STC7041-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7041-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02682-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dicen vulnerada por la autoridad accionad, en el marco de la acci\u00f3n popular correspondiente al radicado \u00ab66682-31-03-001-2021-00223-01\u00bb <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que \u00abse ordene al Tribunal tutelado decretar la nulidad de la sentencia de acci\u00f3n popular por falta de competencia, tal como lo ha hecho este tribunal de oficio en acciones populares contra Colombia Telecomunicaciones en el mismo Juzgado Civil del Circuito Santa Rosa de Cabal\u00bb <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se\u00f1al\u00f3 que se incumple el requisito de la inmediatez, porque la sentencia de segunda instancia emitida dentro del juicio criticado data del 23 de noviembre de 2022, esto es, m\u00e1s de seis (6) meses antes de presentada la tutela, adem\u00e1s, el gestor tramit\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela respecto del mismo decurso, decidida con prove\u00eddo STC4326-2023. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que resolvi\u00f3 esta Sala con sentencia de 1\u00ba de marzo de 2023 (STC1769-2023), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 como uno de los reclamos constitucionales: <\/p>\n
\u00abdecretar nulidad de todo lo actuado, y declarar falta de competencia remitiendo mi acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u00bb <\/p>\n
Con fundamento en que, <\/p>\n
las autoridades de primer y segundo grado no ostentaban \u00abcompetencia para fallar [la] acci\u00f3n popular donde como en este caso, se vincula al ente territorial con pretensiones dentro de la acci\u00f3n constitucional y [por tanto,] se debe declarar nulidad de todo lo actuado\u00bb <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, esta Sala neg\u00f3 el amparo, tras destacar que: <\/p>\n
Si bien, Gerardo Alonso Herrera Hoyos anhela que se invalide lo rituado en la \u00abacci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00223\u00bb, por \u00abfalta de competencia\u00bb, en raz\u00f3n a que llam\u00f3 al juicio al Municipio de Santa Rosa de Cabal (ente territorial de car\u00e1cter p\u00fablico) y, elev\u00f3 en su contra pretensiones directas, lo advertido es que dicha discusi\u00f3n debi\u00f3 plantearla ante el iudex natural, lo que no sucedi\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuando el citado municipio Cabal esgrimi\u00f3 el referido argumento como \u00abexcepci\u00f3n\u00bb, declarada no probada por el a quo en sentencia de 12 de enero de 2022, Herrera Hoyos no controvirti\u00f3, particularmente tal decisi\u00f3n a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, pues tan s\u00f3lo sustent\u00f3 aquella en la falta de \u00abcondena en costas\u00bb a su favor y p\u00f3liza, pese a que era la oportunidad procesal id\u00f3nea para ello. <\/p>\n
De modo que, ahora no puede aspirar que este remedio especial\u00edsimo sea utilizado para reemplazar el escenario por excelencia para conjurar los agravios invocados. Mem\u00f3rese que no es dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de controvertir dentro del pleito ordinario las \u00abactuaciones u omisiones\u00bb que critica. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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