STC6937-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6937-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02635-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Reinel Rold\u00e1n Quesada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario no. 73001310300120180032400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Banco BBVA Colombia SA promovi\u00f3 en su contra demanda ejecutiva para la efectividad de la garant\u00eda real, proceso en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 6 de diciembre de 2018, libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, seg\u00fan la parte demandante, por intermedio de la empresa AM Mensajes SAS, presuntamente, el 18 de febrero de 2021 realiz\u00f3 el env\u00edo de la comunicaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n personal electr\u00f3nica en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 806 de 2020, y, que, en providencia de 23 de abril de 2021, el Juzgado de conocimiento dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que pidi\u00f3 la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n, porque la efectuada no cumpl\u00eda con las exigencias legales, solicitud que fue negada por auto de 20 de septiembre de 2022, sin tener en cuenta que la empresa de mensajer\u00eda mencionada, pese a estar autorizada como operador postal, \u00abno cuenta con facultad legal para emitir certificaciones que prueben la entrega de un mensaje de datos (notificaci\u00f3n judicial electr\u00f3nica), pues dicha facultad corresponde \u00fanicamente a las ECD \u2013 Entidades de Certificaci\u00f3n Digital acreditadas por la ONAC, tal como lo indica la Ley 527 de 1999\u00bb. <\/p>\n
Adujo que recurri\u00f3 la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y en subsidio en apelaci\u00f3n, y el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 el primero y concedi\u00f3 el segundo ante el superior. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 22 de junio de 2023 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n reprochada, con fundamento en que la empresa de mensajer\u00eda referida est\u00e1 habilitada por el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones para ejercer la actividad referida. <\/p>\n
Aleg\u00f3 el desconocimiento de sus garant\u00edas constitucionales, en atenci\u00f3n a que, i) la empresa AM Mensajes SAS, cuenta con licencia para prestar servicios de mensajer\u00eda f\u00edsica, pero \u00abNO CUENTA con acreditaci\u00f3n como ECD \u2013 Entidad de Certificaci\u00f3n Digital acreditada por la ONAC, como exige la ley 527 de 1999, lo que le permitir\u00eda expedir certificados con validez jur\u00eddica, respecto a la entrega de un mensaje de datos\u00bb, ii) la constancia de notificaci\u00f3n personal de 18 de febrero de 2021 no prueba la entrega del mensaje de datos con que se pretendi\u00f3 notificarlo, iii) no existe acuse de recibo en el expediente y, iv) como demandado nunca tuvo acceso al mensaje de datos. <\/p>\n
En adici\u00f3n, trajo a colaci\u00f3n un dictamen pericial rendido por Adalid Corporaci\u00f3n en otro proceso judicial, el que revela \u00abque el servicio de transmisi\u00f3n de mensaje de datos ofrecidos por AM MENSAJES SAS, no cuenta con el funcionamiento adecuado para asegurar y\/o probar la entrega de un mensaje de datos (\u2026)\u00bb, el cual solicit\u00f3 al a quo y al ad quem tener como prueba trasladada, al igual que les pidi\u00f3, de considerarlo necesario, decretaran de oficio la pr\u00e1ctica de un trabajo pericial que estaba dispuesto a costear en un 50%, peticiones que fueron negadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 declarar la nulidad de los autos de 20 de septiembre de 2022 y 23 de junio de 2023, proferidos por el Juzgado y Tribunal accionados, respectivamente, y se ordene al primero \u00ab(\u2026) [decrete la nulidad por indebida notificaci\u00f3n judicial electr\u00f3nica], retrotrayendo las actuaciones procesales hasta el momento previo a la presunta notificaci\u00f3n judicial, dentro del proceso ejecutivo hipotecario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 atenerse a los elementos probatorios que reposan en el tr\u00e1mite del asunto civil bajo examen. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, adem\u00e1s de compartir el link del expediente digital radicado 2018-00324, indic\u00f3 que con las actuaciones judiciales que ha adelantado no ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja constitucional recae en la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 22 de junio de 2023, por la que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, por ser la que defini\u00f3 el debate en relaci\u00f3n con la efectividad de la notificaci\u00f3n realizada a Reinel Roldan Quesada demandado en el proceso ejecutivo radicado no. 2018-00324 que en su contra promovi\u00f3 el Banco BBVA Colombia SA. <\/p>\n
El accionante considera que como la notificaci\u00f3n que se le hizo del proceso, no atendi\u00f3 los par\u00e1metros legales fijados en el ordenamiento jur\u00eddico, est\u00e1 viciada de nulidad. <\/p>\n
3. Como punto de partida, vale la pena recordar que la Ley 527 de 1999 \u00ab(\u2026) define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electr\u00f3nico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, y en su art\u00edculo 2\u00ba destaca que el mensaje de datos, se define como \u00abla informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electr\u00f3nico de Datos (EDI), Internet, el correo electr\u00f3nico, el telegrama, el t\u00e9lex o el telefax (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El art\u00edculo 10\u00ba de ese compendio normativo, expresa que \u00ab(\u2026) los mensajes de datos ser\u00e1n admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del (\u2026) C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En toda actuaci\u00f3n administrativa o judicial, no se negar\u00e1 eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de informaci\u00f3n en forma de un mensaje de datos, por el s\u00f3lo hecho que se trate de un mensaje de datos o en raz\u00f3n de no haber sido presentado en su forma original\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 14 del Acuerdo PSAA06-3334 de 2006 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura establece que, \u00ablos mensajes de datos se entienden recibidos de la siguiente manera: a) Cuando el destinatario ha confirmado mediante acuse de recibo la recepci\u00f3n, o \u00e9ste se ha generado autom\u00e1ticamente; b) Cuando el destinatario o su representante, realiza cualquier actuaci\u00f3n que permita concluir que ha recibido el mensaje de datos; c) Cuando los actos de comunicaci\u00f3n procesal emanados de la autoridad judicial, no han sido devueltos al sistema de informaci\u00f3n de la autoridad judicial, dentro de los tres (3) d\u00edas calendario siguiente a su remisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que, en la demanda con que se promueva todo proceso, deber\u00e1 mencionarse \u00ab(\u2026) 10. el lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica que tengan o est\u00e9n obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibir\u00e1n notificaciones personales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 20201 -hoy Ley 2213 de 2022-, se\u00f1ala, <\/p>\n
[l]as notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse con el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviar\u00e1n por el mismo medio. El interesado afirmar\u00e1 bajo la gravedad del juramento, que se entender\u00e1 prestado con la petici\u00f3n, que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informar\u00e1 la forma como la obtuvo y allegar\u00e1 las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar (\u2026)\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De lo anterior se deduce que, inicialmente, son dos las posibilidades que actualmente permiten al demandante enterar de la existencia del proceso a su contraparte, esto es, i) remiti\u00e9ndole la informaci\u00f3n pertinente a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada como mensaje de datos y, ii) notific\u00e1ndola personalmente mediante el env\u00edo de las comunicaciones respectivas (art\u00edculos 291 a 292 del C\u00f3digo General del Proceso) a la direcci\u00f3n f\u00edsica reportada. Claro, siempre y cuando una y otra sean del conocimiento del promotor del litigio. <\/p>\n
En el primer evento, para acoger la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de notificaciones que se indique en la demanda, la norma impone al demandante, <\/p>\n
a) afirmar bajo juramento que el correo suministrado es el utilizado por el demandado, b) explicar c\u00f3mo obtuvo esa informaci\u00f3n y, c) aportar prueba siquiera sumaria que demuestre que dicha direcci\u00f3n es del demandado, en especial las comunicaciones remitidas a quien deba notificarse. <\/p>\n
4. Ahora bien, para satisfacer el enteramiento del proceso al demandado a trav\u00e9s de canales digitales, la Sala ha explicado que la carga demostrativa puede cumplirse por cualquiera de los medios de prueba legales siempre que sean \u00fatiles para dar certeza al juez, al decir que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Corte concluye que el enteramiento por medios electr\u00f3nicos puede probarse por cualquier medio de convicci\u00f3n pertinente, conducente y \u00fatil, incluyendo no solo la presunci\u00f3n que se deriva del acuse de recibo (u que puede ser desvirtuada), sino tambi\u00e9n su env\u00edo, sentido en el que se precisa el alcance de las consideraciones plasmadas en CSJ STC13993-2019, 11 oct.2019, rad. no. 2019-00115 y STC690-2020, 3 feb. 2020, rad. no. 2019-02319\u00bb (se resalta) (CSJ. Sentencia de 3 de junio de 2020, radicado n\u00b0 11001-02-03-000- 2020-01025-00). <\/p>\n
Acerca de la forma para acreditar el acuse de recibo o la constataci\u00f3n que la comunicaci\u00f3n lleg\u00f3 a su destinatario, en sentencia STC16733-2022 la Corte explic\u00f3 que esa circunstancia puede verificarse, entre otras formas, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a trav\u00e9s i). del acuse de recibo Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00389-01 25 voluntario y expreso del demandado, ii). del acuse de recibo que puede generar autom\u00e1ticamente el canal digital escogido mediante sus \u00absistemas de confirmaci\u00f3n del recibo\u00bb, como puede ocurrir con las herramientas de configuraci\u00f3n ofrecidas por algunos correos electr\u00f3nicos, o con la opci\u00f3n de \u00abexportar chat\u00bb que ofrece WhatsApp, o inclusive, con la respectiva captura de pantalla que reproduzca los dos \u00abtik\u00bb relativos al env\u00edo y recepci\u00f3n del mensaje, iii). de la certificaci\u00f3n emitida por empresas de servicio postal autorizadas y, iv). de los documentos aportados por el demandante con el fin de acreditar el cumplimiento de las exigencias relativas a la idoneidad del canal digital elegido (\u2026)\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Respecto al tercer aspecto, debe se\u00f1alarse que las partes cuentan con la posibilidad de utilizar sistemas para la confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos, como lo es el servicio de correo electr\u00f3nico postal certificada y los servicios electr\u00f3nicos definidos por la Uni\u00f3n Postal Universal \u2013 UPU. <\/p>\n
5. Ahora, con el fin de salvaguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n del demandado o destinatario de la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, en el p\u00e1rrafo 5\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, se consign\u00f3 la posibilidad de discutir acerca de la forma en que se llev\u00f3 a cabo el acto de enteramiento, a trav\u00e9s de la nulidad procesal correspondiente, al indicar, \u00abcuando exista discrepancia sobre la forma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n, la parte que se considere afectada deber\u00e1 manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enter\u00f3 de la providencia, adem\u00e1s de cumplir con lo dispuesto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. (\u00c9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Por esa senda, el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone que el juez decidir\u00e1 sobre la nulidad una vez surtido el traslado a la parte contraria y luego del \u00abdecreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias\u00bb. El art\u00edculo 135 ib\u00eddem, refiere que, quien alega la nulidad debe estar legitimado para proponerla, aludir la causal invocada y los hechos que sirven de sustento, \u00aby aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer\u00bb. <\/p>\n
Y es que, para estas eventualidades, la carga de la prueba instituida en el art\u00edculo 167 del compendio normativo en cita, es din\u00e1mica. <\/p>\n
En efecto, del Decreto 806 de 2020 se infiere que, inicialmente, la prueba del acuse de recibo debe ser aportada por el demandante o interesado en que se tenga por satisfecho el acto de notificaci\u00f3n, sin embargo, dependiendo las particularidades del caso, el demandado o destinatario del mensaje de datos tambi\u00e9n puede cumplir esa labor cuando, pese a la documentaci\u00f3n aportada por el demandante, considera que no pudo acceder a la comunicaci\u00f3n enviada, bajo el entendido de que, \u00abjustamente es a \u00e9l a quien le interesa demostrar la falta de acceso al mensaje con el fin de que no se entienda iniciado el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino otorgado\u00bb (CSJ. STC16733-2022). <\/p>\n
Entonces es el tr\u00e1mite incidental de nulidad, el escenario natural para debatir acerca de la efectividad de la notificaci\u00f3n, en el que resulta de vital importancia indagar sobre los elementos probatorios que las partes aporten para acreditar o desvirtuar la recepci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n remitida v\u00eda electr\u00f3nica por el demandante a su contraparte. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, revisadas las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se observan como relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes, <\/p>\n
6.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en auto de 6 de diciembre de 2018, libr\u00f3 el mandamiento de pago solicitado por el Banco BBVA Colombia SA contra Reinel Rold\u00e1n Quesada (radicado no. 2018-00324). <\/p>\n
6.2 El 18 de noviembre de 2020 la ejecutante inform\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica del ejecutado reinel.roldan@hotmail.com. Con posterioridad manifest\u00f3, \u00abbajo la gravedad del juramento, que la direcci\u00f3n suministrada (\u2026) corresponde a la utilizada por el ejecutado, tal como se podr\u00e1 verificar en la consulta realizada en Data cr\u00e9dito y que se adjunta como prueba de c\u00f3mo se obtuvo la misma\u00bb. <\/p>\n
6.3 El 24 de febrero de 2021 la entidad demandante aport\u00f3 al proceso una certificaci\u00f3n expedida por la empresa de mensajer\u00eda AM Mensajes SAS, en la que se dej\u00f3 constancia que a las 17:40 horas del 18 de febrero de 2021, realiz\u00f3 la trasmisi\u00f3n electr\u00f3nica GE0140349, con el fin de notificar al demandado de la existencia del litigio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020 y en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica mencionada, adjuntando copia informal de la demanda y de la orden de pago2. <\/p>\n
6.4 En atenci\u00f3n a lo anterior, mediante providencia de 23 de abril de 2021 el Juzgado de conocimiento tuvo por notificado al demandado y dispuso continuar la ejecuci\u00f3n, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6.5 El 27 de julio de 2022 el demandado Reinel Rold\u00e1n Quesada formul\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que, ni a su direcci\u00f3n de notificaciones f\u00edsica, ni a la electr\u00f3nica, le fue remitida la documentaci\u00f3n pertinente, afirmando que \u00abnunca lo recib\u00ed y si realmente se envi\u00f3 no aparece la certificaci\u00f3n que as\u00ed lo declare, ya que al parecer el mismo se remiti\u00f3 a correos no deseados o fue rechazado (\u2026) no fue visualizado por el suscrito ni abierto para que se me hubiese tenido por notificado\u00bb. <\/p>\n
6.6 Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el Juzgado accionado en auto de 20 de septiembre de 2022 neg\u00f3 la nulidad invocada, tras considerar que la notificaci\u00f3n del ejecutado se practic\u00f3 atendiendo los lineamientos jurisprudenciales sobre la materia y las disposiciones contenidas en el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
6.7. Esta determinaci\u00f3n, que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por el incidentante, la mantuvo el a quo el 1\u00ba de diciembre de 2022 con sustento en que el demandado efectivamente recibi\u00f3 el mensaje de datos, sin que exista prueba que demuestre lo contrario, la certificaci\u00f3n la expidi\u00f3 una empresa especializada en mensajer\u00eda, adem\u00e1s que, los dict\u00e1menes que aport\u00f3 son improcedentes por haber sido elaborados y valorados en casos diferentes, y proque el demandado conoc\u00eda de la existencia del proceso, pues fue quien atendi\u00f3 la diligencia de secuestro llevada a cabo el 14 de noviembre de 2019, ha presentado propuestas de pago de la obligaci\u00f3n y la direcci\u00f3n electr\u00f3nica en la que se realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n coincide con la suministrada por el reclamante. En ese orden, concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6.8 El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en providencia de 22 de junio de 2023 confirm\u00f3 la inexistencia de la nulidad. <\/p>\n
Inicialmente se refiri\u00f3 a la jurisprudencia decantada por esta Sala en cuanto a las exigencias jur\u00eddicas y demostraci\u00f3n probatoria que debe tenerse en cuenta para convalidar la notificaci\u00f3n efectuada a trav\u00e9s de canales digitales (CSJ. STC7684-2021, STC8125-2022, STC16733-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
Luego, se remiti\u00f3 a los elementos de prueba incorporados en el expediente, de los que hall\u00f3 probado que, a) el Banco ejecutante manifest\u00f3 bajo juramente que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado (reinel.roldan@hotmail.com) la hab\u00eda obtenido de la consulta realizada en Data cr\u00e9dito, b) el acto de notificaci\u00f3n se cumpli\u00f3 bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, c) en el expediente obra el tr\u00e1mite y la certificaci\u00f3n de notificaci\u00f3n expedida por la empresa AM Mensajes SAS, la cual da cuenta que el mensaje de datos se remiti\u00f3 y entreg\u00f3 correctamente al servidor de correo del destinatario el 18 de febrero de 2021, d) se aport\u00f3 la copia cotejada del citatorio, de la gu\u00eda de trasmisi\u00f3n #GE0140349, del mandamiento de pago y de la demanda, e) el incidentado present\u00f3 remiti\u00f3 la solicitud de nulidad desde el citado correo electr\u00f3nico y, f) la empresa AM Mensajes SAS est\u00e1 habilitada por el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones para ejercer dicha actividad3. <\/p>\n
Bajo ese escenario, concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, puede decirse que la presunci\u00f3n de legalidad que rodea el acto de notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago al ejecutado, junto a la certificaci\u00f3n emitida por la empresa postal \u201cAM MENSAJES S.A.S\u201d, donde se comprueba la ruta que sigui\u00f3 el mensaje hasta ser recibido por su destinatario, no queda derruida con la sola aseveraci\u00f3n hecha por el apelante carente de medio probatorio que la respalde. Adem\u00e1s, no puede pasarse por alto que la informaci\u00f3n de destino del acto de notificaci\u00f3n se surti\u00f3 ateniendo el correo electr\u00f3nico que utiliza el demandado, medio que aprovechado por aquel para promover el presente incidente de nulidad (\u2026) <\/p>\n
Finalmente, y por eso no menos importante, ha de indicarse que le asiste raz\u00f3n al fallador de primer grado cuando niega el decreto de la prueba trasladada, la que se refiere a un dictamen pericial practicado dentro de otro proceso y bajo otras condiciones, ello, por ser evidente su impertinencia para el caso que hoy concita la atenci\u00f3n de la Sala Unitaria\u00bb. <\/p>\n
7. Puestas de este modo las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos reclamados, y lo que se advierte, es que el accionante busca imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la decisi\u00f3n que debi\u00f3 adoptarse para resolver lo atinente a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n que present\u00f3, desconociendo la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, y que no puede entenderse como una tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales profieren en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022, STC4373-2023 y STC6005-2023). <\/p>\n
En ese orden, la providencia cuestionada se encuentra motivada y no luce antojadiza, porque contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, y aunque el se\u00f1or Rold\u00e1n Quesada no comparta las razones expuestas en ella, la divergencia de criterio no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022 y STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se advierte que la decisi\u00f3n censurada se fundament\u00f3 en una adecuada interpretaci\u00f3n del asunto puesto en su conocimiento, las normas y la jurisprudencia aplicables, y de las pruebas recaudadas, y que, por tanto, no puede calificarse de arbitraria o desconocedora de las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Lo anterior, como quiera que, contrario a lo dicho por el accionante y, como qued\u00f3 expuesto, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se refiri\u00f3 a las pruebas practicadas en el incidente de nulidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, las que le permitieron confirmar la inexistencia de las irregularidades planteadas, puesto que, <\/p>\n
i) La parte demandante suministr\u00f3, bajo juramento, el correo electr\u00f3nico que utiliza el demandado, explic\u00f3 como lo obtuvo y aport\u00f3 prueba de que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica es del demandado, <\/p>\n
ii) La empresa AM Mensajes SAS est\u00e1 habilitada por el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones para ejercer la actividad de envi\u00f3 de mensajes de datos, <\/p>\n
iii) Una de las formas reconocidas por la ley y la jurisprudencia para acreditar el acuse de recibo o la constataci\u00f3n que la comunicaci\u00f3n lleg\u00f3 a su destinatario, es a trav\u00e9s de certificaci\u00f3n expedida por una empresa de servicio postal autorizado, como sucedi\u00f3 en este caso, <\/p>\n
iv) Bajo ese panorama, correspond\u00eda al demandado desvirtuar la legalidad de ese tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, es decir, acreditar que no tuvo acceso al mensaje de datos, carga que no cumpli\u00f3, ya que no aport\u00f3 las pruebas que confirmaran sus reclamos y, <\/p>\n
v) En cuanto al dictamen pericial aportado y rendido por Adalid Corporation, lo descart\u00f3 por completo por haber sido practicado en otro proceso (ordinario laboral radicado no. 2020-00076 que cursa ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 – C\u00f3rdoba), lo que la hac\u00eda impertinente. <\/p>\n
Y si bien el accionante cuestiona que las autoridades judiciales accionadas, ante la duda, debieron ordenar \u00abde oficio, la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial contra AM MENSAJES SAS, para corroborar si el mensaje de datos identificado con c\u00f3digo GE140349, en realidad fue creado, enviado, transmitido y recibido en el correo electr\u00f3nico reinel.roldan@hotmail.com\u00bb, lo cierto es que la \u00abfacultad-deber\u00bb del juez ordinario para decretar pruebas de oficio, no se extiende hasta el punto de suplir la carga probatoria que le compete a las partes e interesados, punto sobre el cual se ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n con la presunta omisi\u00f3n en los falladores, de ejercer los poderes oficiosos que en materia probatoria les otorga la ley, basta considerar que, \u00abla aducci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n que pretendan hacer valer es cuesti\u00f3n que le compete a cada una de las partes, para probar los supuestos de hecho en que funden sus afirmaciones (art. 167 C.G.P.)\u00bb, como recientemente record\u00f3 la Sala en sentencia STC319-2018, de 22 de enero de 2018, rad. 00280-01, en la que cit\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) la obligaci\u00f3n de decretar pruebas oficiosamente s\u00f3lo es exigible en hip\u00f3tesis precisas. En las dem\u00e1s, la ley concede al juzgador la potestad o facultad de hacerlo seg\u00fan su razonable y prudente arbitrio. <\/p>\n
<\/p>\n
Es excepcional el deber de proceder de esa forma: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n; la inspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. (\u2026) so pena que una omisi\u00f3n de tal envergadura afecte la sentencia (CSJ SC 26 de julio de 2004; 15 de julio de 2008; 28 de mayo de 2005; 21 de octubre de 2010; 17 de mayo de 2011; 21 de febrero de 2012; 20 de septiembre de 2013; y 14 de noviembre de 2014. Criterio reiterado en CSJ STC-00718-01)\u00bb (CSJ. STC4594-2018, reiterada en STC10509-2019 y STC5415-2021, entre otras). <\/p>\n
8. En adici\u00f3n, no se puede dejar de lado que, seg\u00fan lo afirm\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el demandado-accionante fue quien atendi\u00f3 la diligencia de secuestro llevada a cabo el 14 de noviembre de 2019, de lo que se concluye que conoc\u00eda de la existencia del proceso. <\/p>\n
9. En consecuencia, se impone negar la acci\u00f3n de tutela invocada por las razones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Reinel Rold\u00e1n Quesada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Norma que resulta aplicable al caso bajo an\u00e1lisis, teniendo en cuenta que se encontraba vigente para el momento en que se llev\u00f3 a cabo el acto de notificaci\u00f3n cuestionado -18 de febrero de 2021-. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1ginas 172 y s.s., del cuaderno principal del expediente digital. <\/p>\n