STC6970-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6970-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2023-00098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil\u2013Familia\u2013Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 13 de junio de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Harold David Corrales Herrera, contra el Juzgado Civil del Circuito de Lorica. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2021-00148-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y buena fe, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda en contra de Central de Cooperativas de Servicios Integrales de C\u00f3rdoba – Cesincor Ltda. Repartida la demanda, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica -con auto del 23 de abril de 2021- libr\u00f3 mandamiento de pago por concepto de pago de c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 dicha autoridad declar\u00f3 no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada, referentes a la nulidad absoluta de la obligaci\u00f3n e inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo. Y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por los c\u00e1nones de arrendamiento y servicios p\u00fablicos que no fueron cancelados. Decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por la parte pasiva. <\/p>\n
2.3. Asegur\u00f3 que la demandada actu\u00f3 de mala fe, toda vez que abandon\u00f3 el lugar objeto del contrato de arrendamiento, sin explicaci\u00f3n alguna y sin el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento de los meses exigidos en la demanda, no inicio un proceso declarativo para solicitar la nulidad o terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos invocados. En consecuencia, deprec\u00f3 que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado encarado el 1\u00b0 de diciembre de 2022, por la configuraci\u00f3n del defecto material o sustantivo. Y, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n en la que se tengan en cuenta los defectos advertidos. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Lorica-C\u00f3rdoba expres\u00f3 que su decisi\u00f3n fue adoptada bajo premisas legales y la jurisprudencia aplicable al tema de las nulidades absolutas. <\/p>\n
2. La Central de Cooperativas de Servicios Funerarios de C\u00f3rdoba Ltda solicit\u00f3 que no se conceda el amparo implorado, pues adujo que \u00abla Sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica se ajusta de manera adecuada a las prescripciones normativas del debido proceso y garantiz\u00f3 en todo momento el derecho fundamental al debido proceso, y adem\u00e1s porque hizo prevalecer el derecho sustancial y las normas de orden p\u00fablico\u00bb. M\u00e1xime, cuando \u00ablo que hizo el Juzgado de Segunda Instancia fue asumir el estudio de una de las excepciones de m\u00e9rito que se hab\u00edan propuesto al contestarse la demanda y que no fue estudiada nunca por el Juzgado de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica afirm\u00f3 que no le consta que el Juzgado debatido haya vulnerado los derechos invocados por el actor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que \u00abno se logra vislumbrar el desconocimiento o la vulneraci\u00f3n al debido proceso como tampoco la presencia de una irregularidad procesal, por el contrario, conforme al material probatorio adosado se observa que el Ad quem actu\u00f3 de conformidad con los preceptos normativos y garantizando dicho derecho, de tal forma que, el Juez de Segunda Instancia simplemente procedi\u00f3 a dar por terminado el proceso ejecutivo instaurado por el se\u00f1or Harold David Corrales Herrera en virtud a que, el contrato de arrendamiento que sirvi\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo y por el cual se hab\u00eda librado mandamiento de pago, incurr\u00eda en una causa il\u00edcita por contravenir el orden p\u00fablico, es decir, era objeto de nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos del escrito inicial. Adujo que el estudio de la tutela fue \u00abde una manera err\u00f3nea, pues se estaba alegando una causal especifica de violaci\u00f3n de un defecto material o sustantivo. El tribunal expone una explicaci\u00f3n de una irregularidad procesal, la cual no fue invocada dentro del proceso en referencia, motivo por el cual, se advierte que fue infundada dicha decisi\u00f3n y no fue analizado el objeto real de estudio que fue solicitado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. Ciertamente, se evidencia que la autoridad debatida -con prove\u00eddo del 1\u00b0 de diciembre de 20221-, en grado de consulta resolvi\u00f3: <\/p>\n
REVOCAR la sentencia anticipada del 13 de agosto del 2021, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica-C\u00f3rdoba, dentro del proceso Ejecutivo Singular de Menor Cuant\u00eda promovido por HAROLD CORRALES HERRERA contra CENTRAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE C\u00d3RDOBA LTDA, LOS OLIVOS SUCURSAL LORICA, para en su lugar, DECLARAR PROBADA, la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cNULIDAD ABSOLUTA DE LA OBLIGACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: DAR POR T\u00c9RMINADO el presente proceso ejecutivo, con el consecuente levantamiento de las cautelas que ven\u00edan decretadas. <\/p>\n
1.1. Para ello, luego de invocar los art\u00edculos 1517, 1519, 1524 y el 1741 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n SC5480 del 10 de abril de 20142, afirm\u00f3 que \u00abel contrato que incurre en una causa il\u00edcita por contravenir el orden p\u00fablico, tambi\u00e9n es nulo absoluto\u00bb. Por esta raz\u00f3n, procedi\u00f3 a revisar si el contrato de arrendamiento objeto de del proceso se encontraba viciado de nulidad absoluta. Para ello, una vez definida la causa del contrato de arrendamiento de establecimiento comercial, entr\u00f3 a verificar que esta fuera licita, por lo cual crey\u00f3 necesario constatar si el inmueble contaba con las condiciones especiales para el desarrollo de los servicios funerarios a prestar. <\/p>\n
1.2. A rengl\u00f3n seguido, indic\u00f3 que \u00abentre las disposiciones especiales para el funcionamiento de un establecimiento de comercio destinado a la prestaci\u00f3n de servicios funerarios, no pueden pasar por alto las disposiciones urban\u00edsticas y ambientales del lugar donde se desarrollar\u00eda, por ser adem\u00e1s un tema relacionado con la salubridad p\u00fablica y el urbanismo\u00bb. Con apoyo en los art\u00edculos 5 y 9 de ley 388 de 1997, referentes al plan de ordenamiento territorial, destac\u00f3 que, para el caso en concreto, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lorica viene establecido en el proceso, que la reglamentaci\u00f3n del uso del suelo para los servicios f\u00fanebres contiene una serie de limitaciones. Por consiguiente, hizo alusi\u00f3n a que, con la contestaci\u00f3n de la demanda y el escrito de excepciones de m\u00e9rito, fue aportada la informaci\u00f3n referente al POT del Municipio, y las exigencias que los contratantes deb\u00edan acatar al respecto, as\u00ed: <\/p>\n
1.3. De lo dicho encontr\u00f3 que \u00abesta informaci\u00f3n y reglamentaci\u00f3n aportada con las excepciones, se advierte que no fue controvertida por la parte demandada, ni tachada de falso, por lo que constituye prueba en contra, y si el demandante con la r\u00e9plica a las excepciones no aport\u00f3 prueba en contra de \u00e9sta informaci\u00f3n, o de la reglamentaci\u00f3n imperante en el Municipio de Lorica, tiene para \u00e9l los efectos de una \u201cconfesi\u00f3n ficta3\u201d, pues no era otra la oportunidad para pedir o solicitar pruebas sobre este tema, debiendo el fallador hacer uso de la misma para escudri\u00f1ar la realidad de los hechos vertidos\u00bb. De lo referido, destac\u00f3 que \u00aben materia del uso del suelo para la prestaci\u00f3n de servicios funerarios, exist\u00eda una reglamentaci\u00f3n especial que indicaba las condiciones especiales que el inmueble destinado a establecimiento de comercio, deb\u00eda cumplir y que no las ten\u00eda, v gr., la ausencia de unidades de parqueo para salas de velaci\u00f3n o parque cementerio, y se advierte que con la r\u00e9plica de las excepciones tampoco se aport\u00f3 prueba que refutara la pertinencia y utilidad del bien para estos fines\u00bb. <\/p>\n
1.4. Finalmente, concluy\u00f3 que \u00absiendo las normas de ordenamiento territorial, reglamentarias e integran el ordenamiento publico seg\u00fan los art\u00edculos 287, 288 del C.P.N, y la Declaraci\u00f3n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, la cual desarrolla lo referente al uso de los recursos naturales en el territorio de cada Estado, y lo condiciona al desarrollo de instituciones nacionales competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilizaci\u00f3n de los recursos, en procura de un ambiente sano y a la participaci\u00f3n, que se entiende incorporado al Bloque de Constitucionalidad; el contrato de arrendamiento de local comercial para los fines indicados, deb\u00eda acatar las disposiciones sobre el uso del suelo\u00bb. Sin embargo, \u00abcomo no las acat\u00f3, si no que fue elaborado y suscrito por las partes, a pesar de resultar existente en los t\u00e9rminos de la Corte en Sentencia SC5480 del 10 de abril del 2.014, si resulta nulo absoluto, por contrariar las normas de orden p\u00fablico, pues su causa resulta il\u00edcita, teniendo en cuenta que \u00e9sta redunda en la contrariedad del orden p\u00fablico, es decir, las reglas del ordenamiento territorial aplicables a este tipo de actividad mercantil\u00bb. <\/p>\n
2. De lo expuesto, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, jurisprudencial y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-15. Anexo 34. SentenciaResuelveRecursoDeApelaci\u00f3nYRevoca. 2022-0170 MP CONFIRMA CONSULTA. Carpeta 2022-0170 CONSULTA INCIDENTE ULTIMO. Expediente Juzgado <\/p>\n
2\u0002 \u00abes \u00fatil memorar que en el derecho patrio toda obligaci\u00f3n surgida de un contrato bilateral, debe tener una causa real y l\u00edcita, que seg\u00fan la doctrina mayoritaria se vislumbra en el inter\u00e9s concreto que impulsa a cada una de las partes a celebrar el respectivo negocio jur\u00eddico, sin identificarse con la contraprestaci\u00f3n, como inicialmente lo sostuvo la escuela cl\u00e1sica. Si ese m\u00f3vil es ficticio, aparente o artificial, o est\u00e1 prohibido por la ley, o es contrario al orden p\u00fablico, o a las buenas costumbres (art. 1524 C.C.), el contrato, aunque verdadero \u2013pues las partes quisieron celebrarlo y efectivamente lo celebraron-, ser\u00e1 nulo, en los primeros eventos porque la causa es irreal, en los segundos por il\u00edcita. Pero es indiscutible que el contrato existi\u00f3 y que fue ley para las partes, al punto que, si se satisfizo la prestaci\u00f3n correspondiente, no podr\u00e1 repetirse lo pagado si se descubre que, a sabiendas, se contrat\u00f3 bajo causa il\u00edcita (art. 1515 ib.)\u00bb <\/p>\n
3\u0002 CSJ-STC 21575-2017 \u00abImporta precisar que la confesi\u00f3n ficta tendr\u00e1 el mismo valor y fuerza que a las confesiones propiamente dichas la ley les atribuye5 , siempre y cuando, se insiste, no exista dentro del proceso prueba en contrario y para su incorporaci\u00f3n se hayan cumplido las condiciones previstas en el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso. 3. Como con acierto lo ha sostenido la doctrina especializada6 , y tiene dicho la Corte7 , la prueba procesal no est\u00e1 formada, de ordinario, por un solo elemento, sino que, por lo com\u00fan, cada litigante suele utilizar diversos medios de persuasi\u00f3n, de naturaleza heterog\u00e9nea. Esta Corporaci\u00f3n ha insistido8 , con fundamento en la ley, y en reiterada doctrina que a los jueces se les impone la obligaci\u00f3n de hacer la evaluaci\u00f3n tanto individual como conjunta de los diversos y heterog\u00e9neos elementos probatorios obrantes en los autos; no de uno solo\u00bb <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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