STC6859-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6859-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Pedro Antonio Medina V y Familia SAS, en liquidaci\u00f3n contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor con radicado n\u00famero 22-237575. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, Carlos C\u00f3rdoba Rom\u00e1n present\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en su contra y de Jos\u00e9 Mar\u00eda Medina Restrepo, por considerar que se vulneraron sus derechos como consumidor al presuntamente incumplir la denominada \u00abpromesa de compraventa del edificio Alameda del R\u00edo\u00bb, que se encuentra en tr\u00e1mite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que una de las excepciones previas que plante\u00f3 la denomin\u00f3 \u00abexistencia de cl\u00e1usula compromisoria\u00bb, y la fundament\u00f3 en el contenido de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo-octava del referido documento, la que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en auto de 19 de octubre de 2022, declar\u00f3 no probada porque el objeto de la demanda de protecci\u00f3n al consumidor no fue incluido en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de esa cl\u00e1usula. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, contra esa determinaci\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n porque en virtud de la cl\u00e1usula compromisoria <\/p>\n
la totalidad de las diferencias entre las partes con motivo de la interpretaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y cumplimiento del contrato deb\u00edan ser conocidas por un Tribunal Arbitramento, incluido el incumplimiento de las obligaciones de informaci\u00f3n, publicidad y garant\u00eda contempladas en la Ley 1480 de 2011, y las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda se encuentran comprendidas dentro de dicha \u00f3rbita. <\/p>\n
Sostuvo que, en auto de 18 de noviembre de 2022, la accionada mantuvo la decisi\u00f3n cuestionada con fundamento en id\u00e9nticos fundamentos, sin considerar la totalidad de lo reclamado en el recurso y sin referirse a las razones por las que se abstuvo de declarar probada la excepci\u00f3n respecto de las tres pretensiones contractuales. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo por motivaci\u00f3n insuficiente, porque las mencionadas pretensiones no guardan relaci\u00f3n con el derecho de consumo, y en defecto org\u00e1nico, toda vez que la accionada se pronunci\u00f3 sobre el objeto del pacto arbitral sin tener competencia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto, i) \u00abel numeral cuarto (\u2026) del auto (\u2026) del 19 de octubre de 2022, por medio del cual la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria propuesta por la sociedad Pedro Antonio Medina V y Familia S.A.S en Liquidaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor con radicado 22-237575\u00bb; y, ii) \u00abel auto (\u2026) del 18 de noviembre de 2022, por medio del cual la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra\u00bb esa providencia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio, refiri\u00f3 que conoce de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en referencia, y que esta no fue expresamente se\u00f1alada en la cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
2. Carlos Javier C\u00f3rdoba Rom\u00e1n, manifest\u00f3 entre otras que la competente para conocer de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor es la Superintendencia de Industria y Comercio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo porque no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que, la sociedad accionante se encuentra representada por abogado en el proceso cuestionado, contest\u00f3 la demanda, plante\u00f3 la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, y frente a la decisi\u00f3n adversa cont\u00f3 con la posibilidad de cuestionarla. <\/p>\n
Tampoco encontr\u00f3 satisfecho el requisito de la subsidiariedad, atendiendo que se cuestiona por v\u00eda de amparo que no se resolvieron todos los aspectos que hicieron parte del recurso de reposici\u00f3n, cuando pudo solicitar la adici\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que al margen de lo anterior, en realidad lo que se advert\u00eda era una divergencia de criterios entre la accionante y la entidad accionada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que, se aleg\u00f3 v\u00eda tutela la falta de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de la existencia de una cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
La solicitud de adici\u00f3n no es un mecanismo id\u00f3neo para lograr que la autoridad jurisdiccional revoque o modifique la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La accionada resolvi\u00f3 los cuestionamientos elevados por medio de reposici\u00f3n, sino que omiti\u00f3 darle una motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Se incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n y defecto org\u00e1nico porque el competente para definir la competencia es el Tribunal de Arbitramento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la sociedad Pedro Antonio Medina V y Familia SAS, solicit\u00f3 dejar sin efecto el numeral cuarto de la providencia mediante la cual, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria en el asunto en referencia y el auto que mantuvo esa determinaci\u00f3n, s\u00faplicas que no pueden ser acogidas atendiendo que, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, no se advierte que esa decisi\u00f3n sea arbitraria, como pasa a explicarse a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 Revisado el expediente objeto de queja constitucional, se encuentra que el se\u00f1or Carlos Javier C\u00f3rdoba Rom\u00e1n en ejercicio de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, present\u00f3 demanda en contra de la sociedad Pedro Antonio Medina V y Familia SAS y el se\u00f1or Jos\u00e9 Mar\u00eda Medina Restrepo, en la que solicit\u00f3 que se declarara que entre las partes \u00abexisti\u00f3 una relaci\u00f3n de consumo, la cual se formaliz\u00f3 con la suscripci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa (\u2026) suscrito el 02 de diciembre del 2015, (\u2026) para la adquisici\u00f3n [del] apartamento 209 y parqueadero PK35 del Edificio Alameda del Rio\u00bb (22-237575 p\u00e1g. 10), (Destaca la Sala). <\/p>\n
De igual manera pidi\u00f3 que, se declarara que los demandados \u00abson responsables de la violaci\u00f3n a las normas establecidas a favor del consumidor (\u2026), espec\u00edficamente por incumplimiento en la obligaci\u00f3n de entregar un bien que cumpla con las garant\u00edas de seguridad, calidad e idoneidad y garant\u00eda legal del producto a la luz de los art\u00edculos 3 # 1.6., 5 #4, 6, 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011\u00bb, y en consecuencia, se condenaran \u00aba otorgar la garant\u00eda de los productos objeto del contrato de promesa de compraventa (\u2026) otorgando la escritura p\u00fablica de transferencia\u00bb de dichos inmuebles (22-237575 p\u00e1g. 10) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed mismo, suplic\u00f3 que en caso de que no procediera lo anterior, se decretara el retracto y se ordenara la devoluci\u00f3n de los dineros entregados, adem\u00e1s se condenara al pago de indemnizaciones por incumplimiento contenidas en la cl\u00e1usula octava y d\u00e9cima cuarta de dicho contrato (22-237575 p\u00e1g. 10). <\/p>\n
2.2 Admitida la demanda (22-237575 p\u00e1g. 175), y notificada la sociedad aqu\u00ed accionante, formul\u00f3 entre otras excepciones previas la que denomin\u00f3 \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb pactada en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo-octava del referido contrato (22-237575 p\u00e1g. 175), y aleg\u00f3 que las pretensiones se relacionan con un incumplimiento contractual y no en hacer efectiva la garant\u00eda legal o infracci\u00f3n de los derechos del consumidor, raz\u00f3n por la cual la accionada no ten\u00eda competencia para derogar dicho acuerdo (22-237575 p\u00e1g. 578). <\/p>\n
2.3 Mediante auto de 19 de octubre de 2022, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n previa y para ese efecto, tuvo en cuenta la referida cl\u00e1usula plasmada en la denominada \u00abpromesa de compraventa del Edificio Alameda del Rio Propiedad Horizontal\u00bb, y analiz\u00f3 lo que denomin\u00f3 elementos esenciales del pacto arbitral (22-237575 p\u00e1g. 709). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo alegado referente a que las controversias que se sustrajeron del conocimiento de la justicia ordinaria, concluy\u00f3 que \u00abes claro que el concurso de voluntades estuvo encaminado a que \u00fanicamente las disputas surgidas por raz\u00f3n o con ocasi\u00f3n del contrato instrumentado en el documento privado (\u2026) no de otro tipo de conflictos entre las partes, fueran decididas por la justicia arbitral\u00bb, y con fundamento en la doctrina, explic\u00f3 que la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula solo permite una interpretaci\u00f3n restrictiva (22-237575 p\u00e1g. 709). <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abel objeto de la presente controversia no fue expresamente se\u00f1alada en la cl\u00e1usula compromisoria para efectos de ser resuelta por un tribunal de arbitramento\u00bb, y agreg\u00f3 que una interpretaci\u00f3n en favor del consumidor impon\u00eda entender que, en caso de duda, no ha renunciado a la acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n, y no puede arribarse a que los conflictos relativos a la informaci\u00f3n, publicidad, garant\u00eda y protecci\u00f3n contractual en dicha materia, que son de \u00edndole legal, se encuentran cubiertos por un convenio de acuerdo con el cual las disputas sometidas a la justicia arbitral fueron \u00fanicamente aquellas que surgieran del contrato referido (22-237575 p\u00e1g. 709). <\/p>\n
2.4 Contra esa determinaci\u00f3n la sociedad accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n que sustent\u00f3 en las siguientes razones, i) las partes convinieron cl\u00e1usula compromisoria y la totalidad de las diferencias, entre estas en relaci\u00f3n con las obligaciones de informaci\u00f3n, publicidad y garant\u00eda, deben ser conocidas por el Tribunal de Arbitramento y, ii) las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda se encuentran comprendidas dentro de la \u00f3rbita de la cl\u00e1usula compromisoria (22-237575 p\u00e1g. 716). <\/p>\n
2.5 La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en providencia de 18 de noviembre de 2022, con similares argumentos mantuvo la determinaci\u00f3n cuestionada, y sostuvo que el objeto de la controversia no fue expresamente se\u00f1alada en la cl\u00e1usula compromisoria, y si bien los sujetos entre los que se entabl\u00f3 esa acci\u00f3n manifestaron su consentimiento en cuanto a la atribuci\u00f3n de funci\u00f3n jurisdiccional a los \u00e1rbitros, no sucede lo mismo con la controversia espec\u00edfica y de naturaleza particular que es objeto del presente proceso por protecci\u00f3n al consumidor (22-237575 p\u00e1g. 724). <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que una interpretaci\u00f3n en favor del consumidor, implica entender que no renunci\u00f3 a la acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor, porque sus derechos se encuentran reglados desde la misma constituci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, no se encuentra que las partes hayan renunciado a acudir a esta jurisdicci\u00f3n por cuenta de una disputa que puede ser resuelta bajo el amparo de la ley 1480 de 2011 (22-237575 p\u00e1g. 724). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, si bien la sociedad demandada manifiesto que las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda se encuentran comprendidas dentro de la \u00f3rbita de la cl\u00e1usula compromisoria, lo cierto es que las mismas se fundamentan en una posible vulneraci\u00f3n de los derechos de los consumidores y, las mismas deben ser analizadas en el referido tr\u00e1mite (22-237575 p\u00e1g. 724). <\/p>\n
3. Para la Sala la decisi\u00f3n censurada no se advierte que tenga trascendencia constitucional, porque no es caprichosa o arbitraria, puesto que la decisi\u00f3n que despach\u00f3 desfavorablemente la excepci\u00f3n previa de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria se motiv\u00f3 razonadamente teniendo en cuenta las normas aplicables al caso, y las actuaciones que constan en el expediente, sin que se advierta un yerro may\u00fasculo que imponga la necesidad de intervenci\u00f3n en sede de tutela, en particular porque el objeto de esta acci\u00f3n no es servir como instancia para discutir los argumentos del juez natural. <\/p>\n
Ciertamente en la \u00abpromesa de compraventa del edificio Alameda del Rio Propiedad horizontal\u00bb, las partes acordaron la que nombraron cl\u00e1usula compromisoria, y por virtud de esta pactaron que \u00abLas diferencias que se susciten entre las partes con motivo de la interpretaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y cumplimiento\u00bb, ser\u00edan sometidas inicialmente a la decisi\u00f3n de un conciliador, y en caso de no ser conciliadas, se someter\u00edan a la decisi\u00f3n de un Tribunal de Arbitramento (22-237575 p\u00e1g. 44). <\/p>\n
No obstante, como el fundamento de la demanda en referencia es que se declare la \u00abexistencia de una relaci\u00f3n de consumo\u00bb y que los demandados \u00abson responsables de la violaci\u00f3n a las normas establecidas a favor del consumidor (\u2026), espec\u00edficamente por incumplimiento en la obligaci\u00f3n de entregar un bien que cumpla con las garant\u00edas de seguridad, calidad e idoneidad y garant\u00eda legal del producto a la luz de los art\u00edculos 3 # 1.6., 5 #4, 6, 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011\u00bb, no se advierte que la decisi\u00f3n cuestionada sea caprichosa o arbitraria. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor el art\u00edculo 34 de la Ley 1480 de 2011, impone al juzgador examinar los contratos allegados, en la medida que consagra, \u00abLas condiciones generales de los contratos ser\u00e1n interpretadas de la manera m\u00e1s favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecer\u00e1n las cl\u00e1usulas m\u00e1s favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean\u00bb, y por esto, no puede catalogarse como subjetivo el entendimiento de la accionada relativo a que de la mencionada cl\u00e1usula no cobij\u00f3 ese tipo de controversia. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a las pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda, tampoco se observa caprichoso el entendimiento de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que el fundamento de estas es la trasgresi\u00f3n de los derechos de los consumidores, y establecido que esa acci\u00f3n no qued\u00f3 cobijada por la cl\u00e1usula compromisoria, no quedaba otro camino que entender que deben ser resueltos en el tr\u00e1mite cuestionado, argumentos impiden ver una deficiente motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo analizado es m\u00e1s que suficiente para concluir que, ante una interpretaci\u00f3n razonable como la contenida en la providencia que despach\u00f3 desfavorablemente la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, el amparo estaba condenado al fracaso, atendiendo que, \u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; STC4269, 16 abr. 2015, reiterada en STC15802-2022 y, STC5703-2023, entre otras). <\/p>\n
Asimismo, la Sala ha dejado claro que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC1161-2021 y, STC5841-2023, entre muchas). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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