STC7038-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7038-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-00548-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Pedro Pablo, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad Diego Andr\u00e9s y Luis Felipe, contra el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes del proceso censurado1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados en el juicio de radicado 2021-00200-00. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda eugenia, en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad, promovi\u00f3 demanda en contra del tutelante, para obtener la custodia y cuidado personal de aquellos. <\/p>\n
2.3. En sentencia del 17 de noviembre de 20233, el Juzgado accionado declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por el demandado y concedi\u00f3 la custodia y cuidado de los menores de edad a su progenitora. Frente a esa decisi\u00f3n, el demandado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue rechazado por improcedente el 19 de enero de 2023, al tratarse de un proceso de \u00fanica instancia. <\/p>\n
3. El actor censura que: i) el Juzgado pretermiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas y frente a otras no pudo ejercer el derecho de contradicci\u00f3n; ii) se decidi\u00f3 la objeci\u00f3n sin escuchar a la perito, lo que no le permiti\u00f3 demostrar la alienaci\u00f3n parental de que fueron v\u00edctimas sus hijos; iii) se fall\u00f3 con base en hechos y pruebas precluida, pues el juzgamiento en la Comisar\u00eda de Familia se adelant\u00f3 cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, m\u00e1xime que el pasado 8 de mayo de 2023 se fall\u00f3 un incidente y se profiri\u00f3 levantamiento de la medida de protecci\u00f3n inicialmente impuesta; iv) la demandante ha ejecutado conductas de fraude procesal y ha utilizado a sus hijos \u00abpara la producci\u00f3n de pruebas falsas\u00bb; y v) aunque su objetivo no es disputar la custodia y cuidado personal de sus hijos, requiere que se declare la verdad material y el valor de la justicia. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el actor solicita que se ordene al Juzgado accionado que revoque o anule su sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado afirm\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Jorge Enrique Montoya Ospina, apoderado del tutelante en el proceso controvertido, reiter\u00f3 los argumentos planteados en el escrito de tutela; adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se aplicara el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, dado que el Juez no se pronunci\u00f3 sobre los hechos y cargos de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda remiti\u00f3 el expediente contentivo de la medida de protecci\u00f3n 587-2018. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Pedro Isidro Yepes L\u00f3pez y Mar\u00eda Eugenia pidieron que se niegue el amparo, por improcedente, por cuanto se enfila contra una sentencia ejecutoriada que ponder\u00f3 la prevalencia de los derechos de los menores de edad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda invocada frente a las decisiones adoptadas por el Juzgado accionado el 2 de noviembre de 2022, mediante las cuales prescindi\u00f3 de la declaraci\u00f3n del perito y dispuso el cierre del debate probatorio, porque no se cumple el presupuesto de la inmediatez ni el de la subsidiariedad, dado que el interesado no interpuso recurso. En cuanto a la sentencia, consider\u00f3 que era razonable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Jorge Enrique Montoya Ospina, \u00aben calidad de abogado defensor del se\u00f1or recurrente\u00bb, argument\u00f3 que se agredi\u00f3 la integridad ps\u00edquica y moral de los menores de edad y su progenitor, por las conductas alegadas, constitutivas de fraude procesal y fraude a resoluci\u00f3n judicial. Sobre la inmediatez y subsidiariedad declaradas afirm\u00f3 que lo relativo a la objeci\u00f3n cuestionada no se resolvi\u00f3 el 2 de noviembre de 2022 sino al dictar sentencia y que no se consideraron las circunstancias del tr\u00e1mite surtido. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, en cuanto no accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n invocada, en raz\u00f3n a que el impugnante no alleg\u00f3 poder especial para intervenir en esta salvaguarda en nombre de Pedro Pablo y, en consecuencia, no est\u00e1 legitimado para controvertir el veredicto de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. En ese sentido, en asuntos similares, la Sala ha establecido que no es procedente estudiar de fondo la impugnaci\u00f3n interpuesta por un apoderado sin mandato especial, por cuanto: <\/p>\n
Es evidente que en este asunto el mencionado profesional del derecho, carece de legitimidad para impugnar el fallo del Tribunal que tutel\u00f3 el derecho del debido proceso a favor de las accionantes (…), porque seg\u00fan lo ha reiterado la jurisprudencia, cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto, si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial de la demandante en dicho proceso, esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos (se subraya) (CSJ ATC3027-2017, Reiterada en CSJ STC6395-2021 y CSJ STC10232-2021). <\/p>\n
En ese aspecto, debe se\u00f1alarse que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
De manera que son los poderdantes, esto es, las personas cuyos intereses representan los abogados en los respectivos juicios, quienes pueden resultar afectados con las actuaciones all\u00ed surtidas y, en consecuencia, son los que tienen inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n para impetrar y actuar en sede de amparo constitucional; por tanto, para acudir a la acci\u00f3n de tutela en su nombre e impugnar el fallo de primera instancia, los togados deben contar con poder especial. <\/p>\n
En ese orden, aunque el impugnante fue notificado de la existencia del ruego, lo cierto es que no cuenta con el se\u00f1alado poder especial para intervenir en nombre del presunto afectado, no es el titular de los derechos presuntamente vulnerados y tampoco manifest\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso del actor, por lo que no hay lugar a efectuar estudio de fondo alguno, lo cual impone ratificar la sentencia impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Documentos 106 y 107, expediente 2021-00200. <\/p>\n
3\u0002 Documento 110, expediente 2021-00200. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7038-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7038-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-00548-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74873","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74873\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}