STC7022-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7022-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02620-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela promovida por Eliceo Cort\u00e9s Cort\u00e9s contra las Salas Penal del Tribunal Superior de Neiva y de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a F\u00e9lix Eduardo D\u00edaz Rojas, las Fiscal\u00edas Veintinueve Seccional de Neiva y Segunda Delegada ante el Tribunal y a la Procuradur\u00eda de Intervenci\u00f3n Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Por denuncia del tutelante, la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de Neiva adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n contra el abogado Luis Eduardo Chavarro Barreto, por el presunto delito de falsedad en documento privado, ocurrido en el proceso ejecutivo de menor cuant\u00eda adelantado por Molino Roa S.A. contra el denunciante en el Juzgado \u00danico Promiscuo de Villa Vieja (Huila), asunto que se archiv\u00f3 el 29 de enero de 20161. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n de la anterior decisi\u00f3n, el tutelante solicit\u00f3 que se investigara a F\u00e9lix Eduardo D\u00edaz Rojas, en calidad de Fiscal Veintinueve Seccional de Neiva, por el delito de prevaricato por acci\u00f3n2, pues fundament\u00f3 la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en una conciliaci\u00f3n entre las partes que no se pretendi\u00f3 y porque desconoci\u00f3 las pruebas allegadas. <\/p>\n
2.3. El tr\u00e1mite correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva, que solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n a favor de F\u00e9lix Eduardo D\u00edaz Rojas, por atipicidad de la conducta investigada, seg\u00fan el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en tanto la orden de archivo emitida por el investigado obedeci\u00f3 al an\u00e1lisis de lo ocurrido en el proceso ejecutivo3. <\/p>\n
2.4. El 23 de enero de 20234, el Tribunal accionado decret\u00f3 la preclusi\u00f3n y dispuso el levantamiento de cualquier medida restrictiva de derechos del indiciado y el archivo definitivo de las diligencias, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 7 de junio de 20235. <\/p>\n
3. El accionante sostiene que no se debi\u00f3 precluir la investigaci\u00f3n sin siquiera iniciar la etapa de instrucci\u00f3n, pues el investigado decidi\u00f3 terminar el proceso a su cargo por un presunto acuerdo entre las partes, con lo cual erradamente concluy\u00f3 \u00abque nosotros hab\u00edamos demostrado nuestro desinter\u00e9s para continuar con esa investigaci\u00f3n penal (\u2026) cuando esto en realidad es todo falso\u00bb, dado que no ten\u00edan \u00e1nimo conciliatorio. Destac\u00f3 que, luego de tres a\u00f1os de la denuncia, la Fiscal encargada s\u00f3lo intervino para pedir la preclusi\u00f3n. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se ordene a los accionados revocar la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y, en su lugar, que se adelante la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte se\u00f1al\u00f3 que su decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a que la actuaci\u00f3n cumplida por el funcionario investigado se encontraba ajustada a la normatividad aplicable y a las pruebas recaudadas y que el escrito de tutela reitera la particular interpretaci\u00f3n de los hechos del denunciante y no desarrolla una causal de procedencia del amparo propuesto. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal accionado expuso los principales fundamentos de su providencia. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de Neiva afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos del actor. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 139 Judicial II Penal de Neiva y la Fiscal\u00eda Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva solicitaron despachar desfavorablemente las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala negar\u00e1 la tutela, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en el auto del 7 de junio de 2023, que zanj\u00f3 el asunto, precis\u00f3 que, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 332 de la Ley 906 de 2004, los fiscales est\u00e1n facultados para solicitar al juez de conocimiento la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n en la indagaci\u00f3n, investigaci\u00f3n o juzgamiento, precisando la causal invocada y ofreciendo elementos argumentativos y probatorios para que el juez la declare, si es el caso. En torno al evento previsto en el numeral 4\u00ba ibidem, esto es, la atipicidad del hecho, la Sala sostuvo, con sustento en su jurisprudencia, que deb\u00eda ser absoluta y que se estructura \u00abcuando la conducta no se adec\u00faa a las exigencias materiales del tipo penal, o cuando concurriendo, falla la tipicidad subjetiva, es decir, no se acredita la forma subjetiva que corresponde al delito imputado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 413 de la Ley 599 de 2000 sobre el \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb, destacando sus elementos objetivos, esto es, \u00abi) un sujeto activo calificado, (\u2026) servidor p\u00fablico, ii) que profiere resoluci\u00f3n, dictamen o concepto y iii) manifiestamente contrario a la ley\u00bb, estableciendo que no hab\u00eda duda de la calidad de funcionario p\u00fablico de F\u00e9lix Eduardo D\u00edaz Rojas; no obstante, advirti\u00f3 que \u00abla irregularidad que se le pretende enrostrar al denunciado no tiene trascendencia penal\u00bb, pues, para dilucidar si el abogado Luis Eduardo Chavarro Barreto hab\u00eda incurrido en la falsedad de documento privado con ocasi\u00f3n de la demanda ejecutiva, el Fiscal escuch\u00f3 al denunciante, entrevist\u00f3 al abogado investigado, solicit\u00f3 un informe contable e indag\u00f3 por los abonos realizados por el ejecutado, lo que le permiti\u00f3 concluir que se encontraba ante una conducta at\u00edpica. <\/p>\n
En tal sentido, destac\u00f3 que los dos argumentos principales del Fiscal indagado fueron: i) que la intenci\u00f3n de Eliceo Cort\u00e9s Cort\u00e9s era debatir el monto de la obligaci\u00f3n ejecutada, lo cual era competencia del juez civil a cargo del ejecutivo; y ii) que, de la revisi\u00f3n de los libros contables de Molino Roa S.A.S. y los documentos sobre la obligaci\u00f3n a cargo del ejecutado, no se evidenciaba la ocurrencia de la falsedad documental que se le pretendi\u00f3 atribuir al abogado Luis Eduardo Chavarro Barreto, pues el dictamen contable ratific\u00f3 la informaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo valor usado como base de recaudo. <\/p>\n
En cuanto a lo se\u00f1alado por el Fiscal, sobre la voluntad del denunciante de no continuar el proceso, la Sala concluy\u00f3 que era un \u00abagregado insustancial [que] no logra articular la trascendencia necesaria para continuar con el ejercicio de la acci\u00f3n penal\u00bb, pues, aunque pod\u00eda denotar la falta de diligencia del funcionario, ello no configuraba la conducta de prevaricato por acci\u00f3n, siendo, adem\u00e1s, inviable derivar la responsabilidad penal de la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, dado que se trata de reg\u00edmenes distintos. En ese aspecto, destac\u00f3 que el tema censurado no fue considerado en la providencia del 15 de abril de 2016 que neg\u00f3 la reapertura de la investigaci\u00f3n solicitada por el se\u00f1or Cort\u00e9s Cort\u00e9s, en tanto se excluy\u00f3 \u00abcualquier alusi\u00f3n a la equivocada intenci\u00f3n de conciliar de las partes\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa, como se anticip\u00f3, que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que se reiteran en la tutela, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un an\u00e1lisis razonado de las pruebas allegadas, en consecuencia, la protecci\u00f3n reclamada no es viable, dado que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese un juez de instancia, aunado a que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural6, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio o el del tutelante ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, aplicando las reglas de la sana cr\u00edtica, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aclarada el 11 de octubre siguiente. <\/p>\n
2\u0002 Tramite adelantado bajo el radicado 41001600000020220008201. <\/p>\n
3\u0002 Documento 001, expediente 2022-00082. <\/p>\n
4\u0002 Documento 32, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Documento 005, carpeta Segunda Instancia, expediente 2022-00082. <\/p>\n
6\u0002 En t\u00e9rminos similares ver cita en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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