicaron, el ad quem no pod\u00eda abstenerse de resolver lo concerniente a la \u00abtacha de falsedad\u00bb alegada por la all\u00ed demandante y, menos, omitir en favor de las sociedades aqu\u00ed accionantes, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria contemplada en el art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual establece, <\/p>\n
\u00abCuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenar\u00e1 a este a pagar a quien aport\u00f3 el documento el valor del veinte por ciento (20%) del monto de las obligaciones contenidas en \u00e9l, o de diez (10) a veinte (20) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) cuando no represente un valor econ\u00f3mico. La misma sanci\u00f3n se aplicar\u00e1 a la parte que adujo el documento a favor de la que prob\u00f3 la tacha. <\/p>\n
Cuando el apoderado judicial formule la tacha sin autorizaci\u00f3n expresa de su mandante, ser\u00e1 solidariamente responsable del pago de la suma a que se refiere el inciso anterior y de las costas. <\/p>\n
Las mismas consecuencias se aplicar\u00e1n a la parte vencida y, en su caso, a su apoderado judicial, en el tr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de autenticidad del documento desconocido. Trat\u00e1ndose de documentos emanados de terceros, la sanci\u00f3n solo procede cuando est\u00e9 acreditada la mala fe de quien desconoce el documento y, en su caso, de su apoderado\u00bb. <\/p>\n
3. Establecido lo anterior y estudiado en expediente remitido a este tr\u00e1mite, se advierte el fracaso del amparo solicitado, puesto que, revisados los argumentos de la Corporaci\u00f3n accionada, no se extrae irregularidad o desafuero alguno que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional, en cuanto a lo decidido sobre la nombrada \u00abtacha de falsedad\u00bb. <\/p>\n
3.1 En efecto, se encuentra que el Tribunal Superior tras memorar lo ocurrido en el litigio, los argumentos del a quo y los motivos de las apelaciones propuestas por las partes, determin\u00f3 que prosperaban parcialmente las pretensiones de la demandante al constatar \u00abel car\u00e1cter abusivo\u00bb de la cl\u00e1usula sexta del contrato de promesa, porque en el \u00abaparte que hace aplicable las arras cuando exista mora\u00bb determin\u00f3 varias consecuencias econ\u00f3micas perjudiciales para la se\u00f1ora Rosa Patricia Perdomo Rodr\u00edguez, pero ninguna para las sociedades Construcciones Buen Vivir SAS y Vector Construcciones SAS. <\/p>\n
De igual modo, estudi\u00f3 la procedencia de las excepciones planteadas por la parte demandada, acogi\u00f3 algunas y, en consideraci\u00f3n a que ambos extremos del proceso manifestaron su intenci\u00f3n de terminar el contrato prometido, determin\u00f3 la devoluci\u00f3n a la demandante de lo pagado con las indexaciones respectivas, pero le neg\u00f3 las \u00abarras dobladas que solicit[\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
3.2 En cuanto a la apelaci\u00f3n de las sociedades aqu\u00ed accionantes, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9stas reprocharon al a quo por dejar de imponer condena, \u00abpese al fracaso la tacha de falsedad que propuso el apoderado de la actora al texto del contrato que se adujo al contestar la presente acci\u00f3n por ser \u201cde un contenido totalmente diferente al que suscribi\u00f3 mi cliente\u201d y porque \u201cla r\u00fabrica impuesta en dicho documento puede o no corresponder a su autor\u00eda\u00bb, puesto que significaba un indulto o exoneraci\u00f3n de la sanci\u00f3n reclamada a la demandante. <\/p>\n
Frente a lo anterior, advirti\u00f3 que la Superintendencia de Industria y Comercio ten\u00eda plena competencia para proveer sobre la tacha de falsedad de los documentos presentados como prueba en tr\u00e1mites a su cargo, conforme a las disposiciones aplicables, as\u00ed como sobre lo relativo a las sanciones pecuniarias derivadas de la misma, sin embargo, indic\u00f3, que en la sentencia apelada se se\u00f1al\u00f3 que \u00abla tacha no ten\u00eda ninguna incidencia en la decisi\u00f3n\u00bb, lo que aval\u00f3 en segunda instancia, con sustento en que, <\/p>\n
(\u2026) por el desarrollo que tuvo el debate en la primera instancia y la forma en que decidi\u00f3 el litigio la discusi\u00f3n sobre a falsedad o no del documento que present\u00f3 la demandada careci\u00f3 de importancia. Lo mismo ocurre en relaci\u00f3n con lo que se ha venido explicando y la resoluci\u00f3n del pleito en esta instancia; es decir, el tema por el cual se impugn\u00f3 el contrato de promesa carece de influencia en la decisi\u00f3n puesto que la actora no reproch\u00f3 el pacto de arras, sino que desde la demanda reclam\u00f3 que era una cl\u00e1usula en donde la sanci\u00f3n por incumplimiento, equivalente al 20% del valor total del inmueble, era abusiva en la forma en que se hac\u00eda aplicable, como un \u201cmarco sancionatorio\u201d, seg\u00fan la literalidad de la cl\u00e1usula sexta. Por tanto, atendiendo lo dispuesto en el inciso 3 del art\u00edculo 269 del C.G.P. \u201cno se admitir\u00e1 la tacha de falsedad\u201d, es decir, no se hace necesario su estudio al carecer de inter\u00e9s lo que del documento se tach\u00f3 la demandante para la decisi\u00f3n que se ha de tomar y, por ende, tampoco ser\u00e1 procedente la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n del art\u00edculo 274 que reclam\u00f3 la parte demandada. Esa misma situaci\u00f3n hace innecesario estudiar si existi\u00f3 temeridad en el actuar de la se\u00f1ora Perdomo al proponer la tacha, como lo pidi\u00f3 en su recurso la demandada\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala no evidencia irregularidad en la providencia cuestionada, en punto a la decisi\u00f3n adoptada en relaci\u00f3n con la \u00abtacha de falsedad\u00bb que formul\u00f3 la demandante, as\u00ed como tampoco en cuanto a la no imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria reclamada por las demandadas, aqu\u00ed accionantes, pues, como lo argument\u00f3 el Tribunal Superior accionado, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio declar\u00f3 no probada la tacha porque su proposici\u00f3n resultaba intrascendente para el caso, porque la demandante pretendi\u00f3 que se estudiara la cl\u00e1usula sexta del contrato de promesa de compraventa por considerarla abusiva, lo que entra\u00f1aba aceptar la redacci\u00f3n de la misma establecida en el contrato que aportaron las demandadas. <\/p>\n
4.1 Es del caso advertir, adem\u00e1s, que si la tacha no fue decidida por su falta de relevancia, menos pod\u00eda contemplarse la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria establecida en el citado art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del proceso, v\u00e9ase c\u00f3mo esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indic\u00f3 que la sanci\u00f3n que se reclama no puede ser aplicada de manera autom\u00e1tica ni objetiva, pues la misma exige como \u00absupuesto ineludible (\u2026) que la actuaci\u00f3n de la parte haya sido temeraria o de mala fe, de la cual se deriva un perjuicio a la otra o a terceros\u00bb, por tanto, para la condena debe mediar \u00abun an\u00e1lisis de la existencia o no de una conducta culposa, desleal o dolosa de la parte que tacho de falso el documento\u00bb (CSJ. STC063-2017), aspectos que ni por asomo fueron probados en el caso reprochado. <\/p>\n
Al punto, en casos similares, y en relaci\u00f3n al entonces vigente art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Cuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenar\u00e1 a \u00e9ste a pagar a quien aport\u00f3 el documento, el valor del veinte por ciento del monto de las obligaciones contenidas en \u00e9l; o de diez a veinte salarios m\u00ednimos mensuales cuando no represente un valor econ\u00f3mico\u00bb\u2026 No obstante\u2026 viene al caso una mirada sistem\u00e1tica del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tras lo cual emerge que las sanciones no pueden aplicarse de cualquier modo, y que siempre que se trata de imposici\u00f3n de castigos por el juez, debe examinarse si medi\u00f3 alg\u00fan grado de culpa, obrar negligente, mala fe, deslealtad o dolo de la parte. <\/p>\n
(\u2026) Y por supuesto que ese marco conceptual que aboga por la culpabilidad, abarca la condena consagrada en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil contra quien fracasa en la tacha de falsedad, ya que dicho precepto desde el subt\u00edtulo se refiere a \u00absanciones al impugnante vencido\u00bb, criterio que reitera al disponer \u00abigual sanci\u00f3n\u00bb para la parte que adujo el documento cuando prospera la tacha. Naturalmente que la sola declaraci\u00f3n de prosperidad de la tacha de falsedad, es insuficiente de modo general para la procedibilidad de la sanci\u00f3n que se comenta, porque de lo contrario se suprimir\u00eda el grado de culpabilidad que como premisa razonable puede exigirse para la imposici\u00f3n de sanciones, aspecto que guarda estrecha relaci\u00f3n con las garant\u00edas fundamentales del debido proceso en tan sensible materia. <\/p>\n
De ese modo, ausente la conducta culposa, de mala fe, desleal o dolosa, no procede de manera maquinal u objetiva aplicar la sanci\u00f3n, pues busca el art\u00edculo 292 del C.P.C. que los particulares ni por asomo intenten enga\u00f1ar a la administraci\u00f3n de justicia, no obstante, cuando una de las partes aduzca un documento ignorando que es falso, convencido de su autenticidad, tiene derecho a esperar a que la justicia decida sobre esa falsedad y no por eso ha de ser castigado sin m\u00e1s reflexiones ni debates. Una posici\u00f3n muy r\u00edgida, como entender que la sanci\u00f3n es crudamente objetiva, menoscabar\u00eda el derecho de defensa del aportante, pues grave riesgo correr\u00eda al traer documentos al proceso o tacharlos de falsos, en tanto siempre llevar\u00eda impl\u00edcita la sanci\u00f3n; y c\u00f3mo exigir al interesado que verifique m\u00e1s all\u00e1 de lo que la apariencia muestra, la autenticidad del documento, si es que la falsedad apenas aparece luego de sesudos estudios t\u00e9cnicos que de modo general no est\u00e1n a disposici\u00f3n de las partes antes del proceso. <\/p>\n
Total, que la multa consagrada en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para quien resulta vencido a prop\u00f3sito de una tacha de falsedad documental, no puede aplicarse de manera objetiva y en cualquier caso, porque al fin y al cabo se trata de una sanci\u00f3n que requiere prudencia por parte del juez, en consonancia con los principios antes anunciados, para que la medida punitiva se mantenga en un campo m\u00e1s bien restringido\u00bb. (CSJ. SC, 14 Dic. 2006, Rad. 1995-20893-01, reiterado en STC, 20 de Sep. 2012, Rad. 2012-00313-01 y 12 Jun 2013, Rad. 2013-00290-01 y en STC063-2017) (subraya fuera de texto). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Construcciones Buen Vivir SAS y Vector Construcciones SAS contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6830-2023 Magistrada ponente STC6830-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02611-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Construcciones Buen Vivir SAS y Vector Construcciones SAS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74740","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74740"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74740\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}