STC7040-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7040-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00612-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carol Abril Morales Ferreira contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados la Comisar\u00eda Octava de Familia Kennedy 5 de esta capital, as\u00ed como los intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar n\u00b0 790-2022 \/ 2023-00059. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales a la vida, debido proceso, igualdad, \u00aba una vida libre de violencias y a la protecci\u00f3n y seguridad personal\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso que el 17 de enero de 2023, \u00abla Comisar\u00eda [Octava] de Familia – Kennedy 5, orden\u00f3 a mi favor la medida de protecci\u00f3n [definitiva] en contra de mi expareja Cristian Leandro Velandia Rocha, por hechos ocurridos entre los d\u00edas 15 y 16 de diciembre de 2022, donde \u00e9l me agrede f\u00edsicamente cuyas lesiones generaron por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal 7 d\u00edas de incapacidad y a su vez valoraci\u00f3n de riesgo moderado\u00bb. <\/p>\n
Que, de otro lado, \u00abla Comisar\u00eda de Familia de Suba, ordena medida de protecci\u00f3n provisional en mi contra y a favor del se\u00f1or Velandia Rocha, invocando ser la v\u00edctima en los hechos [antes referidos], allegando informe de valoraci\u00f3n [forense] e historia cl\u00ednica de fechas muy posteriores, [y] actualmente se encuentra programada audiencia de fallo de medida de protecci\u00f3n para el d\u00eda 6 de junio de 20[23]\u00bb. <\/p>\n
Que en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n por ella promovida, \u00abel Juzgado D\u00e9cimo de Familia, en providencia de 21 de marzo de 2023, revoca la medida de protecci\u00f3n a m\u00ed favor, con ocasi\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n presentado por el se\u00f1or Cristian Leandro Velandia Rocha, (\u2026) endilg\u00e1ndome la calidad de agresora, por el testimonio rendido por los padres de mi ex pareja (\u2026), y no tuvo en cuenta la valoraci\u00f3n del Instituto Nacional de Medicina Legal donde se dispuso por las lesiones que sufr\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Que con la decisi\u00f3n adoptada el 21 de marzo de 2023, la funcionaria judicial acusada \u00abme expuso a nuevas situaciones de violencia, [y] desconoci\u00f3 totalmente los derechos de las v\u00edctimas, entre ellos la protecci\u00f3n, como tambi\u00e9n pas\u00f3 por la alto, el deber que impera a las autoridades de impartir justicia con enfoque de g\u00e9nero, al no tener en cuenta el contexto de violencia, ya que durante la convivencia, no era la primera vez que el se\u00f1or Velandia Rocha, me maltrataba de manera f\u00edsica, adem\u00e1s siempre me humill\u00f3 porque consideraba que no era lo suficientemente mujer para \u00e9l, me comparaba de manera constante con las parejas de sus amigos; tambi\u00e9n hubo actos de violencia patrimonial, porque pretend\u00eda obligarme que me fuera de la casa, para que no reclamara los derechos sobre los bienes que estaban a su nombre, pero que los hab\u00eda adquirido a nombre de sus padres\u00bb. <\/p>\n
Que tambi\u00e9n, \u00abdurante la convivencia con el se\u00f1or Cristian Leandro Velandia Rocha, [se produjeron] humillaciones porque no le parec\u00eda suficientemente mujer para \u00e9l, golpes, intentos de ahorcamiento e incluso me obligaba a tomar fotos teniendo relaciones sexuales (\u2026), hechos [que] no fueron denunciados porque siempre guardaba la esperanza de que mi ex pareja cambiara y adem\u00e1s depend\u00eda econ\u00f3micamente de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Que seg\u00fan el \u00abinforme pericial de Medicina Legal de 16 de diciembre de 2022 [y] el informe de valoraci\u00f3n de riesgo (25-01-2023) arroj\u00f3 [que este era] moderado para la vida, [y se] precis\u00f3 que, en caso de nuevas agresiones en mi contra, podr\u00eda configurarse un riesgo grave para mi vida, por lo cual era necesario ordenar medidas de protecci\u00f3n\u00bb, y que en esas circunstancias consider\u00f3 que \u00abla Juez D\u00e9cima de Familia rest\u00f3 valor probatorio a los [tales informes], porque se sustentaron en la sola versi\u00f3n de la v\u00edctima y otorg\u00f3 mayor peso probatorio a los testimonios de los padres del se\u00f1or Cristian Leandro Velandia Rocha, es decir que la decisi\u00f3n atacada, se bas\u00f3 en estereotipos de g\u00e9nero, que afectan la imparcialidad de la administraci\u00f3n de justicia, conforme a lo reiterado en la sentencia T-462 de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmi seguridad personal result\u00f3 afectada, por la decisi\u00f3n de la Juez D\u00e9cima de Familia, ya que revoc\u00f3 la medida de protecci\u00f3n a mi favor, y el implicado nuevamente me agrede de manera verbal y psicol\u00f3gica el d\u00eda 25 de abril de 2023, [por lo que estima] no hubo garant\u00eda a la no repetici\u00f3n\u00bb, acotando que tal decisi\u00f3n afecta la \u00abinvestigaci\u00f3n por el delito de Violencia Intrafamiliar [que cursa en la Fiscal\u00eda] donde funjo como v\u00edctima, [puesto que dicha medida] constituy\u00f3 elemento material probatorio [dentro] del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que \u00abse revoque la decisi\u00f3n emanada del Juzgado D\u00e9cimo de Familia, en la cual se levant\u00f3 la medida de protecci\u00f3n a mi favor y en contra del se\u00f1or Cristian Leandro Velandia Rocha, [y] se ordene a la Comisar\u00eda de Familia Kennedy 5, apertura de primer incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, por los hechos ocurridos el 25 de abril [de 2023]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el link para acceder al proceso cuestionado y manifest\u00f3 que ese estrado \u00abno ha vulnerado derecho alguno (\u2026) en tanto que las decisiones tomadas al interior del expediente se adoptaron [en] los t\u00e9rminos legales y en aplicaci\u00f3n a las normas vigentes\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Octava de Familia – Kennedy 5, present\u00f3 informe detallado de la actuaci\u00f3n surtida en el asunto bajo examen constitucional, de la cual se destaca que tras la revocatoria de las medidas dispensadas a la ac\u00e1 quejosa, \u00abel d\u00eda 8 de mayo de 2023, se acerca a las instalaciones de la comisar\u00eda (\u2026) a denunciar nuevos hechos de violencia ocurridos el d\u00eda 25 de abril de 2023 por parte del se\u00f1or Cristian Leandro Velandia Rocha, fecha en la cual se admite y avoca medida de protecci\u00f3n [rad. 259-2023] a favor de la solicitante junto con apoyo policivo, ofrecimiento y\/o sensibilizaci\u00f3n de casa refugio y remisi\u00f3n a penales (\u2026), fijando fecha para audiencia de tr\u00e1mite y fallo para el d\u00eda 16 de mayo de 2023 a las 10:00 a.m.\u00bb; que en esa data la diligencia se aplaz\u00f3 porque la actora \u00abrequiere la presencia del delegado del Ministerio P\u00fablico y acompa\u00f1amiento de funcionaria de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer\u00bb, fij\u00e1ndose para 5 de junio de 2023, empero, a petici\u00f3n del querellado, se reprogram\u00f3, quedando para \u00abpara el d\u00eda veinte (20) de junio a las siete y treinta (07:30 am)\u00bb. <\/p>\n
3. El Comisario de Familia de Suba 1, inform\u00f3 que ante ese despacho \u00abse encuentra en curso el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n No. 48-2023, RUG 031-2023, conforme solicitud elevada por el se\u00f1or Cristina Leandro Velandia Rocha [el] 6 de enero de [2023], en raz\u00f3n a que el accionante mencion\u00f3 haber sido v\u00edctima de maltratos f\u00edsicos, verbales y psicol\u00f3gicos por parte de su ex compa\u00f1era sentimental Carol Abril Morales Ferreira\u00bb; que el \u00ab06 de enero de los corrientes emiti\u00f3 medidas de protecci\u00f3n provisionales [y] se fij\u00f3 audiencia de tr\u00e1mite para el d\u00eda 23 de febrero, en la que las partes fueron escuchadas en sus cargos y descargos y se hizo la respectiva enunciaci\u00f3n y decreto de pruebas, [y que] por solicitud de la accionada y con base en los soportes m\u00e9dicos (\u2026), se re program\u00f3 la audiencia para el pr\u00f3ximo 14 de agosto\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 que \u00ablas pretensiones que expone la tutelante no guardan relaci\u00f3n con el proceso que [all\u00ed] se adelanta\u00bb. <\/p>\n
4. Cristian Leandro Velandia Rocha, adem\u00e1s de allegar -entre otros documentos-, respuestas y denuncias en relaci\u00f3n con la problem\u00e1tica con la ac\u00e1 querellante, dijo haber remitido tambi\u00e9n a la Fiscal\u00eda para soportar \u00abla denuncia por fraude procesal y falsa denuncia en persona determinada\u00bb, y que desvirtuar\u00edan los \u00abhechos inexistentes\u00bb relatados por la accionante, se opuso al amparo deprecado y pidi\u00f3 \u00abse compulsen copias por los posibles delitos que con el escrito de acci\u00f3n de tutela est\u00e1 perpetrando la accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, adujeron a su favor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al advertir que \u00abla argumentaci\u00f3n sustento de la decisi\u00f3n cuestionada no s\u00f3lo es incompleta porque deja de lado medios de convicci\u00f3n incorporados a la actuaci\u00f3n, descarta el informe de riesgo calific\u00e1ndolo como inconsistente, sin mayor soporte, no valora la prueba testimonial adecuadamente en credibilidad y se aparta de cualquier perspectiva con enfoque de g\u00e9nero, pese al extenso proleg\u00f3meno anunciado sobre la materia, en lo que resulta incoherente con la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 al revocar la medida de protecci\u00f3n, pues, tampoco explic\u00f3, porqu\u00e9 en este caso se descarta ese enfoque diferencial de imperiosa aplicaci\u00f3n por mandado legal y constitucional\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, deteni\u00e9ndose en informe de \u00abvaloraci\u00f3n de riesgo\u00bb, critic\u00f3 que se hubiera desechado pese a: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contener informaci\u00f3n de la v\u00edctima y el riesgo profesionalmente detectado para su integridad, quien adem\u00e1s precis\u00f3 dentro de su historia de pareja, era la cuarta vez que fue golpeaba, y como factores de riesgo, determin\u00f3 las dificultades en la comunicaci\u00f3n, el inadecuado manejo de impulsos y las dificultades frente a los bienes, lo que en \u00faltimas permite concluir: <\/p>\n
1) las condiciones de desigualdad y hasta indefensi\u00f3n en que se encontraba la accionante, mientras era violentada por su ex pareja psicol\u00f3gicamente al insistir en su salida del hogar, sin consideraci\u00f3n a su inestabilidad econ\u00f3mica por su situaci\u00f3n de desempleo, cre\u00e1ndole con ello un ambiente de constante zozobra e intranquilidad, mientras su ex pareja, estaba m\u00e1s preocupado de los aspectos patrimoniales que pudieran surgir de continuar la convivencia; <\/p>\n
2) la accionante mostr\u00f3 una clara dependencia econ\u00f3mica del se\u00f1or Velandia y manifest\u00f3 que no ten\u00eda una ocupaci\u00f3n espec\u00edfica al momento de los hechos de violencia denunciados; <\/p>\n
3) el revocar una medida de protecci\u00f3n aun de aceptarse hechos de agresiones mutuas, la jurisprudencia ordena no desestimar el da\u00f1o causado a la mujer; <\/p>\n
4) el Juzgado no analiz\u00f3 la violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica ejercida en contra de la actora, con el prop\u00f3sito expl\u00edcito de obtener su desalojo del hogar, circunstancias todas que aconsejaban mantener la medida concedida en la instancia administrativa; <\/p>\n
5) con dicha revocatoria se expuso a la accionante a un riesgo innecesario, pues sin salvaguarda alguna ante nuevas agresiones por parte de su ex pareja, se vio nuevamente expuesta y obligada a acudir ante la autoridad administrativa por una nueva medida de protecci\u00f3n; <\/p>\n
6) desatendi\u00f3 a un adecuado razonamiento probatorio sustentado en los principios de protecci\u00f3n especial debida por las autoridades a las v\u00edctimas de violencia dom\u00e9stica, detect\u00e1ndose un proceder omisivo capaz de restar importancia a este tipo de violencias y a la capacidad demostrativa de las manifestaciones de la actora contenidas en su denuncia y en el formato de identificaci\u00f3n de riesgo, apart\u00e1ndose de las reglas de flexibilizaci\u00f3n probatoria que exigen esta clase de casos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, resolvi\u00f3 \u00abdejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 21 de marzo de 2023\u00bb, y en su lugar, le orden\u00f3 a la agencia judicial convocada, que \u00abresuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb teniendo en cuenta la anterior argumentaci\u00f3n, e informar a la Comisar\u00eda de Familia de origen para que \u00abadopte las determinaciones o adecuaci\u00f3n a que haya lugar al interior de la actual medida de protecci\u00f3n que cursa a favor de la accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso Cristian Leandro Velandia Rocha, para exponer -en extenso-, que su inconformidad radica en que la tutela fue \u00abpromovida con dolo y premeditaci\u00f3n, (\u2026) fundada en enga\u00f1o a servidor p\u00fablico por parte de la accionante al contener hechos falsos\u00bb, frente a lo cual el tribunal procedi\u00f3 a \u00abdesconocer las pruebas arrimadas y dej\u00f3 de valorar pruebas allegadas que no practic\u00f3 ni apreci\u00f3 (\u2026)\u00bb; tambi\u00e9n asever\u00f3 que \u00abel enfoque de g\u00e9nero en este tipo de decisiones judiciales, no de ser sin\u00f3nimo de que en todos los casos donde se alegue violencia contra la mujer, esta \u00faltima es acreedora de la verdad absoluta, m\u00e1xime cuando las pruebas dan cuenta clara de los hechos del proceso, pues resulta una interpretaci\u00f3n contraria a ellas, en desmedro de la garant\u00eda fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al revocar la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar proferida en su contra por la Comisar\u00eda Octava de Familia \u2013 Kennedy 5 el 17 de enero de 2023. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la acci\u00f3n constitucional dirigida contra decisiones jurisdiccionales, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez de tutela no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo y, por tanto, se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la sentencia estimatoria del auxilio, toda vez que, para adoptar la decisi\u00f3n confutada, esto es, la sentencia del 21 de marzo de 2023 dentro del proceso n\u00b0 2023-00059, el Juzgado D\u00e9cimo de Familia incurri\u00f3 en el yerro espec\u00edfico de procedibilidad consistente en insuficiencia de motivaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se hace necesario recordar que con el marco jur\u00eddico otorgado a partir de la Convenci\u00f3n sobre Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer – CEDAW (por sus siglas en ingl\u00e9s), de la Asamblea General de las Naciones el 18 de diciembre de 1979, la cual entr\u00f3 a regir en Colombia tras su ratificaci\u00f3n con la ley 51 de 1981 y reglamentada por el Decreto 1398 de 1990, as\u00ed como de la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1), aprobada en nuestro ordenamiento jur\u00eddico mediante la Ley 248 de 1995, se han logrado significativos avances en la lucha y prevenci\u00f3n contra la violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, han hecho un llamado a los jueces para que al resolver asuntos en los que se vean configuradas transgresiones contra la mujer, procedan -en lo posible- a eliminar cualquier forma de discriminaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abPor esa raz\u00f3n, entonces, es obligatorio (\u2026) incorporar criterios de g\u00e9nero al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben: (i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem\u00e1ticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermen\u00e9utico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de g\u00e9nero; (iv) evitar la revictimizaci\u00f3n de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminaci\u00f3n, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas \u00faltimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un an\u00e1lisis r\u00edgido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a tr\u00e1mites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres\u00bb (CC T-012\/16). <\/p>\n
As\u00ed, esta Sala ha rechazado toda forma de violencia de g\u00e9nero, se\u00f1alando que esa clase de comportamientos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desde cualquier \u00e1ngulo es una pr\u00e1ctica desde\u00f1able que merece total reproche. El Estado de Derecho Constitucional no puede tolerar el ejercicio de la violencia f\u00edsica o moral en las relaciones obligatorias, mucho menos la de g\u00e9nero, tampoco contra los ancianos, ni\u00f1os o contra cualquier sujeto de derecho sintiente. Para poner fin a tan perjudiciales y nocivas pr\u00e1cticas, la comunidad internacional ha dise\u00f1ado diferentes instrumentos, con los cuales se ha conminado a los pa\u00edses a adoptar en sus legislaciones internas f\u00f3rmulas educativas y sancionatorias severas para eliminar ese tipo de actos y toda forma de discriminaci\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
En el ordenamiento interno, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 introdujo varios c\u00e1nones aplicables a la materia, tales como los derechos a la igualdad, a la familia, la homogeneidad entre hombre y mujer y la protecci\u00f3n reforzada de los ni\u00f1os, adolescentes y personas de la tercera edad (arts. 13, 42, 43 y 44). <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia no es ajena a esta problem\u00e1tica. De vieja data ha censurado la violencia generalizada, pero con rigor y entereza, la ejercida al interior de la familia contra los ni\u00f1os y las mujeres, o frente a las personas de diferente orientaci\u00f3n sexual, pues siendo la familia el cen\u00e1culo y fundamento de la construcci\u00f3n de la sociedad y de la democracia, no puede cohonestarse la insensibilidad ni mucho menos el ejercicio de la fuerza f\u00edsica o moral de cualquier miembro de ella, o de terceros, contra la parte m\u00e1s d\u00e9bil o en discapacidad f\u00edsica, moral o jur\u00eddica para repelerla o resistirla\u00bb (CSJ STC10829-2017, 25 jul., rad. 01401-00, citada, entre otras, en STC13257-2018, 11 oct., rad. 00238-01). <\/p>\n
Del mismo modo, \u00abla Corte censura todo tipo de violencia de g\u00e9nero y reivindica los derechos de las mujeres, como grupo social hist\u00f3ricamente discriminado. Desde esta perspectiva, ha de precisarse que cuando una mujer es v\u00edctima de una relaci\u00f3n abusiva, independientemente de que se trate de su c\u00f3nyuge o excompa\u00f1ero, quien a trav\u00e9s del empleo de la fuerza f\u00edsica, actos de hostigamiento, acoso e intimidaci\u00f3n, la mancilla en su dignidad e integridad f\u00edsica y moral; ha de ser amparada por la sociedad y el Estado, y m\u00e1s a\u00fan, por parte de los jueces, como garantes en el restablecimiento de sus derechos\u00bb (CSJ STC7452-2018, 8 jun. 2018, rad. 00172-01). <\/p>\n
Por ello, ha enfatizado en la necesidad de aunar esfuerzos para construir formas tolerantes en las relaciones familiares, indicando que, atendiendo los instrumentos supranacionales, \u00abnuestros legisladores han implementado diferentes herramientas para buscar la protecci\u00f3n de la mujer colombiana. En materia penal se cuenta con la Ley 1257 de 2008, la cual tiene por objeto \u201c(\u2026) la adopci\u00f3n de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protecci\u00f3n y atenci\u00f3n, y la adopci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas necesarias para su realizaci\u00f3n (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC7203-2018, 5 jun., rad. 00750-01). <\/p>\n
3.2. Precisado lo anterior, advierte la Sala \u2013como acertadamente lo rese\u00f1\u00f3 el tribunal a-quo\u2013, que para revocar la resoluci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda 8\u00aa de Familia Kennedy 5 dentro del radicado 790-2022, el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta capital no realiz\u00f3 el abordaje integral del caso puesto en su conocimiento. <\/p>\n
En particular porque omiti\u00f3 revisar los actuales sucesos de violencia dom\u00e9stica, con los que de similares caracter\u00edsticas ya hab\u00edan tenido lugar entre las partes, desconociendo la incidencia que podr\u00eda acarrear para la salud f\u00edsica y mental de la v\u00edctima, la constante exposici\u00f3n a esos reprochables comportamientos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, porque rest\u00f3 importancia a las denuncias contra el querellado en relaci\u00f3n con la violencia f\u00edsica desplegada contra su expareja, y, a si adicional a ella, tambi\u00e9n emerg\u00edan otras modalidades como la psicol\u00f3gica y la econ\u00f3mica, habida cuenta la necesidad de la v\u00edctima de mantener su vivienda en raz\u00f3n a \u00absu situaci\u00f3n de desempleo\u00bb, entre otras razones detalladas por la ac\u00e1 demandante que fue documentada ante la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
De igual modo, n\u00f3tese que no basta con que el sentenciador afirme, como lo hizo en el sub j\u00fadice, que el pleito surgi\u00f3 de las \u00abagresiones mutuas\u00bb, pues aunque gen\u00e9ricamente pueda hablarse de que hay controversias entre los integrantes de una familia, para cada caso debe probarse cu\u00e1ndo, c\u00f3mo, por qui\u00e9n y por qu\u00e9 se desencadena el conflicto, de manera que pudieran aplicarse las consecuencias jur\u00eddicas en contra y a favor de cada uno de ellos en aras a remediarlo. <\/p>\n
Esto, porque pese a referir un caso de \u00abviolencia contra la mujer\u00bb y relacionar las circunstancias en que \u00e9sta se ha desarrollado, no examin\u00f3 la situaci\u00f3n bajo la perspectiva o enfoque de g\u00e9nero, dadas \u00ablas condiciones de desigualdad y hasta indefensi\u00f3n en que se encontraba la accionante\u00bb, y limitarse a se\u00f1alar que no era dable la protecci\u00f3n deprecada por la posibilidad de que se produjeron agresiones mutuas, sin realizar frente a ello alg\u00fan trato diferencial, respecto de lo cual la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl estereotipo de la mujer d\u00e9bil que no se defiende ante la agresi\u00f3n, es solo otra forma de discriminaci\u00f3n. La defensa ejercida por una mujer ante una agresi\u00f3n de g\u00e9nero, no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia. Las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero no pierden su condici\u00f3n de v\u00edctimas por reaccionar a la agresi\u00f3n, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando un hombre y una mujer se propician agresiones mutuas, en t\u00e9rminos generales, no est\u00e1n en igualdad de condiciones. La violencia contra la mujer est\u00e1 fundada en estereotipos de g\u00e9nero que les exige asumir roles espec\u00edficos en la sociedad, ajenos a la \u201cindependencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre\u201d y cercanos a la \u201cemotividad, compasi\u00f3n y sumisi\u00f3n de la mujer\u201d. Y la obligaci\u00f3n del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica y estructural que motiva a la violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
(\u2026) En concordancia con lo anterior, decide la Sala que el hecho de que el Juzgado accionado hubiere comprobado la existencia de \u201cagresiones mutuas\u201d entre (\u2026) y (\u2026), no era motivo suficiente para negar la medida de protecci\u00f3n por ella solicitada, sobre todo si hab\u00eda en el expediente un Informe de Medicina Legal en donde expresamente constaba que exist\u00eda un nivel de riesgo grave y que irrazonablemente se dej\u00f3 de lado. En este sentido, se amparar\u00e1n los derechos fundamentales de la tutelante, se dejar\u00e1 sin efectos la providencia judicial proferida por el Juzgado (\u2026) en el marco de la solicitud de medidas de protecci\u00f3n, y se le ordenar\u00e1 proferir una nueva conforme los par\u00e1metros expuestos en esta sentencia\u00bb (CC T-027\/17). <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco se avizora que el estrado accionado hubiera efectuado un estudio completo del informe forense que da cuenta de la valoraci\u00f3n sobre el nivel de riesgo respecto de la hoy accionante y cuyo resultado fue \u00abmoderado\u00bb, pues sobre el mismo se limit\u00f3 a se\u00f1alar que \u00abfue producto de los hechos narrados por la misma denunciante por lo que no constituye prueba alguna de la ocurrencia de los hechos\u00bb, desconociendo as\u00ed la importancia que al mismo se ha dado por parte de la jurisprudencia constitucional -como ya qued\u00f3 visto-, o que -cuando menos- lo hubiera ponderado como prueba sumaria. <\/p>\n
En cuanto a la calidad de las medidas encaminadas a remediar la violencia dom\u00e9stica, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLas medidas de protecci\u00f3n deben ser id\u00f3neas para eliminar la violencia o la amenaza denunciada, atendiendo la modalidad del da\u00f1o y recurriendo a medidas diferentes a aquellas establecidas en la ley cuando la situaci\u00f3n lo requiera. (\u2026) [As\u00ed], el funcionario que conoce de la solicitud de medidas de protecci\u00f3n puede adoptar la orden que considere adecuada para conjurar la situaci\u00f3n de violencia o su riesgo que enfrenta la mujer de manera efectiva. Para ello, resulta necesario que examine la modalidad que adoptan los actos, de forma que la orden sea id\u00f3nea para combatirlos, sin que le sea dable, por ejemplo, indicar que la remisi\u00f3n de informaci\u00f3n a la Polic\u00eda Nacional es eficaz para evitar nuevas agresiones en todos los casos, que la medida pedida por la v\u00edctima no existe en la norma, que esta no solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de una medida para conjurar el da\u00f1o espec\u00edfico o que las agresiones realizadas a trav\u00e9s de redes sociales pueden ser conjuradas por la misma mujer al evitar el contacto con el agresor. <\/p>\n
La escogencia de la medida debe obedecer a una interpretaci\u00f3n de: i) el da\u00f1o o la amenaza que generan los actos de violencia denunciados, esto es, psicol\u00f3gico, f\u00edsico, sexual, patrimonial [Ley 1257 de 2008], ii) la gravedad y la frecuencia de los actos de violencia, advirtiendo que estas no est\u00e1n limitadas a la existencia de secuelas f\u00edsicas o a un n\u00famero determinado de d\u00edas de incapacidad formulado, iii) las obligaciones internacionales, constitucionales y legales que tiene el Estado en materia de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la violencia en contra de la mujer y iv) el contexto social de violencia estructural contra la mujer [T-027 de 2017]\u00bb (CC T-462\/18). <\/p>\n
Por lo anterior, en los casos donde hay sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, la ley autoriza al juez adoptar decisiones sin limitaci\u00f3n de lo pretendido, es decir, facultades ultra y extra petita (par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, concordante con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 al que hace remisi\u00f3n el canon 18 de la Ley 294 de 1996), y por ello, la imposici\u00f3n de las medida definitivas exige contar con apoyo probatorio y con sujeci\u00f3n a las circunstancias antes observadas, es decir, debidamente motivada. <\/p>\n
Finalmente, la funcionaria encartada no emiti\u00f3 justificaci\u00f3n para dejar a la reclamante sin la protecci\u00f3n que inicialmente le hab\u00eda brindado la autoridad administrativa para conjurar las demostradas manifestaciones de violencia, o por lo menos la advertencia para que tal comportamiento no se repitiera sin las consecuencias jur\u00eddicas que tal proceder conlleva. <\/p>\n
Esto, porque sobre la reiteraci\u00f3n de conflictos por comportamientos violentos -que ameritaron o en el futuro podr\u00edan justificar la imposici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n-, la Corte ha sostenido que tal antecedente debe ser analizado de manera acuciosa por el juez de la causa, en tanto, \u00abla perspectiva de g\u00e9nero no es una cuesti\u00f3n accesoria o marginal, sino transversal e integral\u00bb (CSJ STC5347-2021, 13 may. 2021, rad. 2020-00781-01). <\/p>\n
3.3. Como acaba de verse, el accionado dej\u00f3 de responder la totalidad de los planteamientos formulados mediante la querella, abordando las distintas aristas del conflicto con observancia en las directrices que legal y jurisprudencialmente se requieren para resolver con eficacia la problem\u00e1tica familiar, as\u00ed como de atender el caso bajo las espec\u00edficas caracter\u00edsticas y con la trascendencia social que este tipo de procederes genera, pues es claro que la intervenci\u00f3n estatal debe hacer ingentes esfuerzos para prevenir, remediar y sancionar las conductas contrarias al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para proferir una determinaci\u00f3n de tal relevancia jur\u00eddica, el juzgador debe identificar las pruebas aducidas como contentivas del comportamiento violento, y tras su razonable ponderaci\u00f3n, dar una explicaci\u00f3n sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que pudieron acaecer los hechos; tras ello, abordar el estudio objetivo que dimana de tales medios de convicci\u00f3n para aplicar la soluci\u00f3n m\u00e1s cercana posible a la realidad, sin que en tal labor\u00edo pueda dejarse de lado garantizar a todos los intervinientes las prerrogativas del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso que se revisa, era menester que el juzgado realizara un estudio acucioso del material probatorio recogido en el expediente, con perspectiva de g\u00e9nero y con ello, de ser procedente evitara la revictimizaci\u00f3n de la mujer, conforme lo se\u00f1alan los instrumentos jur\u00eddicos internacionales y concretamente la Ley 1257 de 2008, aplicable para en el sub lite. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el defecto de falta de motivaci\u00f3n avizorado en esta oportunidad, de vieja data la Corte Constitucional, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
De modo que toda sentencia debe estar razonablemente fundada en el sistema jur\u00eddico, mediante la aplicaci\u00f3n de sus reglas a las circunstancias de hecho sobre las cuales haya reca\u00eddo el debate jur\u00eddico surtido en el curso del proceso y la evaluaci\u00f3n que el propio juez, al impartir justicia, haya adelantado en virtud de la sana cr\u00edtica y de la autonom\u00eda funcional que los preceptos fundamentales le garantizan\u00bb (CC T-259\/00). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo: \u00abno cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). <\/p>\n
Para esta Sala, \u00ab(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, (\u2026) debe ser motivada \u201cde manera breve y precisa\u201d -pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u201cexamen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u201d que sean indispensables para fundamentarla\u00bb (STC, 13 feb. 2004, exp. 2003-00536-01)\u00bb; asegurando que, \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 2 dic., 2009, 31 ene., exp. 02174-00, citada en STC4639-2023, 17 may., rad. 01734-00, entre otras). <\/p>\n
A este respecto, se ha dicho que como yerro espec\u00edfico de procedibilidad de la salvaguarda, se produce cuando el juez accionado no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, haci\u00e9ndose por tanto indispensable la injerencia del fallador excepcional para ordenar que se realice un nuevo abordaje y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00, citada, entre otras, en STC16732-2022, 15 dic., rad. 01205-01). <\/p>\n
Igualmente ha reiterado que: \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may., rad. 00123-01, citada en STC594-2023, 1\u00b0 feb., rad. 00617-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la solicitud del ac\u00e1 impugnante, encaminada a que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investigue el comportamiento procesal de la demandante, porque en circunstancias semejantes esta Corte ha recalcado que, quien estime que alguna persona \u00abincurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 30 may., 2012, exp. 01037-00, citada, entre otras, en STC4905-2023, 24 may., rad. 00109-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con lo precisado en precedencia, se impone ratificar el fallo estimatorio del resguardo, por haber incursionado el juzgado en el defecto de motivaci\u00f3n insuficiente de la providencia censurada, con ello, la invalidaci\u00f3n de tal determinaci\u00f3n, y la orden para que, con pleno respeto por su autonom\u00eda, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n, corrigiendo el desafuero observado en sede de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7040-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7040-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00612-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}