STC6952-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6952-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00742-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Karina Calonge G\u00f3mez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba y los sujetos procesales reconocidos en el asunto n\u00ba 2022-00135. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y los principios \u00abde la verdad conocida y la buena fe guardada\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que Karina Calonge G\u00f3mez formul\u00f3 queja disciplinaria contra la Fiscal S\u00e9ptima Seccional de Monter\u00eda por presuntamente no brindar informaci\u00f3n correcta u ocultarla al responder unos derechos de petici\u00f3n que present\u00f3 el 24 de marzo de 2021 y 18 de maro de 2022 en su condici\u00f3n de denunciante dentro de una causa penal adelantada, a instancias suyas, contra funcionarios de Bancolombia y su apoderado judicial. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba, corporaci\u00f3n que, con auto de 30 de noviembre de 2022 dispuso su terminaci\u00f3n anticipada y el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n la quejosa interpuso recurso de apelaci\u00f3n, desatado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 31 de mayo en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. Calonge G\u00f3mez acude a este instrumento alegando la incursi\u00f3n, por parte de la colegiatura de segundo grado, en defectos material y f\u00e1ctico, as\u00ed como no haber motivado \u00abamplia y suficientemente\u00bb su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Luego de insistir por qu\u00e9 a su juicio no debi\u00f3 haberse archivado el asunto, sino que correspond\u00eda \u00absancionar\u00bb a la funcionaria querellada, presentando su particular visi\u00f3n sobre los hechos denunciados y las pruebas que aport\u00f3, solicit\u00f3: \u00abSe discipline a la se\u00f1ora fiscal por violar los derechos humanos de una v\u00edctima, desde la perspectiva de quebrantar el bloque de constitucionalidad, con fundamento en infringir aspectos de orden disciplinario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, ponente del prove\u00eddo de segundo grado fustigado, resalt\u00f3 que los reparos formulados en esta oportunidad guardan consonancia con los esgrimidos al interior de la causa disciplinaria, los cuales fueron debidamente resueltos, de cara al material probatorio recopilado y al amparo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Pidi\u00f3 no acceder a la salvaguarda puesto que lo pretendido por la accionante es utilizar esta acci\u00f3n de amparo a modo de tercera instancia con el fin de reabrir \u00abun debate ya zanjado\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba, por conducto del magistrado ponente de la decisi\u00f3n de archivo, se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto dicha providencia goza de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, al punto que fue confirmada por su superior funcional, \u00abadem\u00e1s, lo rituado en la actuaci\u00f3n\u2026 ha sido con pleno apego y observancia de las garant\u00edas constitucionales convencionales del debido proceso\u2026 defensa y contradicci\u00f3n\u00bb; por su parte, la secretar\u00eda de esa colegiatura remiti\u00f3 copia del respectivo expediente advirtiendo que, a la fecha de presentaci\u00f3n del informe, el asunto se encontraba surtiendo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la quejosa. <\/p>\n
3. La Fiscal S\u00e9ptima Seccional de Monter\u00eda, denunciada en el tr\u00e1mite disciplinario, se refiri\u00f3 a la actuaci\u00f3n penal que adelant\u00f3 a instancias de la ac\u00e1 accionante contra funcionarios de Bancolombia, se\u00f1alando que garantiz\u00f3 sus derechos fundamentales al punto que pudo oponerse, a trav\u00e9s de los recursos ordinarios, al decreto de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n dispuesta por un Juez Penal del Circuito de dicha ciudad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Revisados los planteamientos en los que la accionante funda su reclamo, de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica frente al criterio de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales y que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, la gestora no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consistieron los supuestos defectos que le atribuye a la decisi\u00f3n, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en la presunta responsabilidad disciplinaria de la Fiscal querellada, tema que fue agotado y resuelto al interior del respectivo proceso por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed, se observa que la intenci\u00f3n de la querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que le est\u00e1 vedado al juez de amparo, so pretexto de examinar una presunta lesi\u00f3n de derechos fundamentales, entrar a revisar las decisiones adoptadas por los funcionarios ordinarios, las cuales se encuentran amparadas por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues este instrumento no fue concebido como un medio de impugnaci\u00f3n adicional o paralelo a aquellos consagrados en el ordenamiento procedimental <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la demandante, toda vez que las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre la quejosa y las autoridades disciplinarias en torno a la responsabilidad de la Fiscal S\u00e9ptima Seccional de Monter\u00eda. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, la tutela no est\u00e1 llamada a prosperar pues lo pretendido por la demandante resulta improcedente, habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al buscar imponer un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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