STC7032-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7032-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02593-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela promovida por Mar\u00eda Eugenia contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Clara In\u00e9s o sus herederos determinados e indeterminados, seg\u00fan el caso, a Jorge Andr\u00e9s, las Inspecciones Segunda y Tercera Municipales de Polic\u00eda de Caldas, Gerenciar y Servir S.A.S., el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. y a los dem\u00e1s intervinientes del asunto rebatido1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado, demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda digna, trabajo y protecci\u00f3n a las personas de la tercera edad, presuntamente conculcados en el juicio de radicado 05001310300720110016400 (01). <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Banco Colpatria present\u00f3 una demanda ejecutiva hipotecaria contra Clara In\u00e9s, en la que, el 17 de marzo de 20112, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento ejecutivo y decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 001-9475 de la ORI de Medell\u00edn, Zona Sur; el 13 de junio del mismo a\u00f1o3 se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien; el 25 de noviembre siguiente4, la Inspecci\u00f3n Tercera Municipal de Polic\u00eda de Caldas (Antioquia), en comisi\u00f3n5, adelant\u00f3 la diligencia de embargo y secuestro. <\/p>\n
2.2. La demandada, mediante apoderado, solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue negada el 6 de marzo de 20126. <\/p>\n
2.4. Entre el Banco ejecutante y Jorge Andr\u00e9s se celebr\u00f3 cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, aceptada en prove\u00eddo del 30 de junio de 20178, en el que se nombr\u00f3 como nuevo secuestre a Gerenciar y Servir S.A. <\/p>\n
2.5. El 24 de marzo de 20219, la tutelante acudi\u00f3 al proceso, mediante apoderada, solicitando la remisi\u00f3n del expediente, como acreedora testamentaria de su hija accionada. El 20 de abril siguiente10, el Juzgado no reconoci\u00f3 personer\u00eda a la abogada, \u00abpor cuanto no se logra acreditar la calidad de acreedora de quien pretende representar\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 10 de febrero de 202211 se realiz\u00f3 la audiencia de remate ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n accionado y el bien le fue adjudicado al cesionario, actuaci\u00f3n que se aprob\u00f3 el 7 de marzo siguiente12. <\/p>\n
2.7. Luego de que la secuestre informara la imposibilidad de realizar entrega material al adjudicatario, por falta de voluntad de los ocupantes13, el 18 de julio de 202214, se orden\u00f3 comisionar al Juzgado Civil Municipal de Caldas (Reparto), para la entrega del inmueble. <\/p>\n
2.8. Paralelamente, el 18 de abril de 202215, Mar\u00eda Eugenia solicit\u00f3, mediante apoderado, la remisi\u00f3n del expediente y, el 12 de mayo de 202216, aduciendo ser poseedora del inmueble, present\u00f3 incidente de nulidad y oposici\u00f3n contra la diligencia de embargo y secuestro, con fundamento en que se hab\u00eda realizado de manera ficticia, dado que los intervinientes no estaban presentes. <\/p>\n
2.9. El 18 de julio de 202217, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n accionado rechaz\u00f3 de plano la nulidad, por falta de legitimaci\u00f3n de la solicitante, dado que no era un tercero reconocido en el proceso, y porque las irregularidades de la mencionada diligencia debieron alegarse en los cinco d\u00edas siguientes al auto que orden\u00f3 agregarla al expediente (art\u00edculo 40 CGP). <\/p>\n
2.10. El 5 de mayo de 202318, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. <\/p>\n
3. La accionante sostiene que: i) se enter\u00f3 de la existencia del proceso ejecutivo y del secuestro el 18 de abril de 2022, cuando el nuevo secuestre le entreg\u00f3 una copia del acta de la diligencia, la cual contiene una falsedad ideol\u00f3gica, porque el secuestro no se realiz\u00f3, en tanto viene ejerciendo la posesi\u00f3n del bien desde octubre de 2018; ii) no se dej\u00f3 consignada la realidad del inmueble y sus mejoras y ni ella ni los trabajadores de la finca conocen a quien figura en ese documento como \u00abnuevo due\u00f1o de la finca que dice haber atendido la diligencia\u00bb, por lo cual elev\u00f3 la correspondiente denuncia, mecanismo que no resulta eficaz para evitar un perjuicio irremediable; iii) la solicitud de nulidad no se analiz\u00f3 con base en lo planteado, esto es, el inciso quinto del art\u00edculo 29 constitucional; iv) el inmueble fue adjudicado al antiguo propietario, quien la hab\u00eda amenazado con que la iba a demandar por lesi\u00f3n enorme; y v) los dos dict\u00e1menes periciales e informes rendidos por el secuestre son igualmente falsos, pues nunca inspeccion\u00f3 el inmueble. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene a los accionados dar tr\u00e1mite al incidente de nulidad y, subsidiariamente, que se ordene la suspensi\u00f3n de la entrega hasta que se decida el proceso penal o el de pertenencia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
2. El Juzgado accionado refiri\u00f3 las actuaciones que dieron origen a la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Caldas (Antioquia) se pronunci\u00f3 sobre la actuaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda de ese Municipio y se\u00f1al\u00f3 carece de legitimaci\u00f3n para resolver la situaci\u00f3n planteada por la tutelante; adem\u00e1s, inform\u00f3 que la diligencia de entrega programada para el 11 de julio de 2023 fue suspendida. <\/p>\n
4. La Inspecci\u00f3n Tercera de Polic\u00eda de Caldas manifest\u00f3 que no ha conculcado los derechos de la accionante. <\/p>\n
5. Quien dijo actuar como apoderada de Jorge Andr\u00e9s adujo que la promotora act\u00faa temerariamente, porque interpuso similar tutela en previa oportunidad. Adicionalmente, precis\u00f3 que la hija de la tutelante conoci\u00f3 el proceso y que, frente a la diligencia del 22 de agosto de 2017, la acci\u00f3n no era tempestiva. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala negar\u00e1 la tutela propuesta, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que el Tribunal accionado, en el auto del 5 de marzo de 2023, que zanj\u00f3 el asunto, tras citar la normativa aplicable y jurisprudencia relacionada, advirti\u00f3 que la diligencia de secuestro cuestionada se realiz\u00f3 el 25 de noviembre de 2011 y a ella concurrieron la inspectora comisionada, la apoderada demandante, el secuestre y Orlando Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, quien se identific\u00f3 como nuevo propietario del predio, y que la adjudicaci\u00f3n del bien, previo remate, se aprob\u00f3 el 7 de marzo de 2022. <\/p>\n
As\u00ed, teniendo en cuenta la normativa aplicable y los hechos descritos, el Tribunal determin\u00f3 que la alegada inexistencia de la diligencia de secuestro y la consecuencia imposibilidad de oponerse como poseedora no era una causal de nulidad, seg\u00fan el art\u00edculo 133 del CGP, y tampoco se configuraba la invalidez contemplada en el art\u00edculo 29 Constitucional, referida a la obtenci\u00f3n de una prueba con transgresi\u00f3n al debido proceso, pues el secuestro no era una prueba sino una medida cautelar, por lo que los vicios alegados no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad, m\u00e1xime que el art\u00edculo 455 ibidem consagra que la adjudicaci\u00f3n y posterior aprobaci\u00f3n del remate imped\u00edan la formulaci\u00f3n de solicitudes de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa, como se anticip\u00f3, que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que se reiteran en la tutela, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un an\u00e1lisis razonado de las pruebas allegadas, en consecuencia, la protecci\u00f3n reclamada no es viable, dado que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese un juez de instancia. <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que la Sala ha reiterado que no es posible acudir a este amparo constitucional \u00abcomo medio para interrumpir, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, como la de remate, ya que esta tendr\u00eda respaldo en el procedimiento surtido por el juez competente\u00bb (CSJ STC1691-2022). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Documento 005, cuaderno principal, carpeta primera instancia. <\/p>\n
3\u0002 Documento 014 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 15, documento 012, C002, carpeta primera instancia. <\/p>\n
5\u0002 Que le fue encargada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa localidad. <\/p>\n
6\u0002 Documento 008, C003, carpeta primera instancia. <\/p>\n
7\u0002 Documento 058, cuaderno principal, carpeta primera instancia. <\/p>\n
8\u0002 Documento 058, C002, carpeta primera instancia. <\/p>\n
9\u0002 Folio 35, documento 70, C002, carpeta primera instancia. <\/p>\n
10\u0002 Documento 71, C002, carpeta primera instancia. <\/p>\n
11\u0002 Documento 093, C002, carpeta primera instancia. <\/p>\n
12\u0002 Documento 095, C002, carpeta primera instancia. <\/p>\n
13\u0002 Documento 002, C03Ejecuci\u00f3nSentencia, 02Ejecuci\u00f3n, primera instancia. <\/p>\n
14\u0002 Documento 05, C03Ejecuci\u00f3nSentencia, 02Ejecuci\u00f3n, primera instancia. <\/p>\n
15\u0002 Documento 03, C03Ejecuci\u00f3nSentencia, 02Ejecuci\u00f3n, primera instancia. <\/p>\n
16\u0002 Documento 01, C04NulidadDiligenciaSecuestro, 02Ejecuci\u00f3n, Primera instancia. <\/p>\n
17\u0002 Documento 02, ibidem. <\/p>\n
18\u0002 Documento 02, Segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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