STC7025-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7025-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Patricia Rangel Reyes -quien dice actuar como apoderada- de Lucila Zehr Su\u00e1rez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de quien dice representar, presuntamente conculcadas en el proceso de pertenencia de radicado 2019-00432-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que su representada, el 7 de noviembre de 20191 promovi\u00f3 proceso verbal de pertenencia, respecto de los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0300-90764 y 300-19587, contra los herederos determinados e indeterminados d\u00e9 Alfredo G\u00f3mez Serrano y personas indeterminadas. Repartida la demanda, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga -con auto del 20 de enero de 2020- resolvi\u00f3 admitirla a tr\u00e1mite, orden\u00f3 el emplazamiento de los demandados y de quienes se crean con derecho sobre los inmuebles conforme los art\u00edculos 108, 293 y numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 375 del CGP -as\u00ed como la inscripci\u00f3n de esta en los registros de los folios inmobiliarios de los inmuebles reclamados, entre otros2. <\/p>\n
2.1. Surtidos los tr\u00e1mites de emplazamiento y ordenada la inclusi\u00f3n de las diligencias en el registro nacional de procesos de pertenencia3, el 19 de abril de 2021, design\u00f3 curador ad litem de las personas indeterminadas4, el cual contest\u00f3 la demanda el 6 de julio de 20215 informando la existencia de otros herederos determinados conocidos por la demandante. En consecuencia, el 25 de abril de 2022, el juzgado orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de Marina Delgado de Serrano, Mar\u00eda Eugenia Serrano Delgado, Alfredo, Efronz, Maida Jojanna Serrano Zehir y Raquel Serrano de Ruiz y dispuso su notificaci\u00f3n personal, por parte de la demandante, \u00abaportando adem\u00e1s la prueba de la calidad de herederos determinados\u00bb, para lo cual concedi\u00f3 \u00ab30 d\u00edas so pena de la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito\u00bb, entre otras6. <\/p>\n
2.3. El 28 de abril de 2022, tuvo por notificadas a Raquel Serrano de Ruiz y Mar\u00eda Eugenia Delgado de Serrano, tambi\u00e9n requiri\u00f3 \u00abal extremo actor para que, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas contados desde el proferimiento de este auto, proceda a la debida integraci\u00f3n del contradictorio en cuanto a los vinculados faltantes, so pena de desistimiento t\u00e1cito\u00bb 7. <\/p>\n
2.4. En auto del 17 de junio de 2022, el juzgado decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, ante el incumplimiento de la parte demandante en la integraci\u00f3n del contradictorio respecto los vinculados8. <\/p>\n
2.5. Frente a lo determinado, la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n9. Sin embargo, el juzgado -con prove\u00eddo de 22 de septiembre de 2022- mantuvo su postura10. Y, al surtir la alzada, la decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el 31 de enero de 202311. <\/p>\n
2.6. En criterio de la accionante, desde el \u00ab17 de junio de 2022 [inform\u00f3] al juzgado [\u2026] que el 5 de mayo de 2022 hab\u00eda enviado derecho de petici\u00f3n a todas las notar\u00edas de Bucaramanga y Floridablanca solicitando la informaci\u00f3n solicitada por el despacho, para lo cual allegue pantallazos de los env\u00edos, con las respectivas respuestas\u00bb. Aduce que el juzgado ten\u00eda conocimiento de \u00ablas razones por las cuales no se hab\u00eda adjuntado los registros civiles de los hijos en com\u00fan\u00bb, por lo que en proceso previo ya se hab\u00eda decretado el desistimiento t\u00e1cito por las mismas razones. Adem\u00e1s, que \u00abpor ser una persona de avanzada edad, no resulta comprensible que el despacho no permitiera escuchar a la demandante frente a las distintas pesquisas realizadas\u00bb. En respaldo, cit\u00f3 un precedente \u00abde iguales condiciones\u00bb, proferido por Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se deje sin efectos \u00abel auto [proferido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga] de fecha 17 de Junio de 2022 el cual decreta la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y que en su defecto proceda a continuar con el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n accionada se refiri\u00f3 al tr\u00e1mite surtido en el juicio debatido, que culmin\u00f3 con la apelaci\u00f3n del auto dictado el 31 de enero de 2023 que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
2. El Juzgado del Circuito acusado respald\u00f3 la legalidad de lo actuado y se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en una segunda instancia para las partes inconformes con las decisiones proferidas por los despachos judiciales\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2. Al respecto, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular (\u2026) no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho12\u00bb. Igualmente, se ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.1. En el caso en concreto, la gestora solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Lucila Zehr Su\u00e1rez, presuntamente vulnerados en el juicio de pertenencia decidido en segunda instancia por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el cual aquella fue apoderada de la accionante. Como se observa, la tutelante no es la titular de los derechos fundamentales invocados, pues en el tr\u00e1mite cuestionado actu\u00f3 como mandataria del sujeto procesal, de manera que no fue parte ni tercero reconocido, sumado a que no alleg\u00f3 poder especial v\u00e1lido para ejercer la representaci\u00f3n de aquella, en los t\u00e9rminos exigidos en la jurisprudencia citada. Tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar como su agente oficiosa. Esto es, no demostr\u00f3 que su representado se encuentra en imposibilidad f\u00edsica o mental para acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela, lo cual impide analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento pdf001CuadernoPrincipalFisico. Folio 145. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002Documentopdf069AutoOrdenaInclusi\u00f3nEnRegistroNacionalDeProcesosDePertenencia. Auto 6 de noviembre de 2020. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Documento pdf073AutoDesignaCuradorDeIndeterminados. Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Documento pdf081CuradorAdLitemHerederosIndeterminadosAllegaContestacion. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Pdf087AutoImponeSaneamiento. Expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Pdf090AutoTieneNotificadasHerederasRequiere. Expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Pdf103AutoTerminaProcesoPorDesistimientoTacito. Expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Pdf107RecursoReposici\u00f3nDteAuto20220617yApelacion. Expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Pdf109AutoNiegaReposicion. Expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Pdf006Auto 31-01-2023 decide recurso. Expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7025-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7025-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Patricia Rangel Reyes -quien dice actuar como […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74860","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74860\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}