STC7044-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC7044-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-001-2023-00088-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecinueve de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar el 20 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Patricia Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agust\u00edn Codazzi, as\u00ed como las partes y los intervinientes en el litigio n\u00ba 2018-00223. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, la accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00ablibre\u00bb acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que fue demandada judicialmente ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agust\u00edn Codazzi por Martha Cecilia y Sandra Milena Vargas Cuentas (n\u00b0 2018-00223), con el prop\u00f3sito de obtener la reivindicaci\u00f3n del inmueble identificado con la matr\u00edcula n\u00b0 190-8683, a lo que, luego de agotado el tr\u00e1mite de rigor, se accedi\u00f3 en sentencia proferida en audiencia el 7 de julio de 2022, determinaci\u00f3n que apelada, fue confirmada \u00edntegramente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar el 16 de mayo de 2023, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00abel AD QUEM se abstuvo de decretar la suspensi\u00f3n [del proceso] por Prejudicialidad Civil que fue solicitada (\u2026) violentando con ello [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, \u00abse ordene dejar sin efectos la sentencia de Segunda Instancia de fecha diecis\u00e9is (16) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar dentro del proceso Reivindicatorio\u00bb, para entonces, \u00abordenar la suspensi\u00f3n del proceso por Prejudicialidad Civil en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Tercera Civil del Circuito de Valledupar solicit\u00f3 desestimar el amparo, habida cuenta que la interesada \u00abno present\u00f3 prueba id\u00f3nea de la existencia del proceso [de pertenencia] a que hace referencia (\u2026) desconociendo este Despacho, si se trataba del mismo bien objeto del proceso reivindicatorio, y al no haber sido aportada prueba id\u00f3nea de que se tratara del mismo objeto, pues como se indico (sic) en la sentencia solo expreso (sic) un radicado y las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agust\u00edn Codazzi solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, comoquiera que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos (\u2026) ante la actuaci\u00f3n del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencia del proceso (\u2026) y no respecto del procedimiento impartido ante esta dependencia la cual desconoce las circunstancias que rodean los hechos\u00bb. <\/p>\n
3. Martha Cecilia y Sandra Milena Vargas Cuentas, como demandantes dentro del asunto criticado, se opusieron a la prosperidad de la acci\u00f3n, toda vez que \u00absus peticiones carecen de sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico que les permita tener vocaci\u00f3n de prosperidad en relaci\u00f3n con [ellas]. (\u2026) En ese orden de ideas, no se estructuran los presupuestos legales sustanciales necesarios para deducir las consecuencias jur\u00eddicas pretendidas por la accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que \u00abal analizar la sentencia de fecha 16 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar dentro del proceso reivindicatorio radicado bajo el No. 20013-40-89-001-2018-00223-01, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni el desconocimiento de los derechos fundamentales del extremo accionante\u00bb. As\u00ed las cosas, \u00abla discusi\u00f3n planteada por el extremo activo obedece no a un asunto constitucional, sino legal y al descontento producto de una decisi\u00f3n judicial contraria a sus intereses, pero no se observa que lo as\u00ed resuelto por el juzgado accionado sea antojadizo, caprichoso o subjetivo, sino que corresponde al an\u00e1lisis del caudal probatorio recaudado durante la litis, valorado a la luz de la sana cr\u00edtica, frente a lo cual no puede el juez de tutela inmiscuirse en los criterios del juez de conocimiento, m\u00e1xime que no se advierte irregularidad alguna\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la gestora, para reiterar que su inconformidad recae en que \u00abexistiendo una solicitud previa de suspensi\u00f3n del proceso por Prejudicialidad Civil, no se hubiera dado aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas, al confirmar la sentencia emitida el 7 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agust\u00edn Codazzi, dentro del proceso reivindicatorio seguido contra la querellante por Martha Cecilia y Sandra Milena Vargas Cuentas (n\u00b0 2018-00223), sin decretar la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad solicitada por la demandada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la Juez Tercera Civil del Circuito de Valledupar, para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n tomada en audiencia el 7 de julio de 2022 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Agust\u00edn Codazzi, sobre que \u00abpertenece el dominio pleno y absoluto de las demandantes MARTHA CECILIA VARGAS CUENTAS Y SANDRA MILENA VARGAS CUENTAS, quienes reivindican para s\u00ed, el inmueble (\u2026) identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No 190-8683\u00bb, y en consecuencia, ordenar a la demandada Sandra Patricia Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez, ahora tutelante, la entrega del bien a aqu\u00e9llas, comenz\u00f3 por precisar, en cuanto aqu\u00ed interesa, lo siguiente: <\/p>\n
La recurrente al momento de sustentar la alzada se\u00f1al\u00f3: \u00abde no prosperar este medio de Impugnaci\u00f3n o antes de resolver el mismo, proceda a decretar la Suspensi\u00f3n del proceso por Prejudicialidad Civil, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 161 causal primera y 162 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agust\u00edn Codazzi \u2013 Cesar cursa un Proceso de Pertenencia por Prescripci\u00f3n Adquisitiva de Dominio el cual obedece al radicado No. 200134089001-2021-00047-00, incoado por mi prohijada respecto al mismo bien que se pretende reivindicar en contra de las se\u00f1oras MARTHA CECILIA VARGAS CUENTAS Y SANDRA MILENA VARGAS CUENTAS\u00bb. <\/p>\n
Conforme reza el art\u00edculo 161 del Estatuto Procesal Civil, el juzgador cit\u00f3 de manera textual: \u201cCuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n\u201d; y agreg\u00f3, que como prev\u00e9 el canon 162, \u00absolo proceder\u00e1 la suspensi\u00f3n anteriormente mencionada cuando se allegue prueba que demuestre la existencia del proceso que la determina\u00bb. <\/p>\n
De lo que coligi\u00f3, entonces, que la suspensi\u00f3n por prejudicialidad s\u00f3lo \u00abesta (sic) llamada a prosperar cuando cumple con unas series de situaciones especificas (sic) que se deben demostrar por el solicitante, no siendo suficiente con la manifestaci\u00f3n de la existencia de un proceso con las mismas partes del que se pretende la suspensi\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abLo primero que se debe determinar es que, lo que se decida en el otro proceso necesariamente afecte la decisi\u00f3n a tomar en el proceso a suspender, adem\u00e1s que debe ser imposible que lo que se procura en el otro proceso, no pudiera ser ventilado en este como excepci\u00f3n o demanda de reconvenci\u00f3n, requisito que no se cumple, toda vez que dentro del proceso reivindicatorio era totalmente viable presentar la demanda de pertenencia mediante demanda de reconvenci\u00f3n, tal como lo pretendi\u00f3 la parte demandada, sin que la misma tuviera \u00e9xito por ser exhibida de manera extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, precis\u00f3 que \u00abel art. 162 del C.G.P., se\u00f1ala que se debe demostrar la existencia del proceso por el cual se busca la suspensi\u00f3n de este, revisado el expediente digital se observa en archivo 01 folio 146 certificado de la existencia de un proceso Declarativo de Pertenencia, donde coexisten la misma parte, pero en calidades contrarias, no siendo prueba suficiente para demostrar que lo resuelto en aquel proceso pueda influir en la decisi\u00f3n aqu\u00ed tomada, toda vez que solo por la simple existencia de otro litigio entre las mismas partes, no es prueba suficiente para demostrar lo que se persigue con la suspensi\u00f3n por prejudicialidad, aunando que no se evidencio la relaci\u00f3n causal de este pleito con el de pertenencia m\u00e1s all\u00e1 que interviene las mismas partes\u00bb. <\/p>\n
Tras colegir lo anterior, complement\u00f3: \u00abno es indispensable ni determinante las resultas del proceso reivindicatorio para definir el proceso de pertenencia, dado el efecto inter partes de dicho prove\u00eddo; por lo que no est\u00e1 imposibilitado el juez de la causa prescriptiva para adoptar una decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta acci\u00f3n deviene inviable, porque no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el solo hecho que la actora disienta de lo resuelto, no abre camino a la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que la providencia se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Y agrega que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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