STC6927-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6927-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b011001-02-03-000-2023-02647-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Luz Amparo Montoya Vargas interpuso contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso declarativo de restituci\u00f3n de tenencia con radicado n\u00b005001-31-03-002-2018-00455-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Del escrito de tutela se extrae que la gestora pretende dejar sin efectos la sentencia que revoc\u00f3 el veredicto de primera instancia (31 may. 2023) y que se suspenda la orden de restituci\u00f3n del inmueble objeto de litigio. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandada en el proceso bajo estudio en el que se dict\u00f3 fallo de primera instancia parcialmente favorable a sus anhelos (6 oct. 2020). Relat\u00f3 que el veredicto fue impugnado por ambas partes y revocado por el tribunal accionado, quien consider\u00f3 que se prob\u00f3 la existencia del contrato de comodato regular entre las partes y la falta al deber de cuidado del bien inmueble objeto de este, por lo que declar\u00f3 su terminaci\u00f3n y la consecuente restituci\u00f3n del bien (31 may. 2023). <\/p>\n
La precursora deriv\u00f3 sus quejas de la sentencia de segunda instancia, pues a su juicio, la misma transgrede su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. El Tribunal accionado hizo un recuento de los hechos y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. Isabel Cristina Aguilar Valencia solicit\u00f3 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
En efecto, para tomar la decisi\u00f3n que se critica, el tribunal inici\u00f3 por referirse a la normativa que impera respecto al contrato de comodato. Luego, procedi\u00f3 a analizar la pretensi\u00f3n impugnaticia de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En primer lugar, se remiti\u00f3 a los reparos atenientes a la falta de congruencia del a quo al calificar el pacto como un \u00abcomodato\u00bb, de lo que resalt\u00f3 que, en la demanda se pretendi\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n de la tenencia de un bien inmueble dado en comodato\u00bb y que, en efecto, el debate en primera instancia circund\u00f3 respecto a si era aquella la denominaci\u00f3n que deb\u00eda darse al mentado acuerdo negocial, por lo que concluy\u00f3 que la queja deb\u00eda desestimarse. <\/p>\n
De otra parte, respecto a la valoraci\u00f3n probatoria, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del litigio y la valoraci\u00f3n probatoria realizada en primera instancia fue parcial e insuficiente en pro de resolver la controversia, porque omiti\u00f3 un aspecto relevante para su definici\u00f3n, en cuanto tiene que ver con los extremos temporales del contrato debatido. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa resalt\u00f3: <\/p>\n
Sin embargo, se excepcion\u00f3 la inexistencia del contrato de comodato porque la demandada figur\u00f3 como propietaria inscrita del inmueble desde 2008 hasta 2017 y en el expediente obran los documentos que dan cuenta de ello. As\u00ed, se encuentra probado que Luz Amparo Montoya Vargas ostent\u00f3 la titularidad del derecho de dominio del inmueble objeto del presente proceso, en virtud de la escritura p\u00fablica de compraventa No. 2715 del 20 de noviembre de 2008 de la Notar\u00eda Quinta de Medell\u00edn17 y que transfiri\u00f3 la propiedad en favor de Luz Marina Escobar Montoya, mediante escritura p\u00fablica No. 2699 del 22 de agosto de 2017 de la Notar\u00eda Quinta de Medell\u00edn, compraventas debidamente inscritas en el certificado de tradici\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
La Sala considera que tales actos escriturarios, debidamente incorporados, contienen contratos de compraventa y, por tanto, son ley para las partes, en tanto su validez no ha sido controvertida ni desvirtuada jurisdiccionalmente o, al menos, no se aport\u00f3 prueba de ello, de tal forma que, las acusaciones que las litigantes formulan en su contra carecen de respaldo y por tanto no se pueden acoger. (\u2026) <\/p>\n
Bajo esos derroteros concluy\u00f3 que <\/p>\n
En consecuencia, en cuanto a los efectos temporales de la relaci\u00f3n contractual invocada, la Sala concluye que entre el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de agosto de 2017 el derecho de dominio del inmueble fue ostentado por la demandada Luz Amparo Montoya Vargas y desde la \u00faltima fecha hasta la presentaci\u00f3n de la demanda por la demandante Luz Marina Escobar Montoya.(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed, si la demandada fue propietaria entre 2008 y 2017, no es posible considerar que concurriera en ella la calidad de comodataria durante dicho lapso, pues no es l\u00f3gicamente compatible que el propietario, quien tiene las facultades de uso, goce y disposici\u00f3n del bien conforme lo previsto en el art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil, ostente simult\u00e1neamente un derecho inferior, como ser\u00eda el de mera tenencia en virtud de un comodato. Es decir, que el an\u00e1lisis de la eventual existencia del contrato de comodato y su incumplimiento solamente puede darse con posterioridad al 22 de agosto de 2017 <\/p>\n
Adicionalmente, al verificar la existencia de los \u00abelementos esenciales del contrato de comodato\u00bb, destac\u00f3 que el inmueble fue entregado a la demandada para que esta habitara en \u00e9l a t\u00edtulo gratuito, pero no como una donaci\u00f3n, sino como un acto de generosidad de la demandante en virtud de la relaci\u00f3n de cercan\u00eda que sostuvieron, por lo que coligi\u00f3 que, pese a que las partes no conoc\u00edan la designaci\u00f3n de la convenci\u00f3n celebrada, era acertada la calificaci\u00f3n hecha por el a quo. <\/p>\n
Posteriormente, respecto a la terminaci\u00f3n del pacto, hizo alusi\u00f3n a los videos y fotograf\u00edas aportados el plenario, as\u00ed como del dictamen pericial y el testimonio de Camilo Vargas y de Mario Tangarife y la contestaci\u00f3n de la gestora, en los que se da cuenta del estado actual de inmueble y de las reparaciones que intent\u00f3 realizar la propietaria del bien, probanzas de las que coligi\u00f3 que \u00absi bien no puede afirmarse que los da\u00f1os o el estado de deterioro sea atribuible a la demandada, lo cierto es que sus acciones han impedido que la leg\u00edtima propietaria pueda desplegar actuaciones encaminadas a su reparaci\u00f3n y cuidado para el \u00f3ptimo funcionamiento y conservaci\u00f3n del bien, conducta que da cuenta de un incumplimiento contractual, pues responder por culpa lev\u00edsima equivale a ser garante de la conservaci\u00f3n del bien con suma diligencia y cuidado y, por ende, proceder para evitar el menoscabo o perecimiento de la cosa, por lo que se concluye que la demandada ha contrariado las obligaciones de m\u00e1xima diligencia que la ley le impone en su condici\u00f3n de comodataria y, por tanto, da lugar a una causal de terminaci\u00f3n unilateral del pr\u00e9stamo de uso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, ante la prosperidad de las pretensiones, consider\u00f3 necesario estudiar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte pasiva, aqu\u00ed accionante, por lo que, en primer lugar, descart\u00f3 la \u00abinexistencia de la causa petendi y carencia de derecho para pedir la restituci\u00f3n\u00bb dado que se corrobor\u00f3 que las partes hab\u00edan celebrado un comodato; por otro lado, rechaz\u00f3 la existencia de una simulaci\u00f3n, teniendo en cuenta que dicha figura se presenta en los casos en los que un acuerdo tiene como finalidad esconder la verdadera intenci\u00f3n de las partes, oculta de manera concertada tras un negocio jur\u00eddico aparente, situaci\u00f3n ajena a la del decurso. <\/p>\n
F\u00edjese entonces que la decisi\u00f3n de revocar la sentencia que deneg\u00f3 las pretensiones no obedeci\u00f3 al capricho del juzgador, sino a la interpretaci\u00f3n razonable que esa autoridad despleg\u00f3 sobre las circunstancias f\u00e1cticas, probatorias y jur\u00eddicas que rodearon el caso concreto, en particular, porque consider\u00f3 demostrada la existencia de un contrato de comodato regular, as\u00ed como la configuraci\u00f3n de una causal de terminaci\u00f3n del mismo dada la ausencia de la diligencia y cuidado por parte de la comodataria respecto al inmueble; raciocinios que, independientemente de que se compartan, no lucen irracionales o antojadizos, raz\u00f3n por la que de ellos no puede predicarse la existencia de una v\u00eda de hecho que amerite intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Respecto a la situaci\u00f3n de vulnerabilidad manifestada, si bien es cierto que la gestora del amparo es una persona de la tercera edad, este hecho, en s\u00ed mismo, no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, pues es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto,1 pues se evidencia que el anhelo de la querellante es anteponer su propio discernimiento para aniquilar la providencia que le desfavoreci\u00f3. <\/p>\n
En cualquier caso, no es posible, como lo pretende la quejosa, detener o aniquilar, a trav\u00e9s de este remedio, providencias en firme, con miras a que se evite la restituci\u00f3n del bien dado en comodato. Lo anterior, porque, como ya se expuso, dichos actos no son arbitrarios, por cuanto son el resultado de la ejecutoria de la sentencia que impuso a la censora la obligaci\u00f3n de devolver a su contradictora el referido bien, la cual no puede ser supeditada por una acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, dado que la decisi\u00f3n cuestionada descansa sobre un discernimiento razonable de la situaci\u00f3n conocida por la autoridad accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Luz Amparo Montoya Vargas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC1200-2014). <\/p>\n
<\/p>\n
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