STC6944-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2023-00445-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 11 de mayo de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Hermes Mauricio Garc\u00eda Beltr\u00e1n contra el Juzgado Veintiuno de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso d\u00e9 radicado 459-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. Narr\u00f3 que Mar\u00eda Marcela Danelly Rojas promovi\u00f3 en su contra un incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n de la cual conoci\u00f3 la Comisar\u00eda Vinculada, quien el 6 de octubre pasado, declar\u00f3 los hechos probados objeto d\u00e9 la denuncia. Y, por tanto, lo sancion\u00f3 con una multa de tres s.m.l.m.v. Decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado atacado -con prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2022-. <\/p>\n
2. Afirm\u00f3 que, en dicha determinaci\u00f3n el Juzgado convocado incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho, dado que en el mencionado tr\u00e1mite no se prob\u00f3 la violencia econ\u00f3mica que ejerci\u00f3 contra la denunciante, consistente en no haberle entregado unos \u00absupuestos rendimientos y utilidades relacionados con el ejercicio comercial de una persona jur\u00eddica que parad\u00f3jicamente, es ella quien la representa legalmente, por consiguiente, ejercer su direcci\u00f3n y manejo\u00bb. <\/p>\n
2.1. Aleg\u00f3 que no pod\u00eda realizar una rendici\u00f3n de cuentas mensual o presentar informes financieros, tal como le fue ordenado en el numeral tercero de la medida de protecci\u00f3n, pues la sociedad patrimonial se encuentra compuesta \u00abde bienes que no producen ning\u00fan rendimiento\u00bb. En lo concerniente a las acciones que poseen en la sociedad Bimao Ingenieros S.A.S., destac\u00f3 que la autoridad enjuiciada, no tuvo en cuenta lo establecido en el C\u00f3digo de Comercio ni en los estatutos de la sociedad referida, los cuales lo imposibilitan a rendir informes pues estos \u00faltimos son claros en decir que es un deber de Mar\u00eda Marcela Rojas, por lo que \u00abninguna autoridad administrativa o judicial puede obligar y menos sancionar a uno de los accionistas por obedecer los estatutos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al valorar el testimonio de Laura Natalia Vallaba, de la cual dice que es una testigo de o\u00eddas. Igualmente, al sancionarlo pues le dio credibilidad a lo dicho por la demandante en el sentido que \u00abcomo no se le ha repartido a ella utilidades existe violencia financiera, ya que no le corresponde al se\u00f1or GARC\u00cdA BELTR\u00c1N decidir sobre este tema, sino a la asamblea General, donde tambi\u00e9n se encuentra la [incidentante], quien tambi\u00e9n es representante legal de la empresa\u00bb, siendo la \u00fanica que puede convocar a la asamblea. <\/p>\n
2.3. En su sentir, la providencia cuestionada incumpli\u00f3 con lo dispuesto en el art\u00edculo 280 del C.G.P., en la medida que Juzgado debatido no valor\u00f3 adecuadamente las pruebas, no se pronunci\u00f3 sobre las aportadas por \u00e9l, tampoco se pronunci\u00f3 sobre los descargos que present\u00f3, ni sobre las disposiciones legales para las sociedades comerciales S.A.S., simplemente bas\u00f3 su decisi\u00f3n en una testigo de o\u00eddas y la declaraci\u00f3n de la incidentante a quien \u00absolo le preocupa que no le han pagado utilidades de la sociedad de ingenieros, lo cual, por disposici\u00f3n de los estatutos, solo lo puede ordenar la Asamblea General y no un solo socio\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, demand\u00f3 el amparo de los derechos invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abse deje sin valor ni efecto la sentencia del juzgado 21 de familia, respecto al tr\u00e1mite de MEDIDA DE PROTECCI\u00d3N \u2013 APELACI\u00d3N, radicado 2022-170, para que el Juez accionado estudie nuevamente el proceso y se pronuncie teniendo en cuenta todas las circunstancias se\u00f1aladas\u00bb. Igualmente, \u00ab[R]evocar el Fallo del Primero Incidente de Desacato de la medida de protecci\u00f3n No. 451 de 2021 decretada por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda\u00bb. Finalmente, que se ordene \u00aba la entidad accionada devolver al accionante la suma de TRES MILLONES DE PESOS M\/CTE ($3.000.000.ooo) indebidamente pagados como consecuencia del incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n aludido decretado por la entidad accionada\u00bb. Subsidiariamente: \u00ab1. Ordenar a la entidad accionada rehacer las \u00f3rdenes contenidas en el numeral tercero de la medida de protecci\u00f3n definitiva, particularmente circunscribirse a los bienes que hacen parte de la sociedad patrimonial surgida entre Mar\u00eda Marcela Danelly Rojas Prieto y Hermes Mauricio Garc\u00eda Rojas Prieto, excluyendo todo lo relativo a la sociedad comercial Bimao Ingenieros S.A.S. 2. Revocar la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda el d\u00eda seis (6) de octubre de 2022 consistente en declarar probados los hechos que fundamentaron el tr\u00e1mite de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n No. 459-2021 y RUG 1188-2021 en contra del se\u00f1or Hermes Mauricio Garc\u00eda Beltr\u00e1n. 3. Anular [la] sentencia del 13 de diciembre de 2022, el accionado Juzgado 21 de Familia de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por la comisar\u00eda al suscrito\u00bb (p. 17 y 18, PDF 02).\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1, luego de relatar sus actuaciones, asever\u00f3 que al interior del tr\u00e1mite no ha conculcado derecho fundamental alguno de la parte actora. Solicit\u00f3 no acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional y remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
3. Juan David Garc\u00eda Rojas1, hijo del gestor, inform\u00f3 las obligaciones pendientes que tiene su padre por manutenci\u00f3n y gastos universitarios. Por su parte, Mar\u00eda Marcela Danelly Rojas Prieto aclar\u00f3 que \u00ablas cuentas que se piden a Mauricio son sobre los dineros que ya entraron a sus cuentas personales concernientes a negocios y utilidades percibidos por las empresas y cualquier actividad que nos permit\u00eda vivir muy c\u00f3modamente durante los 17 a\u00f1os de convivencia y no que me rinda cuentas de la actividad societaria, que ya se aclarar\u00e1n cuando se haga el aval\u00fao de dicha empresa y que requerir\u00e1 una auditor\u00eda contable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo neg\u00f3 el amparo. Constat\u00f3 que \u00ablos argumentos que sirvieron de sustento al JUZGADO VEINTIUNO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C. al momento de emitir el prove\u00eddo cuestionado y cotejados con lo que revela el expediente objeto de queja constitucional, no observa la Sala la configuraci\u00f3n de los presuntos defectos f\u00e1cticos endilgados por el promotor en el escrito de tutela. Lo anterior, en la medida que, se observa que la decisi\u00f3n que ahora se analiza no es producto de la subjetividad o arbitrariedad de la funcionaria judicial accionada, sino que la misma obedece a una valoraci\u00f3n probatoria razonable que no revela un error ostensible, flagrante o manifiesto capaz de incidir de manera directa y determinante en las resultas de la decisi\u00f3n que finalmente tom\u00f3 y con fuerza suficiente para quebrantarla. Adem\u00e1s, la determinaci\u00f3n se encuentra dentro de los par\u00e1metros de independencia y autonom\u00eda de que gozan las autoridades jurisdiccionales, que le llevaron a orientar la determinaci\u00f3n que hoy rebate el actor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues adujo que \u00abLa decisi\u00f3n del juzgado accionado denota una total y absoluta falta de aplicaci\u00f3n de las normas del c\u00f3digo de comercio y de los estatutos de la empresa y no puede quedar al criterio del fallador si se aplican los mismos o si, por el contrario, se toman decisiones en contra con lo dispuesto por el ordenamiento legal\u00bb. Adem\u00e1s, por \u00abla falta total de apreciaciones y an\u00e1lisis probatorias acervo presentado por el ac\u00e1 accionante <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
2. Para comenzar, respecto a los reproches endilgados a la determinaci\u00f3n que concluy\u00f3 el tr\u00e1mite de medida protecci\u00f3n, la Sala considera la improcedencia del ruego ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. Ello pues, entre lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la sentencia el 17 de mayo de 2022, que confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda de familia el 1\u00b0 de marzo de la misma calenda, con la cual se impuso la medida de protecci\u00f3n en favor de Mar\u00eda Marcela Rojas Prieto y de su hijo en contra del aqu\u00ed gestor, y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -el 28 de abril de 2023- transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a la acci\u00f3n constitucional2, sin que se observe la concurrencia de alguna de las causales que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito. <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a las determinaciones tocantes con el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, se evidencia que la autoridad debatida -con prove\u00eddo del 13 de diciembre de 20223-, en grado de consulta, resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR la sanci\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda de esta ciudad en providencia del seis (06) de octubre del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb en la cual se decidi\u00f3 \u00abDECLARAR PROBADOS los hechos que fundamentaron el tr\u00e1mite de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n\u00bb en contra del actor. <\/p>\n
3.1. Para ello, luego de invocar el art\u00edculo 4\u00ba de la ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 16 de la ley 1257 de 2008 y el 18 de la ley 1257 -as\u00ed como la sentencia 967-14 de la Corte Constitucional- comenz\u00f3 por mencionar las pruebas obrantes en el plenario, entre ellas, la ratificaci\u00f3n de la denuncia por parte de la incidentante de la cual acot\u00f3, que la misma se sostiene en los hechos denunciados en la solicitud de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, pues \u00ab\u2026est\u00e1 claramente dicho que ha Mauricio le ordenaron que ten\u00eda que rendir un informe sobre el patrimonio que tenemos y darme rendimientos y utilidades porque \u00e9l era el que nos daba todo el dinero y a la fecha no me ha dado plata a m\u00ed de mis utilidades\u00bb. <\/p>\n
3.2. A rengl\u00f3n seguido, se ocup\u00f3 de los descargos realizados por el aqu\u00ed gestor. Y destac\u00f3 que \u00absobre los hechos que se investigan el se\u00f1or HERMES MAURICIO GARCIA BELTRAN neg\u00f3 los nuevos hechos respecto del incumplimiento del numeral 3\u00b0 de la resoluci\u00f3n de fecha 1 de marzo de 2022, al indicar que el d\u00eda 5 de abril de 2022 le env\u00edo una citaci\u00f3n a la accionante para llevar a cabo la reuni\u00f3n de socios, pero \u00e9sta no asisti\u00f3, la reuni\u00f3n era con el fin de rendir las cuentas de la empresa BIMAO INGENIEROS S.A.S debido a que son 4 los socios, indic\u00f3 que no se firm\u00f3 acta ya sobre los puntos debatidos no hubo acuerdo\u00bb. Asimismo, manifest\u00f3 que \u00abel d\u00eda 25 de mayo de 2022, hubo un seguimiento a la medida de protecci\u00f3n y la accionante no se refiri\u00f3 acerca del supuesto incumplimiento, a la fecha no hay contabilidad de la empresa debido a que el otro socio no ha querido entregar los informes bancarios y financieros de la empresa\u00bb. <\/p>\n
3.3. Posteriormente, relat\u00f3 el testimonio de Laura Natalia Villalva Carre\u00f1o, e hizo alusi\u00f3n a las dem\u00e1s pruebas documentales obrantes en el expediente y aportadas por las partes, para posteriormente inmiscuirse en el an\u00e1lisis probatorio. Y con ello, enfatiz\u00f3 en que \u00abno cabe duda para el despacho, que la se\u00f1ora MARIA MARCELA DANNELLY ROJAS PRIETO ha sido v\u00edctima de violencia econ\u00f3mica y patrimonial por parte del se\u00f1or HERMES MAURICIO GARCIA BELTRAN pues no ha dado cumplimiento al numeral 3\u00b0 de la medida de protecci\u00f3n\u00bb. Ello en raz\u00f3n a que \u00aba la fecha no ha realizado la rendici\u00f3n de cuentas mensual de la sociedad BIMAO INGERIEROS S.AS y dem\u00e1s bienes adquiridos en la sociedad patrimonial, incumpliendo de esta forma con el fallo emitido por la Comisar\u00eda de Familia del 1 de marzo de 2022 esto es; \u201cSe ordena a HERMES MAURICIO GARCIA BELTRAN suspender cesar, evitar, incurrir o generar a la se\u00f1ora MARIA MARCELA DANELLY ROJAS PRIETO CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA ECONOMICA Y\/O PATRIMINIAL: as\u00ed mismo de privarla de las utilidades, remanentes, uso, goce, disfrute de los bienes adquiridos de la sociedad patrimonial, y por consiguiente se le ORDENA hasta tanto se resuelva la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal si es del caso, realizar una rendici\u00f3n de cuentas mensual y entrega de la cuota parte que corresponda seg\u00fan ingresos y utilidades; as\u00ed mismo deber\u00e1 con respecto a los bienes en com\u00fan y de la sociedad conyugal, seg\u00fan su propiedad y lo que corresponde para beneficio uso y disfrute de la accionante y su hijo, en igual sentido hasta tanto se determine en el respectivo proceso de familia o lleguen a un mutuo acuerdo sobre la precitada distribuci\u00f3n de bienes. Se deber\u00e1 dar estricto cumplimiento la orden impartida teniendo en cuenta los derechos de la v\u00edctima y de su hijo a una calidad de vida acorde a su patrimonio\u00bb. <\/p>\n
De lo anotado verific\u00f3 \u00abla existencia de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, que dan lugar a que no se cumpla el objetivo de la medida de protecci\u00f3n, que es el restablecimiento, protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos fundamentales a la \u201cintegridad f\u00edsica, mental y psicol\u00f3gica\u201d a que tiene derecho cualquier ser humano, por cuanto, a pesar de haberse concedido la medida de protecci\u00f3n a favor de la incidentante, se siguen presentando actos de violencia econ\u00f3mica por parte del incidentado\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Por lo dem\u00e1s, se destaca que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-8. Anexo 10 PronunciamientoJuanDavidGarc\u00edaRojas.pdf <\/p>\n
2\u0002 Ver: CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-10. Anexo 2022-0170 MP CONFIRMA CONSULTA. Carpeta 2022-0170 CONSULTA INCIDENTE ULTIMO. Expediente Juzgado <\/p>\n
4\u0002 la violencia contra la mujer tambi\u00e9n es econ\u00f3mica. Esta clase de agresiones son muy dif\u00edciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos <\/p>\n
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