STC6971-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6971-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 del Carmen Ramos Alc\u00e1zar frente al fallo emitido el pasado 6 de junio por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00e9l contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, Electricaribe S.A. E.S.P. – en liquidaci\u00f3n y Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos en los que se origin\u00f3 el reclamo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna, seguridad jur\u00eddica, igualdad, salud, \u00abmoral\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente trasgredidos por los accionados ante la negativa frente al pago de las sumas reconocidas a su favor mediante sentencia judicial. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) a Electricaribe S.A. E.S.P. – en liquidaci\u00f3n, \u00abtener[lo] como acreedor dentro del proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb; ii) a dicha entidad y a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., dar \u00abcumplimiento a la sentencia de\u2026 29 de enero de 2019, a fin que se reconozca el pago de la indemnizaci\u00f3n que [l]e corresponde\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de responsabilidad civil extracontractual que el actor, su compa\u00f1era permanente y sus tres hijos comunes (entonces menores de edad) incoaron en el a\u00f1o 2013 contra Electricaribe S.A. E.S.P., pretendiendo la reparaci\u00f3n de los perjuicios derivados de la descarga el\u00e9ctrica de la que el primero fue v\u00edctima el 9 de marzo de 2011, surtidas las etapas de rigor, el 9 de abril de 2018 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, determinaci\u00f3n que el 29 de enero de 2019 revoc\u00f3 el ad-quem para, en su lugar, acceder a las mismas, condenando a la demandada a pagar a favor de i) los menores, $3.500.000 (por perjuicios morales); ii) Yasmira del Carmen M\u00e1rquez Mej\u00eda, $5.000.000 (por el mismo concepto); y iii) el accionante, $15.000.000 (por da\u00f1o fisiol\u00f3gico), $34.424.571 (por lucro cesante consolidado) y $30.715.515 (por lucro cesante futuro). <\/p>\n
2.2. El tutelante narr\u00f3 que, a continuaci\u00f3n, formul\u00f3 proceso ejecutivo para obtener el pago de esas condenas, el 20 de noviembre de 2019 el estrado a-quo decret\u00f3 medidas cautelares y libr\u00f3 mandamiento de pago; determinaciones que revoc\u00f3, en su orden, con prove\u00eddos de 6 de febrero de 2020 y 1\u00ba de febrero de 2021, al acceder a las solicitudes planteadas por la ejecutada con fundamento en que, dada la toma de posesi\u00f3n de la que fue objeto desde el 14 de noviembre de 2016, por orden de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, tales actuaciones se mostraban inviables; y el 14 de septiembre de 2021 no accedi\u00f3 \u00aba la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso\u00bb, al estar terminado, y dispuso \u00abcomunicar sobre [su] existencia\u2026 a la\u2026 liquidadora de electricaribe\u2026[,] para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que desde el 31 de mayo de 2019, infruct\u00edferamente, ha radicado diferentes cuentas de cobro, peticiones y formularios de reclamaci\u00f3n ante Electricaribe para obtener el pago, entidad que mediante Resoluci\u00f3n Nro. 20214000000195 del 30 de junio de 2021 se lo neg\u00f3, \u00abaduciendo que el poder que otorg[\u00f3] a [su] apoderada[,] presentado en la cuenta de cobro[,] no iba dirigido a la aqu\u00ed accionada, raz\u00f3n por la cual se abstiene de cumplir con el pago de la sentencia\u00bb; decisi\u00f3n que ratific\u00f3 con Resoluci\u00f3n 20214000000595 del 20 de agosto siguiente; todo lo cual le reiter\u00f3 el 22 de febrero \u00faltimo, al darle respuesta al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que le plante\u00f3 insistiendo en el reconocimiento econ\u00f3mico. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela el actor manifest\u00f3 ser sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, dada su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, de escasos recursos econ\u00f3micos, sin bienes, ingresos ni pensi\u00f3n, calificado con p\u00e9rdida del 62% de su capacidad laboral con ocasi\u00f3n del accidente que dio lugar al referido juicio de responsabilidad civil. <\/p>\n
Adujo, en concreto, que desde que sufri\u00f3 el accidente han transcurrido m\u00e1s de 12 a\u00f1os sin que, a pesar de haber agotado \u00abtodas las gestiones necesarias\u00bb y contar con veredicto judicial a su favor desde el 2019, haya logrado obtener la reparaci\u00f3n debida, evidenci\u00e1ndose, \u00abcon la negaci\u00f3n del pago de la sentencia por la accionada\u00bb, la configuraci\u00f3n de un \u00abdefecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que la empresa tutelada mediante su agente liquidador\u2026 niega lo ordenado\u2026 aduciendo que el poder de la cuenta de cobro no va dirigido a dicha empresa, sin tener en cuenta que [su] apoderada contaba[,] desde el inicio del proceso[,] con un poder otorgado por [\u00e9l] y debidamente ratificado con facultades expresas de transigir, desistir, sustituir, recibir, interponer tutelas y efectuar todas las acciones y tr\u00e1mites necesarios y conducente en el cumplimiento de su mandato\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios se opuso a la prosperidad del resguardo por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al \u00abno haber incurrido en una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la cual se pueda predicar la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales cuya tutela pretende el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Electricaribe S.A. E.S.P. – en liquidaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, con el que se\u00f1al\u00f3 no haber conculcado las garant\u00edas esenciales del reclamante y deprec\u00f3 \u00abdenegar el amparo impetrado\u00bb, m\u00e1xime porque \u00ab[l]as controversias que puedan suscitarse a ra\u00edz de la expedici\u00f3n de actos y toma de decisiones propias del proceso de liquidaci\u00f3n forzosa administrativa deber\u00e1n resolverse acudiendo a los mecanismos que la ley prev\u00e9 para tales efectos, y no mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Foneca, tambi\u00e9n deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque \u00abel objeto de amparo de la acci\u00f3n de tutela no puede ser atendido por [esa] Entidad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Yasmira del Carmen M\u00e1rquez Mej\u00eda y a \u00abtodos los acreedores reconocidos dentro de la liquidaci\u00f3n forzosa administrativa de Electricaribe S.A. E.S.P.\u00bb, acorde con lo dispuesto por esta Corte en auto del pasado 19 de mayo (ATC536-2023), declar\u00f3 improcedente la salvaguarda. <\/p>\n
Por carencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto del Juzgado accionado, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A. -en calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA-; en cuanto al primero, porque, \u00abadem\u00e1s de que no existen pretensiones dirigidas en su contra, tampoco se pudo establecer que haya incurrido en alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que derivara en el problema jur\u00eddico que se plantea, teniendo en cuenta que, en virtud de la situaci\u00f3n actual de Electricaribe\u2026, la casa judicial carece de competencia para efectuar pronunciamiento alguno frente al cumplimiento de la sentencia a que se hace alusi\u00f3n\u00bb; mientras que, respecto a todos los dem\u00e1s, porque \u00ablas condenas impuestas en la sentencia cuyo cumplimiento se persigue no les son oponibles y tampoco tienen intervenci\u00f3n alguna en el tr\u00e1mite administrativo para su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En lo restante, por insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abla v\u00eda para obtener el cumplimiento de la sentencia que refiere el accionante es el tr\u00e1mite administrativo establecido en el Decreto 2555 de 2010, dentro del cual, para el caso particular se dictaron los actos administrativos de car\u00e1cter definitivo del 30 de junio de 2021[,] confirmado el 20 de agosto de 2021[,] por no haberse interpuesto el recurso que le fue procedente, no siendo de recibo que se pretenda usar la acci\u00f3n de tutela para revivir t\u00e9rminos fenecidos\u00bb; sumado a que \u00abel exceso ritual manifiesto y las falencias que reprocha el accionante pueden ser v\u00e1lidamente debatidas ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa[,] conforme a los lineamientos del art. 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el actor insistiendo en sus pretensiones y planteamientos iniciales, agreg\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el Tribunal a-quo, su apoderada judicial s\u00ed agot\u00f3 la v\u00eda gubernativa ante la negativa de Electricaribe respecto al pago reclamado; y que el presupuesto de la inmediatez est\u00e1 presente en su reclamaci\u00f3n, dado que la transgresi\u00f3n a sus derechos, derivada de las afectaciones originadas en la descarga el\u00e9ctrica de la cual fue v\u00edctima, \u00abes continuada y persiste[,] toda vez que se ha prolongado en el tiempo y a la fecha contin[\u00faa] sin percibir el pago a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n que [l]e fue reconocida en la sentencia de\u2026 29 de enero de 2019\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, de cara al caso concreto, la Corte anticipa el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto del a-quo constitucional, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto a las determinaciones adoptadas por el Juzgado accionado, \u00faltima de las cuales data del 14 de septiembre de 2021, concluye la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse pero por el hecho de resultar patente que la salvaguarda implorada carece del requisito de la inmediatez, en la medida en que desde la emisi\u00f3n de tales decisiones hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (abril de 2023), transcurrieron mucho m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
Frente a dicho presupuesto de procedibilidad, de manera reiterada esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
De all\u00ed que no sean de recibo las manifestaciones efectuadas por el quejoso en su impugnaci\u00f3n, de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01), como atr\u00e1s se dej\u00f3 dicho, sin que la postulaci\u00f3n de peticiones o reiteraciones posteriores tengan la virtualidad de revivir t\u00e9rmino alguno. <\/p>\n
2.2. De otro lado, en cuanto al rechazo de la acreencia en la liquidaci\u00f3n de la empresa de servicios p\u00fablicos convocada, dada la evidente falta de satisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la formulaci\u00f3n de la demanda de amparo, al advertir que el quejoso cont\u00f3 o cuenta con otro mecanismo ordinario para atacar las decisiones que critica al liquidador de Electricaribe S.A. E.S.P. – en liquidaci\u00f3n, el cual no acredit\u00f3 haber agotado. <\/p>\n
En efecto, era o es propicio cuestionar la legalidad de las resoluciones disentidas, como actos administrativos que son, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Total que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, en lo atinente a las determinaciones tomadas en los procesos \u00abde liquidaci\u00f3n administrativa\u00bb (como el que acapara el an\u00e1lisis de marras), aunque respecto de entidades promotoras de salud que no prestadoras de servicios p\u00fablicos -como la ac\u00e1 involucrada-, pero que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al presente caso, en tanto que tal decurso, en uno u otro caso, est\u00e1 gobernado por lo expresamente establecido en el canon 295 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, el Consejo de Estado previno: <\/p>\n
\u2026[E]l liquidador en los procesos de liquidaci\u00f3n administrativa forzosa tiene la naturaleza de particular en ejercicio de funciones p\u00fablicas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 788 de 1998, por el cual se modific\u00f3 el Decreto 1922 de 1994, que a su vez reglament\u00f3 la intervenci\u00f3n del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud. (\u2026). Con fundamento en lo expuesto el Liquidador, designado en este caso por la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones p\u00fablicas administrativas transitorias y, en consecuencia, y por virtud de lo dispuesto por el numeral 2\u00ba [del canon 295 del Decreto 663 de 1993] las decisiones que adopta son actos administrativos pasibles de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u2026 (\u00c9nfasis ajeno – CE, 8 jun. 2020, rad. 02200-00; citada en CSJ STC1153-2021, 12 feb., rad. 2020-00449-01; criterio reiterado en STC2001-2021, 3 mar., rad. 2020-00406-02; STC3491-2021, 7 abr., rad. 2021-00039-02; y STC6760-2023, 12 jul., rad. 2023-00233-01). <\/p>\n
Consecuentemente, sobra recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que susciten deben ser develadas ante el operador competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar\u00bb, de modo provisorio, \u00abel objeto del proceso\u00bb y, entre ellas, la suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme lo indicado en los preceptos 229 y 230 (num. 3\u00b0) de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye cualquier viso de perjuicio irremediable, lo que, muy a pesar de los planteamientos del accionante, torna inviable la protecci\u00f3n rogada, incluso como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Frente al particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u2026 (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
3. Lo consignado, entonces, impone ratificar el veredicto de primer rango. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, env\u00edese las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6971-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6971-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 del Carmen Ramos Alc\u00e1zar frente al fallo emitido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74811"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74811\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}