STC6946-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6946-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02672-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leopoldo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Octavo Laboral de Cali, Colpensiones, e Ingenio La Caba\u00f1a, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela No. 2023-00043-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, seguridad social, igualdad y vida digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que es una persona de 76 a\u00f1os, y desde hace dos d\u00e9cadas viene solicitando ante la justicia colombiana sus garant\u00edas legales para reclamar sus derechos. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que estuvo vinculado laboralmente con el Ingenio la Caba\u00f1a desde mayo de 1976, contrato que fue terminado en el 2000 unilateralmente por el empleador cuando ten\u00eda 54 a\u00f1os, fue liquidado con un ingreso base de mensual de $700.395, se encontraba afiliado desde el 1\u00ba de diciembre de 1971 al sistema general de pensiones con el ISS – hoy Colpensiones y, para el momento de su desvinculaci\u00f3n ten\u00eda un total de 1382.29 semanas de aportes y 26 a\u00f1os de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que cuando cumpli\u00f3 60 a\u00f1os, mediante resoluci\u00f3n No. 000217 de 2007 le fue reconocida la pensi\u00f3n de vejez, con un IBL de $540.922 y 1369 semanas de cotizaci\u00f3n, datos que no corresponden a los de su historia laboral de acuerdo con los archivos, ni con las pruebas presentadas, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a solicitar la reliquidaci\u00f3n, as\u00ed como como una actuaci\u00f3n judicial, y elevar derechos de petici\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
Sostuvo que, para restaurar los derechos vulnerados por su empleador y Colpensiones, en marzo de 2023 interpuso una acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto con el radicado No. 2022-00043, que la neg\u00f3, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Popay\u00e1n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de explicar en la sentencia de forma detallada, las razones que los llevan a adoptar la decisi\u00f3n, as\u00ed como analizar y revisar las pruebas para esclarecer los hechos, y consider\u00f3 que el Juzgado de Caloto y el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, no cumplieron el debido proceso, pues no analizaron las aportadas en la acci\u00f3n de tutela y, tampoco tuvieron en cuenta las practicadas en el Juzgado Octavo Laboral de Cali. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00absean revisados los procedimientos realizados en la b\u00fasqueda de la justicia, que se tenga en cuenta la presente impugnaci\u00f3n al fallo de tutela 00043 que revise en detalle los hechos f\u00e1cticos planteados\u00bb, y que, <\/p>\n
\u00ab1) de manera inmediata conceder la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, vida digna, y seguridad social, del se\u00f1or Leopoldo D\u00edaz, que se reputan vulnerados por las accionadas, en consecuencia, requiere el reconocimiento y pago de la reliquidaci\u00f3n de pensi\u00f3n de vejez, y ordenar pagar la diferencia adeudada por concepto de retroactivo por valor de $380.533.127.oo, junto con los da\u00f1os, perjuicios y la mora causada al se\u00f1or Leopoldo D\u00edaz y su n\u00facleo familiar, el cual no ten\u00eda por qu\u00e9 soportar dicha carga por procedimientos inadecuados por parte del Ingenio La Caba\u00f1a, Colpensiones y los dem\u00e1s implicados. <\/p>\n
2) dentro del an\u00e1lisis de los distintos procesos ordinarios adelantados y las instancias que se pronunciaron dentro de su curso, es posible realizar una investigaci\u00f3n, pide se vincule al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, reducado No., 600131052008200000527001 para efectos de revisar las pruebas aportadas por el Ingenio La Caba\u00f1a y que dan cuenta del IBL usado al momento de la liquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales del actor para el a\u00f1o 2000. <\/p>\n
3) mediante la valoraci\u00f3n de pruebas que puedan sustentar la presente solicitud revocar los fallos de primera y segunda instancia de la sentencia de tutela con el radicado No. 19142-31-89-001-2023-00043-01 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAY\u00c1N -SALA CIVIL FAMILIA\u00bb (may\u00fascula y negrilla fija en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, dispuso la notificaci\u00f3n a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto, inform\u00f3 que el objetivo principal de la acci\u00f3n de tutela que propuso el actor y de la que conoci\u00f3, fue la reliquidaci\u00f3n de la mesada pensional, la cual fue debatida primero ante Colpensiones en su momento el ISS, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popay\u00e1n, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, y finalmente ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en SCL 1755 del 23 de mayo de 2018, quien decidi\u00f3 no casar la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, no observ\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor, porque debati\u00f3 sus pretensiones en una acci\u00f3n judicial con las garant\u00edas judiciales pertinentes acompa\u00f1ado de su apoderado quien recurri\u00f3 las decisiones judiciales, que le fueron absueltas negativamente. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n de tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s ese mismo mecanismo excepcional \u00abel fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb. (SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza, siendo estos, \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido esta Corte, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando, i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009- 02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022), ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb o, iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Leopoldo D\u00edaz se encuentra inconforme con las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto el 21 de marzo de 2023 y por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el 21 de abril de 2023 en la acci\u00f3n de tutela No. 2022-00043-00, en ese orden, debe tenerse presente que las decisiones adoptadas en virtud de una solicitud de amparo no pueden controvertidas a trav\u00e9s de este mismo mecanismo, porque como lo ha dicho la jurisprudencia, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC9203-2022 y, STC5388-2023 entre muchas). <\/p>\n
As\u00ed como tampoco, se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para la procedencia de manera excepcional de esta nueva solicitud de amparo, esto es, que el pronunciamiento hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
Con todo, si el solicitante considera que existe una posible irregularidad en el fallo reprochado o que el juez de tutela en segunda instancia cometi\u00f3 alg\u00fan desafuero, bien puede con fundamento en el art\u00edculo 33 de Decreto 2591 de 1991 solicitar ante la Corte Constitucional que el expediente de tutela No. No. 2023-00043-00 sea escogido para su eventual revisi\u00f3n, escenario donde puede intervenir para alegar esas inconformidades respecto de la decisi\u00f3n proferida y en caso de no quedar seleccionada, a\u00fan cuenta con el recurso de insistencia. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Leopoldo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6946-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6946-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02672-00 Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leopoldo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y Juzgado Promiscuo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}