STC6984-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6984-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00058-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 3 de mayo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luis Enrique Gal\u00e1n Rivera contra el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
\u2026 control de legalidad [que suplic\u00f3]\u2026: i) Anulando la recepci\u00f3n del testimonio de Mario Fernando \u00c1lvarez \u00c1lvarez\u2026; ii) Decretar las pruebas que\u2026 solicit\u00f3 oportunamente; iii) Dar tr\u00e1mite a la oposici\u00f3n, conforme a las normas 38 inciso 3 y 309 No. 6 y 7 del CGP\u2026; y iv) Se\u00f1alar nueva fecha, para llevar a cabo audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas y de resoluci\u00f3n de la citada oposici\u00f3n\u2026 <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el juzgado accionado se adelanta el proceso de sucesi\u00f3n de Mar\u00eda del Campo Gal\u00e1n Cruz, en el que se reconocieron como herederos, entre otros, a Luz Stella Gal\u00e1n Rivera, Ana Julia Gal\u00e1n Rivera, Jos\u00e9 Antonio Gal\u00e1n Rivera, Luis Enrique Gal\u00e1n Rivera, Yeimi Yoana Gal\u00e1n Le\u00f3n y Helbert Arley Gal\u00e1n. <\/p>\n
2.2. Dentro del citado tr\u00e1mite se orden\u00f3 el secuestro de un inmueble ubicado en la ciudad de Tunja, cuya pr\u00e1ctica se comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda, Tr\u00e1nsito y Espacio P\u00fablico de esa localidad, diligencia a la que se opuso Luis Enrique Galindo, oposici\u00f3n que \u00abadmiti\u00f3 provisionalmente\u00bb la autoridad comisionada en diligencia del primero de septiembre de 2022, disponiendo, adem\u00e1s, \u00abremitir las diligencias\u2026 al comitente para lo de su cargo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Recibido el despacho comisorio por el estrado enjuiciado, a trav\u00e9s de auto de 14 de septiembre de 2022, lo agreg\u00f3 al expediente. <\/p>\n
2.4. El 27 de marzo de 2023, los herederos solicitaron \u00abcontrol de legalidad al tr\u00e1mite dado a la oposici\u00f3n presentada por Luis Enrique Galindo\u00bb, que fue negado con auto del 29 de marzo de 2023, en el que, adem\u00e1s, se decretaron las pruebas de dicha oposici\u00f3n y se convoc\u00f3 a las partes a audiencia para resolver sobre dicho asunto, decisi\u00f3n que censuraron en reposici\u00f3n los referidos causahabientes, recurso desechado con providencia del 12 de abril siguiente. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, critic\u00f3 el gestor del resguardo que la autoridad comisionada para el referido secuestro, \u00abno orden\u00f3 enviar inmediatamente el despacho comisorio al\u2026 comitente\u2026, para dar tr\u00e1mite a la oposici\u00f3n…, sino que de manera irregular y sin tener funciones jurisdiccionales, procedi\u00f3 a practicar el interrogatorio a un testigo\u00bb, por lo que solicit\u00f3 a la sede judicial tutelada ejercer control de legalidad, pero aquella se rehus\u00f3 a hacerlo. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed remiti\u00f3 copias del proceso censurado. <\/p>\n
2. El abogado Juan Ricardo Cuellar Vargas, quien dijo fungir \u00aben\u2026 calidad de apoderado de confianza del incidentante Luis Enrique Galindo\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
3. El profesional del derecho Jos\u00e9 Wilson P\u00e1ez Torres, quien dijo obrar \u00abcomo apoderado de\u2026 Astrid Fabiola Galan Contreras\u00bb, sin que tampoco aportara mandato para representarla en esta sumaria tramitaci\u00f3n, rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, \u00abpor incumplimiento del requisito de subsidiariedad\u00bb, toda vez que \u00abla parte actora desperdici\u00f3 la oportunidad procesal que ten\u00eda a la luz del\u2026 art\u00edculo [40 del C\u00f3digo General del Proceso] para interponer los recursos de ley o para pedir la nulidad de lo actuado por el comisionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales y, adicionalmente, deprec\u00f3 \u00abse pase por alto y\/o se de aplicaci\u00f3n a la flexibilizaci\u00f3n del requisito de subsidiariedad\u00bb, pues las anomal\u00edas que denunci\u00f3 vulneran sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinados los reparos planteados por el actor, circunscritos a cuestionar las actuaciones que adelant\u00f3 la autoridad comisionada para el secuestro que se orden\u00f3 en el juicio criticado, concluye la Sala que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el quejoso pudo solicitar la nulidad de dicha diligencia, en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 40 (inciso segundo1) del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo al que no acudi\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, considera la Corte que la salvaguarda fundamental tambi\u00e9n deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, al momento de impulsarse el presente tr\u00e1mite, no se hab\u00eda resuelto la oposici\u00f3n de la que se duele el quejoso, siendo en el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual ello ocurra, en el que habr\u00e1 de asignarse el correspondiente valor probatorio a los elementos de juicio que se recauden en dicho tr\u00e1mite, valoraci\u00f3n susceptible de reprocharse mediante los recursos procedentes. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dispone, en su aparte pertinente, la citada norma que: \u00abToda actuaci\u00f3n del comisionado que exceda los l\u00edmites de sus facultades es nula. La nulidad podr\u00e1 alegarse a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petici\u00f3n de nulidad se resolver\u00e1 de plano por el comitente, y el auto que la decida solo ser\u00e1 susceptible de reposici\u00f3n\u00bb <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6984-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6984-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00058-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}