STC6977-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6977-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01055-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Vidal Cort\u00e9s Vergara instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de Barranca de Up\u00eda \u2013 Meta y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00055-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y al principio de la \u00abdoble instancia\u00bb, para que se conminara a la autoridad censurada dejar \u00absin efectos la decisi\u00f3n (\u2026) de fecha 23 de mayo de 2023\u00bb y, en consecuencia, \u00abel Tribunal resuelva de fondo el tema de discusi\u00f3n y [\u00e9l] pueda recurrir ante la Corte Suprema de Justicia por v\u00eda de casaci\u00f3n si hubiere lugar y los dem\u00e1s derechos fundamentales que se presentan entendido as\u00ed como una v\u00eda de hecho y las que surjan de los hechos narrados\u00bb. <\/p>\n
Del dossier se extrae que el Juzgado Promiscuo Municipal de Paratebueno \u2013 Cundinamarca imput\u00f3 al actor el delito de lesiones personales dolosas agravadas, previsto en los art\u00edculos 111, 112, inciso 1, 113, incisos 2 y 4, y 119, inciso 2\u00b0, del C\u00f3digo Penal (18 nov. 2021), decisi\u00f3n que \u00e9ste refut\u00f3 pidiendo retirar el \u00faltimo agravante consistente en \u201cpor el hecho de ser mujer\u201d, ya que transgred\u00eda el \u00abprincipio de legalidad\u00bb; empero, la Fiscal\u00eda la mantuvo y, a continuaci\u00f3n, se allan\u00f3 a los cargos. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Barranca de Up\u00eda \u2013 Meta que conoci\u00f3 del juicio penal, convoc\u00f3 a audiencia concentrada en la que Cort\u00e9s Vergara ratific\u00f3 la aceptaci\u00f3n, con lo que se verific\u00f3 \u00abla legalidad del allanamiento\u00bb (17 mar. 2022) y, luego de ello, dict\u00f3 sentencia conden\u00e1ndolo \u00ab43 meses de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas y multa de 46.5 SMLMV\u00bb, y le concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena (23 jun.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 el gestor que formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra ese veredicto, \u00abalegando que el agravante por la condici\u00f3n de ser mujer no se estructuraba\u00bb; sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio \u00abdeclar\u00f3 improcedente el recurso [y] se abstuvo de resolver\u00bb, en providencia de 12 de mayo de 2023, le\u00edda en audiencia del d\u00eda 23 siguiente, argumentando que \u00ab[su] abogado no estaba legitimado para interponer la apelaci\u00f3n porque [\u00e9l] hab\u00eda aceptado cargos y que adem\u00e1s [\u00e9l se] estaba era retractando por lo que entonces no ten\u00eda claro el inter\u00e9s para recurrir y adem\u00e1s la sentencia no hac\u00eda m\u00e1s gravosa [su] situaci\u00f3n para entrar a resolver de fondo en segunda instancia la inconformidad presentada por [su] apoderado\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, \u00abse equivoc\u00f3 el Magistrado porque si se hizo m\u00e1s gravosa [su] situaci\u00f3n toda vez que la pena a imponer no era 43 meses de prisi\u00f3n sino 36 y as\u00ed tambi\u00e9n se grad\u00fao la multa, eso hace gravosa [su] situaci\u00f3n en la sanci\u00f3n penal y en lo econ\u00f3mico y se equivoc\u00f3 el Magistrado porque [\u00e9l] no [se est\u00e1] retractando, simplemente se apel\u00f3 la sentencia para que el superior resuelva el principio de legalidad, toda vez que el agravante de la condici\u00f3n de g\u00e9nero no se da\u00bb; aunado al hecho que, profesa ser \u00abperjudicado porque [\u00e9l] necesit[a] que el Tribunal revise la legalidad del agravante si procede o no por la condici\u00f3n de g\u00e9nero y adem\u00e1s al rechazar el recurso de plano [le] quita la posibilidad de presentar demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y destac\u00f3 que \u00abno debe dejarse de lado que la sentencia apelada fue consecuencia de un allanamiento a cargos y, como se explic\u00f3 a espacio, la pretensi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n finalmente apuntaba a una retractaci\u00f3n inadmisible, adem\u00e1s de que se carec\u00eda de inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir el fallo, que fue pedido por el propio acusado, y que el tema cuestionado surgi\u00f3 de una indebida utilizaci\u00f3n del traslado del art\u00edculo 447 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de Barranca de Up\u00eda \u2013 Meta dijo que \u00abel reproche constitucional no se encuentra enfilado directamente contra alguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de [ese] Estrado Judicial, raz\u00f3n por la cual, consider[\u00f3] que no puedo hacer pronunciamiento alguno distinto a acatar lo que se ha dispuesto en la determinaci\u00f3n confutada por parte de [su] superior funcional\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la salvaguarda, en tanto, no se advierte una situaci\u00f3n lesiva que amerite \u00abla intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb, puesto que \u00abla Corporaci\u00f3n Judicial accionada de manera clara y precisa se\u00f1al\u00f3 los motivos por los cuales consideraba que la parte recurrente no ten\u00eda inter\u00e9s para debatir aspectos relacionados con la tipicidad del delito, en lo alusivo a la configuraci\u00f3n de un agravante aceptado al momento de allanarse a cargos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la resoluci\u00f3n reprochada es razonable, \u00abal no advertirse en la actuaci\u00f3n penal que curs\u00f3 contra el accionante, acto arbitrario o injusto que amerite la intervenci\u00f3n del Juez de tutela, la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n confutada se ofrece razonable de cara a la particularidad del caso, en la que, a trav\u00e9s de un medio de impugnaci\u00f3n vertical el actor procuraba una revisi\u00f3n de la legalidad del delito por el que fue condenado, mismo que, como se vio y resalt\u00f3 el Tribunal, fue aceptado en su integridad por el implicado desde la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos, escenario que, tornaba inviable el estudio de ese t\u00f3pico en sede de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.- Ese desenlace fue repelido por el precursor quien, insisti\u00f3 en las inconformidades y planteamientos expuestos en la demanda tuitiva, seg\u00fan los cuales, \u00ab[n]o entendi\u00f3 la Sala Penal del Tribunal que no se est\u00e1 retractando del allanamiento a cargos, que el recurso fue claro en precisar que debe prevalecer el principio de legalidad por encima del allanamiento a cargos, m\u00e1xime cuando se cuestiona que el agravante en la condici\u00f3n de ser mujer quebranta el principio de legalidad, el principio del derecho penal de acto\u00bb; tanto m\u00e1s si, adujo que \u00abla Corte debe revisar que no todos los delitos o los agravantes que imputa la Fiscal\u00eda por el solo hecho de allanamiento sean irretractables cuando desbordan el principio de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refut\u00f3 que, \u00aben el fallo de tutela no se entendi\u00f3 el mensaje del llamado a amparar los derechos conculcados porque en otras instancias los jueces, inclusive la Corte ha dicho que, trat\u00e1ndose del principio de legalidad, el Juez natural debe ajustar la legalidad\u00bb; de ah\u00ed que, iter\u00f3, que \u00ab[e]n la apelaci\u00f3n no se est\u00e1 retractando el allanamiento, el imputado se est\u00e1 quejando porque le est\u00e1n agravando la conducta por un incremento que no corresponde y que debe ser revisado por el Juez natural\u00bb. <\/p>\n
Con todo, critic\u00f3 que el Tribunal Superior de Villavicencio \u00ab[rechaz\u00f3] el recurso sin resolver de fondo la discusi\u00f3n de peso jur\u00eddico\u00bb, m\u00e1xime, cuando se inobserv\u00f3 que \u00abhay una dictadura jur\u00eddica por parte de la Fiscal\u00eda que cercena la proclama constitucional de Estado de Derecho Democr\u00e1tico y Social\u00bb y, por tanto, exigi\u00f3 \u00abse revise el fallo de primera instancia para que se siente un precedente y los Fiscales no sigan arbitrariamente imponiendo las imputaciones y los agravantes desbordadamente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el pliego inaugural con la prueba recaudada en el plenario, ab initio se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la ratificaci\u00f3n de lo solventado por el a quo. <\/p>\n
1.1.- En el sub lite la revisi\u00f3n del plenario objetado pronto permite colegir que el interlocutorio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (12 may. 2023 le\u00edda en audiencia del 23 de ese mes y a\u00f1o), mediante la cual se abstuvo de resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra el fallo condenatorio expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Barranca de Up\u00eda \u2013 Meta, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico como lo afirma el promotor; contrario a ello, avizora la Sala que la misma, obedece, en l\u00ednea de principio, a una ajustada interpretaci\u00f3n de la normativa y jurisprudencia que rigen la materia, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del haz probatorio, ce\u00f1ido a la realidad que fluye del infolio. <\/p>\n
En efecto, empez\u00f3 memorando que, \u00aben t\u00e9rminos de los art\u00edculos 179 y 179 A de la Ley 906 de 2004, la Sala deber\u00eda proceder a confrontar los argumentos del recurrente con lo resuelto en la primera instancia. No obstante, no lo har\u00e1, porque encuentra necesario ocuparse de analizar si aquel est\u00e1 legitimado para apelar\u00bb, de manera que, dividi\u00f3 su estudio en tres aristas, a saber: (i) \u00abLegitimaci\u00f3n en la pretensi\u00f3n\u00bb; (ii) \u00abLa retractaci\u00f3n de la aceptaci\u00f3n de cargos\u00bb; y (iii) \u00abEl traslado del art\u00edculo 447\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la primera, con base en lo que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha decantado al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) para interponer recursos es necesario que en quien los postula se re\u00fanan dos condiciones: la legitimidad para el proceso y la legitimidad en la causa. Por lo primero, se requiere que el impugnante se encuentre habilitado para actuar dentro del tr\u00e1mite, en el entendido de que, cumpliendo las exigencias legales, ha sido reconocido como parte o interviniente, lo cual es claro que sucede con el defensor. <\/p>\n
Pero no basta con que el recurrente haya sido reconocido como parte, sino que es indispensable, adem\u00e1s, que cuente con legitimidad en la causa o inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir, lo que significa que la decisi\u00f3n cuestionada le haya causado un perjuicio, un agravio concreto; en sentido contrario, si la providencia no ocasiona una afectaci\u00f3n, el recurrente carece de legitimidad en la causa por la que aboga. <\/p>\n
Con este alcance, solamente puede postular una revisi\u00f3n, a trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n, la parte a quien el fallo le ocasione un perjuicio, el cual debe valorarse en relaci\u00f3n directa con los intereses representados por quien pretende utilizar el medio de gravamen y lo que sobre el mismo resolvi\u00f3 la providencia censurada. <\/p>\n
Si la decisi\u00f3n no da\u00f1a, no agravia, no lesiona a la parte, es evidente que est\u00e1 deslegitimada para proponer el recurso (\u2026). <\/p>\n
Seguidamente, del material suasorio coligi\u00f3 que el apelante carec\u00eda de inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir, si se tiene en cuenta que, <\/p>\n
\u00abDe la rese\u00f1a de la actuaci\u00f3n deriva que el acusado, debidamente asistido por su defensor, se allan\u00f3 a los cargos imputados por la Fiscal\u00eda, los que incluyeron la circunstancia de agravaci\u00f3n que se pretenden excluir y el delegado del ente acusador explic\u00f3 que ella consist\u00eda en que el delito se cometi\u00f3 en una mujer por el hecho de serlo, <\/p>\n
\u201cporque no se trata de un particular cualquiera, no era una persona desconocida para el\u2026 se\u00f1or JOS\u00c9 VIDAL CORT\u00c9S VERGARA, es que era su hijastra, \u00e9l sab\u00eda que estaba tratando con una mujer que era su hijastra, sexo contrario, una persona femenina y a pesar de eso quiso cometer la conducta y la cometi\u00f3 y es que sab\u00eda que estaba agrediendo a una mujer, no era a una persona que no conociera o fuera una situaci\u00f3n circunstancial, no fue con ese objetivo. Igualmente, la intenci\u00f3n fue agredir a otra mujer y porque pr\u00e1cticamente le interrumpi\u00f3 su actuar y no permiti\u00f3 que agredieran a la mam\u00e1 entonces agredi\u00f3 a su hijastra\u201d. <\/p>\n
Con independencia de si pudo o no haberse razonado con m\u00e1s detalles y circunstancias, lo cierto es que la causal de agravaci\u00f3n se dedujo y se fundament\u00f3 por la Fiscal\u00eda, tras lo cual el imputado manifest\u00f3 haber hablado con su abogado, este afirm\u00f3 haberlo ilustrado con suficiencia y CORT\u00c9S VERGARA, luego de otras explicaciones por parte de la jueza, acept\u00f3 los cargos sin objeci\u00f3n alguna de la defensa. <\/p>\n
En esas condiciones, como el allanamiento a cargos se produjo como consecuencia de la postura del acusado y su defensor y esa admisi\u00f3n incluy\u00f3 la circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva consagrada en el art\u00edculo 119, inciso 2, del C\u00f3digo Penal, el apoderado qued\u00f3 deslegitimado para acudir al recurso de apelaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n precisamente de variar la tipicidad acordada. <\/p>\n
Por tanto, el defensor carece de inter\u00e9s jur\u00eddico para recurrir\u00bb. <\/p>\n
En torno al segundo t\u00f3pico, \u00abla retractaci\u00f3n de la aceptaci\u00f3n de cargos\u00bb, esgrimi\u00f3 que, \u00ab[l]a pretensi\u00f3n del recurrente, que postula se desconozca la tipicidad acordada con la Fiscal\u00eda y que fue aceptada por el acusado con su asesor\u00eda, en realidad a lo que apunta es a una velada retractaci\u00f3n de los cargos admitidos, lo cual resulta inadmisible cuando la jueza encontr\u00f3 demostrado que ese fue un acto libre, consciente, voluntario, debidamente asesorado y sin vulneraci\u00f3n de ninguna garant\u00eda fundamental\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, con respaldo en jurisprudencia de esta Corte (AP830-2014, radicado 34699 del 26 de febrero del 2017), seg\u00fan lo cual, sobre el tema de la retractaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab\u201cLa Corte ha indicado que la limitaci\u00f3n a la posibilidad de discutir o controvertir los t\u00e9rminos de las aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente regulada por la ley a trav\u00e9s de lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado principio de irretractabilidad, que comporta, precisamente, la prohibici\u00f3n de desconocer el convenio realizado, ya en forma directa, como cuando se hace expresa manifestaci\u00f3n de deshacer el convenio, o de manera indirecta, como cuando a futuro se discuten expresa o veladamente sus t\u00e9rminos. <\/p>\n
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que <<una vez realizada la manifestaci\u00f3n de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espont\u00e1nea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no ser\u00eda razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, m\u00e1s ampliamente, con detrimento de la administraci\u00f3n de justicia>> CC SC C-1195-05. <\/p>\n
Cabe advertir que la aceptaci\u00f3n o el acuerdo no s\u00f3lo es vinculante para la fiscal\u00eda y el implicado. Tambi\u00e9n lo es para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garant\u00edas fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario\u201d\u00bb (Resaltado Adrede). <\/p>\n
As\u00ed entonces, infiri\u00f3 que, \u00ab(\u2026) como la real aspiraci\u00f3n del defensor recurrente apunta a que se admita una retractaci\u00f3n de los cargos aceptados, no puede estudiarse su propuesta, en tanto, seg\u00fan se ha demostrado, ese acto estuvo rodeado de todas las garant\u00edas fundamentales que le asist\u00edan al aqu\u00ed acusado\u00bb. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que comprobada \u00abla legalidad del allanamiento a cargos el juzgador corri\u00f3 el traslado del art\u00edculo 447\u00bb, se manifest\u00f3 por la defensa, <\/p>\n
\u00ab\u201cque la norma dice que en el traslado se puede referir a la punibilidad y dosificaci\u00f3n de la pena, en su criterio la fiscal\u00eda esta violando el principio de legalidad, no obstante, nosotros aceptamos los cargos se\u00f1ora juez. Pero ese agravante de condici\u00f3n de ser mujer no se estructura porque el conflicto era un conflicto familiar con su propia esposa y la se\u00f1ora v\u00edctima intervino y efectivamente se presenta un estado de ebriedad, pero no es por la condici\u00f3n de que fuera mujer, de que se presentara el delito como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en ciertas jurisprudencias ya, entonces no estoy de acuerdo con eso doctora, para que su se\u00f1or\u00eda lo revise es decir principio de legalidad\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, sobre aqu\u00e9l proceder de la juez de primer grado, sostuvo: <\/p>\n
\u00abEsta postura cuando menos comporta un uso inadecuado de la norma en comento y que el juzgador no debi\u00f3 permitir, en tanto la misma est\u00e1 dada exclusivamente para a (sic) hacer referencia a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes del acusado, en aras de la dosificaci\u00f3n punitiva. <\/p>\n
En modo alguno pod\u00eda acudirse, como hizo la defensa, a cuestionar la tipicidad del comportamiento, ya aceptada, y por esa v\u00eda insistir en una velada retractaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que la primera instancia debi\u00f3 negar la apelaci\u00f3n interpuesta porque \u00abel defensor carec\u00eda de inter\u00e9s jur\u00eddico para proponerlo\u00bb, en tanto, <\/p>\n
\u00ab[l]a Sala encuentra necesario recordar a los funcionarios que su labor no apunta a tramitar, sin m\u00e1s, todas las postulaciones que hagan las partes. Previo a ello, se impone verifiquen la procedencia de las mismas. <\/p>\n
En el tema espec\u00edfico de interposici\u00f3n de recursos, m\u00e1s cuando se trata de preacuerdos o allanamiento a cargos, surge el deber de constatar si existe legitimidad, inter\u00e9s jur\u00eddico para proponer el medio de gravamen, espec\u00edficamente por parte de la defensa y, de no existir, se impone negar la apelaci\u00f3n, para, as\u00ed, evitar la dilaci\u00f3n en los procedimientos\u00bb. <\/p>\n
1.2.- En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la \u00abtutela\u00bb, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para debatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021, STC1648-2022 y STC5093-2023). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con lo aseverado en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n tutelar\u00bb, en el sentido que, se inobserv\u00f3 que \u00abhay una dictadura jur\u00eddica por parte de la Fiscal\u00eda que cercena la proclama constitucional de Estado de Derecho Democr\u00e1tico y Social\u00bb y, por tanto, requiere \u00abse revise el fallo de primera instancia para que se siente un precedente y los Fiscales no sigan arbitrariamente imponiendo las imputaciones y los agravantes desbordadamente\u00bb (Subrayado Adrede); basta decir que, tales circunstancias no fueron puestas de presente desde la radicaci\u00f3n del escrito genitor, es decir, se trata de hechos nuevos no susceptibles de ser analizado en esta etapa, como quiera que, a m\u00e1s de no haber sido sometido a escrutinio del a quo, su definici\u00f3n en sede de impugnaci\u00f3n afectar\u00eda el derecho de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de debatirlo (CSJ STC175-2017, 19 en., rad. 2016-02054 y STC8838-2021, reiteradas en STC3157-2022, 17 mar., rad. 2021-02113 y STC4995-2022, 27 abr., rad. 2022-00006). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6977-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6977-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01055-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 8 de junio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74815","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}