STC6959-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6959-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01074-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, prevalencia del derecho sustancial, intimidad, h\u00e1beas data, estabilidad laboral reforzada y al trabajo\u00bb, para que se dejara sin efecto \u00abla sentencia SL3945-2022\u00bb, emitida en el litigio de la referencia y, en consecuencia, se ordenara dirimir nuevamente el asunto, en el sentido de quebrar \u00abel fallo de la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb, para en sede de instancia, confirmar el del a quo. <\/p>\n
En compendio adujo que demand\u00f3 laboralmente a Proleche S.A., con el prop\u00f3sito que se declarara la ineficacia de su despido por estar cobijado por el fuero de estabilidad laboral reforzada y, por ende, se le condenara a reintegrarlo al empleo que ocupaba o uno igual o de superior jerarqu\u00eda, el pago de salarios dejados de percibir, prestaciones sociales legales y extralegales, compensaci\u00f3n por vacaciones, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios y la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 (rad. 2018-00232). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la primera instancia acogi\u00f3 las pretensiones, en determinaci\u00f3n (7 sep. 2020) que el Superior revoc\u00f3 (26 feb. 2021), al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada no cas\u00f3 la de \u00e9ste (SL3945-2022, 16 nov.), tras desconocer \u00absu propia jurisprudencia\u00bb y realizar una \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, acot\u00f3 que se est\u00e1 viendo afectado con las decisiones adoptadas en el mentado litigio, ya que contienen datos personales sensibles y \u00abse han vuelto virales en las p\u00e1ginas de internet\u00bb, hecho que le ha imposibilitado \u00abingresar a laborar nuevamente\u00bb, todo lo cual, en su opini\u00f3n, quebranta las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de esta capital remiti\u00f3 el \u00ablink\u00bb para consulta del juicio censurado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, porque la directriz criticada \u00abno comport\u00f3 un desconocimiento del precedente o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del marco legal aplicable al caso en concreto, pues como bien lo indic\u00f3 la accionada, la figura jur\u00eddica de la estabilidad laboral reforzada por enfermedad, descrita en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, no opera para en los casos de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por mutuo acuerdo (CSJ SL3144-2021), a menos que se argumente y demuestre alg\u00fan vicio en el consentimiento del trabajador; como dicha circunstancia no se acredit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el gestor reafirm\u00e1ndose en los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la refrendaci\u00f3n del prove\u00eddo impugnado, porque la sentencia refutada no fue producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal y el promotor no ha acudido ante las instancias judiciales convocadas a exponer su inconformidad respecto de sus prerrogativas a la \u00abintimidad y h\u00e1beas data\u00bb. <\/p>\n
2.- En efecto, el actor se duele preliminarmente del veredicto emitido el 16 de noviembre de 2022 por la Sala n\u00b0 3 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por medio del cual resolvi\u00f3: \u00abNO CASA[R] la sentencia dictada el 26 de febrero de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb en la Litis n\u00b0 2018-00232, que, a su vez, infirm\u00f3 lo solventado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, pues, en su sentir, ignor\u00f3 el \u00abprecedente\u00bb aplicable y efectu\u00f3 un defectuoso an\u00e1lisis de las pruebas recaudas en el infolio. <\/p>\n
Sin embargo, al escrutar tal providencia, se aprecia que all\u00ed se realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el caso con apoyo en la jurisprudencia vinculante en la materia, insumos de los cuales concluy\u00f3 en paralelo con los medios de convicci\u00f3n arrimados a la encuadernaci\u00f3n, que el ad quem no se equivoc\u00f3 en revocar lo definido por el fallador primario, por cuanto el v\u00ednculo laboral entre los justiciables finaliz\u00f3 por mutuo acuerdo, mediante contrato de transacci\u00f3n, por lo que resultaba inaplicable el patrocinio establecido en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, motivo por el cual tal resoluci\u00f3n no merec\u00eda ser abolida. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, anot\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abel planteamiento de la censura diverge de la realidad que exhiben las pruebas del proceso. No es cierto que el Tribunal considerara que la terminaci\u00f3n del contrato obedeci\u00f3 al ejercicio de la facultad del empleador prevista en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, ni que se negara a aplicar el \u201cprincipio de continuidad de la relaci\u00f3n laboral\u201d, que supone la vigencia del contrato, siempre que no incurra en una justa causa de despido. Basta examinar las consideraciones del fallo confutado, para colegir que, con base en la declaraci\u00f3n de parte rendida por el actor, el contrato de transacci\u00f3n y lo narrado por los testigos, el ad quem encontr\u00f3 demostrado que la empleadora llam\u00f3 al actor a finalizar por mutuo acuerdo el nexo, en raz\u00f3n a la compleja situaci\u00f3n econ\u00f3mica que estaba afrontando\u00bb. <\/p>\n
Luego, advirti\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, no opera para los casos de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por mutuo acuerdo (CSJ SL3144-2021), a no ser que alegue y demuestre alg\u00fan vicio en el consentimiento del trabajador. En ese orden, como a lo largo del extenso alegato que present\u00f3 la censura para sustentar el recurso, no se apunta a derruir el anterior soporte de la decisi\u00f3n gravada, nada de lo que arguye puede aproximarlo al \u00e9xito de la impugnaci\u00f3n, en la medida en que este basti\u00f3n impide que lo argumentado sobre materias adyacentes pueda salir avante\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien; a pesar de que mediante escrito de 28 de diciembre de 2016 (fl. 18), la empresa inform\u00f3 al accionante de su decisi\u00f3n de \u00abdar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa a partir de la fecha\u00bb, no es menos cierto que del interrogatorio de parte absuelto por el actor, el juez de la alzada dedujo demostrado que aquel acept\u00f3 haber suscrito \u201cun contrato de transacci\u00f3n para terminar de mutuo acuerdo el contrato de trabajo, y haber recibido $124.361.486 a trav\u00e9s de consignaci\u00f3n, aclarando que como retaliaci\u00f3n por no haber formalizado esa transacci\u00f3n en notar\u00eda, le enviaron la carta de despido sin justa causa\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tampoco es razonable considerar que la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo tuvo como causa eficiente la eventual discapacidad del dador de la fuerza de trabajo. Conviene reiterar que, en su declaraci\u00f3n de parte, el actor reconoci\u00f3 que durante la relaci\u00f3n de trabajo \u201cnunca tuvo incapacidades ni restricciones para laborar por su enfermedad, y supone que la empresa se debi\u00f3 enterar de su estado de salud a ra\u00edz de un accidente con quemaduras que sufri\u00f3 en el a\u00f1o 2001, cuando tuvo que comentar que padec\u00eda [una complicada enfermedad]\u201d; no obstante, asegur\u00f3 que \u201cla terminaci\u00f3n del contrato ocurri\u00f3 15 a\u00f1os despu\u00e9s, en el a\u00f1o 2016\u201d. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, es preciso se\u00f1alar que si bien, para considerar al accionante beneficiario de la estabilidad laboral reforzada, no se requiere que se encuentre incapacitado o que tuviese un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral, s\u00ed era necesario que contara con un nivel significativo de limitaci\u00f3n en el desempe\u00f1o laboral, que no fue acreditado en el presente caso. <\/p>\n
Se dice esto, por cuanto es necesario que la discapacidad afecte sustancialmente la ejecuci\u00f3n de la labor del trabajador y, adem\u00e1s, sea conocida por el empleador. Estas exigencias no quedaron probadas; por el contrario, de los testimonios de David Andr\u00e9s Gueto y Fernando M\u00e9ndez Cuy, el juzgador de alzada infiri\u00f3 que en vigencia del contrato, el actor \u201cnunca present\u00f3 calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral, documentos o recursos dirigidos contra la EPS o la ARL, ni recomendaciones, restricciones o solicitudes de reubicaci\u00f3n laboral\u201d, y que no fue solo el accionante sino \u201cmuchos otros trabajadores\u201d, quienes estuvieron en el plan de reducci\u00f3n de la planta, en raz\u00f3n a la crisis econ\u00f3mica que esta afrontaba. <\/p>\n
Si bien, la historia cl\u00ednica de Tavera Jim\u00e9nez exhibe que el 1 de febrero de 2001 le fue diagnosticado [un padecimiento delicado], se reitera que no es la enfermedad en s\u00ed misma la que activa <\/p>\n
la protecci\u00f3n que se comenta, como parece entenderlo la censura, menos si qued\u00f3 plenamente probado que el <\/p>\n
nexo termin\u00f3 en virtud de un acuerdo de transacci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, tampoco era posible exigir a la accionada que acudiera al Ministerio del Trabajo a solicitar el permiso de rigor\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adver\u00f3 que \u00ab[t]ampoco le asiste raz\u00f3n a la censura en cuanto arguye que la presunci\u00f3n de discriminaci\u00f3n surgi\u00f3 porque Proleche S.A. lo \u201cdespidi\u00f3\u201d sin autorizaci\u00f3n administrativa. Adem\u00e1s de que a esta altura del proceso no est\u00e1 desvirtuado que el contrato termin\u00f3 por el acuerdo de las partes, esta Sala ha ilustrado con suficiencia que tal presunci\u00f3n se suscita cuando se acredita la discapacidad a la terminaci\u00f3n del contrato (CSJ SL1360-2018)\u00bb (CSJ SL3945-2022). <\/p>\n
Como puede verse, el \u00abjuez\u00bb plural recriminado solvent\u00f3 cada uno de los reparos del casacionista con apoyo en la normativa y el \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb que gobierna el asunto, fijado por el Tribunal de cierre de esa especialidad, dando \u00abargumentos\u00bb razonables, suficientes y plausibles para no acogerlos. <\/p>\n
De suerte que para la Corte no emerge vicio alguno de la directriz cuestionada que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los \u00abargumento f\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC1836-2023 y STC3637-2023). <\/p>\n
3.- De otro lado, Tavera Jim\u00e9nez reprocha que los \u00abjueces\u00bb que conocieron el pleito confutado, en sus determinaciones, no respetaron sus atributos a la \u00abintimidad\u00bb y \u00abh\u00e1beas data\u00bb, en la medida que expusieron \u00abdatos personales sensibles\u00bb, con lo cual le est\u00e1n ocasionando un \u00abperjuicio de gran escala\u00bb, en la medida que ello est\u00e1 provocando que no pueda volver a ser contratado. <\/p>\n
No obstante, de las pruebas acopiadas al plenario no se evidencia que el impulsor previamente haya elevado solicitud alguna a los despachos acusados -bajo el cauce adecuado- para obtener una manifestaci\u00f3n que responda positiva o negativamente a su aspiraci\u00f3n de suprimir u ocultar tales particularidades, \u00aben los precisos t\u00e9rminos del Acuerdo PSAA14-10279 de 22 de diciembre de 2014 (Por el cual se aprueban las pol\u00edticas y procedimientos de Seguridad de la Informaci\u00f3n para la Rama Judicial), y el Manual de Pol\u00edticas de Seguridad de la Informaci\u00f3n de la Rama Judicial\u00bb (CSJ STC4836-2023), declaraci\u00f3n que no puede anticipar el \u00abjuez de tutela\u00bb, en tanto, significar\u00eda una intromisi\u00f3n de este instrumento especial en los fueros propios del iudex natural, quien est\u00e1 llamado a hacerlo. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha predicado, al respecto, que este medio de defensa no fue establecido <\/p>\n
(\u2026) para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citada hace poco en STC3902-2023 y STC4111-2023). <\/p>\n
Por consiguiente, es incuestionable que dicha rogativa no cumple la exigencia de procedibilidad de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
4.- Ergo, el fallo opugnado ser\u00e1 respaldado, <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las reflexiones vertidas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6959-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6959-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01074-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74802","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74802\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}