STC6967-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6967-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02676-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Hernando Jaimes Ram\u00edrez & C\u00eda. Ltda. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes en el asunto n\u00ba 2022-00007. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, obrando por conducto de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, legalidad, \u00abestabilidad\u00bb jur\u00eddica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Refiere, en s\u00edntesis, que al interior del proceso declarativo que promovi\u00f3 contra Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., pese a haber notificado en debida forma la admisi\u00f3n de la demanda a su contraparte, fue requerida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta, con auto de 1\u00ba de agosto de 2022, a efectos de que rehiciera el tr\u00e1mite de enteramiento a las demandadas, para lo cual se le otorg\u00f3 un t\u00e9rmino perentorio de treinta d\u00edas so pena de aplicar la figura del desistimiento t\u00e1cito; determinaci\u00f3n que se mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n el 26 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Asegura que mediante prove\u00eddo del 11 de octubre siguiente1 la c\u00e9lula judicial cognoscente decret\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada y anormal del proceso al no haber cumplido la carga procesal impuesta. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, agrega, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, desatado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta el pasado 21 de abril en el sentido de refrendar lo resuelto por el despacho a quo. <\/p>\n
3. La gestora cuestiona las decisiones relacionadas en precedencia por cuanto considera que adolecen de defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
Frente al primero adujo que las autoridades judiciales inadvirtieron los medios de convicci\u00f3n que daban cuenta que la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda se \u00abhizo de manera adecuada\u00bb pues, en efecto el mensaje \u00ablleg\u00f3 al receptor\u00bb, situaci\u00f3n diferente es que \u00abpor errores de habilitaci\u00f3n y\/o configuraci\u00f3n [de la plataforma de correo electr\u00f3nico] tuvo inconvenientes\u00bb; sin embargo, resalt\u00f3, esos errores \u00abson totalmente ajenos a las responsabilidades que por ley le corresponden al demandante\u00bb. <\/p>\n
En torno al yerro material se\u00f1al\u00f3 que se desconocieron \u00ablas normas de rango legal o infralegal aplicables al caso, por absoluta inadvertencia de las normas sobre notificaci\u00f3n personal a la parte demandada\u00bb dado que, al ordenar rehacer tal enteramiento, dispuso \u00abrealizar un tr\u00e1mite procesal que la ley no consagra\u00bb lo que, de contera, genera un desequilibrio procesal por cuanto \u00abrevivi[\u00f3]\u2026 nuevamente los t\u00e9rminos para ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita remover los efectos jur\u00eddicos de los autos censurados para que, en su lugar, \u00abse profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb, y que se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito \u00abtener por notificada a la parte demandada [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez S\u00e9ptima Civil del Circuito de C\u00facuta, luego de dar cuenta de las principales actuaciones adelantadas en el proceso objeto de escrutinio solicit\u00f3 no acceder al amparo rogado por cuanto \u00abno ha incurrido en conducta que propenda por la vulneraci\u00f3n de derecho alguno de los deprecados por el accionante [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte el Tribunal Superior de C\u00facuta se limit\u00f3 a remitir copia del prove\u00eddo cuestionado y del expediente digitalizado. <\/p>\n
3. El apoderado general de Mapfre Seguros de Vida Colombia y Mapfre Seguros Generales de Colombia, afirm\u00f3 que esas compa\u00f1\u00edas \u00abno han sido notificadas del proceso por el que se solicita el amparo\u00bb, pues la parte convocante no ha efectuado la notificaci\u00f3n en debida forma, de all\u00ed que la decisi\u00f3n del juzgado accionado, de ordenarle rehacer dicho acto, se muestre ajustada a derecho. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, inform\u00f3 que el ac\u00e1 accionante \u00abha venido instrumentalizando la administraci\u00f3n de justicia, no solo al presentar una tutela sin fundamento, sino tambi\u00e9n al desgastar innecesariamente el aparato judicial con m\u00e1s de diez acciones por los mismos hechos y bajo las mismas pretensiones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta y el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial lesionaron las prerrogativas fundamentales invocadas por la sociedad gestora al interior del proceso 2022-00007; la primera autoridad por haberle ordenado rehacer la notificaci\u00f3n de las demandadas y la segunda por confirmar el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito por incumplimiento de la carga anotada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Del presupuesto de la inmediatez <\/p>\n
El primer reproche de la sociedad Hernando Jaimes Ram\u00edrez & C\u00eda. Ltda. recay\u00f3 sobre los autos de 1\u00ba y 26 de agosto de 2022 por medio de los cuales el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta le orden\u00f3 rehacer la notificaci\u00f3n del auto admisorio a las empresas demandadas; sin embargo, tal cuestionamiento desatiende el presupuesto de la tempestividad como pasa a indicarse. <\/p>\n
La exigencia en comento impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente a este tema, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed, se desconoce el mentado requisito, visto como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. En torno a este t\u00f3pico, el precedente tiene dicho que: <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
En el presente caso, es claro que la sociedad accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, habida consideraci\u00f3n que las providencias cuestionadas datan del 1\u00ba y 26 de agosto de 2022, mientras que el resguardo fue incoado el pasado 7 de julio, es decir, superado el t\u00e9rmino considerado prudencial. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
En efecto, la mentada exigencia adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, la actora nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo frente a los prove\u00eddos de 1\u00ba y 26 de agosto de 2022. <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad del auto cuestionado <\/p>\n
Ahora bien, realizado el an\u00e1lisis pertinente en torno a la censura formulada sobre el auto del pasado 21 de abril, por medio del cual el Tribunal Superior de C\u00facuta confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal del proceso promovido por la ac\u00e1 gestora, la Sala establece que tampoco se abre paso la salvaguarda, toda vez que tal decisi\u00f3n no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
Para confirmar el prove\u00eddo impugnado, el colegiado ad quem inici\u00f3 recordando que los t\u00e9rminos procesales pueden ser legales o judiciales y que su contabilizaci\u00f3n, sea cual fuere la naturaleza, se encuentra regulada en el canon 118 del C\u00f3digo General del Proceso que, para el caso concreto, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se interponen recursos contra un auto que concede un t\u00e9rmino, se estar\u00e1 frente al fen\u00f3meno de la interrupci\u00f3n de este \u00faltimo, tal como as\u00ed lo se\u00f1ala el inciso 4 del art\u00edculo 118\u2026 O sea que el plazo respectivo no corre, se mantiene est\u00e1tico y la parte a la que se lo hab\u00edan concedido lo conserva o mantiene intacto\u2026 <\/p>\n
El texto es claro y realmente no da lugar a dudas, vacilaciones o interpretaciones: simple y llanamente el plazo interrumpido por la interposici\u00f3n de un recurso, principia a contar nuevamente una vez que ese recurso -que no ninguno otro- es desatado. <\/p>\n
(\u2026) se aprecia que el prove\u00eddo calendado 26 de Agosto de 2022, resolutorio de la reposici\u00f3n formulada contra el auto del 1 de Agosto del mismo a\u00f1o, fue notificado por estado electr\u00f3nico publicado el d\u00eda 29 de del mismo mes y a\u00f1o. Contrastando este detalle con lo que ense\u00f1a el texto que acaba de trasuntarse, se tiene que a partir del d\u00eda siguiente -30 de Agosto- inici\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas del requerimiento que se\u00f1ala la ley procesal civil en el art\u00edculo 317. Y revisando el calendario, se tiene que el indicado lapso iba hasta el 10 de Octubre siguiente, sin que en ese interregno el demandante cumpliese con la carga que se le asign\u00f3. De ese modo, cierto es que feneci\u00f3 la chance dispuesta para que se remitiera la comunicaci\u00f3n a las sociedades demandadas informando la existencia de la demanda (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora, frente al argumento de la impugnante respecto de la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino concedido judicialmente para el cumplimiento de la carga de notificar, por efecto de la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, record\u00f3, al amparo del precedente de esta Sala y de lo regulado en el canon 317 del Estatuto Procedimental, que el \u00fanico acto que tiene tal efecto en la contabilizaci\u00f3n de ese lapso es aquel que propenda por materializar el requerimiento; as\u00ed, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No hay que hacer ingentes esfuerzos para comprender que a tono con la pauta jurisprudencial presentada, no puede tener cabida la propuesta interpretativa de la censura, conforme a la cual la acci\u00f3n de tutela propuesta tambi\u00e9n implicaba la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas previsto en el art\u00edculo 317 del estatuto procesal. Es que si bien la acci\u00f3n de tutela comprend\u00eda el auto que concedi\u00f3 el t\u00e9rmino, no tuvo efectos suspensivos dentro del proceso pues tras su interposici\u00f3n no se orden\u00f3 por el juez de tutela como medida provisional suspender la ejecuci\u00f3n de los resuelto. Resulta claro, en consecuencia, que el auto que hizo el requerimiento mantiene su efecto, por lo que posibilidad de notificaci\u00f3n no se encontraba suspendida. <\/p>\n
De otra parte, se hace imperioso recordar que seg\u00fan la Corte cuando el juez conmina a cualquiera de las partes realizar determinada carga procesal de la que dependa adelantar el tr\u00e1mite, citando para el efecto el numeral 1 del art\u00edculo 317, solo aquella actuaci\u00f3n que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino. As\u00ed las cosas, se advierte que para el caso concreto la carga que impuso el juzgado solo se materializaba repitiendo por el demandante el env\u00edo de la notificaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico de los demandados. En vista de que transcurri\u00f3 la oportunidad de rigor sin que procurara realizar la notificaci\u00f3n personal a trav\u00e9s del canal digital, e incluso tampoco a trav\u00e9s de correo f\u00edsico como lo regla el art\u00edculo 291 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, condujo a que el Juzgado de conocimiento aplicara la consecuencia jur\u00eddica que contempla la norma citada, esto es, terminar la actuaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La motivaci\u00f3n adoptada por la colegiatura accionada no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrseles la incursi\u00f3n en alguna conducta irregular, pues su razonamiento y decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales llamados a gobernar el asunto. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
4.2. La providencia por medio de la cual se confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso promovido por la accionante no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Ratificado el 28 de octubre del mismo a\u00f1o cuando se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado de forma principal. <\/p>\n
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