STC6983-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC6983-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00824-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de mayo de 20231, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alirio Santamar\u00eda Garc\u00eda contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, Ecopetrol SA., Occidental Andina LLC, Seguros del Estado SA y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2012-00394. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital y estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00e9l y otros compa\u00f1eros promovieron juicio ordinario laboral contra Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, Ecopetrol SA., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo y la ineficacia de la terminaci\u00f3n unilateral del mismo ocurrida el 5 de abril de 2010 y, en consecuencia se ordenara el reintegro a sus cargos sin soluci\u00f3n de continuidad, as\u00ed como el pago de los salarios y prestaciones causados, tr\u00e1mite al fueron vinculados Occidental Andina LLC como litisconsorte necesario y en garant\u00eda Seguros del Estado SA. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja en sentencia de 26 de junio de 2019 absolvi\u00f3 a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra, decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 el 4 de junio de 2021. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL660-2023 de 13 de marzo de 2023 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en la modalidad de apreciaci\u00f3n err\u00f3nea del contrato realidad, y en la aplicaci\u00f3n de normas menos favorables al trabajador, sumado a que no puede establecer que el legislador cre\u00f3 \u00abun paralelismo ilegal para cercenar el derecho de igualdad del obrero de la industria del petr\u00f3leo\u00bb, <\/p>\n
Asimismo, manifest\u00f3 que se abstuvo de revisar el alcance de la controversia acerca del derecho reclamado, como lo era \u00absi habr\u00eda igualdad de derecho de los trabajadores a obtener el derecho a percibir una indemnizaci\u00f3n por despido injusto por la decisi\u00f3n de las empresas del ramo de la industria del petr\u00f3leo quienes decidieron terminar unilateralmente los contratos de trabajo de sus trabajadores\u00bb, limit\u00e1ndose a determinar que la raz\u00f3n para negar la garant\u00eda reclamada ten\u00eda fundamento en lo pactado entre empleadores y trabajadores. <\/p>\n
Indic\u00f3 que igualmente, desconoci\u00f3 el precedente constitucional, en especial la sentencia T-035-2022 en la que se indic\u00f3 que \u00abresulta v\u00e1lido reiterar que el vencimiento del plazo de la pr\u00f3rroga de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo, o la supuesta culminaci\u00f3n de la obra o labor contratada, son circunstancias insuficientes para justificar su terminaci\u00f3n y, por ende, optar por la no renovaci\u00f3n, cuando est\u00e1n de por medio sujetos de especial de especial protecci\u00f3n constitucional, como es el caso de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, actualmente cuenta con 66 a\u00f1os y, debido a su edad no posee un salario digno para su subsistencia, debiendo acudir a la colaboraci\u00f3n de personas ajenas a su familia para el sostenimiento diario, siendo la acci\u00f3n de tutela el \u00fanico mecanismo al alcance para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia SL660-2023 y, en su lugar ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada proferir una nueva sentencia en la que ordene al Juzgado Laboral retomar la demanda y emitir una decisi\u00f3n de fondo en la que se acojan sus pretensiones iniciales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, requiri\u00f3 que se exhorte a Ecopetrol SA, a \u00abno continuar con esta pr\u00e1ctica laboral al interior de sus instalaciones petroleras ni a contratar a sus obreros de la industria del petr\u00f3leo con estas pr\u00e1cticas contrarias al derecho laboral de sus servidores p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, manifest\u00f3 remitirse a la sentencia proferida en sede extraordinaria, afirmando que se encuentra ajustada a la l\u00f3gica jur\u00eddica y con apego a la Constituci\u00f3n, la ley y el precedente jurisprudencial obligatorio. Indic\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar el fallo de segunda instancia, al concluir que el Tribunal Superior no incurri\u00f3 en los yerros alegados y, que, lo pretendido es convertir el mecanismo de amparo en una nueva instancia donde se haga eco de sus pretensiones, lo cual resulta improcedente. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y destac\u00f3 que en el presente asunto no se configura vulneraci\u00f3n alguna de los derechos reclamados, en tanto la decisi\u00f3n adoptada por esa Sala no provino de un proceder caprichoso o arbitrario, ni en absoluta desconexi\u00f3n con la voluntad del ordenamiento jur\u00eddico, sino de un an\u00e1lisis completo y riguroso del asunto sometido a conocimiento, enmarcado dentro de los l\u00edmites de competencia que consagra el art\u00edculo 66A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barrancabermeja, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario, no es objeto de cuestionamiento por el actor. <\/p>\n
4. Sierracol Energy Andina LLC antes Occidental Andina LLC, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por carecer de sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
5. Seguros del Estado SA, se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que el amparo no cumple los requisitos generales y especiales para su procedencia, adem\u00e1s, porque no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por el reclamante. <\/p>\n
6. Ecopetrol SA, se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo manifestado por el accionante, las decisiones cuestionadas, fueron proferidas con absoluta legalidad, ajustadas plenamente a lo dispuesto en el ordenamiento jur\u00eddico, que hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada, sin que sea viable su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pretendi\u00e9ndose, como lo hace el actor, constituir una nueva instancia en el proceso ordinario laboral. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional al considerar que la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n contiene argumentos razonables con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el razonamiento de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo, caprichoso o irracional, m\u00e1xime cuando este mecanismo no es una herramienta jur\u00eddica, que se pueda convertir en una tercera instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, reiter\u00f3 su derecho a tener una indemnizaci\u00f3n laboral por despido injusto y por los abusos del Estado en su contra, adem\u00e1s, adujo que la cl\u00e1usula de terminaci\u00f3n unilateral del contrato no puede ser calificada como una condici\u00f3n potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. <\/p>\n
Igualmente manifest\u00f3 que, \u00abTambi\u00e9n nuestra legislaci\u00f3n establece que el contrato de trabajo debe ser indemnizado por terminaci\u00f3n unilateral y sin justa causa y dado que la firma Ecopetrol reiter\u00f3 durante todo el proceso que fue ella y no la empleadora directa quien termin\u00f3 de manera intempestiva las labores est\u00e1 m\u00e1s que demostrado la mala fe de las compa\u00f1\u00edas demandadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Alirio Santamar\u00eda Garc\u00eda cuestiona la sentencia SL660-2023, a trav\u00e9s de la cual la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dispuso no casar el fallo de segundo grado, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja de absolver a Transcontinental de Servicios Petroleros SAS y Ecopetrol SA., de las pretensiones formuladas en el proceso ordinario que inici\u00f3, con el fin de que se declarara la ineficacia de la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de trabajo ocurrida el 5 de abril de 2010, asunto en el que fue vinculado como litisconsorte necesario a Occidental Andina LLC y en garant\u00eda a Seguros del Estado S A. <\/p>\n
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad del peticionario, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala accionada al estudiar en conjunto los dos cargos formulados por Alirio Santamar\u00eda Garc\u00eda y otros, planteado como problema jur\u00eddico determinar si el Tribunal incurrir en error de hecho al concluir que \u00abi) cada uno de los contratos de trabajo por duraci\u00f3n de obra o labor determinada culmin\u00f3 por justa causa, en tanto el objeto del pacto comercial suscrito entre Ecopetrol S. A. y Transcontinental de Servicios de Petr\u00f3leos SAS finiquit\u00f3 el 1\u00b0 de abril de 2010, no el 30 de septiembre de ese a\u00f1o cuando culmin\u00f3 el proceso liquidatorio y, ii) no se demostr\u00f3 el n\u00famero de trabajadores de la empresa empleadora, por lo que no se pudo conocer el porcentaje de desvinculaciones a fin de corroborar si estas correspond\u00edan a los l\u00edmites legales establecidos para el efecto\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que la modalidad contractual declarada se advert\u00eda indiscutida para cada uno de los recurrentes, teniendo en cuenta que fueron vinculados mediante contratos por duraci\u00f3n de obra o labor determinada, por lo que su vigencia, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 45 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, no depend\u00eda de la voluntad del capricho del empleador, sino que correspond\u00eda a la esencia misma del servicio prestado. <\/p>\n
Luego de rese\u00f1ar la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, destac\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El Tribunal no pudo incurrir en el primer dislate f\u00e1ctico enrostrado, pues de la simple lectura de los objetos contractuales de los v\u00ednculos laborales que ataron a los reclamantes con Transcontinental de Servicios Petroleros SAS, no emerge que aquellos estuvieran ligados al plazo de ejecuci\u00f3n previsto para el Contrato n.\u00b0 5206359 que, como qued\u00f3 incuestionado, fue el que origin\u00f3 el enganche de los impugnantes, por cuanto el mencionado intervalo es un elemento diferente al objeto, siendo este aspecto en el que s\u00ed coincid\u00edan ambos instrumentos. <\/p>\n
No obstante, ello no significa que las ligaduras contractuales laborales debieran perdurar o mantenerse vigentes durante el plazo pactado por los contrayentes del negocio comercial, sino que, como se explic\u00f3, la duraci\u00f3n y extinci\u00f3n de los contratos por obra o labor determinada estaban sujetos a la culminaci\u00f3n de la obra pactada entre las sociedades enjuiciadas, pues adem\u00e1s este es uno de los derroteros para entender por terminadas aquellas. <\/p>\n
Contexto en el importa iterar, que dicha conclusi\u00f3n cobija a todos los querellantes, en la medida que no fue objeto de apelaci\u00f3n la declaratoria inicial de que todos prestaron sus servicios a la empleadora merced a contratos de trabajo por duraci\u00f3n de obra o labor contratada, lo que impide a la Sala auscultar los argumentos tendientes a demostrar que Gustavo Antonio Franco y Eli\u00e9cer Hern\u00e1ndez Acosta, lo hicieron mediante otras modalidades\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en relaci\u00f3n con el segundo cuestionamiento, sobre la equivocada interpretaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n radicada el 15 de abril de 2010 en la que Ecopetrol SA a trav\u00e9s del gestor administrativo del contrato de la Superintendencia La Cira Infantas, requiri\u00f3 al representante legal de Transcontinental de Servicios Petroleros SAS para que allegara el acta de finalizaci\u00f3n, no encontr\u00f3 inconsistencia alguna en lo que el Tribunal concluy\u00f3 de la misma puesto que, <\/p>\n
\u00abno hizo decir a la prueba nada contrario a su literalidad. Situaci\u00f3n diferente es que, con base en ella y en otros medios, como el acta de liquidaci\u00f3n unilateral (f.\u00b0 245 a 251, ibidem), tambi\u00e9n denunciada como mal apreciada, hallara que la ejecuci\u00f3n material del objeto contractual comercial, finaliz\u00f3 el 1\u00b0 de abril de 2010 y que posterior a ello, tuvieron lugar todos los actos tendientes a la liquidaci\u00f3n del contrato de obra. <\/p>\n
En efecto, si se vuelve sobre las consideraciones del juez plural, se advierte que aquel diferenci\u00f3 dichos hitos temporales, razonamiento respecto del cual no existi\u00f3 ning\u00fan ejercicio demostrativo de confrontaci\u00f3n por parte de los recurrentes, tendiente a hacer ver que se equivoc\u00f3 al considerar que la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n material y la liquidaci\u00f3n final del contrato eran momentos diferentes\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la supuesta confesi\u00f3n del representante legal de Transcontinental de Servicios Petroleros SAS al absolver interrogatorio de parte, denunciada como no valorada, consider\u00f3 que se hallaba con relevancia para desatar el recurso, que el audio de los interrogantes a las partes, no revelaba la estructuraci\u00f3n de prueba calificada, pues el mismo explic\u00f3 que para el 1\u00ba de abril de 2010 termin\u00f3 el contrato con Ecopetrol SA por orden unilateral de esa empresa y que, cuando lo llamaron de esa compa\u00f1\u00eda a decirle que se terminaba el contrato, \u00e9l retir\u00f3 el equipo y herramientas de la base, dando lugar al proceso de \u00abdesmovilizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, refiri\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Ahora, en lo que tiene que ver con el acta de pago final, basta con resaltar que no es cierto lo que los acudientes en casaci\u00f3n alegaron, seg\u00fan lo cual para el 1\u00b0 de abril de 2010, \u00fanicamente se hab\u00eda ejecutado el 46 % del objeto contractual del v\u00ednculo comercial sobre el que se discurre, pues lo que se indica en el documento de f.\u00b0 1963 a 1964 ibidem, es que dicho porcentaje corresponde al avance en tiempo, lo que ciertamente no es equiparable a aquel elemento del contrato mercantil. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que en dicha prueba se certifican las labores ejecutadas por el contratista (Transcontinental), entre el 26 de marzo y el 1\u00b0 de abril de 2010 e, igualmente, se puede ver un cuadro titulado \u00abEJECUCI\u00d3N TOTAL DEL CONTRATO\u00bb, donde se liquidan los valores correspondientes, en cuyas \u00faltimas filas y columnas se aprecia como \u00abfinal\u00bb abril de 2010 y como \u00abporcentaje de ejecuci\u00f3n\u00bb para tal periodo un 96.3 %. <\/p>\n
Allende lo anterior cumple anotar que la conclusi\u00f3n relativa a que dicho v\u00ednculo feneci\u00f3 el 1\u00b0 de abril de 2010, no solo emergi\u00f3 de los medios de prueba mencionados, sino de: i) el clausulado del Acuerdo Comercial n.\u00b0 5206359 (f. \u00b0 213 a 214, ib); ii) lo alegado en el marco de la controversia judicial tramitada ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa (f.\u00b0 1913 a 2469, ibidem) y, iii) lo confesado por cada uno de los 30 solicitantes al absolver interrogatorio de parte y al manifestar que la obra contratada para el contrato comercial referenciado, culmin\u00f3 el 1\u00b0 de abril de 2010 para Transcontinental de Servicios Petroleros SAS. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que se manten\u00eda en firme el pilar fundamental de la decisi\u00f3n del Tribunal Superior, consistente en que no se acredit\u00f3 la existencia de los despidos alegados, por tanto, no era procedente continuar con el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s requisitos legales exigidos para corroborar la ocurrencia del despido colectivo alegado como causa de las peticiones. <\/p>\n
Por \u00faltimo, expuso, <\/p>\n
\u00abFinalmente, en aras de la claridad y con el fin de responder de manera completa a los impugnantes, es preciso acotar que, si bien el argumento del colegiado, seg\u00fan el cual, no se demostr\u00f3 el n\u00famero de trabajadores vinculados a la empleadora, se constituye en una motivaci\u00f3n subsidiaria a la basal de la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la absoluci\u00f3n, lo cierto es que, en todo caso, la documental de f.\u00b0 1863 ibidem, frente a la cual se alega su no apreciaci\u00f3n, tampoco quiebra tal aserto, en vista que tal medio de convicci\u00f3n de modo alguno acredita cu\u00e1l era el n\u00famero de dependientes de la empresa, pues s\u00f3lo certifica cu\u00e1ntos se engancharon espec\u00edficamente para la ejecuci\u00f3n del contrato comercial tantas veces mencionado, lo que sin duda imped\u00eda al colegiado conocer \u2013aun cuando no hubo despidos-, si las terminaciones contractuales ocurridas encajaban en alguno de los porcentajes legales exigidos para que se considerara la existencia de un despido colectivo\u00bb. <\/p>\n
3.2 Con fundamento en lo anterior, determin\u00f3 que los cargos resultaban infundados y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Alirio Santamar\u00eda Garc\u00eda y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia de la Sala permanente que rige la materia y las pruebas aportadas, que le permitieron determinar que, teniendo en cuenta que los 30 recurrentes fueron vinculados mediante contratos por duraci\u00f3n de obra o labor determinada, su vigencia, al tenor del art\u00edculo 45 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, no depend\u00eda de la voluntad o capricho del empleador, sino a la esencia misma del servicio prestado, por lo que consider\u00f3 que el Tribunal Superior no incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos endilgados, pues no se acredit\u00f3 la existencia de los despidos alegados y, en ese orden, no era procedente efectuar el an\u00e1lisis de los requisitos exigidos para corroborar la ocurrencia del despido colectivo. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las discrepancias exteriorizadas por Alirio Santamar\u00eda Garc\u00eda a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
6. Ahora, ante la expectativa del accionante para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en el proceso laboral cuestionado o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, debe indicarse que, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios. <\/p>\n
7. Ahora bien, frente a lo afirmado por el reclamante en relaci\u00f3n a su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y, su condici\u00f3n de \u00absujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, debe se\u00f1alarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar la acci\u00f3n en la forma pretendida, pues, sobre el particular, esta Sala ha considerado que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por el gestor como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. STC9124-2014 reiterada en STC9727-2022, entre otras), adem\u00e1s, que esa clase de alegaciones no convierten per se en ilegales las decisiones judiciales cuestionadas (CSJ. STC247-2022 y STC12961-2022). <\/p>\n
8. Resta indicar que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
9. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00b0 7091 de 4 de julio de 2023 y asignada con Acta de reparto de 5 de julio de 2023. <\/p>\n
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STC6983-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC6983-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00824-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74820","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74820"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74820\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74820"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}