STC7039-2023<\/p>\n
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Magistrado ponente <\/p>\n
STC7039-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02696-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Patricia Rodr\u00edguez Cediel contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n y \u00abpublicidad\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00aborde[nar] la nulidad absoluta de toda la actuaci\u00f3n surtida en este proceso de pertenencia, con referencia 0420 de 2016 tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, o a partir de que etapa procesal que\u2026 se determine\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sandra Patricia Rodr\u00edguez Cediel promovi\u00f3 proceso en contra de Mar\u00eda del Carmen Sarmiento Cante, Luz Marina Mu\u00f1oz Alonso, Luz Marina, Nubia Esperanza, Luis Alejandro y Wilson Rodr\u00edguez Sarmiento, con el fin de obtener por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el inmueble denominado \u00abLote San Carlos A\u00bb, ubicado en la vereda La Granja de Zipaquir\u00e1; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa municipalidad, quien el 16 de diciembre de 2015 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Notificados los convocados, se opusieron a las pretensiones, al tiempo que, formularon demanda de reconvenci\u00f3n solicitando la reivindicaci\u00f3n, la que se admiti\u00f3 el 31 de enero de 2018, empero, dentro del t\u00e9rmino concedido, la demandada en reconvenci\u00f3n, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.3. Luego, la promotora formul\u00f3 nulidad por indebida notificaci\u00f3n de la demanda reivindicatoria, la que se deneg\u00f3 el 21 de junio de 2019; decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal, el 23 de abril de 2021. <\/p>\n
2.4. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 18 de abril de 2022 el estrado judicial neg\u00f3 las pretensiones de pertenencia y accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n solicitada en reconvenci\u00f3n; decisi\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de las decisiones proferidas a espacio, pues, refiere que \u00abdesde que naci[\u00f3]\u2026 h[a] permanecido en el inmueble junto a [su] familia, por m\u00e1s de cuarenta (40) a\u00f1os, primero con [sus] padres y despu\u00e9s con [su] propia familia. Jam\u00e1s ninguna persona, a excepci\u00f3n de [sus] padres\u2026han ejercido posesi\u00f3n en el inmueble, de resto h[a] sido [ella] quien ha laborado por ir haci\u00e9ndole las pocas o muchas mejoras que se han aplicado con el paso de los a\u00f1os para hacerlo vivible\u00bb. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que su progenitor \u00aben forma equivocada elev\u00f3 una Escritura P\u00fablica a favor de [su] otro hermano\u2026 padre de los demandados en pertenencia, para favorecer el capital, mal puede ahora, una familia que no ha cancelado suma alguna por el inmueble, pretender desalojar[la] del mismo\u00bb. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 que el proceso cuenta con errores procesales, entre ellos, que el auto admisorio de la demanda aplic\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y no el C\u00f3digo General del Proceso; que la admisi\u00f3n de la demanda en reconvenci\u00f3n no se le notific\u00f3 personalmente, por lo que la nulidad deprecada debi\u00f3 salir avante, sin embargo, \u00abfue negada, existiendo de bulto una violaci\u00f3n al debido proceso, ya que los autos ejecutoriados obligan al juez y a las partes\u00bb; sumado a que, a su parecer, con la demanda reivindicatoria \u00abse encontraba configurado el fen\u00f3meno de la caducidad, lo cual debi\u00f3 analizarse de oficio y no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que desde la pandemia no pudo volver a tener acceso al expediente ni a los informes del juzgado; que si bien se adelant\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial en el predio, all\u00ed no se permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n de su apoderado, menos de los 3 testigos que pretend\u00eda fueran escuchados; que \u00abposteriormente, se\u00f1al\u00f3 fecha para la audiencia de presentaci\u00f3n de alegatos de conclusi\u00f3n y sentencia, la cual realiz\u00f3 en muy mala forma y no se volvi\u00f3 a saber absolutamente nada del proceso\u00bb, solamente hasta el 1\u00b0 de junio de los corrientes, cuando el Juzgado Tercero Civil Municipal de Zipaquir\u00e1 pretendi\u00f3 adelantar \u00abel desalojo\u00bb, en cumplimiento del fallo en el proceso. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que \u00aben varias oportunidades trat\u00f3 de tener acceso al proceso, nunca se conoci\u00f3 la notificaci\u00f3n de ninguna providencia ni se tuvo resultado alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por no satisfacer los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues el juicio culmin\u00f3 con sentencia de 20 de octubre de 2021 (sic) y cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo; manifest\u00f3 que el tr\u00e1mite del proceso fustigado, se adelant\u00f3 sin quebranto a garant\u00edas fundamentales; que conforme el relato de la actora, aquella siempre estuvo representada por apoderado judicial que asisti\u00f3 a cada una de las audiencias, descorri\u00f3 traslados, present\u00f3 recursos y pudo ejercer ampliamente los derechos de defensa y contradicci\u00f3n; que la peticionaria estuvo presente en las audiencias de 10 de marzo, 10 agosto y 9 de septiembre de 2021, asimismo, atendi\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial, de donde claramente ten\u00eda conocimiento de las actuaciones adelantadas en el juicio; que revisado el correo electr\u00f3nico, la promotora no ha solicitado acceso al expediente, el cual est\u00e1 digitalizado, y el link lo puso a disposici\u00f3n de su mandatario el pasado 16 junio, previa su solicitud. <\/p>\n
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2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, remiti\u00f3 copia de la providencia emitida el 23 de abril de 2021, que confirm\u00f3 la negativa a la nulidad deprecada por la actora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que desde la fecha de proferimiento de la decisi\u00f3n de 23 de abril de 2021, por medio de la cual el Tribunal confirm\u00f3 la negativa a la nulidad deprecada por la actora, as\u00ed como la sentencia de 18 de abril de 2022, (con la que culmin\u00f3 el juicio criticado); y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 28 de junio de 2023, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que no resulta de recibo el argumento que esgrimi\u00f3 la promotora para excusar ese descuido (falta de enteramiento de las decisiones que se emitieron en el juicio, as\u00ed como de la sentencia que puso fin al proceso), comoquiera que, como lo ha reconocido la Corte, \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016) y, adem\u00e1s, \u00abque los sistemas de informaci\u00f3n son herramientas de comunicaci\u00f3n; empero, no constituyen medios de notificaci\u00f3n, por lo cual le corresponde a los interesados acudir a los despachos y revisar directamente los procesos\u00bb (CSJ STC8909-2017). <\/p>\n
Entonces, correspond\u00eda a la quejosa estar pendiente de las resultas del proceso de pertenencia, informaci\u00f3n que s\u00f3lo vino a solicitar con su apoderado en junio de los corrientes y que le fue, efectivamente, suministrada el 16 de junio de 2023 por el Juzgado. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, advierte la Corte que la promotora tambi\u00e9n debi\u00f3 hacer seguimiento al litigio ante el estrado criticado, toda vez que, adem\u00e1s de que estuvo en las audiencias, entre ellas, con conocimiento de la que se adelant\u00f3 el 20 de octubre de 2021 donde se dict\u00f3 sentido de fallo, debi\u00f3 revisar los estados electr\u00f3nicos del despacho, donde claramente en el n\u00famero 14, del 19 de abril de 2022 se notific\u00f3 la sentencia emitida el d\u00eda 18 anterior, donde se despliega tal providencia para su consulta, cumpliendo con los par\u00e1metros de enteramiento1. <\/p>\n
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2. Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n