STC7034-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7034-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 20 de junio de 2023, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Helena Robledo G\u00f3mez contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, conformado por el \u00c1rbitro \u00danico Luis Carlos Gamboa Morales, tr\u00e1mite al cual fue vinculadas las partes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abde[jar] sin efecto el auto No. 16 dictado el 26 de abril de 2023 y toda la actuaci\u00f3n posterior desplegada que dependa de tal prove\u00eddo y se ordene al Tribunal accionado que continue con el tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Helena Robledo G\u00f3mez convoc\u00f3 a proceso arbitral a Inver Roberca S.A.S., con la finalidad de que se declarara la nulidad y cesaci\u00f3n de efectos de la decisi\u00f3n aprobatoria de los estados financieros, adoptada en la asamblea ordinaria de accionistas, celebrada el 31 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.2. El 7 de febrero de 2023 el Tribunal fij\u00f3 honorarios y gastos del proceso por valor de $68\u00b4500.000; el d\u00eda 17 del mismo mes y a\u00f1o, neg\u00f3 el amparo de pobreza pretendido por la actora, decisi\u00f3n que mantuvo el 16 de marzo de 2023. <\/p>\n
2.3. Luego, previa orden de tutela, el referido auto qued\u00f3 sin efecto y en cumplimiento constitucional, el 30 de marzo de 2023 el Tribunal concedi\u00f3 el mentado amparo de pobreza, precisando que \u00abla amparada quedar\u00e1 exonerada del pago de la cuota a su cargo (art. 27 de la ley 1563 de 2012) de los honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento fijados\u2026\u00bb, por lo que \u00abdispuso que el plazo para el pago de honorarios y gastos\u2026 correr\u00e1 a partir de las notificaciones de la presente providencia\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 26 de abril siguiente, el Tribunal declar\u00f3 extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria contenida en la cl\u00e1usula 50\u00aa de los estatutos de la sociedad Inver Roberca S.A.S., exclusivamente sobre las controversias ac\u00e1 discutidas, pues no se realiz\u00f3 el pago del 50% de los honorarios y gastos, los cuales no estaban incluidos en el amparo de pobreza, toda vez que, tal figura solo cubr\u00eda a la convocante; decisi\u00f3n que mantuvo el 1\u00b0 de junio de 2023. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, a su parecer, \u00abde nada sirve obtener el amparo si el Tribunal recorta en forma sensible sus efectos\u00bb, adem\u00e1s, porque al incluir el amparo de pobreza en los juicios arbitrales, supone una modificaci\u00f3n en la naturaleza, en esencia, en lo remunerado, como para el caso, que una de las partes no cuenta con recursos econ\u00f3micos, lo que no es \u00f3bice para desconocer \u00abla garant\u00eda que el art. 13 de la ley 1563 consagr\u00f3 con el fin de permitir el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que la terminaci\u00f3n del proceso dispuesta por el Tribunal querellado \u00abse apoya en una interpretaci\u00f3n afincada en el principio de la autonom\u00eda privada y conforme a la cual si no hay pago para el \u00e1rbitro, no puede adelantarse el proceso, pero que desconoce el principio constitucional que subyace en el referido amparo, vale decir, el acceso efectivo y real a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n ejercida en la demanda presentada ante el CAC tiene un plazo de caducidad de 2 meses que se cuentan desde la fecha de la reuni\u00f3n de la asamblea -31 de marzo de 2022-, luego\u2026 no tiene ahora la posibilidad de presentar una nueva demanda ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, habida cuenta que la fecha de presentaci\u00f3n de aquella ante el Tribunal arbitral no conserva sus efectos suspensivos procesales una vez cesan los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria, perspectiva desde la cual, la demanda que eventualmente pudiera radicar no ser\u00eda admitida por estar caduca la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que fijados los gastos y honorarios por el querellado, as\u00ed como su concesi\u00f3n al amparo de pobreza \u00absu contraparte no pag\u00f3 su parte, y la accionante pidi\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite, pero el proceso se declar\u00f3 terminado por cuanto el Tribunal estima que hasta all\u00e1 no va el beneficio y si no hay pago no puede proseguirse el curso del juicio; el injusto recorte del beneficio concedido\u2026 comporta el bloqueo para acceder a la administraci\u00f3n de justicia en defensa de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Inver Roberca S.A.S. se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el presupuesto de subsidiariedad est\u00e1 insatisfecho, pues la promotora cuenta con la justicia ordinaria para demandar las decisiones objeto de litis, donde, incluso por tema de cuant\u00eda podr\u00eda tener recurso extraordinario de casaci\u00f3n; indic\u00f3 que la ley no la obliga a pagar los gastos del Tribunal, raz\u00f3n por la que al no existir el pago del 50% restante, conforme al art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012 se debe desintegrar; que no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luis Carlos Gamboa Morales -\u00e1rbitro \u00fanico del Tribunal censurado- relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 las decisiones criticadas no lucen arbitrarias, remiti\u00e9ndose a lo all\u00ed considerado; remiti\u00f3 copia de los prove\u00eddos censurados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que las determinaciones criticadas no lucen caprichosas; destacando que \u00abLa disconformidad que expone la se\u00f1ora ROBLEDO G\u00d3MEZ, se remite a que, en su caso, la renuencia de su convocada a pagar el 50% de honorarios y gastos que le correspond\u00edan, en realidad de verdad enerv\u00f3 los efectos del pacto arbitral, pero que la sociedad INVER ROBERCA S.A.S., actuara en forma distinta; en modo alguno pod\u00eda constre\u00f1irse ni por el \u00e1rbitro \u00fanico, ni menos por la Colegiatura en sede de tutela. Es la propia Ley 1563 de 201[2] la que contempl\u00f3 tal posibilidad e imprimi\u00f3 las consecuencias que fueron enumeradas en el censurado Auto No.16 del 26 de abril del a\u00f1o que transcurre, y que remite a la amparada por pobre a la justicia ordinaria, al paso que as\u00ed queda desvirtuada, sin m\u00e1s, su tesis de que no cuenta con otro medio defensivo para salvaguardar sus intereses\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, insistiendo que, el amparo de pobreza \u00abtiene vinculaci\u00f3n necesaria con todos los gastos que eventualmente se pudieran presentar en el curso del proceso incluidos entre estos los honorarios que le correspond\u00edan a la otra parte y que esta -teniendo como hacerlo- no quiso pagar\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no tiene otro mecanismo de defensa, comoquiera que, la impugnaci\u00f3n de actas de asamblea tiene un t\u00e9rmino de caducidad de 2 meses, conforme al art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que \u00abno puede la accionante ahora en junio de 2023 presentar ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria una impugnaci\u00f3n de una decisi\u00f3n adoptada en marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en el prove\u00eddo de 1\u00b0 de junio de 2023, que mantuvo el que dict\u00f3 el 26 de abril anterior, por medio del cual declar\u00f3 extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria respecto de las pretensiones contenidas en la demanda, declarando concluidas sus funciones, expres\u00f3 los motivos por los cuales el amparo de pobreza no exim\u00eda al pago de la contraparte de la beneficiada, respecto de lo cual consign\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Corresponde al Tribunal resolver si, en los t\u00e9rminos del art. 13 de la Ley 1563 de 2012, el amparo de pobreza concedido a una de las partes exime del pago de los honorarios y gastos que deb\u00eda atender la otra parte y no lo hizo oportunamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El art. 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica precisa los \u00f3rganos que se encuentran facultados para administrar justicia. Dicha norma establece que, en adici\u00f3n a los distintos funcionarios del Estado, los \u201cparticulares pueden ser investidos transitoriamente de la funci\u00f3n de administrar justicia en la condici\u00f3n de jurados de las causas criminales o en la de \u00e1rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t\u00e9rminos que determine la ley\u201d. [\u00c9nfasis a\u00f1adido]. <\/p>\n
3. En raz\u00f3n de tal disposici\u00f3n, el principio de habilitaci\u00f3n es eje central para que las partes puedan facultar a los particulares para administrar justicia y en tal virtud, son las partes quienes, con capacidad de disposici\u00f3n, voluntariamente resuelven acordar que las disputas que surjan se diriman a trav\u00e9s de un tribunal arbitral y no acudiendo a la justicia ordinaria en los t\u00e9rminos que fije la ley. Dicho acuerdo se materializa a trav\u00e9s del pacto arbitral (art. 1\u00ba de la ley 1563 de 2012) en virtud del cual, las Partes expresan su voluntad y adquieren una obligaci\u00f3n consistente en \u201csometer a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas\u201d. <\/p>\n
4. De conformidad con el inciso 2\u00ba del art. 3\u00ba de la ley 1563 de 2012, la suscripci\u00f3n del pacto arbitral \u201cimplica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones antes los jueces\u201d. <\/p>\n
5. Dada la suscripci\u00f3n del pacto arbitral y teniendo en cuenta (i) que de conformidad con lo previsto en los arts. 15 y 16 del C.C., es posible renunciar a \u201clos derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el inter\u00e9s particular y no est\u00e9 prohibida su renuncia\u201d, y (ii) que la Constituci\u00f3n Nacional permite habilitar en ciertos casos a los particulares para administrar justicia, es evidente entonces que, cuando un particular resuelve elegir esta v\u00eda para la resoluci\u00f3n de los conflictos no solo renuncia a acudir a la justicia ordinaria \u2013de suyo gratuita por establecerlo as\u00ed el art. 6\u00ba de la ley 270 de 1996 \u2013 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia \u2013 y el art. 10 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 sino tambi\u00e9n, como lo indica el mencionado art. 1\u00ba de la ley 1563 de 2012, se obliga a someterse a los t\u00e9rminos que fija la ley para adelantar el proceso arbitral. <\/p>\n
6. El arbitraje, de conformidad con la ley que lo rige, es por naturaleza oneroso, como lo se\u00f1ala el art. 25 de la ley 1563 de 2012 y a tal regla las partes acordaron voluntariamente someterse cuando suscribieron el pacto arbitral, para lo cual deben atenderse las tarifas de acuerdo con la reglamentaci\u00f3n expedida por el Gobierno Nacional. Lo anterior sin perjuicio de que las mismas partes acuerden el valor de los honorarios (art. 25 inciso 2\u00ba de la ley 1563 de 2012) o se remitan a las tarifas fijadas por un centro de arbitraje. <\/p>\n
7. El r\u00e9gimen oneroso fijado por la ley para los procesos arbitrales grava a las dos partes en iguales proporciones (art. 27 de la ley 1563 de 2012). De esta manera cuando se renuncia voluntariamente a acudir a la justicia ordinaria y se acuerda ajustarse al r\u00e9gimen arbitral, cada una de las partes adquiere una obligaci\u00f3n individual \u2013la de atender en proporciones del 50% cada una los valores que lleguen a fijarse\u2013 obligaci\u00f3n que, llegado el caso y con el fin de perseverar en el arbitraje, puede ser atendida por la otra si su contraparte no la cubre. <\/p>\n
8. En tal caso, es decir cuando cualquiera de las partes cubre el valor adeudado por la otra, se radica en cabeza de quien hizo el pago, un cr\u00e9dito que puede ser exigido de inmediato a\u00fan por la v\u00eda ejecutiva ante la justicia ordinaria, junto con sus intereses moratorios y frente a la cual la \u00fanica excepci\u00f3n o defensa admisible es la de pago. <\/p>\n
9. Excepcionalmente, las partes pueden exonerarse de su obligaci\u00f3n pecuniaria acudiendo a la figura del amparo de pobreza de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la ley 1563 de 2012. Cuando este es otorgado el \u201camparado quedar\u00e1 exonerado del pago de los honorarios y gastos del tribunal, sin que le corresponda a su contraparte sufragar lo que al amparado le hubiese correspondido pagar\u201d. <\/p>\n
10. Se desprende del texto anterior que el amparo de pobreza no libera sino exclusivamente al amparado. La contraparte sigue obligada a cubrir los honorarios y gastos del proceso, pero no est\u00e1 obligada a cubrir las expensas fijadas a cargo del amparado. Ello guarda sentido pues si la contraparte se viere compelida a pagar la cuant\u00eda a cargo del amparado, no podr\u00eda reclamarla del amparado pues \u00e9ste estar\u00eda exonerado de atenderla. Pero no sucede lo mismo en el caso contrario, es decir cuando el amparado es quien cubre el monto fijado a cargo de la contraparte, pues en este caso se encuentra habilitado para perseguir de inmediato su cobro. <\/p>\n
Luego, con apoyo en la jurisprudencia (T-399\/18), record\u00f3 el prop\u00f3sito del amparo de pobreza, precisando que: <\/p>\n
13. Ahora bien, la Corte Constitucional ha considerado que a trav\u00e9s del amparo de pobreza se persigue conservar el equilibrio y \u201chacer posible que quien atraviese serias dificultades econ\u00f3micas y se vea involucrado en un litigio, no encuentre por ello frustrado su derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, bien sea como demandante, como demandado o como tercero interviniente, para ventilar all\u00ed, en pie de igualdad con los otros, las situaciones cuya soluci\u00f3n requiera un pronunciamiento judicial\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Luego, sobre el reparo de la caducidad de la acci\u00f3n ante la justicia ordinaria, dijo que: <\/p>\n
Ahora bien: la ley de arbitraje no cierra las puertas a la posibilidad de que sea la justicia ordinaria quien resuelva el asunto materia de controversia, bajo el principio de gratuidad de la justicia arriba mencionado, cuando ninguna o alguna de las partes deja de atender la parte de los honorarios y gastos que le corresponden. El inciso 4\u00ba del art. 27 de ley 1563 de 2012 es claro al se\u00f1alar que en tales eventos el Tribunal deber\u00e1 declarar \u201cconcluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso.\u201d De esta manera, el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia se habr\u00e1 preservado y protegido, pues la persona amparada no se ver\u00e1 en la imposibilidad de acudir a obtener una decisi\u00f3n sobre su controversia cuando, en raz\u00f3n de su imposibilidad econ\u00f3mica, no pueda atender las cargas de su contraparte. <\/p>\n
15. Sin embargo, se duele el recurrente y se\u00f1ala que de no revocarse la providencia y continuar con el proceso arbitral se ver\u00eda abocado a la caducidad prevista en el art. 382 del C.G.P. pues habr\u00edan transcurrido m\u00e1s de 2 meses desde que tuvo lugar la reuni\u00f3n de socios cuestionada. <\/p>\n
16. No sobra recordar que de conformidad con el art. 11 del C.G.P., al interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de esta es la efectividad de los derechos sustanciales y que, en los t\u00e9rminos del art. 12 ibidem los vac\u00edos en sus disposiciones deber\u00e1n llenarse con las \u201cnormas que regulan casos an\u00e1logos\u201d. <\/p>\n
17. En tal estudio encuentra el Tribunal que en el art. 30 de la ley 1563 se prev\u00e9 que cuando han cesado los efectos del pacto arbitral en raz\u00f3n de la declaratoria de incompetencia, para preservar los efectos derivados de la presentaci\u00f3n de la demanda \u201cel demandante tendr\u00e1 un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para instaurar la demanda ante el juez competente\u201d. <\/p>\n
18. Para el Tribunal es claro que ante la ausencia de una norma expresa que regule las consecuencias de la extinci\u00f3n de los efectos del pacto arbitral originados en la ausencia de pago de cara a la presentaci\u00f3n de la demanda y el t\u00e9rmino de caducidad debe considerarse la aplicaci\u00f3n del art. 30 mencionado en cuanto se est\u00e1 frente a un mismo escenario: la cesaci\u00f3n de los efectos del pacto arbitral. Recu\u00e9rdese que, ante una misma situaci\u00f3n de hecho debe existir una id\u00e9ntica situaci\u00f3n de derecho. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
19. Admitir una posici\u00f3n diferente ser\u00eda premiar a quien incumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de atender los gastos del tribunal y favorecerlo, ya sea con los beneficios del amparo de pobreza otorgado a su contraparte, o con los efectos de la caducidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual el Tribunal de Arbitramento acusado analiz\u00f3 la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que, contrario a lo indicado por la promotora, el amparo de pobreza beneficiaba a la promotora quien no cuenta con la capacidad de cubrir los gastos, y no se extend\u00eda a la contraparte que no fue amparada, por lo que si al fijarse los gastos en 50% para cada parte, al no realizarse el pago de quien no est\u00e1 amparado por este beneficio, lo procedente era declarar extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria, conforme lo dispone el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
Ahora, respecto a la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el Tribunal concluy\u00f3 que, ante una interpretaci\u00f3n de la ley procesal y un vac\u00edo jur\u00eddico para los casos en los que se extingue la cl\u00e1usula compromisoria por ausencia de pago de los gastos y honorarios, es aplicable el t\u00e9rmino de caducidad que dispone el art\u00edculo 30 de la Ley 1563 de 2012, esto es, la de 20 d\u00edas para instaurar de demanda ante el juez competente luego de emitido el auto; interpretaci\u00f3n que, al margen que se comparta, no luce arbitraria; de ah\u00ed que, si la promotora no la inco\u00f3 en ese t\u00e9rmino deviene de su propia incuria. <\/p>\n
En ese orden, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7034-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7034-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01279-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 20 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74869","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74869"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74869\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}