STC6992-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6992-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 05001-22-10-000-2023-00173-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Juan Pablo Rodr\u00edguez L\u00f3pez en representaci\u00f3n de su hija menor de edad formul\u00f3 contra el Juzgado Quince de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados el Defensor de Familia, el Agente del Ministerio P\u00fablico y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2022-00580. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El solicitante actuando en su nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite mencionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la se\u00f1ora Lina Mar\u00eda Ortiz S\u00e1nchez present\u00f3 demanda ejecutiva en su contra para el pago de cuotas alimentarias adeudadas desde el a\u00f1o 2014 al 2022. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, por lo anterior, el 15 de marzo de 2022 su apoderada judicial le envi\u00f3 la notificaci\u00f3n \u00abteni\u00e9ndose en cuenta como fecha de notificaci\u00f3n el d\u00eda 16 de marzo y empezando a computarse el termino al d\u00eda siguiente es decir desde el 17 de marzo de 2023\u00bb, por lo que el 31 de marzo de 2023, esto es, dentro del t\u00e9rmino, la apoderada contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones, sin embargo, el escrito no fue tenido en cuenta por extempor\u00e1neo, y se profiri\u00f3 auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado de conocimiento ha continuado realizando actuaciones de las que no lo notifica, porque nunca ha tenido acceso al link y adem\u00e1s no se encuentran en la p\u00e1gina de traslados de la Rama Judicial algunas de ellas, por lo que las desconoce. <\/p>\n
Finalmente inform\u00f3, que pese a solicitar en varias oportunidades la reducci\u00f3n del embargo, mediante la prueba de acuerdo conciliatorio en relaci\u00f3n con la hija menor de edad y la ausencia de obligaci\u00f3n alimentaria frente al hijo mayor, el Juzgado solamente accedi\u00f3 al 30%, cuando para efectos de proteger la calidad de vida de la menor a cargo, se hab\u00eda solicitado que fuera del 25%, decisi\u00f3n que, al carecer de recursos, qued\u00f3 en firme, no obstante, radic\u00f3 incidente de nulidad, sin vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
2. Con sustento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn que proceda a revisar todo el tr\u00e1mite teniendo en cuenta la contestaci\u00f3n presentada, excepciones, nulidad y los pagos parciales, as\u00ed como el embargo ordenado, con el fin de no vulnerar el m\u00ednimo vital de \u00e9l y de su hija. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, luego de describir las actuaciones del proceso ejecutivo de alimentos 2022-00580, se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el enlace de acceso al expediente lo remiti\u00f3 a la apoderada del se\u00f1or Juan Pablo Rodr\u00edguez desde el primer momento a fin de que estuvieran informados de las actuaciones judiciales en el proceso objeto de queja, sin que en alg\u00fan momento le fueran expuestas dificultades para acceder al link, y, como la apoderada continu\u00f3 actuando en el proceso se entiende que acced\u00eda al expediente digital sin inconvenientes. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el solicitante dej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos procesales para atacar las decisiones judiciales, sin interponer los recursos que la ley procesal le ofrece para discutirlas, no siendo de recibo que una vez notificadas y ejecutoriadas se percate de todo lo acontecido en el proceso. <\/p>\n
2. Lina Mar\u00eda Ortiz S\u00e1nchez, demandante en el proceso objeto de estudio, solicit\u00f3 negar el amparo al considerar que el actor pretende revivir t\u00e9rminos procesales y traer al juez constitucional una discusi\u00f3n propia del proceso ejecutivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela al no advertir cumplido el requisito de la subsidiariedad puesto que \u00abel actor no hizo uso del remedio horizontal, lo que impide acudir a esta senda especial, aun cuando se duele de la imposibilidad de acceder al legajo, pues la controversia suscitada por este hecho debe ser debatida ante el juez de conocimiento, quien en el informe presentado a esta Corporaci\u00f3n, asegur\u00f3 que se le remiti\u00f3 a la abogada el link del expediente digital y \u201cNunca se tuvo conocimiento por parte de la togada que presentaba dificultades para acceder al mismo; al contrario, continuaba actuando dentro del proceso, lo que permit\u00eda entender que acced\u00eda al expediente digital sin inconvenientes\u201d; situaci\u00f3n que no fue desvirtuada con la revisi\u00f3n que se hizo de las piezas procesales allegadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante inconforme con el fallo de primer grado lo impugn\u00f3, tras aducir que el fallador constitucional incurri\u00f3 en varios errores, pues desconoci\u00f3 que frente al auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, no existe recurso alguno y menos frente a la sentencia, agreg\u00f3 que present\u00f3 nulidad, con el fin de que el juez ordinario, revisara los hechos alegados como fundamento de la violaci\u00f3n de sus derechos y de su hija menor de edad, la que tambi\u00e9n fue despachada de manera desfavorable. <\/p>\n
Reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial, referentes a la imposibilidad de acceder al link contentivo del expediente para conocer las actuaciones del proceso ejecutivo de alimentos, adem\u00e1s de la indebida notificaci\u00f3n en que incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, lo que le genera un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
Solo en esa eventualidad se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, y, en especial, haber agotado oportuna y adecuadamente, los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el Legislador, para controvertir las decisiones objeto de inconformismo, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Juan Pablo Rodr\u00edguez L\u00f3pez en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Quinto de Familia de Medell\u00edn, tras considerar que, en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra, incurri\u00f3 en varias irregularidades que le vulneran el debido proceso, tales como una indebida notificaci\u00f3n y el desconocimiento de las actuaciones adelantadas en el aludido tr\u00e1mite, al no poder acceder al expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n se logr\u00f3 establecer, que el 15 de marzo de 2023 la apoderada judicial de Juan Pablo Rodr\u00edguez Ortiz solicit\u00f3 la disminuci\u00f3n de la medida cautelar de embargo del salario del demandado. <\/p>\n
El Juzgado Quinto de Familia de Medell\u00edn el 23 de marzo de 2023 tuvo por notificado por conducta concluyente al se\u00f1or Rodr\u00edguez Ortiz aqu\u00ed accionante, a partir del 28 de febrero de 2023, esto es, desde la notificaci\u00f3n del auto que reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada a la que le otorg\u00f3 poder. <\/p>\n
En la citada providencia, de igual manera, despach\u00f3 de manera desfavorable la solicitud elevada por la apoderada del actor tendiente a obtener la disminuci\u00f3n de la medida cautelar de embargo del salario, determinaci\u00f3n que qued\u00f3 en firme al no interponerse recurso alguno frente a la misma. <\/p>\n
La petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos fue reiterada en escrito de 17 de marzo de 2023, en el que, adem\u00e1s, solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de la fecha de notificaci\u00f3n del ejecutado. <\/p>\n
En auto de 29 de marzo de 2023 el Juzgado de conocimiento indic\u00f3 estarse a lo resuelto en la providencia anterior, sin que tal disposici\u00f3n fuera censurada. <\/p>\n
El 31 de marzo de 2023 se resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra del se\u00f1or Rodr\u00edguez Ortiz, por los conceptos por los cuales libr\u00f3 mandamiento de pago el 12 de diciembre de 2022. <\/p>\n
En la misma fecha, -31 de marzo de 2023- la apoderada del demandado present\u00f3 escrito de contestaci\u00f3n y excepciones, documentos que, en auto de 17 de abril de 2023, no fueron tenidos en cuenta por extempor\u00e1neos. <\/p>\n
Mediante memorial de 25 de abril de 2023, el ejecutado formul\u00f3 solicitud de nulidad, que fue negada el 30 de mayo siguiente, sin que \u00e9sta, ni las anteriores providencias fueran censuradas a trav\u00e9s del recurso que le era procedente. <\/p>\n
4. Ante tal panorama, es evidente la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la ausencia del requisito de la subsidiariedad, toda vez que, del recuento efectuado, se observa que los argumentos que ahora trae el accionante, no fueron alegados ante el Juzgado de conocimiento a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios que ten\u00eda a su alcance, situaci\u00f3n que configura la causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se arriba a tal conclusi\u00f3n, al no advertirse que se haya formulado recurso de reposici\u00f3n contra los autos de 23 y 29 de marzo, 17 y 25 de abril de 2023, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, tampoco el actor le manifest\u00f3 al Juzgado de conocimiento lo que aqu\u00ed alega referente a que \u00abnunca ha tenido acceso al link del proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y como desaprovech\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para la protecci\u00f3n de sus derechos, no puede valerse de esta acci\u00f3n de tutela para resarcir su incuria, atendiendo que la oportunidad en la que deb\u00eda exponer sus argumentos era en el proceso y no en el escenario constitucional, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Lo anterior, se sustenta en que, \u00abEste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb. (CSJ. STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020, STC11968-2021, STC13745-2022 y STC14087-2022 entre muchas). <\/p>\n
5. Tampoco proced\u00eda la acci\u00f3n de manera transitoria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, habida cuenta que, para el evento relatado, se requer\u00eda que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables. (CSJ. STC860-2018, STC9985-2022 y STC3021-2023). <\/p>\n
6. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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