STC7037-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7037-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00743-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Camilo Rodallega L\u00f3pez contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad Administrativa de Carrera Judicial, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los participantes de la Convocatoria n\u00b0 27 para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso administrativo, \u00abacceso a los cargos p\u00fablico\u00bb y a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, que aduce conculcadas por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la accionada \u00ab[su] admisi\u00f3n inmediata por el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales dispuestos en el Acuerdo PCSJA18-11077 con relaci\u00f3n a la convocatoria al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la rama judicial, a fin de poder continuar dentro del proceso siendo incluido en la lista de elegibles que pasaron a la tercera fase, esta es, el IX curso de formaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
2. El anterior pedimento se soport\u00f3 en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el actor que se inscribi\u00f3 para participar en la convocatoria reglada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 (por medio del cual se adelanta el proceso de selecci\u00f3n y se convoca al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial), aspirando para el cargo de Juez Civil Municipal \u2013 Juez de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple \u2013 Juez Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en la cual present\u00f3 la prueba de aptitudes y conocimientos, obteniendo un puntaje de 801,31. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 fue excluido de la convocatoria, con \u00abcausal de inadmisi\u00f3n la denominada 3.4\u00bb, esto es, \u00abno acreditar el requisito m\u00ednimo de experiencia\u00bb, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 la verificaci\u00f3n de sus requisitos, empero, con oficio n\u00b0 CJO23-1156 se neg\u00f3 su solicitud, al concluir que \u00abal realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los par\u00e1metros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el t\u00e9rmino m\u00ednimo requerido para el cargo de aspiraci\u00f3n equivalente a 720 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las resoluciones referidas a espacio, pues, deduce, acredit\u00f3 en la plataforma KACTUS certificado de tiempo de servicios vinculado a la Rama Judicial desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2017, asimismo, contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales celebrado con el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali desde el 18 de marzo de 2015 al 4 de diciembre de 2015, y certificado de prestaci\u00f3n de servicios profesionales como dependiente judicial del 3 de noviembre de 2014 hasta el 4 de marzo de 2015; tiempos anteriores a la inscripci\u00f3n de la convocatoria. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que la Unidad de Carrera Judicial incurri\u00f3 en un error en el conteo de tiempo de experiencia de la Alcald\u00eda de Cali, pues all\u00ed refiere que labor\u00f3 del 9 de diciembre de 2014 al 18 de marzo de 2015, cuando en realidad los servicios prestados fueron del 18 de marzo al 4 de diciembre de 2015; de ah\u00ed que, se encuentre quebrantadas sus garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la promotora cuenta con el medio de control judicial previsto en el CPACA para controvertir los actos administrativos criticados; destac\u00f3 que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 contiene las reglas generales del concurso, por lo que mientras no se suspenda o anule por la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, resulta de obligatorio cumplimiento tanto para la administraci\u00f3n como para los concursantes; que con resoluci\u00f3n n\u00b0 CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 rechaz\u00f3 al accionante por la causal 3.4, que en t\u00e9rmino, \u00absolicit\u00f3 revisi\u00f3n de las certificaciones laborales allegadas y aport\u00f3 nueva informaci\u00f3n con el fin de soportar la experiencia exigida\u00bb; que con oficio n\u00b0 CJO23-1156 le aclar\u00f3 al concursante que \u00abla sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los par\u00e1metros definidos en la convocatoria, es decir con las expedidas por el Juzgado 7\u00b0 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, la Alcald\u00eda de Santiago de Cali y por Juli\u00e1n Andr\u00e9s Roa Valencia, y teniendo en cuenta los extremos temporales all\u00ed indicados y debidamente demostrados, no acredita el t\u00e9rmino m\u00ednimo requerido para el cargo de aspiraci\u00f3n equivalente a 720 d\u00edas, advirtiendo que con los certificados allegados acredit\u00f3 un tiempo total de 636 d\u00edas\u00bb, al tiempo que, le indic\u00f3 que las certificaciones de auxiliar judicial Ad Honorem y del abogado litigante Juli\u00e1n Andr\u00e9s Roa no cumplen con los requisitos previstos en la convocatoria, pues se trata de experiencia previa ala obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con oficio n\u00b0 CJO23-4046 de 10 de julio de 2023 dio alcance al oficio n\u00b0 CJO23-1156 de 10 de marzo anterior, aclarando que se evidenciaron errores en el an\u00e1lisis efectuado a los documentos aportados para acreditar experiencia, precisando que, conforme a al contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito con la Alcald\u00eda de Cali, la misma \u00abno es v\u00e1lida toda vez que la documentaci\u00f3n allegada durante el t\u00e9rmino de la inscripci\u00f3n no se evidencia que haya anexado el acta de cumplimiento o de iniciaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u2026, como lo exige el acuerdo de convocatoria en el subnumeral 2.5.6. del numeral 2.5 del art\u00edculo 3\u00b0\u00bb, adem\u00e1s, no es viable valorar el otros\u00ed de ese contrato y el acta de liquidaci\u00f3n, porque fueron aportados de manera extempor\u00e1nea; por otra parte, respecto a la certificaci\u00f3n expedida por el abogado Juli\u00e1n Andr\u00e9s Roa Valencia, con aras de corregir el yerro encontrado \u00aben la denominaci\u00f3n del cargo indicado para dicha experiencia, se se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan el documento, el cargo no corresponde a \u201cAbogado Litigante\u201d como se indic\u00f3, sino a \u201cDependiente Judicial\u201d. As\u00ed mismo, se puntualiz\u00f3 que de manera err\u00f3nea el documento referido se clasific\u00f3 dos veces, una en los certificados laborales v\u00e1lidos obtenidos despu\u00e9s de la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogado y otra dentro de los que no cumplen con los requisitos\u2026 siendo lo correcto excluirlo de la valoraci\u00f3n ya que al tratarse de un certificado expedido por una persona natural, se requiere que contenga los datos de contacto de su emisor\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abno hay lugar a tener en cuenta los 122 d\u00edas contenidos y que fueron contabilizados inicialmente\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abal realizar nuevamente la verificaci\u00f3n de los tiempos de las certificaciones, se evidencia que acredit\u00f3 414 d\u00edas de los 720 requeridos para cumplir con el t\u00e9rmino m\u00ednimo de experiencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sandra Milena Garc\u00eda Cardona refiri\u00f3 que coadyuva la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Preliminarmente, se destaca que si bien Sandra Milena Garc\u00eda Cardona coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, lo cierto es que el ordenamiento jur\u00eddico no la faculta para modificar las pretensiones de la tutela, y en esa medida la Corte no est\u00e1 compelida para pronunciarse sobre sus reclamaciones. <\/p>\n
Al respecto, en punto a las peticiones presentadas por los terceros intervinientes a trav\u00e9s de la figura de coadyuvancia, la Sala en otro pronunciamiento, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026frente a los reproches de la coadyuvante\u2026 los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545). <\/p>\n
<\/p>\n
Ello porque para plantear sus reclamos contra el contenido de la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 (Por medio de la cual se decide acerca de la admisi\u00f3n de aspirantes al concurso de m\u00e9ritos destinado a la conformaci\u00f3n del Registro Nacional de Elegibles para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018) y del oficio CJO23-1156 del 10 de marzo siguiente (Respuesta solicitud de revisi\u00f3n de documentos convocatoria 27), incluso, el oficio CSJO23-4046 de 10 de julio de los corrientes, con el que da (Alcance al oficio CJO23-1156 de 10 de marzo de 2023), puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, sin que el fallador constitucional est\u00e9 facultado para hacer alg\u00fan pronunciamiento anticipado frente al particular, pues implicar\u00eda adjudicarse inv\u00e1lidamente competencias que el legislador dej\u00f3 en cabeza del juez ordinario. <\/p>\n
En un caso an\u00e1logo al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, para denegar la protecci\u00f3n pedida esta Colegiatura consider\u00f3: <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisadas las solicitudes radicadas por\u2026 Quiceno Arenas ante el Consejo Superior de la Judicatura y las respuestas que le fueron remitidas, se advierte que mediante Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue incluido en el listado de aspirantes rechazados al concurso de m\u00e9ritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 y en oficio CJO23-1175 de 13 de marzo de 2023, la Unidad de Carrera Judicial le respondi\u00f3 la petici\u00f3n de verificaci\u00f3n y le indic\u00f3 que conforme a los par\u00e1metros definidos por la convocatoria, las certificaciones que aport\u00f3 para la acreditaci\u00f3n de la experiencia profesional no superaban las exigencias requeridas. <\/p>\n
3. Ante tal situaci\u00f3n, si el accionante no se encuentra conforme con las respuestas recibidas, tiene a su disposici\u00f3n otros medios de defensa ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, escenario propicio para debatir, por ejemplo, los requisitos exigidos en la convocatoria del 16 de agosto de 2018. <\/p>\n
Por tanto, la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, ya que este mecanismo es de car\u00e1cter residual, cuesti\u00f3n frente a la cual se reitera que, en casos an\u00e1logos, esta Sala ha precisado, <\/p>\n
\u00ablos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que (\u2026) discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021 y STC1989-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la ausencia del requisito de la subsidiariedad, situaci\u00f3n que configura la causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb (CSJ STC3409-2023, 12 abr., rad. 2023-00333-00). <\/p>\n
Ahora, de cara a la inviabilidad de este ruego como remedio excepcional, se tiene que \u00abel amparo tampoco podr\u00eda prosperar como mecanismo transitorio, pues en el procedimiento antes referido el actor puede reclamar las medidas pertinentes para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb (ibidem); postura que, por dem\u00e1s, reiteradamente ha validado la Sala al concluir que, \u00abcontrario a lo afirmado por el tutelante, el proceso contencioso administrativo s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para rebatir la decisi\u00f3n cuestionada, pues en dicho tr\u00e1mite se puede solicitar al juez natural la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo desde la interposici\u00f3n de la demanda (Tesis reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC16407-2018, CSJ STC13240-2021, CSJ STC2786-2023)\u00bb (CSJ STC3387-2023, 12 abr., rad. 2023-00345-00). <\/p>\n
4. Corolario de lo expresado, se impone negar el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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