STC6861-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6861-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02401-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1lez Torres PH, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea No. 003-2021-00117-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El apoderado judicial del solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la sociedad Gonz\u00e1lez Mej\u00eda y C\u00eda. Ltda., promovi\u00f3 en su contra el 14 de mayo de 2021 proceso de impugnaci\u00f3n de las decisiones adoptadas en la asamblea general celebrada el 24 de marzo de ese a\u00f1o en el Edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1lez Torres PH, demanda que fue rechazada inicialmente, pero que con ocasi\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 revoc\u00f3 el auto apelado y dispuso su admisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que una vez se notific\u00f3 su apoderado judicial, contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 las excepciones previas consagrada en los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, \u00abhaberse dado a la demanda el tr\u00e1mite de un proceso diferente al que le corresponde, fundamentada en la existencia de una cl\u00e1usula compromisoria vigente, en donde las partes acordaron someter sus diferencias a un tribunal de arbitramento. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 19 de agosto de 2022, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, y adem\u00e1s dispuso la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, providencia que apel\u00f3 la sociedad demandante y revoc\u00f3 el Tribunal Superior accionado el 5 de mayo de 2023 con el argumento que, \u00abpor haberse incorporado en el a\u00f1o 1994 al reglamento de la copropiedad el pacto arbitral, no existe l\u00edmite para que la jurisdicci\u00f3n ordinaria conozca el caso, conforme al art\u00edculo 421 del c\u00f3digo de Procedimiento civil, esta clase de procesos es de reserva para la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que con esa decisi\u00f3n la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto material o sustantivo y por desconocimiento de la ley aplicable al caso, puesto que \u00abaplic\u00f3 el principio de la ultraactividad de las normas\u00bb, y fundament\u00f3 su providencia en el hecho que el demandado incorpor\u00f3 al reglamento de propiedad horizontal la \u00abcuasa (sic)\u00bb compromisoria en 1992, a\u00f1o en el que se encontraban vigentes los art\u00edculo 194 del C\u00f3digo del Comercio y 421 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y como la controversia se suscit\u00f3 en vigencia del art\u00edculo 392 C\u00f3digo General del Proceso, el asunto deb\u00eda ser conocido por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, adem\u00e1s no explic\u00f3 por qu\u00e9 se apart\u00f3 del contenido del art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 dejar sin valor y efecto la determinaci\u00f3n de 5 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Superior accionado, mediante la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de compromiso o clausula compromisoria, para en su lugar, proferir un nuevo pronunciamiento de acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, en concordancia con el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela, porque la actuaci\u00f3n la ha adelantado respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa de la demanda. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed, (\u2026) i) defecto f\u00e1ctico: ha determinado que se incurre en una v\u00eda de hecho cuando el juez carece por completo de apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n; ii) defecto org\u00e1nico: carece absolutamente de competencia para tomar la decisi\u00f3n; iii) defecto procedimental absoluto:1 act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido, es decir cuando ostensiblemente se desv\u00eda el deber de cumplir con las formas propias de cada juicio; iv) defecto sustantivo: la decisi\u00f3n se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable. <\/p>\n
Igualmente resulta pertinente mencionar en el presente asunto, que seg\u00fan lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, el defecto procedimental absoluto se presenta, <\/p>\n
(\u2026) cuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u00bb (CC T-204\/18, citada en CSJ STC2744-2021) (Se destaca). <\/p>\n
2. La queja constitucional. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el Edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1lez PH dirige su reclamo contra la determinaci\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 5 de mayo de 2023, en la que resolvi\u00f3, revocar el auto de 19 de agosto de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, mediante el cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa competencia o cl\u00e1usula compromisoria propuesta por el Edificio demandado, y orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
2.1 Como es sabido el recurso de apelaci\u00f3n hace parte de la garant\u00eda general del derecho a la doble instancia, consagrado en el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y se encuentra estrechamente ligado a los derechos al debido proceso y defensa, por cuanto persigue la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
De ah\u00ed que la jurisprudencia constitucional ha entendido que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n hace parte de la garant\u00eda general y universal de impugnaci\u00f3n que se reconoce a quienes han intervenido o est\u00e1n legitimados para intervenir en la causa para obtener la tutela de un inter\u00e9s jur\u00eddico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jur\u00eddicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a quo\u00bb, (Sentencia C-153-1995) <\/p>\n
El r\u00e9gimen de apelaciones en nuestro sistema procesal civil se rige entre otros por el principio de taxatividad o especificidad, seg\u00fan el cual solamente son susceptibles de ese recurso las providencias expresamente indicadas por el legislador, quedando de esa manera proscritas las interpretaciones extensivas o anal\u00f3gicas a casos no comprendidos en ellas, por tanto, es necesario, examinar el caso concreto a la luz de las hip\u00f3tesis previstas en la norma. <\/p>\n
2.2 Por regla general las sentencias son apelables, salvo las excepciones que consagra la Ley, y, en relaci\u00f3n con los autos, solo son apelables los enunciados expresamente por el legislador. <\/p>\n
Respecto a las providencias susceptibles de apelaci\u00f3n, y su tr\u00e1mite, es necesario hacer un breve recuento de su evoluci\u00f3n, <\/p>\n
i) En principio con el C\u00f3digo Judicial (ley 105 de 1931), los autos estaban catalogados como interlocutorios y de sustanciaci\u00f3n o tr\u00e1mite, el primero no resolv\u00eda cuestiones de fondo, pero pod\u00edan repercutir en ella, en tanto que el segundo se limitaba a disponer cualquier tr\u00e1mite para dar curso al proceso. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, todos los autos interlocutorios eran siempre apelables, y los de sustanciaci\u00f3n no pod\u00edan ser recurridos por este medio, sin embargo, esa clasificaci\u00f3n en muchos casos caus\u00f3 controversia respecto a su naturaleza, pues se alegaba que esa decisi\u00f3n era \u00abinterlocutoria\u00bb para que fuera concedido. <\/p>\n
ii) Con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), esa codificaci\u00f3n perdi\u00f3 importancia, puesto que al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 351, el legislador enunci\u00f3 taxativamente las decisiones susceptibles de ser apeladas, y las dem\u00e1s que expresamente autorice la ley, siendo estos, (\u2026) 1) el que rechace la demanda, su reforma o la contestaci\u00f3n. 2) el que niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o terceros. 3) el que niegue el decret\u00f3 o pr\u00e1ctica de pruebas, 4) el que niegue el mandamiento de pago, y el que rechace de plano las excepciones de m\u00e9rito en el proceso ejecutivo, 5) el que niegue el tr\u00e1mite de un incidente, autorizado por la ley o lo resuelva el que declare la nulidad total o parcial del proceso y el que niegue un amparo de pobreza, 6 el que por cualquier causa ponga fin al proceso, 7) el que resuelva sobre una medida cautelar, y 8) los dem\u00e1s expresamente se\u00f1alados en este C\u00f3digo\u00bb. <\/p>\n
Para el caso de los autos que decid\u00edan una excepci\u00f3n previa, el numeral 13 del art\u00edculo 99 ib\u00eddem, establec\u00eda que eran apelables, en el efecto devolutivo las causales del numeral 4\u00ba al 19 del art\u00edculo 97, y en el suspensivo \u00abel que declare probada las de los numerales 1\u00ba y 3\u00ba\u00bb, siendo estas la falta de jurisdicci\u00f3n y el compromiso o la cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
iii) Con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del proceso (Ley 1564 de 2012), se continu\u00f3 con ese principio de especificidad, es decir, para las determinaciones enunciadas en el listado del art\u00edculo 321, y admiti\u00f3 la apelabilidad de los autos que resolv\u00edan incidentes, y el que declaraba total o parcialmente probada la nulidad del proceso (numeral 5\u00ba y 6\u00ba). <\/p>\n
No obstante, elimin\u00f3 ese medio de impugnaci\u00f3n para algunas providencias que, si lo eran en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como el que ordenaba seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, las diferencias en relaci\u00f3n a la administraci\u00f3n de la herencia, atribuciones, deberes y remociones del albacea, y el beneficio de separaci\u00f3n (art. 507, 595, 598, y 506 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
Ha de tenerse en cuenta que, en los informes de ponencia en primer y segundo debate de los proyectos de ley n\u00fameros 159 y 196 de Senado y C\u00e1mara originarios del Estatuto Procesal vigente, cuya finalidad principal era la adopci\u00f3n de un estatuto procesal integral ajustado a las necesidades de nuestra realidad contempor\u00e1nea, que regulara de forma sistem\u00e1tica y coherente los procedimientos para el tratamiento judicial de las controversias de naturaleza civil comercial, agraria y de familia, igualmente se hizo \u00e9nfasis sobre las \u00abventajas del proyecto de Ley\u00bb, en el sentido que, lo buscado era \u00absimplificar el r\u00e9gimen de las excepciones previas\u00bb, ya que el objetivo del legislador no era otro m\u00e1s que, autorizar el recurso de apelaci\u00f3n \u00fanicamente, para los autos respecto de los cuales se justificaba ese medio de impugnaci\u00f3n e impedir que esas decisiones se extendieran injustificadamente a tr\u00e1mites iniciados ante autoridades no competentes para resolverlos, como lo ser\u00eda el caso del compromiso o la cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
2.3 Ahora, en cuanto al tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, la Ley ha se\u00f1alado el cumplimiento de ciertas cargas procesales, para que el funcionario de segunda instancia lo resuelva, siento \u00e9stas, <\/p>\n
i) Interposici\u00f3n: ante el juez que dict\u00f3 la providencia, cuando se profiere en audiencia, deber\u00e1 formular de forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada, y se resolver\u00e1 sobre su procedencia al finalizar la diligencia. <\/p>\n
Cuando el auto se profiera por fuera de audiencia, deber\u00e1 presentarse, en el acto de notificaci\u00f3n personal o por escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, por estado. <\/p>\n
ii) Sustentaci\u00f3n: deber\u00e1 efectuarse ante el juez que dict\u00f3 la providencia, al momento de su interposici\u00f3n si se profiere en audiencia, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
iii) Concesi\u00f3n: el juez lo conceder\u00e1 cuando el auto atacado sea apelable de conformidad con el listado del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, o que as\u00ed lo establezca alguna norma especial, en el efecto devolutivo a menos que exista disposici\u00f3n en contrario. <\/p>\n
En este punto, cobra relevancia el hecho que el juez en cada caso debe hacer un examen riguroso sobre su procedencia, de modo tal que, aunque el a quo lo haya concedido, puede el superior al momento de recibir la actuaci\u00f3n, revisarla y declararlo inadmisible cuando no cumpla los requisitos (art\u00edculo 325). <\/p>\n
3. La decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la sociedad Gonz\u00e1lez Mej\u00eda y C\u00eda. Ltda., demandante, contra la providencia del a quo que \u00abdeclar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb invocada por el Edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1les Torres PH, demandado, explic\u00f3 que no pod\u00eda perderse de vista el tiempo en que surgi\u00f3 el conflicto de la propiedad horizontal y la normativa aplicable al caso concreto, pues con las pruebas presentadas encontr\u00f3 que el reglamento de propiedad horizontal del edificio se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 1969 de 15 de diciembre de 1994, en el que se pact\u00f3 el compromiso en la cl\u00e1usula 74. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que teniendo en cuenta la \u00e9poca de constituci\u00f3n del reglamento, era entendible que los copropietarios hubieran acordado el pacto arbitral en sus estatutos, porque no exist\u00eda el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea del r\u00e9gimen de propiedad horizontal, y el art\u00edculo 421 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, solo permit\u00eda esa acci\u00f3n para la junta directiva o de socios. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso que como la controversia planteada surgi\u00f3 en la asamblea celebrada el 24 de marzo de 2021, en vigencia del canon 382 citado, al caso concret\u00f3 no se pod\u00eda aplicar la cl\u00e1usula 74 del reglamento de propiedad horizontal, pues \u00abser\u00eda un proceder contrario al tr\u00e1mite judicial de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00abde persistir en la aplicaci\u00f3n irrestricta del pacto arbitral. Ser\u00eda un proceder inconstitucional\u00bb. <\/p>\n
Finalmente expres\u00f3 que, \u00abmirado el contenido del pacto arbitral contenido en el reglamento de propiedad horizontal, era evidente que la cl\u00e1usula pudiera estar viciada de invalidez, comoquiera que, la naturaleza de estos litigios de impugnaci\u00f3n de decisiones de \u00f3rganos directivos envuelve derechos intransigibles\u00bb y concluy\u00f3 que deb\u00eda ser revocado el \u00abprove\u00eddo recurrido en alzada\u00bb. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Contrastado lo anterior con el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que, de haber efectuado el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 un riguroso examen preliminar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, otra hubiese sido la conclusi\u00f3n, puesto que, para que el recurso de apelaci\u00f3n sea atendido por el Superior, se requiere que se cumplan ciertos requisitos para su procedencia, pues de no reunirse uno de ellos, ser\u00e1 declarado inadmisible. <\/p>\n
V\u00e9ase que, como lo dispone el actual r\u00e9gimen que regula las excepciones previas, se encuentran establecidas las causales que pueden ser invocadas (art\u00edculo 100), la oportunidad para proponerlas, as\u00ed como su tr\u00e1mite (art\u00edculo 101), y en lo que ata\u00f1e a los recursos que proceden contra la decisi\u00f3n que resuelve sobre uno de esos medios exceptivos, se advierte que solo es susceptible de ser atacada con el de reposici\u00f3n (art\u00edculo 318), porque con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, el de apelaci\u00f3n fue suprimido para ese auto, y el legislador no lo contempl\u00f3 en la norma general. <\/p>\n
Ahora, revisada la decisi\u00f3n de 5 de mayo de 2023 de la que se queja el Edificio accionante, observa la Sala que el Tribunal Superior accionado se apart\u00f3 del tr\u00e1mite previsto por el ordenamiento procesal para los recursos de apelaci\u00f3n de auto, con lo que incurri\u00f3 en el mencionado defecto procedimental, pues sin efectuar el \u00abexamen preliminar\u00bb, instituido para establecer la procedencia o no del mismo, lo resolvi\u00f3 de plano. <\/p>\n
Actuaci\u00f3n con la que desconoci\u00f3 el principio de taxatividad, puesto que la redacci\u00f3n de los art\u00edculos 101 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, es clara y no admite \u00abinterpretaciones extensivas o anal\u00f3gicas\u00bb a casos no comprendidos en ellas, de tal suerte que, no pod\u00eda el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, sin respaldo jur\u00eddico predicar la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n cuando se reconoce la excepci\u00f3n previa de \u00abCompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb, pues como se explic\u00f3 no existe norma que expresamente lo habilite, \u00absin que quepa ambig\u00fcedad en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo que establece la apelaci\u00f3n para la providencia que rechaza de plano un incidente de nulidad o lo resuelve, ni en todo caso se pueda equiparar a las excepciones previas con dicho tr\u00e1mite accesorio, porque las decisiones tienen tr\u00e1mite, materia y prop\u00f3sito dis\u00edmiles\u00bb (CSJ. STC12624-2022, STC5223-2023). <\/p>\n
Si lo anterior no fuera suficiente, cuando se declara probada la citada causal, y tiene como consecuencia la \u00abterminaci\u00f3n del proceso\u00bb, as\u00ed como la devoluci\u00f3n de la demanda junto a sus anexos al demandante, para que el interesado la presente en el Tribunal de Arbitramento (autoridad competente); el funcionario cuestionado no pod\u00eda equipararla con el auto \u00abque por cualquier causa (\u2026) ponga fin al proceso\u00bb (Num. 7\u00b0 del art\u00edculo 321 Ib\u00eddem), pues las decisiones fundamentadas en estos corresponden a tr\u00e1mites, materias y prop\u00f3sitos distintos (CSJ. STC12624-2022), y en todo caso, donde la norma es clara, no puede haber lugar a interpretaci\u00f3n en su alcance. <\/p>\n
<\/p>\n
Por la sencilla raz\u00f3n que, el proceso no finaliz\u00f3 por cuenta de tal decisi\u00f3n, sino que se traslada su conocimiento al juez habilitado en su cl\u00e1usula compromisoria, para que, de acuerdo con el principio de Kompetenz-kompetenz, establezca -entre otros- su competencia para dirimir la problem\u00e1tica, dentro de la \u00f3rbita de sus funciones, sin ninguna injerencia judicial en la materia (CSJ. SC8453-2016). <\/p>\n
Por tanto, como el juez constitucional puede al momento de resolver el caso en concreto, conceder amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados por los accionantes, dada la condici\u00f3n \u00absui generis\u00bb de este mecanismo excepcional, la labor no puede limitarse a sus pretensiones, sino que debe estar encaminada a garantizar la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
5. En consecuencia, se amparar\u00e1 el derecho fundamental al debido proceso, para lo cual el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 deber\u00e1 dejar sin efecto la providencia de 5 de mayo de 2023 y las decisiones que de \u00e9sta se deriven y, en su lugar, deber\u00e1 abordar de nuevo el examen del asunto, teniendo en cuenta lo considerado en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Conceder la acci\u00f3n de tutela promovida por el Edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1lez Torres PH contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Segundo: Ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, integrada por el Magistrado Diego Omar P\u00e9rez Salas, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la recepci\u00f3n del expediente materia de queja, deje sin efecto la providencia de 5 de mayo de 2023 y las decisiones que de ella se desprendan, proferida en el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea No. 003-2021-00117-00, y aborde de nuevo el examen relacionado con la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de auto de 19 de agosto de 2022 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, conforme a lo expresado en esta providencia. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, que en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda contabilizado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo y siempre que se encuentren en su poder, remita las diligencias correspondientes del proceso materia de queja, a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02401-00 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto plenamente la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, respetuosamente me permito ACLARAR mi voto, con el prop\u00f3sito de plantear algunas reflexiones adicionales respecto de la importancia de respetar el precedente en las determinaciones proferidas por esta Colegiatura, a prop\u00f3sito de la procedencia o no de la apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que declara la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, el edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1lez Torres P.H. reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, entre otras, toda vez que, en el curso del proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea que Gonz\u00e1lez Mej\u00eda y C\u00eda. Ltda. inici\u00f3 en su contra (rad. n.\u00ba 2021-00117), la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 revoc\u00f3 el auto a trav\u00e9s del cual el estrado a quo decret\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria que la aqu\u00ed libelista formul\u00f3, para que continuara su decurso en la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En la providencia de la referencia, en relaci\u00f3n con la queja indicada, la Sala opt\u00f3 por conceder el amparo deprecado y, en tal virtud, dejar sin efectos la decisi\u00f3n cuestionada, para que el tribunal ad quem \u00ababorde de nuevo el examen relacionado con la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de auto de 19 de agosto de 2022 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, conforme a lo expresado en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, \u00abcomo lo dispone el actual r\u00e9gimen que regula las excepciones previas, se encuentran establecidas las causales que pueden ser invocadas (art\u00edculo 100), la oportunidad para proponerlas, as\u00ed como su tr\u00e1mite (art\u00edculo 101), y en lo que ata\u00f1e a los recursos que proceden contra la decisi\u00f3n que resuelve sobre uno de esos medios exceptivos, se advierte que solo es susceptible de ser atacada con el de reposici\u00f3n (art\u00edculo 318), porque con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, el de apelaci\u00f3n fue suprimido para ese auto, y el legislador no lo contempl\u00f3 en la norma general\u00bb. <\/p>\n
La Sala concluy\u00f3 que el colegiado accionado \u00abdesconoci\u00f3 el principio de taxatividad, puesto que la redacci\u00f3n de los art\u00edculos 101 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, es clara y no admite \u00abinterpretaciones extensivas o anal\u00f3gicas\u00bb a casos no comprendidos en ellas, de tal suerte que, no pod\u00eda el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, sin respaldo jur\u00eddico predicar la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n cuando se reconoce la excepci\u00f3n previa de \u00abCompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb, pues como se explic\u00f3 no existe norma que expresamente lo habilite (\u2026)\u00bb, determinaci\u00f3n que comparto en tanto se funda en el precedente que refleja la postura mayoritaria de esta Corporaci\u00f3n, frente a la cual me permito realizar algunas precisiones, especialmente, sobre la importancia del reconocimiento del mismo en casos an\u00e1logos. <\/p>\n
2. Sobre el precedente de la Sala frente a la tem\u00e1tica expuesta. <\/p>\n
2.1. En lo atinente a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica abordada en el sub-lite, en la sentencia CSJ STC1538-2023, 22 feb., la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria tuvo oportunidad de discutir y pronunciarse sobre el punto, es decir, frente a la viabilidad de conceder o no el remedio vertical contra el auto que declara probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, aspecto sobre el que se estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de haber efectuado el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 un riguroso examen preliminar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, otra hubiese sido la conclusi\u00f3n, puesto que, para que el recurso de apelaci\u00f3n sea atendido por el Superior, el apelante debe cumplir ciertas cargas procesales, a saber: <\/p>\n
i) Interposici\u00f3n: Se propondr\u00e1 contra cualquier providencia, as\u00ed, a) Cuando la decisi\u00f3n se profiera en audiencia o diligencia, deber\u00e1 interponerse de forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada, y el juez resolver\u00e1 sobre su procedencia al finalizar la audiencia inicial o de instrucci\u00f3n, as\u00ed no se haya sustentado, y b) Cuando la providencia se dicte por fuera de audiencia, deber\u00e1 nterponerse ante el juez que la dict\u00f3 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, por estado. <\/p>\n
ii) Sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n: El apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez que dict\u00f3 la providencia, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, o al momento de formularlo si se profiere en audiencia. <\/p>\n
iii) Traslado: Del escrito de sustentaci\u00f3n se dar\u00e1 traslado a la parte contraria en la forma y por el t\u00e9rmino del art\u00edculo 110 Ib. <\/p>\n
iv) Procedencia: Que el auto atacado sea apelable de conformidad con el listado del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, o que as\u00ed lo establezca alguna norma especial. <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado, claramente se desprende que para resolver una apelaci\u00f3n de auto seg\u00fan lo establece el estatuto procesal vigente, debe el superior funcional -una vez recibe el expediente- efectuar el \u00abexamen preliminar\u00bb, si lo considera inadmisible as\u00ed lo decidir\u00e1 y lo devolver\u00e1 al inferior o, de lo contrario, lo resolver\u00e1 de plano y por escrito. <\/p>\n
En este particular asunto como qued\u00f3 visto, el funcionario accionado se apart\u00f3 del tr\u00e1mite previsto por el legislador para los recursos de apelaci\u00f3n de auto, con lo que incurri\u00f3 en el mencionado defecto procedimental, pues de manera irreflexiva y sin efectuar el referido \u00abexamen preliminar\u00bb, procedi\u00f3 a resolverlo de plano, sin tomar en cuenta que el art\u00edculo 321 \u00eddem no establece la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que declara la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, as\u00ed como tampoco las normas especiales que regulan tales defensas – art\u00edculo 100 y ss del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb Se resalta. <\/p>\n
2.2. En ese orden, en dicha determinaci\u00f3n qued\u00f3 sentada la postura mayoritaria de esta Colegiatura sobre lo que fue materia de reflexi\u00f3n en este asunto, por lo que, en consecuencia, estimo acertado que se haya aplicado en la resoluci\u00f3n de este caso, en tanto que, como se ha iterado en otras ocasiones2, en la actividad judicial debe procurarse la salvaguarda de la uniformidad de criterios y, por ende, la seguridad jur\u00eddica que debe imperar en las sentencias de tutela del \u00f3rgano de cierre de la especialidad Civil y Agraria, en aras de evitar interpretaciones discordantes. <\/p>\n
Por ello, se insiste, para el suscrito es imprescindible el respeto de las decisiones que constituyen antecedentes relevantes para la definici\u00f3n de cada asunto sometido a escrutinio \u2013en este evento, de la justicia constitucional\u2013, pues, ciertamente, se debe garantizar la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, la confianza leg\u00edtima, entre otros bienes iusfundamentales, que indiscutiblemente se encuentran involucrados cuando de dirimir controversias judiciales se trata. <\/p>\n
Sobre la importancia de proceder en tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha relievado que: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica regula la actividad de administrar justicia, al advertir que el juez se encuentra sujeto al imperio de la Ley. Esta palabra ha sido entendida de dos formas. En sentido escrito hace relaci\u00f3n a las normas abstractas y generales expedidas por parte de legislador. En sentido lato se encuentran diversas normas que constituyen derecho vigente, dentro las que se hallan los precedentes judiciales3. Entonces, el funcionario jurisdiccional debe aplicar en la resoluci\u00f3n de sus casos todo el ordenamiento jur\u00eddico, entre ellos el precedente judicial4, dado que \u201clos fallos de las autoridades llamadas a asegurar la protecci\u00f3n de los derechos de las personas, o llamadas a definir la interpretaci\u00f3n normativa para casos concretos, delimitan parte del engranaje del ordenamiento jur\u00eddico\u201d5. Esa consideraci\u00f3n tambi\u00e9n incluye la garant\u00eda del debido proceso y legalidad, como quiera que comprende la aplicaci\u00f3n de las normas que pertenecen al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
El principio de la igualdad establece la obligaci\u00f3n de fallar los casos sometidos a su competencia de la misma manera en que se decidieron otras causas similares en el pasado. Ese mandato desarrolla la igualdad ante la ley que deben profesar las autoridades p\u00fablicas frente a las personas. La aplicaci\u00f3n del precedente de manera uniforme garantiza esa faceta de la igualdad y la unificaci\u00f3n de las distintas posturas e interpretaciones en el sistema jur\u00eddico6. La materializaci\u00f3n de ese principio implica que los jueces se comporten con los postulados del principio de la buena fe y la seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u00bb (CC, SU068\/18). <\/p>\n
2.3. Bajo las premisas que anteceden, me permito reiterar que comparto la resoluci\u00f3n del sub-ex\u00e1mine, en la medida en que parti\u00f3 del acatamiento del precedente de esta Corporaci\u00f3n sobre el tema analizado, con lo que se garantiza la uniformidad de las providencias judiciales y, por consiguiente, la seguridad jur\u00eddica y la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley en la jurisprudencia. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, comedidamente estimo que, en el sub-lite, fue acertada la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n reclamada por la entidad memorialista, teniendo en cuenta que el tribunal censurado omiti\u00f3 la necesaria verificaci\u00f3n acerca de la viabilidad o no desatar la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto que declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, en atenci\u00f3n al precedente de esta Colegiatura. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con la reiteraci\u00f3n de mi respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02401-00 <\/p>\n
Con respeto por la Sala mayoritaria me permito aclarar el voto porque, aunque comparto la decisi\u00f3n dada al caso, considero que el auto que declara probada la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria s\u00ed termina el proceso, aunque no est\u00e1 dotado de apelaci\u00f3n, conforme pasa a explicarse7: <\/p>\n
<\/p>\n
1. No puede predicarse, como qued\u00f3 consignado en las consideraciones de las que me aparto, que cuando se declara probada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, el asunto sometido a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria \u00abno finaliz\u00f3 por cuenta de tal decisi\u00f3n, sino que se traslada su conocimiento al juez habilitado en su cl\u00e1usula compromisoria\u00bb, por el contrario, el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo General del Proceso expresamente se\u00f1ala que cuando se declara probada la excepci\u00f3n consagrada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 100 ibidem, el Juez \u00abdecretar\u00e1 la terminaci\u00f3n del proceso y se devolver\u00e1 al demandante la demanda con sus anexos\u00bb. Es decir, aunque puede que llegue a existir un nuevo proceso sometido al conocimiento de un tribunal de arbitramento, lo cierto es que, si llega a declararse probada la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, el tr\u00e1mite en la jurisdicci\u00f3n ordinaria termina, habida cuenta que no existe remisi\u00f3n por competencia por parte del juez a los \u00e1rbitros, sino que corresponde a las partes iniciar un nuevo proceso ante estos \u00faltimos. <\/p>\n
2.- Dilucidado lo anterior, importa se\u00f1alar que no es factible extender lo consagrado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual es apelable el auto que \u00abpor cualquier causa le ponga fin al proceso\u00bb, a la providencia que declara probada la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, porque la alzada ser\u00eda innecesaria conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
No puede perderse de vista que uno de los principios que rige el arbitramento es el denominado kompetenz-kompetenz, que ha sido reconocido por la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, como la facultad que tiene el tribunal de arbitramento de establecer la existencia y los l\u00edmites de su competencia. En consecuencia, aunque la justicia ordinaria declare probada la excepci\u00f3n previa de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, una vez integrado el tribunal de arbitramento, dicha autoridad, en virtud del mencionado principio, volver\u00e1 a determinar si tiene competencia para dirimir el conflicto y su decisi\u00f3n ser\u00e1 la que defina si hay lugar a que la justicia ordinaria conozca del asunto o no, por lo que un segundo pronunciamiento en la justicia ordinaria, a trav\u00e9s de la apelaci\u00f3n, es innecesario. <\/p>\n
En suma, son los argumentos descritos los que permiten concluir que la norma general prevista en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso no da lugar a predicar la existencia de la apelaci\u00f3n de la providencia que declara probada la excepci\u00f3n aludida, porque aunque esta \u00faltima decisi\u00f3n s\u00ed termina el proceso en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la alzada no resulta necesaria; adem\u00e1s, la norma especial de ese tipo de excepciones, a diferencia de lo que suced\u00eda en el r\u00e9gimen procesal anterior, no previ\u00f3 la alzada para estos asuntos. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, aunque en alg\u00fan momento quiso acogerse la norma general con el fin de garantizar la doble instancia de las partes, lo cierto es que dicha interpretaci\u00f3n no resulta garantista, sino dilatoria del tr\u00e1mite procesal y lesiva para los interesados en una justicia pronta y eficiente, toda vez que, en cualquier caso, los intervinientes obtendr\u00e1n, si se declara probada la excepci\u00f3n referida, un segundo pronunciamiento sobre el particular por parte del tribunal de arbitramento. En otras palabras, el ciudadano tendr\u00e1 no solo la decisi\u00f3n de la justicia ordinaria, bajo el tr\u00e1mite de las excepciones previas, sino tambi\u00e9n el an\u00e1lisis que hace la justicia arbitral, con fuerza de autoridad, para fijar la competencia. Es decir que la garant\u00eda del debido proceso de las partes es plena y definida por la intenci\u00f3n de pactar una cl\u00e1usula compromisoria para dirimir las controversias que le afecten, sin que sea necesario para tal fin el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Sent. T-729 de 1999 <\/p>\n
2\u0002 En especial, respecto de un pronunciamiento que, al margen de su correcci\u00f3n o no, lo cierto es que contravino el desarrollo que aqu\u00ed se proh\u00edja. Al respecto, ver: Salvamento de voto al fallo CSJ STC6099-2023, 26 jun. <\/p>\n
3\u0002 Cita propia del texto referenciado: Sentencia C-539 de 2011 <\/p>\n
4\u0002 Cita propia del texto referenciado: Sentencia T-525 de 2010 y T-100 de 2010. <\/p>\n
5\u0002 Cita propia del texto referenciado: Sentencia T-698 de 2004. <\/p>\n
6\u0002 Cita propia del texto referenciado: Sentencia SU-053 de 2015 <\/p>\n
7\u0002 Si bien en oportunidades anteriores sostuve que el auto aludido s\u00ed era apelable, como en CSJ STC6099-2023, ahora, tras una nueva revisi\u00f3n sobre el punto, mi postura es la aqu\u00ed se\u00f1alada. <\/p>\n
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STC6861-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6861-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02401-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edificio Nicol\u00e1s Gonz\u00e1lez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74759","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74759"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74759\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}