STC6833-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6833-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02565-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso extradici\u00f3n con radicado N\u00ba 1100102040002020 0112600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y los \u00abde las victimas colectivas negras y afrodescendientes\u00bb, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el territorio donde se encuentra asentado el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera ha sido \u00abepicentro del conflicto armado en la regi\u00f3n del Pac\u00edfico sur nari\u00f1ense\u00bb y, donde Jos\u00e9 Albeiro Arrigui Jim\u00e9nez, comandante de \u00abGuerrillas Unidas del Pac\u00edfico \u2013 Los Contadores hoy Frente Iv\u00e1n R\u00edos\u00bb, junto con otros miembros de ese grupo armado, cometi\u00f3 diferentes delitos contra la comunidad, tales como \u00abconcierto para delinquir, desplazamiento forzado, homicidio sobre persona protegida\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Gobierno de EEUU mediante nota verbal N\u00ba 0399 de 28 de marzo de 2019, solicit\u00f3 en extradici\u00f3n a Arrigui Jim\u00e9nez, con sustento en la acusaci\u00f3n de 8 de agosto de 2018 de la Corte para el Distrito Este de Texas, para comparecer a juicio por delitos relacionados con tr\u00e1fico de estupefacientes y concierto para delinquir. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, por lo anterior, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la captura de Arrigui Jim\u00e9nez, que se materializ\u00f3 el 22 de febrero de 2020 y, una vez el Ministerio de Justicia y del Derecho agot\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente, las diligencias se remitieron a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y en providencia CP033-2023 de 22 de febrero de 2023 emiti\u00f3 concepto favorable para la extradici\u00f3n del procesado. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que le reclam\u00f3 a las autoridades mencionadas que no autorizaran la extradici\u00f3n del mencionado, sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 su solicitud el 29 de marzo de 2023. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que con esas decisiones se desconocieron los derechos de las v\u00edctimas pertenecientes al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, pues no se tuvo en cuenta que los delitos que Arrigui Jim\u00e9nez ha cometido son de suma gravedad y que su extradici\u00f3n, las deja \u00absin saber la verdad y a la sociedad sin garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar \u00aba la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia suspender la ejecuci\u00f3n material de la orden de extradici\u00f3n del Sr. JOS\u00c9 ALBEIRO ARRIGUI JIM\u00c9NEZ conferida en la Resoluci\u00f3n N\u00ba 059 del 21 de marzo del 2023 como garant\u00eda a los derechos de las v\u00edctimas colectivas del Consejo Comunitario Alto Mira y Fronteras, hasta tanto se emita decisi\u00f3n de fondo de la acci\u00f3n de tutela subexamen\u00bb y, \u00abse declare que, hasta tanto el Sr. JOS\u00c9 ALBEIRO ARRIGUI JIM\u00c9NEZ no sea juzgado y cumpla la eventual pena a las que fuere condenado en Colombia, su extradici\u00f3n viola los derechos a la verdad, justicia, reparaci\u00f3n y garant\u00eda de no repetici\u00f3n de las v\u00edctimas colectivas del conflicto armado y sujetos de especial protecci\u00f3n de los territorios de Alto Mira y Fronteras\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se refiri\u00f3 a las actuaciones en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n de Arrigui Jim\u00e9nez y destac\u00f3 que su competencia se ci\u00f1e \u00abexclusivamente a proferir la captura con fines de extradici\u00f3n y tener a la persona requerida a disposici\u00f3n, hasta tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho solicite (\u2026) la entrega en extradici\u00f3n una vez la resoluci\u00f3n ejecutiva proferida por el Gobierno Nacional se encuentre en firme y el Estado extranjero haya otorgado las garant\u00edas exigidas\u00bb, raz\u00f3n por la cual, en lo que concierne a sus funciones, no ha incurrido en vulneraci\u00f3n de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, indic\u00f3 que en el procedimiento de extradici\u00f3n cuestionado la Corte Suprema de Justicia profiri\u00f3 concepto favorable, por lo que emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 059 de 27 de marzo de 2023, frente a la cual \u00abse present\u00f3 una reposici\u00f3n que a\u00fan est\u00e1 en proceso de resoluci\u00f3n (\u2026) lo que evidencia que a\u00fan hay recursos pendientes de resoluci\u00f3n y la inexistencia de vulneraciones a derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en su criterio, el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no tiene inter\u00e9s para la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, pues \u00absu inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso no ha sido reconocido adecuadamente\u00bb y afirm\u00f3, que el DAPRE no ha cometido acci\u00f3n u omisi\u00f3n que vulnere derechos fundamentales. <\/p>\n
3. El director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, manifest\u00f3 la improcedencia del amparo porque la Resoluci\u00f3n 059 de 27 de marzo de 2023, con la cual el Gobierno Nacional orden\u00f3 la extradici\u00f3n de Arrigui Jim\u00e9nez no se encuentra en firme, puesto que \u00e9ste interpuso el recurso de reposici\u00f3n que a\u00fan est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n. Agreg\u00f3 que en igual sentido contest\u00f3 un derecho de petici\u00f3n que formul\u00f3 el Consejo Comunitario accionante. <\/p>\n
4. El director de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, expres\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n cuestionado, adelant\u00f3 las gestiones a su cargo conforme a las normas aplicables. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, expuso que en providencia CP033-2023 de 22 de febrero de 2023 emiti\u00f3 concepto favorable \u00abante la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano JOS\u00c9 ALBEIRO ARRIGUI JIM\u00c9NEZ de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica por los cargos imputados en la acusaci\u00f3n formal n.\u00b0 4:18CR128 (tambi\u00e9n enunciada como Caso n.\u00b0 4:18-cr-00128-ALM-KPJ) emitida el 8 de agosto de 2018, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el expediente fue remitido al Ministerio de Justicia y del Derecho el 2 de marzo anterior, para lo que concierne al Gobierno Nacional. <\/p>\n
Igualmente se\u00f1al\u00f3, que el 15 de marzo de 2023 el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n y nulidad del concepto favorable proferido por omitirse su vinculaci\u00f3n, puesto que al procesado se le siguen otros procesos penales donde el Consejo ha sido reconocido como v\u00edctima, sin embargo, esa solicitud fue desestimada el 29 de marzo de 2023, porque, <\/p>\n
(\u2026) las actuaciones penales que JOS\u00c9 ALBEIRO ARRIGUI JIM\u00c9NEZ registra en Colombia, dentro de las que se encuentra el radicado n.\u00b0 528356000538201701516-mencionado por esa comunidad-, no tienen relaci\u00f3n alguna con los hechos y conductas punibles que sustentan la solicitud de extradici\u00f3n efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos y, por tanto, no constituyen un impedimento para su viabilidad <\/p>\n
(\u2026) Igualmente, se aclar\u00f3 que su postulaci\u00f3n dirigida a obtener la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n hasta cuando culmine el proceso n.\u00b0 528356000538201701516, no pod\u00eda ser atendida por la Sala. Ello, por cuanto la facultad de diferir la entrega en extradici\u00f3n compete, exclusivamente, al Gobierno Nacional, por ser \u00e9ste el director de las relaciones internacionales, y porque as\u00ed lo establece el art\u00edculo 504 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Consejo Comunitario no acudi\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n antes de la emisi\u00f3n del concepto para exponer las alegaciones que trae en la tutela, por lo que sobre \u00e9stas no hubo \u00abpronunciamiento por la Sala, aclarando eso s\u00ed, que los \u00fanicos legitimados para actuar en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, en principio, son la persona reclamada, quien debe estar asistida por un abogado, y el representante del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
6. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
1. De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, la Sala advierte la inviabilidad de este amparo, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1 Como lo expusieron las autoridades accionadas, el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n de Jos\u00e9 Albeiro Arrigui Jim\u00e9nez no ha concluido, porque si bien el Gobierno Nacional, tras la expedici\u00f3n del concepto favorable de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia de CP033-2023, profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 059 de 27 de marzo de 2023, \u00e9sta a\u00fan no se encuentra en firme, puesto que todav\u00eda no ha sido resuelto el recurso de reposici\u00f3n que interpuso el requerido en extradici\u00f3n, circunstancia que impide la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
1.2 Adem\u00e1s, como lo explic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal al pronunciarse sobre el presente amparo, el art\u00edculo 504 de la Ley 906 de 2004, al referirse a la entrega diferida de la persona reclamada dispone que \u00abcuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resoluci\u00f3n ejecutiva que conceda la extradici\u00f3n podr\u00e1 diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusi\u00f3n de la instrucci\u00f3n o sentencia absolutoria haya terminado el proceso\u00bb, cuesti\u00f3n sobre la cual puede pronunciarse el Ejecutivo cuando defina la reposici\u00f3n rese\u00f1ada sin que, le sea posible al juez constitucional interferir en el procedimiento o en la decisi\u00f3n a adoptarse, debido el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Esta Corte, frente a situaciones similares, ha indicado, <\/p>\n
\u00abResulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que (\u2026) [se] est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ. STC14280-2018, reiterada STC12017-2020, STC1304-2021, STC7678-2021, STC5590 y STC5960-2023 entre otras) <\/p>\n
1.3 Como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples ocasiones, frente al acto administrativo en firme que dispone la extradici\u00f3n solicitada por un gobierno extranjero, los interesados cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad de restablecimiento del derecho, para exponer los argumentos ventilados mediante este mecanismo extraordinario, conforme lo autoriza el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, la Corte ha sostenido, <\/p>\n
(\u2026) Prudente es recordar que en asuntos similares al que ahora se analiza, reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha precisado que si el tutelante resultara inconforme con lo decidido sobre el pedido de extradici\u00f3n, el legislador ha establecido otros mecanismos a trav\u00e9s de los cuales podr\u00eda procurar la protecci\u00f3n de sus derechos: <\/p>\n
\u00abEs del caso resaltar que el accionante, en su condici\u00f3n de ciudadano colombiano, cuenta con otro medio ordinario de defensa judicial, toda vez que la decisi\u00f3n del gobierno nacional se plasm\u00f3 en un acto administrativo, que aunque goza de la presunci\u00f3n de legalidad, puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n pertinente, solicitando incluso la suspensi\u00f3n provisional del mismo, en caso de manifiesta ilegalidad; de all\u00ed que no sea viable en la acci\u00f3n de tutela emitir concepto alguno sobre el contenido de la decisi\u00f3n administrativa\u00bb (CSJ STC, 11 feb 2003, rad. 00043, reiterado entre otras en STC, 9 jul. 2012, rad. 01266-00, y STC10377-2016, 1 ag. rad. 02005-00) <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha considerado que: \u00ablos cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ, STC125-2015 y STC8742-2016, 29 ju. rad.01639-00) (CSJ. STC4856-2017, criterio reiterado en STC17389-2019, STC2658-2021, STC723-2023 y STC2435-2023, entre otras). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, en el eventual proceso contencioso administrativo que se formule, se puede invocar el decreto de las medidas cautelares que se estimen pertinentes -tal como la suspensi\u00f3n del acto administrativo atacado-, a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
2. En este orden, se insiste, el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito al incumplirse la exigencia de la subsidiariedad, pues el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera cuenta con mecanismos id\u00f3neos para la defensa de sus intereses. En este sentido, la Sala se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abconforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 2013-00011-01, reiterada en STC12215-2021 y, STC3061-2022 entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales-. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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