STC7031-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7031-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 19001-22-13-000-2023-00070-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el pasado 27 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Danilo Hoyos Uribe contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Pat\u00eda-El Bordo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Sostuvo que, ante el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Pat\u00eda-El Bordo, formul\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra Carolina de los \u00c1ngeles Espinosa Mart\u00ednez por el presunto incumplimiento de un contrato de \u00abpromesa de compraventa\u00bb, la cual fue inadmitida con auto de 28 de marzo del a\u00f1o en curso para que se acreditara el agotamiento del requisito de procedibilidad consagrado en las Leyes 640 de 2001 y 2220 de 2022. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que subsan\u00f3 el defecto evidenciado por la c\u00e9lula judicial cognoscente advirtiendo que no intent\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial por cuanto con el libelo inicial se solicitaron medidas previas, raz\u00f3n por la cual, mediante auto de 13 de abril siguiente fue requerido, a efectos de que, previo a emitir pronunciamiento en torno a la admisi\u00f3n de la demanda y el decreto de la cautela constituyera cauci\u00f3n por valor equivalente a $40.000.000, lo que, a su juicio, \u00abva en retroceso de lo planteado por las altas cortes en materia, pues en el entendido de que no es un presupuesto exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n declarativa del pago de cauci\u00f3n para la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que como no cuenta con recursos econ\u00f3micos para cubrir el valor de la garant\u00eda, el pasado 21 de abril solicit\u00f3 al despacho \u00abinformaci\u00f3n para el pago\u00bb sin que a la fecha de radicaci\u00f3n del presente resguardo hubiera obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene a la autoridad judicial enjuiciada \u00abpermitir el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en [su] favor y de forma oportuna, con congruencia y celeridad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular de la c\u00e9lula judicial querellada se\u00f1al\u00f3 que \u00abla demanda en cuesti\u00f3n fue admitida mediante auto de fecha 25 de abril de 2023, notificado por estados al d\u00eda siguiente\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que \u00abla solicitud de informaci\u00f3n presentada por el actor el\u2026 21 de abril de 2023 mediante correo electr\u00f3nico\u2026\u00bb la respondi\u00f3 \u00abel d\u00eda lunes 24 de abril\u00bb explic\u00e1ndole al interesado \u00abque la cauci\u00f3n fijada no corresponde a una suma de dinero que deba consignar a \u00f3rdenes del despacho\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 desestimar el ruego por cuanto \u00abha actuado de manera diligente y en aplicaci\u00f3n de las normas procesales que rigen el asunto\u00bb por lo que la lesi\u00f3n alegada es inexistente. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Popay\u00e1n, tras realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de escrutinio, deneg\u00f3 la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad pues, contrario a lo asegurado por el gestor, la demanda fue efectivamente admitida, situaci\u00f3n diferente es que no se hubiera accedido a la cautela solicitada, caso en el cual le correspond\u00eda acudir a los instrumentos de impugnaci\u00f3n consagrados en el ordenamiento procesal y no a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En tal sentido resalt\u00f3 que \u00abmal puede el tutelista a la hora de ahora reclamar contra las decisiones adoptadas en el curso del proceso, pretendiendo beneficiarse de su propia incuria o negligencia, pues correspond\u00eda al mismo reclamar la protecci\u00f3n de los derechos que acaso considera vulnerados, ante la funcionaria de conocimiento del juicio verbal, siendo la juez natural competente para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, frente al reparo por la falta de respuesta a la solicitud formulada el pasado 21 de abril, advirti\u00f3 que la misma fue atendida el 24 del mismo mes, con lo que descart\u00f3 la incursi\u00f3n por parte del juzgado, en alguna conducta irregular. <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso asegurando que \u00abla falta de pago de la cauci\u00f3n fijada no pod\u00eda generar el rechazo de la demanda, toda vez que ello no est\u00e1 previsto en la ley; por tanto, se debi\u00f3 proceder a negar el decreto de la medida, pero no negarse a tramitar la demanda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Pat\u00eda lesion\u00f3 el debido proceso de Danilo Hoyos Uribe por cuanto, seg\u00fan afirm\u00f3, \u00abrechaz\u00f3 la demanda\u00bb que formul\u00f3 contra Carolina de los \u00c1ngeles Espinosa Mart\u00ednez por no haber constituido la cauci\u00f3n ordenada en auto de 13 de abril de 2023 para el decreto de una medida cautelar, contrariando con ello \u00ablo planteado por las altas cortes en materia [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Sin embargo, al revisar el material probatorio recaudado, en particular el expediente remitido en formato digital por la c\u00e9lula judicial accionada, se observa el auto de 25 de abril de 20231 el cual, en su parte resolutiva, consagra lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por lo expuesto, el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PAT\u00cdA, EL BORDO (C); RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: ADMITIR la presente demanda VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL propuesta por el se\u00f1or DANILO HOYOS URIBE contra la se\u00f1ora CAROLINA DE LOS \u00c1NGELES ESPINOSA MART\u00cdNEZ. <\/p>\n
SEGUNDO: C\u00d3RRASE TRASLADO de la anterior demanda a la parte demandada, por el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas de conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 369 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Este traslado se surtir\u00e1 con la notificaci\u00f3n personal de esta providencia a la parte demandada conformada por la se\u00f1ora CAROLINA DE LOS \u00c1NGELES ESPINOSA MART\u00cdNEZ. <\/p>\n
TERCERO: NOTIF\u00cdQUESE esta providencia a la se\u00f1ora CAROLINA DE LOS \u00c1NGELES ESPINOSA MART\u00cdNEZ, en la forma prevista por el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con lo dispuesto por la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
CUARTO: D\u00c9SELE al proceso la tramitaci\u00f3n del proceso VERBAL se\u00f1alada por el art\u00edculo 368 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
QUINTO: DENEGAR el decreto de las medidas cautelares solicitadas en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda, por no haberse constituido cauci\u00f3n para ello (\u2026)\u00bb [Las negrillas y el subrayado es propio de la Corte] <\/p>\n
De manera que, pese a la insistente afirmaci\u00f3n del gestor en el escrito de impugnaci\u00f3n, es evidente que la demanda interpuesta NO fue rechazada, por el contrario, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, orden\u00e1ndose la conformaci\u00f3n del debido contradictorio con la notificaci\u00f3n a la contraparte a qui\u00e9n se le otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, a partir de dicho enteramiento, para ejercer el derecho de defensa, por lo que queda descartada la lesi\u00f3n aducida. <\/p>\n
Ahora, si lo que pretend\u00eda Hoyos Uribe con la formulaci\u00f3n de este resguardo era atacar el ordinal quinto del prove\u00eddo arriba indicado, tal reproche desatiende el presupuesto de la subsidiariedad pues no hizo uso de las herramientas de impugnaci\u00f3n consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico para cuestionar la validez de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Debe recordarse que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n de la parte interesada, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no podr\u00eda abrirse paso la protecci\u00f3n suplicada, habida cuenta que la salvaguarda constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En consecuencia, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el demandante, al tiempo que el resguardo desatiende la exigencia de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, pues el promotor no hizo uso, al interior de la actuaci\u00f3n fustigada, de los recursos procedentes para cuestionar la validez de la decisi\u00f3n que le fue adversa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n