STC7010-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7010-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00833-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de mayo de 2023, con la cual se concedi\u00f3 el amparo invocado por Hern\u00e1n Su\u00e1rez Delgado -en calidad de Fiscal Cuarto Delegado ante esta Corporaci\u00f3n-, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2022-00032. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad censurada. Narr\u00f3 que, por el delito de demanda de explotaci\u00f3n sexual comercial de persona menor de 18 a\u00f1os de edad, se adelanta investigaci\u00f3n penal en contra de Bernardo L\u00f3pez, quien para la \u00e9poca de los hechos se desempe\u00f1aba como Juez de Familia de Cartago y en la actualidad ejerce como Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
2. Mencion\u00f3 que el 28 de marzo de 2023, en el desarrollo de la indagaci\u00f3n, solicit\u00f3 audiencia preliminar de control previo de \u00abb\u00fasqueda selectiva en base de datos art\u00edculo 244 del C.P.P\u00bb, persiguiendo la autorizaci\u00f3n para que mediante inspecci\u00f3n al Centro de Estudios Integrados Mariscal, ubicado en el municipio de Cartago, obtener copia de las grabaciones videogr\u00e1ficas registradas en el DVR o terminal de almacenamiento de las c\u00e1maras externas e internas en unas fechas determinadas, lo cual fue autorizado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, el 14 de abril de 2023 se adelant\u00f3 en la misma Sala de Decisi\u00f3n Penal, con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, la audiencia de control posterior del mencionado acto de investigaci\u00f3n, en la cual el ente acusador pidi\u00f3 impartir legalidad al procedimiento llevado a cabo en las instalaciones del Centro de Estudios Integrados El Mariscal, el d\u00eda anterior. Sin embargo, la Magistrada decidi\u00f3 no impartir la legalidad. Estim\u00f3 que el actor no individualiz\u00f3 la informaci\u00f3n obtenida y por no contar con los insumos que permitieran verificar si correspond\u00eda a lo ordenado el 28 de marzo pasado. <\/p>\n
2.2. Frente a tal determinaci\u00f3n, el libelista present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. El Tribunal mantuvo su postura, pues consider\u00f3 que ni siquiera en la sustentaci\u00f3n del mismo, la Fiscal\u00eda dio a conocer cu\u00e1l es la informaci\u00f3n que pretende legalizar. En su sentir, la autoridad Judicial atacada incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto al desconocer que el control judicial posterior tiene por objeto examinar la legalidad, tanto de la orden emitida como de la pr\u00e1ctica y los resultados de las diligencias, no obstante, la Magistrada exigi\u00f3 la individualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n obtenida lo cual demandaba una actividad adicional de an\u00e1lisis de una informaci\u00f3n compleja ajena a esta clase de diligenciamientos. <\/p>\n
2.3. Mencion\u00f3, adem\u00e1s, que dicha autoridad expres\u00f3 que no conoc\u00eda si la informaci\u00f3n recaudada correspond\u00eda a la orden previa emitida por el hom\u00f3logo, a pesar de que hizo entrega del acta de la audiencia de control previo, donde fue expl\u00edcito en rese\u00f1ar qu\u00e9 fue lo autorizado. Raz\u00f3n por la cual, infiri\u00f3 que la autoridad judicial no realiz\u00f3 una juiciosa verificaci\u00f3n, pues con la simple contestaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de la orden y del informe rendido por el investigador que recaud\u00f3 el material probatorio, bastaba para evaluar el control posterior, con los requisitos exigidos por la Ley. Por \u00faltimo, indic\u00f3 que con tal negativa se ocasiona un perjuicio irremediable, pues al no presentar las pruebas que soportan la teor\u00eda del caso del ente acusador, se reduce con ello, la probabilidad de que salga avante la persecuci\u00f3n penal, lo que en \u00faltimas repercute en los intereses de la v\u00edctima. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo del derecho invocado. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abSE DEJE SIN EFECTO la decisi\u00f3n proferida en audiencia de control de garant\u00edas del 14 de abril de 2023 dentro del radicado 761476000000202200032 por la Magistrada\u2026 de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y en su lugar se imparta legalidad al control posterior, tanto del procedimiento como de los resultados alcanzados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Magistrada del Tribunal Superior de Bogot\u00e11expres\u00f3 que \u00abel no otorgamiento de la legalidad a la informaci\u00f3n oportunamente recaudada, obedeci\u00f3 exclusivamente a que el fiscal no dio a conocer la informaci\u00f3n que obtuvieron los investigadores, de manera que la judicatura no ten\u00eda insumos para determinar si coincid\u00eda o no con la que fue autorizada por un magistrado hom\u00f3logo en audiencia de control previo efectuada el 28 de marzo de 2023, siendo insuficiente establecer que lo obtenido reposa en contenedores con cadena de custodia\u00bb. Pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo. O en su defecto se nieguen las pretensiones propuestas por el actor. <\/p>\n
2. Marlon Fernando D\u00edaz Ortega2, defensor de confianza de Bernardo L\u00f3pez -investigado-, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, refiri\u00f3 que la misma \u00abno puede ser usada como una tercera instancia, para intentar corregir los errores de sustentaci\u00f3n y de ejercicio adecuado del rol de una parte o interviniente en un proceso penal ordinario, y mucho menos cuando jam\u00e1s se identifican ni siquiera, cu\u00e1l o cu\u00e1les son los hechos vulneradores, ni mucho menos cu\u00e1l o cu\u00e1les son los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora Primera Delegada para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal3, manifest\u00f3 que \u00abcon la decisi\u00f3n atacada por medio de esta acci\u00f3n de tutela, no se incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho pues ante las deficiencias argumentativas y de t\u00e9cnica en el manejo de la evidencia digital, no era procedente impartirle legalidad a la informaci\u00f3n obtenida por parte del investigador de la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal tutel\u00f3 el derecho invocado por entidad. Constat\u00f3 que \u00abel desacierto se predica de la fiscal\u00eda y Magistratura, mientras que en el primer caso, en la exposici\u00f3n inicial el delegado se limit\u00f3 a enunciar el informe sin precisar d\u00f3nde estaban los resultados, teniendo la directora de la audiencia que requerirlo para que cumpliera la debida sustentaci\u00f3n de la solicitud; la \u00faltima, por su parte, se enfrasc\u00f3 en exigir la lectura y ubicaci\u00f3n de los mismos pese a que, en el desarrollo de la diligencia, el fiscal logr\u00f3 precisar d\u00f3nde estaban contenidos. Por ello, se ofrece necesario y pedag\u00f3gico que se rehaga la actuaci\u00f3n en su integridad, a efecto de que, en un ejercicio correctivo, se adelante la diligencia por los cauces ordinarios, legales y de sentido material, que se predican de quienes administran justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Marlon Fernando D\u00edaz, coadyuvado por Bernardo L\u00f3pez. No comparte lo resuelto en primera, pues adujo que la Fiscal\u00eda \u00aben la sustentaci\u00f3n de la audiencia del 14 de abril de 2023 incumpli\u00f3 con las cargas que deb\u00eda cumplir, de conformidad con su rol, al solicitar que la Judicatura legalizara los resultados obtenidos en un acto de investigativo referido a la obtenci\u00f3n de los registros de unas c\u00e1maras de video. Y ese incumplimiento, aunque pretendi\u00f3 corregirlo en la presentaci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n contra esa negativa, lo cierto es que ya era extempor\u00e1nea y precluida esa oportunidad, y jam\u00e1s puede permitirse que sea el Juez de Garant\u00edas el que extraiga de un traslado de medios cognoscitivos, cu\u00e1l o cu\u00e1les son los id\u00f3neos, pertinentes y adecuados para poder afectar un derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
La Magistrada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 insisti\u00f3 en los mismos argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar. Agreg\u00f3 que \u00abno constituye un exceso ritual manifiesto requerir a la parte solicitante del control posterior para que suministre la informaci\u00f3n cuya legalizaci\u00f3n pretende, pues de otra manera se torna irrealizable el cumplimiento del mandato legal de verificar que lo obtenido corresponde a lo autorizado en audiencia de control previo\u00bb. Resalt\u00f3 que \u00abel auto proferido el 14 de abril del cursante a\u00f1o, no contiene defectos que habiliten la procedencia de la tutela contra providencia judicial, pues la decisi\u00f3n corresponde a lo argumentado y probado por la parte solicitante en el desarrollo de la misma\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, la Sala hom\u00f3loga Penal -con providencia del 11 de mayo de 2023- consider\u00f3 transgredido el derecho al debido proceso del accionante -en su calidad de Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia- con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n proferida por el Tribunal accionado el 14 de abril de 2023, que resolvi\u00f3: \u2026\u00abNo impartir legalidad a la informaci\u00f3n obtenida por la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en raz\u00f3n a la orden previa emitida por el hom\u00f3logo el 28 de marzo de 2023. Esta decisi\u00f3n se notifica en estrados\u00bb. <\/p>\n
1.1. En sustento de lo anterior, observ\u00f3 que, en la referida audiencia del 14 de abril, el Tribunal cuestionado no imparti\u00f3 legalidad a la informaci\u00f3n obtenida por la Fiscal\u00eda en el Centro de Estudios Integrados El Mariscal, el 13 de abril pasado, porque el ente acusador -en la sustentaci\u00f3n- no aport\u00f3 los elementos que permitieran su verificaci\u00f3n. Aludi\u00f3 el Tribunal encarado que el informe allegado \u00abno contiene informaci\u00f3n relacionada con la informaci\u00f3n obtenida\u201d y el \u201cinforme de investigador de campo, 11325445, el cual no reposa en los documentos que remiti\u00f3 la fiscal\u00eda a este despacho\u00bb. De tal afirmaci\u00f3n, constat\u00f3 que, en las dos primeras intervenciones, el Fiscal dio lectura del contenido del informe No. 11-325445 del 13 de abril de 2023 y del acta de inspecci\u00f3n en el cual se relacionan los resultados obtenidos en la misma. Raz\u00f3n por la cual se evidencia que la informaci\u00f3n s\u00ed fue aportada. <\/p>\n
1.2. Destac\u00f3 que inicialmente el Fiscal anunci\u00f3 el informe sin indicar en donde se encontraban los resultados. Por ello, la Magistrada lo requiri\u00f3 para que cumpliera con la carga de sustentaci\u00f3n. Sin embargo, esta \u00faltima se enfil\u00f3 en exigir la lectura y ubicaci\u00f3n de los mismos, sin tener en cuenta que con antelaci\u00f3n -en el transcurso de la audiencia el ente acusador indic\u00f3 la ubicaci\u00f3n en donde se encontraban contenidos-. Por lo expuesto, consider\u00f3 \u00abnecesario y pedag\u00f3gico que se rehaga la actuaci\u00f3n en su integridad, a efecto de que, en un ejercicio correctivo, se adelante la diligencia por los cauces ordinarios, legales y de sentido material, que se predican de quienes administran justicia\u00bb. <\/p>\n
2. En cumplimiento de la orden impartida, el Colegiado debatido -con providencia del 26 de mayo de 2023- resolvi\u00f3: \u00ab\u2026dar cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferida dentro del radicado n\u00b0 130.440, el 11 de mayo de 2023 y notificada el d\u00eda de ayer, se convoca a AUDIENCIA DE B\u00daSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS \u2013 CONTROL POSTERIOR-, la cual se realizar\u00e1 el lunes VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL VEINTITR\u00c9S (2023), a partir de las TRES (3:00) de la tarde, por medio virtual, de conformidad con lo autorizado por la Ley 2213 de 2022 y el Acuerdo PCSJA22-11972, art. 3\u00b0.. <\/p>\n
3. En una palabra, se concluye la pertinencia del fallo impugnado. As\u00ed las cosas, cualquier inconformidad deber\u00e1 plantearse al interior del proceso penal -en tr\u00e1mite-. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 3-9. Anexo 0012Informe_secretarial.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 4-6. Anexo 0011Informe_secretarial.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 5-6. Anexo 0010Informe_secretarial.pdf <\/p>\n
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