STC6832-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6832-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-02562-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Santiago Andr\u00e9s Acosta Ardila, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato radicado no. 25290310300120210009800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 demanda de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa del inmueble -Lote No. 2-, contra Luz Jacinta Pardo de Castiblanco quien a su vez lo demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que despu\u00e9s de agotadas las etapas correspondientes, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 en sentencia el 6 de septiembre de 2022 neg\u00f3 sus pretensiones y accedi\u00f3 a las de la contrademanda, por lo que declar\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato por su incumplimiento y lo conden\u00f3 al pago de la cl\u00e1usula penal y los intereses civiles, las dem\u00e1s peticiones fueron negadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, apelada la decisi\u00f3n por ambas partes, el Tribunal Superior de Cundinamarca en fallo de 24 de mayo de 2023 la confirm\u00f3, con fundamento en que se demostr\u00f3 que incumpli\u00f3 con sus obligaciones contractuales, lo que dio lugar a la resoluci\u00f3n del contrato, sin tener en cuenta que quien primero incumpli\u00f3 fue la demandada principal -promitente vendedora-, puesto que, conforme la cl\u00e1usula tercera del mismo, se comprometi\u00f3 a tramitar la licencia de construcci\u00f3n para el lote objeto de la discusi\u00f3n, obligaci\u00f3n que no acat\u00f3, mientras que \u00e9l -promitente comprador- cumpli\u00f3 pagando la primera cuota de $10\u2019000.000 pactada. <\/p>\n
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas no valoraron en debida forma la declaraci\u00f3n de parte de la se\u00f1ora Pardo de Castiblanco, ni tuvieran en cuenta que fue ella, por ser la propietaria, quien se oblig\u00f3 a tramitar la licencia de construcci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2.2.6.1.2.1.5., del Decreto 1077 de 2015, e igualmente pasaron por alto el oficio radicado E-2020-13927 Id: 63488 de 27 de noviembre de 2020 expedido por el Director de Informaci\u00f3n y Planificaci\u00f3n Territorial de la Secretaria de Planeaci\u00f3n de Fusagasug\u00e1, con el cual se comprueba que a la fecha de suscripci\u00f3n del contrato de promesa la referida licencia no se encontraba aprobada. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias referidas, y ordenarles \u00abque vuelvan a proferir sentencia en un tiempo razonable, inferior a dos meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, fund\u00e1ndose para ello en el acervo probatorio adecuado y suficiente, valorado dentro de los par\u00e1metros fijados por el orden constitucional y legal vigente\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cundinamarca, se remiti\u00f3 a las consideraciones de la providencia motivo de la queja constitucional, en la que se expresaron las razones de hecho y de derecho que llevaron a adoptar la determinaci\u00f3n cuestionada, sin que se vulnerara derecho alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, adem\u00e1s de compartir el link del expediente declarativo, realiz\u00f3 un relato de las actuaciones relevantes del proceso y afirm\u00f3 que no se incurri\u00f3 en desconocimiento de las garant\u00edas constitucionales del accionante. <\/p>\n
3. Quien dijo actuar como apoderado judicial de Luz Jacinta Pardo de Castillo -demandada principal en el proceso objeto de an\u00e1lisis-, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n constitucional y defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones proferidas, en especial, la interpretaci\u00f3n que se le dio a la cl\u00e1usula tercera del contrato de promesa para considerar que el tr\u00e1mite de la licencia de construcci\u00f3n debi\u00f3 ser adelantado por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, si bien el se\u00f1or Santiago Andr\u00e9s Acosta Ardila, se queja de las sentencias proferidas en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa, el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 se circunscribir\u00e1 a la de segunda instancia, toda vez que esa providencia fue la que resolvi\u00f3 el debate. <\/p>\n
As\u00ed las cosas se advierte, que el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 24 de mayo de 2023 confirm\u00f3 el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, quien declar\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa celebrado el 15 de noviembre de 2019, y su otro s\u00ed, entre Luz Jacinta Pardo de Castiblanco -promitente vendedora- y Santiago Andr\u00e9s Acosta Ardila -promitente comprador-, respecto del lote No. 2 reserva ubicado en la vereda Resguardo del municipio de Fusagasug\u00e1, por haber sido \u00abincumplido (\u2026) por parte del demandante principal, al no realizar el pago del precio en los t\u00e9rminos establecidos en el contrato de (\u2026)\u00bb, a quien adem\u00e1s conden\u00f3 al pago de la cl\u00e1usula penal m\u00e1s los intereses civiles causados. <\/p>\n
3. Al examinar la determinaci\u00f3n censurada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que fue el resultado de una adecuada interpretaci\u00f3n del contrato, de las normas que resultaban aplicables al asunto objeto de estudio, aunado a una apropiada valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, y que, por tanto, no puede calificarse de arbitraria o desconocedora de las garant\u00edas fundamentales del actor constitucional. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque para decidir de fondo el Tribunal Superior accionado, luego de referirse a los art\u00edculos 1546, 1602, 1603 y 1609 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como a la jurisprudencia aplicable a la acci\u00f3n resolutoria por incumplimiento (CSJ SC de 7 mar. 200, rad. no. 5319, SC4420-2014, SC6906-2014 y SC1209-2018), explic\u00f3 que, en la cl\u00e1usula tercera del contrato de promesa de compraventa, las partes acordaron, \u00ab\u201cLA PROMITENTE VENDEDORA, le garantiza al PROMITENTE COMPRADOR, mediante el presente contrato de promesa de compraventa que el predio antes individualizado, re\u00fane las condiciones que le permitir\u00e1n que la licencia de construcci\u00f3n aprobada por la Secretaria de Planeaci\u00f3n de Fusagasug\u00e1 la cual se encuentra vencida, pueda ser renovada\u201d. En otras palabras, simplemente se garantiz\u00f3 que el inmueble prometido en venta re\u00fana las condiciones para que la licencia de construcci\u00f3n, fuera renovada\u00bb (Negrilla en texto). <\/p>\n
Estipulaci\u00f3n de la que concluy\u00f3, se destacaba \u00abpor su imprecisi\u00f3n y vaguedad, pero, sobre todo, por la ausencia de voluntad contractual para crear una obligaci\u00f3n clara y expresa a cargo de la promitente vendedora\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que no se establecieron las condiciones que deb\u00eda tener el lote para que la licencia fuera renovada -f\u00edsicas o jur\u00eddicas-, ni se dej\u00f3 en cabeza de la promitente vendedora alguna acci\u00f3n que deb\u00eda ejecutar con antelaci\u00f3n al perfeccionamiento del contrato prometido, as\u00ed como tampoco \u00abse fij\u00f3 plazo o condici\u00f3n para cumplir la obligaci\u00f3n de garantizar las condiciones del predio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que, aun al interpretar el contrato en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1620 del C\u00f3digo Civil, no era posible descubrir una obligaci\u00f3n a cargo de la demandada principal, menos en la forma alegada por el accionante. <\/p>\n
En cuanto al interrogatorio de parte de la promitente vendedora, sostuvo que las obligaciones se derivan del contrato y que en \u00e9ste no se pact\u00f3 que la se\u00f1ora Pardo de Castiblanco se encargar\u00eda de gestionar o renovar la licencia de construcci\u00f3n y, con todo, se\u00f1al\u00f3, que de ella no se obtuvo confesi\u00f3n alguna relacionada con que era su obligaci\u00f3n \u00abtramitar la renovaci\u00f3n de la renovaci\u00f3n de la licencia antes de que naciera la obligaci\u00f3n del promitente comprador de pagar las cuotas pactadas en el contrato\u00bb. <\/p>\n
Sin advertir obligaci\u00f3n pendiente por cumplir a cargo de la demandada principal, el Tribunal Superior de Cundinamarca tuvo por acreditado que el aqu\u00ed accionante -promitente comprador- incumpli\u00f3 el contrato, al sustraerse de efectuar los pagos del precio en la forma convenida en la cl\u00e1usula cuarta, y el otro s\u00ed, esto es, $190\u2019000.000 el 2 de marzo de 2020 y $700\u2019000.000 en 12 cuotas mensuales cada una por valor de $58\u2019333.333, \u00abincurriendo as\u00ed en evidente mora de las obligaciones a su cargo, lo que da lugar a la resoluci\u00f3n del contrato reclamado por la promitente vendedora (demandante en v\u00eda de reconvenci\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, no se evidencia defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega el accionante, quien busca imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la decisi\u00f3n que debi\u00f3 adoptarse para resolver la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
5. En lo que concierne a la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas incorporadas al proceso, tal situaci\u00f3n no tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia atacada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, pues es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
Ahora bien, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por el accionante, como qued\u00f3 expuesto, el Tribunal Superior se refiri\u00f3 a las pruebas practicadas, puntualmente al interrogatorio de parte de la promitente vendedora y al clausulado del contrato, las apreci\u00f3 de manera conjunta asign\u00e1ndoles el m\u00e9rito que de ellas razonadamente extrajo (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), e hizo un interpretaci\u00f3n razonable de la cl\u00e1usula tercera del mismo que sigue los par\u00e1metros fijados en la ley (art\u00edculos 1620 a 1622 y 1624 del C\u00f3digo Civil), an\u00e1lisis que le sirvi\u00f3 de base para adoptar la determinaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
6. De otra parte, en lo que tiene que ver con la ausencia de valoraci\u00f3n del oficio radicado E-2020-13927 Id: 63488 de 27 de noviembre de 2020 expedido por la Secretaria de Planeaci\u00f3n de Fusagasug\u00e1, no puede pasar desapercibido que tal reparo no fue alegado por el aqu\u00ed accionante al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n ante el ad quem, incumpliendo con una de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, relacionada con la necesidad de que quien invoca la protecci\u00f3n del derecho afectado, identifique en qu\u00e9 consiste la violaci\u00f3n, y haya planteado el asunto previamente en el juicio correspondiente. <\/p>\n
7. En ese orden, la providencia cuestionada se encuentra motivada y no luce antojadiza, ya que contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque el accionante no comparta las razones expuestas en ella, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022 y STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida Santiago Andr\u00e9s Acosta Ardila contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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