STC7009-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7009-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2023-00024-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 28 de junio de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Asociaci\u00f3n de V\u00edctimas del Sur del Cesar (Asodevisur), quien dice obrar en favor \u00abde la poblaci\u00f3n v\u00edctima de desplazamiento forzado\u00bb, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al \u00abacceso a la tierra\u00bb, vivienda digna y trabajo, en conexidad con el derecho a la vida, dignidad humana, igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00abde la poblaci\u00f3n v\u00edctima de desplazamiento forzado\u00bb, que dice vulneradas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje[n] sin efecto las actuaciones surtidas en el proceso de restituci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ordene la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega material de los predios \u201cLa Ilusi\u00f3n\u201d y \u201cSan Felipe\u201d\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, reclam\u00f3 que \u00ablos aqu\u00ed demandantes sean reparados integralmente, mediante la adjudicaci\u00f3n de predios rurales en su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) formul\u00f3, en favor de Agropecuaria La Ilusi\u00f3n Ltda. En Liquidaci\u00f3n, acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras respecto al predio denominado \u00abLa Ilusi\u00f3n\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n en favor de Magda Trigos de Sarmiento y Edmundo Sarmiento N\u00fa\u00f1ez, respecto al inmueble \u00abSan Felipe\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 14 de diciembre de 2021, se accedi\u00f3 a las pretensiones, fallo modulado con providencia de 29 de noviembre de 2022, comisionando al Juzgado Promiscuo Municipal de San Mart\u00edn para adelantar la entrega de los predios objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abdesde\u2026 enero del a\u00f1o 2015, alrededor de ciento cincuenta (150) familias campesinas, v\u00edctimas de desplazamiento forzado han ejercido la ocupaci\u00f3n permanente y pac\u00edfica de los predios \u201cLa Ilusi\u00f3n\u201d y \u201cSan Felipe\u201d\u00bb; que \u00ablos miembros de ASODEVISUR y otros campesinos ocupantes son poseedores de buena fe\u00bb de las prenotadas heredades; y que \u00abASODEVISUR durante el periodo de ocupaci\u00f3n hasta inicios de este a\u00f1o no conoc\u00eda el proceso de restituci\u00f3n de tierras que se adelant\u00f3 respecto de los mentados predios\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, \u00absi bien la\u2026 participaci\u00f3n de los terceros en el proceso de restituci\u00f3n\u2026 se garantiza por medio de la publicaci\u00f3n contemplada en el literal e) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, lo cierto es que en el caso concreto el Juzgado orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de San Mart\u00edn certificar las personas asentadas en los predios objeto de la solicitud\u2026\u00bb, mandato que no acat\u00f3 el citado ente municipal; y que el estrado accionado omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de inspecci\u00f3n judicial sobre los inmuebles reclamados, por lo que \u00abno pudo determinar el n\u00famero de personas [all\u00ed] asentadas\u2026 y al momento de fallar ten\u00eda serias dudas sobre los ocupantes y sus condiciones de vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja precis\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados\u2026 y tampoco se cumple ninguno de los requisitos\u2026 para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u2026 contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abla accionante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa, comoquiera que no hizo parte\u2026 del proceso [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2. La UAEGRTD solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00ablo pretendido\u2026, no se encuentra dentro de [su] \u00f3rbita de competencia\u00bb. <\/p>\n
3. Mery Barbosa Castilla pidi\u00f3 denegar el resguardo. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas dijo \u00abcarecer de competencia para atender los hechos y pretensiones expuestos por el extremo accionante\u00bb. <\/p>\n
5. La Notar\u00eda Quinta de Medell\u00edn rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto la demanda de tutela \u00abcarece de individualizaci\u00f3n necesaria de los sujetos presuntamente vulnerados y de esa legitimaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n para representarlos\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora destac\u00f3 que \u00aben procura de la defensa de los derechos fundamentales y del acceso a tierras, se habilita la posibilidad de acudir a la representaci\u00f3n de un vocero com\u00fan y, por ende, representar al conjunto de los asociados\u00bb; y que \u00abexigir a cada una de las personas que se acerquen a una notar\u00eda a firmar un poder es una carga excesiva para una poblaci\u00f3n que vive del d\u00eda a d\u00eda, que se encuentra lejos del caso urbano, en dif\u00edciles condiciones econ\u00f3micas y con dificultades en el tr\u00e1nsito y la movilidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, considera la Corte que, al margen de las consideraciones que esgrimi\u00f3 el a quo para desestimar el resguardo, lo cierto es que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, las personas que se pregonan afectadas con la sentencia dictada en el proceso criticado, tienen a su alcance el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de ventilar lo referente a la indebida notificaci\u00f3n que se alega a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, conforme lo establece el art\u00edculo 921 de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones semejantes a la que aqu\u00ed se presenta, la Sala insistentemente ha expuesto que: <\/p>\n
(\u2026) el promotor cuenta con la opci\u00f3n de debatir la indebida notificaci\u00f3n que alega en el juicio ordinario, mediante la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u2026), el cual puede promover independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petici\u00f3n en una de las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso]; en tal sentido, resulta ilustrativo el inciso tercero del art\u00edculo 142 ib\u00eddem al se\u00f1alar: \u201c[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse durante la diligencia de que tratan los art\u00edculos 337 a 339, o como excepci\u00f3n en el proceso que se adelante para la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n si no se aleg\u00f3 por la parte en las anteriores oportunidades\u201d. (Subrayado ajeno al texto- CSJ STC, 24 may. 2012, rad. 2012-00999-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 1\u00ba nov. 2012, rad. 2012-00316-01; CSJ STC, 2 oct. 2013, rad. 2013-00043-01; y CSJ STC, 28 nov. 2013, rad. 2013-00121-01)2. <\/p>\n
Para ahondar en razones, cabe a\u00f1adir que en igual sentido se ha pronunciado la Corte en trat\u00e1ndose de las providencias que definen el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, resaltando que: <\/p>\n
Sobre la desatenci\u00f3n al esencial presupuesto de la subsidiariedad de la protecci\u00f3n invocada, por encontrarse vigentes otras posibilidades de defensa judicial, la Sala observa que, como lo menciona el propio accionante, puede, de darse las causales all\u00ed se\u00f1aladas, proponer los reparos que aqu\u00ed manifiesta a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de que trata el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 y las reglas 354 y 355 del C\u00f3digo General del Proceso, respetando los t\u00e9rminos fijados para su interposici\u00f3n en el precepto 356 ib\u00eddem. En esa sede, el juez de conocimiento decidir\u00e1 sobre la admisibilidad de ese recurso extraordinario, as\u00ed como de la prosperidad de las causales invocadas. (CSJ STC12291-2017). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002\u00abContra la sentencia se podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. Atendiendo el cambio normativo, debe entenderse que la norma se refiere al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Cabe a\u00f1adir que si bien el precedente citado hace referencia a normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, resulta aplicable al caso de autos, por cuanto el Estatuto Procesal actual conserva una orientaci\u00f3n similar. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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