STC6923-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6923-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02689-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mar\u00eda Cruz Plata Ibarra instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2003-00106-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, vivienda digna, dignidad humana para personas pertenecientes a la tercera edad, m\u00ednimo vital, defensa, derecho a la tranquilidad y n\u00facleo familiar\u00bb, para que \u00abse ordene a los accionados dejar sin efecto alguno las decisiones tomadas en la providencias de primera instancia emitida el 13 de diciembre de 2021 y el Tribunal Superior de Buga en el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2022, para que en su lugar emitan unas nuevas providencias en las que se accedan a las pretensiones de la suscrita afectada constitucionalmente\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, dichas decisiones lesionaron sus atributos b\u00e1sicos, en tanto cometieron \u00aberror f\u00e1ctico por defecto sustantivo y error f\u00e1ctico absoluto\u00bb, ya que no repararon que el litigio no puede continuar, porque: i) Bancolombia \u00abcedi\u00f3 un cr\u00e9dito de vivienda\u00bb en favor de una persona natural que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa como demandante, en este asunto porque al citado acreedor \u00abno le es posible adelantar el procedimiento de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme lo prev\u00e9 la Ley 546 de 1999\u00bb; ii) Si bien existe material en el plenario que el citado Banco \u00abreliquid\u00f3 el cr\u00e9dito y lo convirti\u00f3 de UPAC a URV, lo cierto es que jam\u00e1s adelant\u00f3 la reestructuraci\u00f3n conforme a las sentencias de la Corte Constitucional\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abse equivocaron a denegar [su] solicitud de nulidad constitucional m\u00e1xime que se trata de una persona de la tercera edad\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga alleg\u00f3 copia del paginario objetado. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira defendi\u00f3 la legalidad de su obrar para cuyo efecto narr\u00f3 las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
Jes\u00fas Alb\u00e9nis Giraldo Quintana se opuso al amparo toda vez que \u00abla demandada en el proceso ejecutivo, cont\u00f3 con todos los recursos e incidentes procesales, que no fueron usados ni atendidos en sus debidas oportunidades, por lo que no hay un derecho superior a proteger\u00bb. <\/p>\n
La Subsecretaria de Cobro Coactivo de la Alcald\u00eda Municipal de Palmira rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, examinado el prove\u00eddo reprochado, expedido por el Tribunal Superior de Buga (12 dic. 2022), muy pronto se anuncia el fracaso de la salvaguarda, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que, en relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se persiguen cr\u00e9ditos otorgados para la adquisici\u00f3n de vivienda antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha asentado que, para acceder al amparo, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) Que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue entregado a la parte ejecutante; (ii) Que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) Que directa o indirectamente se afecte el \u00abderecho a la vivienda digna\u00bb, gobernado por la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
En torno a lo aludido, en la Sentencia SU-813 de 2007, la Corte Constitucional, sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (\u2026). Reiterado en CC T- 881\/13). <\/p>\n
1.2.- Examinado el material suasorio que reposa en el dossier, se extrae que el primer presupuesto se halla satisfecho, en la medida que la gestora acudi\u00f3 tempestivamente a esta v\u00eda excepcional, en tanto que a la fecha no se ha subastado la heredad objeto perseguida identificada con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 378-106806. <\/p>\n
En torno a la segunda exigencia, se verific\u00f3 que la quejosa puso en conocimiento de los jueces naturales la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta, actuaci\u00f3n que es suficiente para su \u00e9xito, toda vez que no se necesita, que la defensa de la afectada se realice en los tiempos reglados por el estatuto procesal civil y\/o tempestivamente, ya que, basta con tener \u00abcierta diligencia\u00bb que \u00abconsiste en haber solicitado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo o la nulidad del mismo por haber continuado ileg\u00edtimamente (\u2026) en cualquiera de las oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera espec\u00edfica en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Empero, no corre la misma suerte el \u00faltimo requerimiento, relativo a la \u00abafectaci\u00f3n del derecho a la vivienda digna\u00bb, porque de acuerdo a la informaci\u00f3n ofrecida en esta instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira y lo expuesto por el Tribunal Superior de Buga en el interlocutorio que ratific\u00f3 la negativa de la nulidad impetrada por la actora, se observa que esta \u00abno reside en el predio\u00bb, en tanto en la diligencia de secuestro realizada el 19 de marzo de 2004 en la carrera 21 n\u00ba 43-03 de la Urbanizaci\u00f3n Ca\u00f1amiel, el comisionado dej\u00f3 constancia que fue atendido por Oscar Mauricio Reinoso Mensuque, quien a su vez manifest\u00f3 que ah\u00ed viv\u00eda Didier Alexander Garc\u00eda en calidad de inquilino (folio 224 del expediente), es decir, no viv\u00eda Mar\u00eda Cruz Plata Ibarra. <\/p>\n
Luego, a folio 412 aparece \u00c0ngel Segundo Cadena Rodr\u00edguez expresando que es el poseedor material del predio desde el a\u00f1o 1999 porque Plata Ibarra se lo prometi\u00f3 en venta el 16 de marzo de esa anualidad y \u00e9l lo tiene alquilado, tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 que dicha persona se hizo presente en el proceso invocando \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, su intervenci\u00f3n fue resuelta favorablemente en primera instancia (1 dic. 2004) empero el superior revoc\u00f3 lo zanjado al encontrar que \u00abla posesi\u00f3n material que, en efecto, hab\u00eda demostrado, la derivaba de la demandada, se trataba, entonces, de un causahabiente\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se eval\u00faa en el interrogatorio extraprocesal rendido por la tutelante ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Palmira (folio 456 del expediente), que refiri\u00f3 en sus generales de ley que reside en la calle 13 n\u00ba 26-54 del Barrio Las Am\u00e9ricas de esa localidad, ubicaci\u00f3n que no corresponde al del fundo hipotecado y perseguido en acci\u00f3n ejecutiva, circunstancias que descartan la existencia del riesgo de que \u00e9sta sea privada de la tenencia del lugar donde desarrolla su proyecto de vida y, por tanto, que su atributo supralegal se vea transgredido. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que, seg\u00fan la l\u00ednea trazada por esta Corporaci\u00f3n en asuntos an\u00e1logos, si ese derecho no resulta lesionado, a causa de la falta de la \u00abreestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, la intromisi\u00f3n constitucional es innecesaria, por ende, deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
De manera que, aun cuando asiste raz\u00f3n a la promotora en que los despachos recriminados se equivocaron al no finalizar el proceso coercitivo, respaldados en que \u00abse le aplic\u00f3 el procedimiento de reliquidaci\u00f3n que le origin\u00f3 un alivio en la deuda\u00bb y en la existencia de otro compulsivo por parte de la Secretar\u00eda de Hacienda de Palmira \u2013 Subsecretar\u00eda de Cobro Coactivo, dado que esa situaci\u00f3n, per se, no constituye un elemento que lleve impl\u00edcita la incapacidad de pago (STC5248-2021), en este caso, esta \u00faltima tesis resulta intrascendente, por cuanto, it\u00e9rese, la \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb suplicada no hiere su \u00abderecho a la vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, esta Sala, en un asunto similar, dijo: <\/p>\n
[N] o se advierte reunido el tercer presupuesto reclamado por esta Corporaci\u00f3n como necesario para acceder a la salvaguarda incoada, relativo a que \u00ab(iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna\u00bb, por cuanto obran en el expediente varias probanzas que descartan la vulneraci\u00f3n alegada, como pasa a enunciarse. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan la propia afirmaci\u00f3n del accionante, se avizora que \u00e9ste no reside en el inmueble objeto del gravamen hipotecario, pues, desde el a\u00f1o 2003, se encuentra domiciliado en el municipio de La Vega \u2013 Cundinamarca- . <\/p>\n
Dicha situaci\u00f3n tambi\u00e9n fue reportada por el actor al formular la tutela de radicado 2019-00907, con la que pretendi\u00f3 dejar sin efectos el prove\u00eddo de 6 de noviembre de 2018, mediante el cual el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que hab\u00eda accedido a la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n de la orden de apremio y que fue resuelta por esta Sala mediante STC4410-2019. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tampoco puede pasarse por alto la referencia de los procesos de pertenencia promovidos en contra del aqu\u00ed actor por los poseedores que, en la actualidad, habitan el predio materia de controversia; pues, si bien se trata de asuntos ajenos a este examen constitucional, s\u00ed ponen de presente que, tal como el propio tutelante lo afirm\u00f3, \u00e9ste no detenta el goce material del inmueble en disputa. <\/p>\n
Ahora, al margen del criterio de la Sala en lo atinente a la acreditaci\u00f3n de la capacidad de pago del deudor como exigencia para acceder al procedimiento de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito e independientemente de que la postura del Tribunal acusado sea o no compartida por esta Corporaci\u00f3n, lo cierto es que Luis Hernando Ortiz Huertas ha reconocido no tener su vivienda en el inmueble en controversia desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, incluso cuatro a\u00f1os antes de la iniciaci\u00f3n del juicio ejecutivo que ahora censura, por tanto, no le es dable alegar la vulneraci\u00f3n a su derecho de vivienda respecto del bien objeto de litigio, lo cual impone negar el amparo pretendido. (subraya fuera de texto) (CSJ, STC17513-2021, replicada en STC3070-2022 y STC2121-2023). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con la condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n aducida por la memorialista, se precisa que tales aseveraciones no resultan suficientes para otorgar el auxilio en la forma pretendida, toda vez que como lo ha dicho esta Colegiatura, \u00abesa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad\u00bb (STC6290-2020, reiterada, entre otras, en STC9072-2021, STC1964-2022, STC4580-2023), suceso que no se ve configurado en este caso, en tanto no se vislumbra la afectaci\u00f3n al debido proceso y en el desarrollo de esa lid actu\u00f3 representada por un abogado. <\/p>\n
3.- Ergo, surge infructuoso la ayuda supralegal clamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Mar\u00eda Cruz Plata Ibarra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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