STC7016-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7016-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-01197-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado en nombre de Jos\u00e9 Urenio Marroqu\u00edn contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Treinta y Cuatro y Cuarenta y Ocho Civiles Municipales de Bogot\u00e1 y a las partes e intervinientes de los procesos de radicados 2016-01324 y 2018-00284. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre de Jos\u00e9 Urenio Marroqu\u00edn se demanda la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado en el juicio de radicado 11001400304820180028400. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Urenio Marroqu\u00edn promovi\u00f3 un tr\u00e1mite de prueba anticipada contra Mauricio Barrera G\u00f3mez y Javier Villamizar Sandoval1, para escucharlos en interrogatorio de parte, asunto en el que, respecto del primero, se realiz\u00f3 audiencia el 8 de junio de 20172 y, por la no comparecencia del citado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 205 del C.G.P., se le declar\u00f3 confeso. En cuanto al segundo, el 14 de junio siguiente, se recibi\u00f3 su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, present\u00f3 una demanda ejecutiva contra Mauricio Barrera G\u00f3mez y Javier Villamizar Sandoval, para obtener el pago de $63\u00b4000.000 provenientes de un saldo a su favor, derivado de un contrato de obra y adicionales3, en el que alleg\u00f3, entre otros, los interrogatorios de parte referidos. <\/p>\n
2.2.1. El 25 de abril de 2018 se libr\u00f3 mandamiento de pago, decisi\u00f3n que Mauricio Betancourt Castro recurri\u00f3. El 10 de febrero de 20204, el Juzgado mantuvo la orden de apremio y neg\u00f3 la alzada, por improcedente. <\/p>\n
2.2.2. El 10 de mayo de 2021 se corri\u00f3 traslado de las excepciones de m\u00e9rito propuestas y, el 7 de octubre de 2021, se fij\u00f3 fecha para la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso y se decretaron pruebas. <\/p>\n
2.2.3. El 15 de febrero de 20225 se evacu\u00f3 la audiencia inicial, en la que se decret\u00f3 una medida de saneamiento, consistente en establecer que el t\u00edtulo ejecutivo era la decisi\u00f3n judicial emitida en la prueba anticipada que declar\u00f3 confeso ficto al convocado y, por tanto, de las excepciones propuestas s\u00f3lo pod\u00eda ser estudiada la de prescripci\u00f3n; por la misma raz\u00f3n, el Juzgado dej\u00f3 sin efectos el auto que decret\u00f3 pruebas y prescindi\u00f3 de algunas de las pedidas por la parte accionada. En la misma diligencia, tras considerar que no hab\u00eda pruebas por practicar para resolver la excepci\u00f3n procedente en el asunto, el Juzgado declar\u00f3 no probado ese medio exceptivo y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, conforme se dispuso en el mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2.4. El 4 de mayo de 20236, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y, en su lugar, orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite del proceso, para que se estudiaran todas las excepciones propuestas y se practicaran las pruebas decretadas. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que el ad quem, al revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, facult\u00f3 a los usuarios de la administraci\u00f3n a controvertir etapas superadas en el proceso, como es el caso del auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n conta el mandamiento de pago, en el que se estableci\u00f3 que el interrogatorio de parte, como prueba anticipada, cumpl\u00eda con los requisitos exigidos para constituirse en t\u00edtulo ejecutivo, y que la orden de practicar las pruebas que fueron desestimadas en la audiencia desviaba el coercitivo a un tr\u00e1mite declarativo, lo cual era inviable. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se revoque la providencia proferida por el Juzgado del Circuito accionado el 4 de mayo de 2023 y que se le imponga emitir otra decisi\u00f3n que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que obr\u00f3 conforme a la normativa aplicable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que acatar\u00e1 lo ordenado por el superior, salvo que en el presente tr\u00e1mite se indique lo contrario. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 que la acci\u00f3n no se dirige contra ese Despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n controvertida no era caprichosa ni arbitraria, precisando que, la sentencia anticipada procede cuando se encuentre probada, entre otros, la prescripci\u00f3n extintiva, sin embargo, en el caso esta se declar\u00f3 no probada, por lo que necesario era continuar con el asunto, para estudiar los dem\u00e1s argumentos de defensa. De otro lado, destac\u00f3 que, como el proceso segu\u00eda su tr\u00e1mite, el interesado deb\u00eda ejercer su derecho de defensa en el respectivo juicio. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora reiter\u00f3 los argumentos planeados inicialmente y enfatiz\u00f3 que el a quo solo estudi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n por la naturaleza del t\u00edtulo ejecutivo, en aplicaci\u00f3n de lo contemplado en el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. Empero, en esta senda constitucional se cuestionara lo siguiente: el apoderado que instaur\u00f3 la presente tutela no tiene poder especial para actuar en nombre de quien dice representar. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, aspecto \u00faltimo frente al cual la Sala ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor, aunque tenga mandato para actuar en el proceso censurado, \u00abno [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.1. En cuanto al poder requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997 manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n7. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, sostuvo que como el poder entonces allegado \u00abse refiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible distinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, indic\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha expuesto esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023). Y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.2. En el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Jos\u00e9 Urenio Marroqu\u00edn. Sin embargo, solo alleg\u00f3 un poder para actuar en su nombre en el proceso ejecutivo cuestionado. Y, aunque este s\u00ed alude a la facultad de interponer tutelas, ello no es suficiente para acreditar las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para esta acci\u00f3n constitucional. Esto es, no determina la autoridad accionada, el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandato otorgado para instaurar la presente salvaguarda. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, se insiste en lo siguiente: esta \u201cformalidad\u201d conoce una justificaci\u00f3n capital: garantiza la real y actual voluntad de aquel que se pretende representar -que incluso tambi\u00e9n podr\u00eda expresarse directamente, sin apoderado-. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Con Aclaraci\u00f3n de Voto) <\/p>\n
(Con Aclaraci\u00f3n de Voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con Aclaraci\u00f3n de Voto) <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con Aclaraci\u00f3n de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01197-01 <\/p>\n
Con el debido respeto me permito aclarar mi voto en el asunto de la referencia, en tanto comparto la parte resolutiva pero no parte de su argumentaci\u00f3n, como a continuaci\u00f3n expreso: <\/p>\n
Estoy de acuerdo en confirmar el fallo proferido por la la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (1\u00b0 jun. 2023) que neg\u00f3 el amparo invocado por Jos\u00e9 Urenio Marroqu\u00edn contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad con ocasi\u00f3n del proceso quirografario n\u00famero 11001400304820180028400, pero, porque, tal como sostuvo aquel, la decisi\u00f3n controvertida no era caprichosa ni arbitraria, en la medida que la sentencia anticipada procede cuando se encuentre probada, entre otras cosas, la prescripci\u00f3n extintiva, sin embargo, en el caso esta se declar\u00f3 no probada, por lo que era necesario continuar con el asunto para estudiar los dem\u00e1s argumentos de defensa. <\/p>\n
No obstante, en lo referente a la falta de legitimaci\u00f3n me aparto del argumento sobre que el poder otorgado por el accionante a su abogado, s\u00f3lo lo facultaba para actuar en el juicio ejecutivo cuestionado, en tanto, como claramente se dej\u00f3 sentado, dicho mandato \u00abs\u00ed alude a la facultad de interponer tutelas\u00bb, lo que, en mi criterio, es suficiente para acreditar las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Y es que, el \u00abpoder\u00bb aportado fue conferido no s\u00f3lo para la representaci\u00f3n en el tr\u00e1mite compulsivo, sino tambi\u00e9n para interponer tutelas, como expresamente se dej\u00f3 all\u00ed plasmado, esto es, habilita al mandatario para instaurar \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb en relaci\u00f3n con los aspectos sustanciales y procesales que guarden relaci\u00f3n con el pleito ejecutivo al que hizo alusi\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, el \u00abpoder\u00bb en que resguarda su representaci\u00f3n el abogado si cumple las calidades pregonadas por la Corte Constitucional, dado que, al haber sido otorgado en la causa ejecutiva, se puede inferir la actuaci\u00f3n que causa la desavenencia del actor, el abogado y el poderdante, y los sujetos procesales de la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
No ocurri\u00f3 lo mismo en la sentencia STC3112-2023, en la que el mismo Magistrado Ponente, apoyado por la Sala, expuso sobre el tema en un caso de similares contornos que, no obstante, en el \u00abpoder\u00bb de ese diligenciamiento \u00abse precisan los accionados y los derechos invocados, no se determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni se hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para una acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Marcada entonces es la diferencia con este caso pues, se itera, en \u00e9ste, el mandato fue el otorgado para la causa ejecutiva, de ah\u00ed que no habr\u00eda duda frente a la contienda que dio lugar a la queja, como s\u00ed ocurri\u00f3 en aquella oportunidad dado que, se itera, no se determin\u00f3 el proceso a censurar. <\/p>\n
Dejo de esta manera aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2023-01197-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito manifestar, que, si bien comparto lo decidido por la Sala, en el sentido de confirmar el fallo impugnado, disiento de las razones que se expusieron para adoptar esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo con el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, y como se ha insistido por la jurisprudencia en punto a la legitimaci\u00f3n en la causa , es necesario que lo abogados aporten poderes especiales provistos de los requisitos legales y es as\u00ed como en algunos casos, como el presente de los documentos allegados para dichos fines resulta plausible colegir la calidad invocada por el actor, en tanto que, en el poder otorgado para adelantar el proceso ejecutivo cuya actuaci\u00f3n fue controvertida, se especific\u00f3 que aqu\u00e9l pod\u00eda \u00abpromover acciones de tutela\u00bb, en nombre de su cliente8, claro est\u00e1, por asuntos relacionados con su litigio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y tomando en consideraci\u00f3n las caracter\u00edsticas de este mecanismo expedito y sumario, entre otras, su informalidad, estimo que tal requisito est\u00e1 satisfecho, por lo que proced\u00eda el examen de los dem\u00e1s aspectos de la impugnaci\u00f3n estudiada. <\/p>\n
Ahora, como quiera que es claro que la petici\u00f3n de tutela, en todo caso, estaba llamada a su fracaso, en la medida en que la providencia judicial cuestionada no pod\u00eda tildarse de caprichosa o antojadiza , pues lo que se evidencia es la pretensi\u00f3n del actor de imponer su propia visi\u00f3n de las normas aplicadas por sus jueces naturales, sin tomar en cuenta que esta acci\u00f3n no fue dise\u00f1ada para dicho fin, acompa\u00f1o el fallo que confirma la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01197-01 <\/p>\n
1. Con el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n debo manifestar que comparto la contenida en la sentencia que dirimi\u00f3 en segunda instancia la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en el sentido de confirmar la negativa del resguardo que se dict\u00f3 en primera instancia, pero me aparto de su motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Ello en la medida en que, contrario a lo sostenido en la providencia de la cual disiento, el poder aportado por el profesional del derecho que present\u00f3 el resguardo en favor de Jos\u00e9 Urenio Marroqu\u00edn, cumpl\u00eda con las exigencias necesarias para esos efectos, por lo que no pod\u00eda concluirse que aquel carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para promover el resguardo, lo cual, a su vez, impon\u00eda un an\u00e1lisis de fondo de la queja constitucional planteada. <\/p>\n
2.2. Entonces, considero que dicho poder resultaba suficiente para impulsar el presente asunto, postura que, incluso, la Sala sostuvo en un caso similar al ahora analizado, en reciente sentencia del 10 de mayo pasado, oportunidad en la que precis\u00f3 que: <\/p>\n
Delanteramente es de acotar que -a diferencia de lo plasmado por el Tribunal repelido al responder a la querella del ep\u00edgrafe- el abogado Avelino Plazas Figueredo s\u00ed trajo poder id\u00f3neo en el presente rito constitucional, al punto que ados\u00f3 el apoderamiento especial que debidamente le confiri\u00f3 la interesada empresa Agencia de Viajes y Turismo J.N. Flamingo Ltda. para iniciar y proseguir el pleito de responsabilidad civil sujeto a las cr\u00edticas, en su calidad de demandante; memorial en el que al referido profesional del derecho se le facult\u00f3, entre otras, para \u00abpresentar acciones de tutela\u00bb con relaci\u00f3n a esa litis verbal. Situaci\u00f3n de la que se deriva la existencia de atribuci\u00f3n precisa en este plenario iusfundamental y que, por contera, habilita un estudio a fondo de la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta. (CSJ STC4492-2023). <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior y examinada de fondo la queja del gestor del amparo, estimo que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el resguardo estaba llamado a desestimarse, pero porque la decisi\u00f3n cuestionada no resultaba arbitraria, habida cuenta que el estrado enjuiciado explic\u00f3 las razones por las que se impon\u00eda estudiar la totalidad de excepciones de m\u00e9rito que plantearon los ejecutados, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 es del caso se\u00f1alar que la decisi\u00f3n de primer grado se revocar\u00e1, y en su lugar se ordenar\u00e1 al a quo retomar el proceso antes de su control de legalidad, efectuado en la audiencia del pasado 15 de febrero de 2022, por raz\u00f3n de lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El numeral 2 del art\u00edculo 442 del CG del P, se\u00f1ala que \u201c(\u2026) Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobada por quien ejerza funci\u00f3n jurisdiccional, s\u00f3lo podr\u00e1n alegarse las excepciones de pago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento y la de p\u00e9rdida de la cosa debida (\u2026)\u201d. Tal precepto, debe entenderse que recae sobre la providencia, conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobada por quien ejerce funci\u00f3n jurisdiccional, siempre que en esa providencia, conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobada por quien ejerce funci\u00f3n jurisdiccional, emanen obligaciones a cargo del demandado en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
3.1.1. De un lado, el a quo pas\u00f3 por alto que, la providencia emitida por el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogot\u00e1, en curso del tr\u00e1mite de prueba anticipada N\u00b0 11001400303420160132400, en ning\u00fan momento impuso una obligaci\u00f3n con cargo al aqu\u00ed demandado y censor. <\/p>\n
Ciertamente, la naturaleza de la decisi\u00f3n indicada fue declarar confeso ficto al demandado MAURICIO BARRERA G\u00d3MEZ, conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 183, 184 y 205 del CG del P; en tanto, se sabe \u201c(\u2026) Podr\u00e1n practicarse pruebas extraprocesales con observancia de las reglas sobre citaci\u00f3n y pr\u00e1ctica establecidas en este c\u00f3digo (\u2026)\u201d; y, por ende, si el convocado a la prueba extraprocesal no comparece, podr\u00e1 desgajarse como consecuencia, considerarlo confeso de las preguntas asertivas que se le formulen por medio del respectivo cuestionario. <\/p>\n
Sin embargo, ni por su naturaleza o contenido, puede defenderse que esa providencia emitida por el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogot\u00e1, en curso del tr\u00e1mite de prueba anticipada No. 11001400303420160132400, sea un t\u00edtulo ejecutivo, en medida que para nada contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, como si pueden estos requisitos emanar del contenido del interrogatorio formulado al convocando inasistente. <\/p>\n
Es decir, el t\u00edtulo para este caso proviene de \u201c(\u2026) La confesi\u00f3n hecha en el curso de un proceso no constituye t\u00edtulo ejecutivo, pero s\u00ed la que conste en el interrogatorio previsto en el art\u00edculo 184 (\u2026)\u201d (art. 422, CG del P); sin perder de vista que, dicha confesi\u00f3n, es abiertamente infirmable (art. 197, ib); lo que se expondr\u00e1 a detalle a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Empero, ello es as\u00ed porque, entre otras cosas: (i) la ejecuci\u00f3n de providencias que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles, le corresponden privativamente al Juez que las emiti\u00f3 (arts. 305 y 306, C.G del P); y, en todo caso, dicha providencia debe ser condena o declarar la existencia de un derecho (decisi\u00f3n declarativa o constitutiva); (ii) el art\u00edculo 430 del C.G del P, ordena que \u201c(\u2026) Presentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal (\u2026)\u201d; lo que impone consultar las obligaciones previstas en el t\u00edtulo ejecutivo; y, (iii) De otra parte, las posibilidades de defensa tambi\u00e9n se restringen con respecto a determinados t\u00edtulos, tales como las providencias judiciales, conciliaciones y transacciones aprobadas por quien ejerza la funci\u00f3n jurisdiccional. Estos l\u00edmites consisten en la restricci\u00f3n de las excepciones que pueden ser formuladas y atienden al respeto por la cosa juzgada, que corresponde a una instituci\u00f3n que dota de certeza a las relaciones sociales, contribuye a la seguridad y coherencia del ordenamiento jur\u00eddico, responde a la necesidad social de pacificaci\u00f3n y de que los conflictos se resuelvan de manera definitiva, y es necesaria para el mantenimiento de un orden justo. <\/p>\n
Al caso, la decisi\u00f3n de tener por confeso fictamente al demandado MAURICIO BARRERA G\u00d3MEZ, no consagra una obligaci\u00f3n a su cargo en la parte resolutiva, como tampoco constituye cosa juzgada, que, en \u00faltimas, resulta ser el eje de protecci\u00f3n que el legislador otorga a las providencias de declarativas y de condena o constitutivas; pues, lo \u00fanico que dice esa decisi\u00f3n emitida por el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogot\u00e1, en curso del tr\u00e1mite de prueba anticipada N\u00b0 11001400303420160132400; es que, el demandado, es confeso respecto de las preguntas que formul\u00f3 por escrito el demandante, nada m\u00e1s pero tampoco menos. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Significa lo anterior que, la sentencia anticipada que ocupa la atenci\u00f3n de \u00e9sta Sede Judicial, en totto, es equivocada, as\u00ed como tambi\u00e9n lo fue el control de legalidad que efect\u00fao el a quo, que, de paso, cercen\u00f3 plenamente el derecho de defensa y contradicci\u00f3n que le asiste al demandado porque, a sabiendas que la confesi\u00f3n, y m\u00e1s a\u00fan la ficta, es plena y totalmente infirmable, para lo que el extremo pasivo de \u00e9sta relaci\u00f3n procesal pidi\u00f3, aport\u00f3 y se le decretaron pruebas como se rese\u00f1\u00f3 en los antecedentes de \u00e9sta decisi\u00f3n, de la nada y con un argumento desacertado, adujo que el t\u00edtulo ejecutivo era la decisi\u00f3n judicial del Juzgado 34 Civil Municipal de Bogot\u00e1, en curso del tr\u00e1mite de prueba anticipada N\u00b0 11001400303420160132400; lo que, a m\u00e1s no dudar, es completamente falso. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del promotor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan el proceso ejecutivo y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los requisitos necesarios para aplicar al caso juzgado la restricci\u00f3n consagrada en el numeral segundo del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que el t\u00edtulo ejecutivo no lo constitu\u00eda, propiamente, una providencia judicial. <\/p>\n
3.2. Conforme a lo expuesto, se estima que las deducciones del ad quem acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3.3. Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3.4. Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos de la presente aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de confirmar el fallo de primera instancia, estimo necesario hacer una precisi\u00f3n sobre la raz\u00f3n por la cual la Corte debi\u00f3 adoptar esa postura, dado que me aparto de la propuesta del Magistrado Ponente. <\/p>\n
En primer lugar, respecto a la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb es necesario puntualizar que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, esto porque las eventuales violaciones de los atributos fundamentales propiciadas por el obrar jurisdiccional debe predicarse, en estricto rigor, de quienes integran alguno de los extremos del litigio, no de los abogados que los representan. <\/p>\n
En ese sentido, quien acude a esta senda en defensa de los intereses de sus mandantes, deber\u00e1 allegar un poder especial que lo habilite para ese fin, con el cumplimiento de las exigencias previstas en el canon 74 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de acciones de tutela en virtud de la remisi\u00f3n que a \u00e9l hace el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
No obstante, hecho un nuevo estudio sobre mi postura al respecto, considero que cuando se confiera poder especial a un abogado para que ejerza representaci\u00f3n judicial en determinado tr\u00e1mite y en el mismo documento se le faculte para presentar acciones de tutela, debe considerarse que el profesional del derecho est\u00e1 habilitado para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante respecto de todas las actuaciones realizadas en ese juicio y, por lo tanto, esta no debe ser declarada improcedente por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Ello con el objetivo de garantizar a los implicados el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considero que debi\u00f3 denegarse la salvaguarda bajo los mismos argumentos expuestos por el a quo, dado que la providencia cuestionada no luce arbitraria, en la medida en que predic\u00f3 la falta de acreditaci\u00f3n de los presupuestos que habilitan la emisi\u00f3n de una sentencia anticipada. <\/p>\n
De esta forma dejo planteadas las razones que me llevan a aclarar mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Conocido por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1 bajo el radicado 11001400303420160132400 <\/p>\n
2\u0002 Folio 19, documento 01, expediente 2018-00284. <\/p>\n
3\u0002 Tramitado en primera instancia por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 con radicado 11001400304820180028400 <\/p>\n
4\u0002 Documento 18, carpeta 1, expediente 2018-00278. <\/p>\n
5\u0002 Documentos 26 y 27, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Documento 007, cuaderno 08, expediente 2018-00284. <\/p>\n
7\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. Archivo: \u00ab03PODERES_26_5_2023, 08_45_28.pdf\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7016-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7016-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-01197-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}