STC6834-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6834-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-02579-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Fernando Mosquera, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Sexto y Catorce Civiles del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de Cali, y citadas las partes e intervinientes en los procesos de pertenencia No. 76520310300120180004200 y ejecutivo No. 76001310300620080014300. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, se concluye que el accionante promovi\u00f3 demanda de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio contra Jes\u00fas Enrique Sierra G\u00f3mez y personas indeterminadas, respecto del predio rural denominado el Porrazo ubicado en el sector Camino Largo Tortugas, Vereda Cauca Seco, Corregimiento el Carmelo del municipio de Candelaria \u2013 Valle del Cauca, que hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n denominado la Gema. <\/p>\n
En ese proceso el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, despu\u00e9s de agotadas las etapas correspondientes, profiri\u00f3 sentencia el 30 de abril de 2021 mediante la cual neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Apelada la anterior decisi\u00f3n, el Tribunal Superior de Buga la confirm\u00f3 el 21 de junio de 2023, con fundamento en que no se demostr\u00f3 el ejercicio de la posesi\u00f3n alegada en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por el lapso de 20 a\u00f1os requerido por la ley para ganar por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del predio pretendido. <\/p>\n
Sostuvo que, en ambas instancias, se neg\u00f3 el recaudo de algunos testimonios que solicit\u00f3 como prueba, tampoco se tuvieron en cuenta las pruebas documentales que aport\u00f3 (recibos de pago de impuestos y servicios p\u00fablicos) y, tanto el Juzgado como el Tribunal Superior accionados perdieron competencia para proferir sus decisiones, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que sus actuaciones est\u00e1n viciadas de nulidad. <\/p>\n
Afirm\u00f3 igualmente que el ad quem, i) aplic\u00f3 una ley derogada como es la veintenaria para la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio de un inmueble, que no fue la elegida en el escrito de demanda, ii) concluy\u00f3 erradamente que solo lleva 14 a\u00f1os de posesi\u00f3n, cuando en verdad llevaba 21 a\u00f1os y 9 meses en tal calidad y, iii) no tuvo en cuenta el contrato de compraventa de 26 de junio de 1996 que obra en el proceso. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el inmueble referido se encuentra embargado y secuestrado por cuenta del proceso ejecutivo radicado 2008-00143-00, iniciado por la cesionaria Cenely G\u00f3mez Murcia contra Av\u00edcola Sierra G\u00f3mez que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, bien que est\u00e1 pr\u00f3ximo a rematarse, lo que le causar\u00e1 un perjuicio grave e irremediable. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abme d\u00e9 el amparo para proteger mis derechos constitucionales, y me conceda la acci\u00f3n de tutela transitoria para evitar me remate mi propiedad y perder todo para as\u00ed evitar un gran irremediable problema y que por favor se investigue y que no quede impune las actuaciones del se\u00f1or Magistrado Orlando Quintero Garc\u00eda y de la providencia de primera instancia que de all\u00ed viene todo\u00bb (sic). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los litigios mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Buga, se remiti\u00f3 a las consideraciones de la providencia motivo de la queja constitucional, resaltando que no vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del accionante, por cuanto en su decisi\u00f3n se resolvieron los reparos formulados frente a la sentencia de primer grado, aunado a que \u00ablos razonamientos jur\u00eddicos y probatorios est\u00e1n cimentados en una valoraci\u00f3n acorde a las reglas de la sana cr\u00edtica, esto es, ajustada a los par\u00e1metros de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, adem\u00e1s de compartir el link del expediente de pertenencia radicado 2018-00042, defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones en el proceso y afirm\u00f3 no haber desconocido las garant\u00edas constitucionales del accionante. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo de radicado No. 2008-00143-00 fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad para que continuara con su conocimiento. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sentencias de Cali, inform\u00f3 que actualmente conoce del proceso ejecutivo promovido por Cenelly G\u00f3mez Murcia -cesionaria del Banco Davivienda SA- contra Jes\u00fas Enrique Sierra G\u00f3mez y Av\u00edcola Sierra G\u00f3mez, en el que el 13 de octubre de 2022 se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 378-10672, y fue adjudicado a la cesionaria, diligencia que aprob\u00f3 en auto de 30 de noviembre de 2022 librando los oficios correspondientes. <\/p>\n
5. El Banco Davivienda SA solicit\u00f3 desestimar la acci\u00f3n de tutela por improcedente, toda vez que no se configura alguna de las causales de procedencia contra providencias judiciales y, por su parte, no ha incurrido en vulneraci\u00f3n de los derechos del reclamante. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiera encuadrarse en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
Solo en esa eventualidad se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, oportuna y adecuadamente, los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el legislador, para controvertir las decisiones objeto de debate, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, si bien el se\u00f1or Fernando Mosquera, se queja entre otras actuaciones, de las sentencias proferidas en el proceso de pertenencia referido, en el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 se circunscribir\u00e1 a la de segunda instancia, toda vez que esa providencia fue la que resolvi\u00f3 el debate. <\/p>\n
3. Con esa precisi\u00f3n, se tiene que el Tribunal Superior de Buga en sentencia de 21 de junio de 2023, confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira el 30 de abril de 2021 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de pertenencia promovida por Fernando Mosquera contra Jes\u00fas Enrique Sierra G\u00f3mez y dem\u00e1s personas indeterminadas, respecto del predio rural denominado el Porrazo ubicado en la Vereda Cauca Seco, Corregimiento el Carmelo del municipio de Candelaria \u2013 Valle del Cauca, que hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n denominado la Gema. <\/p>\n
En sentir del accionante, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior accionado presenta las siguientes irregularidades, i) las sentencias proferidas en primera y segunda instancia son nulas por cuanto se profirieron por fuera de los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, ii) no se valoraron algunas pruebas documentales -comunicaci\u00f3n del IGAC, recibos de pago de impuestos, de servicios p\u00fablicos y la compraventa efectuada a su favor en 1996-, as\u00ed como tampoco unos testimonios solicitados, de quienes hab\u00edan rendido declaraciones extraprocesales y, iii) se aplic\u00f3 una ley derogada como es la veintenaria. <\/p>\n
4. De la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, advierte la Corte la improcedencia del amparo solicitado, al no observarse v\u00edas de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, tal como pasa a explicarse, <\/p>\n
4.1 En lo que refiere a la perdida de competencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, que alega el accionante en el escrito de tutela, cumple advertir que adem\u00e1s que el se\u00f1or Mosquera no propuso la nulidad por p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia, continu\u00f3 actuando en el proceso, pues particip\u00f3 activamente en las distintas audiencias celebradas y efectu\u00f3 algunas solicitudes, sin que en ninguna de esas oportunidades manifestara en debida forma la irregularidad aqu\u00ed alegada, lo que permite concluir que, de existir, la misma fue convalidada o saneada. <\/p>\n
No se olvide que, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, las nulidades se consideran saneadas en los siguientes casos, i) cuando la parte que pod\u00eda alegarla, a) no lo hizo oportunamente, b) actu\u00f3 sin proponerla, c) convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada y, ii) cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa. <\/p>\n
En casos similares al estudiado, esta Sala ha sostenido, <\/p>\n
(…) la extinci\u00f3n del marco temporal para el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional no conduce inexorablemente a la p\u00e9rdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o t\u00e1cito se quebrantar\u00e1n tales consecuencias, dentro del marco del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (…). Dicho de otra manera, queda fuera de dubitaci\u00f3n que (…) para que se produzcan los efectos invalidantes despu\u00e9s de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que act\u00fae o de que se profiera el veredicto, pues en caso contrario se sanear\u00e1 el vicio y se dar\u00e1 prevalencia al principio de conservaci\u00f3n de los actos procesales. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Se tiene por admitido que la \u2018posibilidad de saneamiento, expreso o t\u00e1cito (…), apareja la desaparici\u00f3n del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el inter\u00e9s p\u00fablico, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas\u2019 (SC, 1\u00b0 mar. 2012, rad. n\u00b0 2004-00191-01). De manera que, como el art\u00edculo 136 de la nueva codificaci\u00f3n procesal estableci\u00f3 \u00fanicamente como insaneables las \u2018nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019, qued\u00f3 por fuera de esta categor\u00eda la causada por el vencimiento del plazo m\u00e1ximo para fallar (…). Explicado de otra forma, en tanto el mandato 121 nada dispuso sobre el saneamiento de la p\u00e9rdida de competencia temporal (…) deber\u00e1 acudirse al marco general de las nulidades, compuesto por un listado taxativo de motivos que no la admiten, dentro de los cuales no se encuentra aqu\u00e9lla, siendo aplicable, entonces, el principio general de la convalidaci\u00f3n\u00bb (CSJ. SC3377 de 2021, SC845-2022, STC10011 de 2022 y STC1276-2022) (Se destaca). <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al tr\u00e1mite de segunda instancia, se observa que el accionante puso de presente al Tribunal Superior de Buga el 8 de mayo de 2023, que el tiempo para proferir su sentencia, \u00abvenci\u00f3 en el d\u00eda 8 de febrero de 2023 estamos hablando ya de tres meses m\u00e1s pasados del tiempo prorrogado, entonces, otro de los motivos de mi derecho de petici\u00f3n y estoy citando el art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso del cual no se est\u00e1 surtiendo en mi proceso, ya que excesivamente el tiempo transcurri\u00f3 sin obtener resuelve\u00bb (sic). <\/p>\n
Frente a lo anterior, el Tribunal Superior en auto de 8 de mayo de 2023 explic\u00f3 que, adem\u00e1s que el demandante carec\u00eda de derecho de postulaci\u00f3n, el t\u00e9rmino de 6 meses contemplado en el art\u00edculo mencionado para proferir sentencia de segunda instancia no hab\u00eda vencido, porque deb\u00eda contarse a partir del 12 de enero de 2023, en raz\u00f3n a que ese d\u00eda se reinici\u00f3 el t\u00e9rmino \u00abdata en la que me reintegr\u00e9 al despacho como magistrado, con ocasi\u00f3n del vencimiento de la Comisi\u00f3n de Estudios que me fue concedida mediante la Resoluci\u00f3n PCSJSR21-176 del 24 de noviembre de 2021 por el Consejo Superior de la Judicatura por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contados desde el 12 de enero del a\u00f1o 2022\u00bb. <\/p>\n
Para la Sala, con independencia de que se comparta o no la anterior determinaci\u00f3n, lo cierto es que subsisten dos circunstancias que imposibilitan que se aborde ese estudio de fondo. <\/p>\n
La primera consiste en que el se\u00f1or Fernando Mosquera elev\u00f3 su petici\u00f3n por s\u00ed mismo pese a carecer de derecho de postulaci\u00f3n, acto que debi\u00f3 ejecutar a trav\u00e9s del apoderado judicial que constituy\u00f3 para que defendiera sus intereses y representara sus derechos en el proceso de pertenencia, conforme el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso el cual dispone que, \u00ablas personas que hayan de comparecer al proceso deber\u00e1n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervenci\u00f3n directa\u00bb, sin que se configure alguna de las excepciones consagradas en la Ley 69 de 1945 y en el Decreto 196 de 1971. <\/p>\n
Y la segunda, tiene que ver con que contra la referida providencia no se interpuso el recurso de s\u00faplica que ser\u00eda el procedente en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 321, numeral 6\u00ba, y 331 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n que descarta la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, teniendo en cuenta que, como mecanismo subsidiario, no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias establecidas, ni en busca de oportunidades defensivas adicionales o con el fin de que se revivan t\u00e9rminos para la formulaci\u00f3n de mecanismos legales, adem\u00e1s, al dejar las partes de utilizar los recursos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022, STC6025-2022 y STC6005-2023, entre otras). <\/p>\n
Conforme a las circunstancias descritas, las autoridades judiciales accionadas manten\u00edan las facultades para continuar conociendo del proceso, cada uno en la instancia correspondiente, con la finalidad de proferir las decisiones que en derecho consideraron para definir el litigio, como lo hicieron, situaci\u00f3n que descarta la vulneraci\u00f3n invocada en este aspecto. <\/p>\n
4.2 La misma suerte corre la inconformidad del accionante, relacionada con que en el proceso debieron recaudarse los testimonios de las personas respecto de los que aport\u00f3 declaraciones extraprocesales para que se ratificaran conforme lo solicit\u00f3 con la demanda y, de los otros testigos pedidos con el escrito por el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
En cuanto a lo anterior, es relevante destacar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira mediante auto de 27 de octubre de 2020, dio apertura a la etapa probatoria, decretando las que fueron solicitadas por las partes, no obstante, a favor del demandante solo decret\u00f3 el testimonio de James Solarte V\u00e9lez y neg\u00f3 los dem\u00e1s testimonios, \u00abpor cuanto no se indic\u00f3 el nombre, domicilio y residencia o lugar donde podr\u00edan ser citados los testigos; as\u00ed, como tampoco, se enunci\u00f3 concretamente los hechos objeto de la prueba (fl. 370), tal como lo se\u00f1ala el art. 212 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad a esta decisi\u00f3n, el se\u00f1or Fernando Mosquera insisti\u00f3 en la pr\u00e1ctica de los testimonios de Adriana Cabrera Montenegro, Tania Amparo Collazos, Jos\u00e9 Wilton Valencia y Kenedy Andr\u00e9s P\u00e9rez, sin embargo, el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 esta nueva solicitud por haberse formulado por fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 82, numeral 6\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Decisiones que cobraron ejecutoria, como quiera que el demandante y aqu\u00ed accionante no propuso recurso alguno, situaci\u00f3n que revela la improcedencia de la protecci\u00f3n, pues el se\u00f1or Fernando Mosquera cont\u00f3 con la oportunidad de expresar al Juzgado cognoscente las razones de su inconformidad e insistir en la necesidad de practicar esas pruebas, pero no lo hizo, pues omiti\u00f3 presentar los medios legales que tuvo a su alcance contra la determinaci\u00f3n reprochada, cuales eran, el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 318 y 321, numeral 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como se dijo, esta acci\u00f3n constitucional es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede utilizarse para subsanar omisiones tales como la no proposici\u00f3n de los recursos establecidos en el ordenamiento legal para controvertir las decisiones de los Jueces. <\/p>\n
5. Se procede ahora, a analizar los cuestionamientos efectuados por el accionante a la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Para no acoger las pretensiones, el Tribunal Superior de Buga en la sentencia de 21 de junio de 2023 sostuvo que el contrato suscrito el 26 de junio de 1996 entre el demandante Fernando Mosquera y Diego Alberto D\u00edaz Zafra vers\u00f3 sobre la compraventa de unos derechos de posesi\u00f3n en beneficio del primero, documento que por s\u00ed solo no demuestra que el reclamante haya ejercido como se\u00f1or y due\u00f1o por m\u00e1s de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
Afirmaci\u00f3n que tom\u00f3 relevancia, teniendo en cuenta que el inconforme ning\u00fan ataque realiz\u00f3 en cuanto que la supuesta posesi\u00f3n se vio interrumpida, por cuenta de la diligencia de secuestro practicada sobre el predio en noviembre de 2008, en la que se evidenci\u00f3 el mal estado y abandono del inmueble. <\/p>\n
Ahora, si bien, la Resoluci\u00f3n No. 76-130-0301 de 2019 del IGAC, no fue valorada por el a quo-, el Tribunal Superior asegur\u00f3 que ese acto administrativo no refleja pagos por impuestos prediales desde el a\u00f1o 2007, pues de este tan solo se extrae una orden para modificar la inscripci\u00f3n del inmueble en discusi\u00f3n en la Oficina de Catastro, por solicitud del accionante. <\/p>\n
Despu\u00e9s se refiri\u00f3 a las declaraciones extrajuicio rendidas por Holmar Mu\u00f1oz Ortiz, Olga Luc\u00eda Caro, Diego Jos\u00e9 Bravo Botina y Pablo Andr\u00e9s Galeano Castillo, para concluir que, por tratarse de prueba testimonial, no documental, como lo ha explicado la jurisprudencia, requieren de ratificaci\u00f3n acorde con los art\u00edculos 188 y 222 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, aquellas personas no concurrieron al proceso con ese fin \u00aba ciencia y paciencia de la parte demandante, quien ning\u00fan recurso interpuso frente al auto que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas por falta de requisitos formales. Era esta bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 167 del vigente compendio procesal civil, la que ten\u00eda la carga de probar los supuestos de hecho de la demanda, la consecuencia de tal falencia, como deviene n\u00edtido de la trasuntada norma, es la ausencia de valor demostrativo\u00bb. <\/p>\n
Al abordar el sexto reparo, la Corporaci\u00f3n accionada mencion\u00f3 que el recurrente lanz\u00f3 ataques sin objetivo, pues, contrario a alegado, en la sentencia apelada no se hizo alusi\u00f3n a que las aspiraciones procesales se vieran afectadas por estar el bien a usucapir embargado con ocasi\u00f3n de un proceso ejecutivo, sino que se enfatiz\u00f3 en que tal circunstancia no est\u00e1 contemplada en la ley como causal de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Luego abord\u00f3 el estudio del punto m\u00e1s cuestionado por el accionante, relacionado con no haberse verificado la procedencia de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva, con apego en el t\u00e9rmino decenal de que trata la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
Para el efecto, record\u00f3 que el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 permite elegir al prescribiente la ley que a bien tenga, y en este caso, el demandante eligi\u00f3 el t\u00e9rmino veintenario contemplado en el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, \u00abde ah\u00ed que, ya no pod\u00eda en el curso del proceso, y menos en sede de alzada, querer caminar por otra senda que le pareci\u00f3 ulteriormente m\u00e1s beneficiosa a sus intereses, esto es, invocar la de tiempo m\u00e1s corto. Deja de lado, como lo ha enfatizado la jurisprudencia \u201c[e]s la voluntad del prescribiente, acorde con la soluci\u00f3n dada por la regla de tr\u00e1nsito, la que define cu\u00e1l es el precepto llamado a gobernar su prescripci\u00f3n\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 as\u00ed que \u00abno relucen de la apelaci\u00f3n, argumentos con fuerza suficiente capaces de socavar los pilares del fallo apelado, para en su lugar razonar, que la parte actora acredit\u00f3 la posesi\u00f3n del t\u00e9rmino gobernante de la usucapi\u00f3n escogida, y por contera, la concurrencia cabal de los presupuestos axiol\u00f3gicos de tal instituci\u00f3n (\u2026)\u00bb. Motivos suficientes para desestimar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Como acaba de verse, la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Buga contiene una adecuada interpretaci\u00f3n del caso, de las normas aplicables y de las pruebas recaudadas, y, por tanto, no puede calificarse de arbitraria o desconocedora de las garant\u00edas fundamentales del actor constitucional. <\/p>\n
No se evidencia defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega el accionante, quien busca imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la decisi\u00f3n que debi\u00f3 adoptarse para resolver la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022, STC4373-2023 y STC6005-2023). <\/p>\n
En ese orden, la providencia cuestionada se encuentra motivada y no luce antojadiza, porque contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque el accionante no comparta las razones expuestas en ella, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022 y STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
7. Frente a la indebida valoraci\u00f3n probatoria, es una situaci\u00f3n que no tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia reprochada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, siendo \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
No obstante, se resalta que, contrario a lo alegado por el accionante, y como qued\u00f3 expuesto, el Tribunal Superior se refiri\u00f3 a las pruebas practicadas, puntualmente al testimonio recaudado y documentales decretadas, las apreci\u00f3 de manera conjunta con las dem\u00e1s asign\u00e1ndoles el m\u00e9rito que de ellas razonadamente extrajo (art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso), estudio que le sirvi\u00f3 de base para concluir que el demandante no demostr\u00f3 los actos de se\u00f1or\u00edo y dominio que dijo haber ejecutado en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por el t\u00e9rmino veintenario requerido por la ley que eligi\u00f3, seg\u00fan lo plasm\u00f3 en los fundamentos de derecho de la demanda. <\/p>\n
8. De otra parte, y en cuanto a las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo radicado No. 2008-00143 promovido por Cenelly G\u00f3mez Murcia -cesionaria del Banco Davivienda SA- contra Jes\u00fas Enrique Sierra G\u00f3mez y Av\u00edcola Sierra G\u00f3mez, se observa del expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali en auto de 30 de noviembre de 2022 aprob\u00f3 la diligencia de remate llevada a cabo el 13 de octubre de ese a\u00f1o, realizada sobre el predio distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria 378-10672 el cual era objeto del juicio de pertenencia aqu\u00ed analizado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, cumple decir que, adem\u00e1s que ninguna irregularidad se advirti\u00f3 en el tr\u00e1mite del remate por parte del actor constitucional, tal situaci\u00f3n no constituye un perjuicio irremediable para el reclamante, porque es el resultado del agotamiento de las etapas procesales dispuestas por el legislador para ese tipo de asuntos, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado la Sala, al indicar que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales (sentencia de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (reiterada en CSJ. STC791-2021, STC2021-2022, STC2354-2022, STC2793-2022 y STC6155-2023, entre muchas). <\/p>\n
9. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n solicitada ser\u00e1 negada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida Fernando Mosquera, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6834-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6834-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-02579-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Fernando Mosquera, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74744","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74744","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74744"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74744\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74744"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74744"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74744"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}